A D. Ramiro sobre SOGEPSA. XESÚS CAÑEDO

La Nueva España (23/3/05) XESÚS CAÑEDO

El señor don Ramiro Fernández, militante conocido del PSOE desde hace muchos años, y alto ejecutivo de la empresa presuntamente pública denominada Sogepsa, entró de hoz y coz hace unos días (LA NUEVA ESPAÑA del sábado 19 de los corrientes) en la polémica sobre el PGOU que se arrastra en Xixón desde hace más de un año; aunque el motivo aparente de su intervención era un artículo previo publicado por don Quini Candela en las mismas páginas, los destinatarios finales de sus coces eran los vecinos, que vienen cometiendo la «perversidad» no sólo de defender sus derechos, lo que no se atreve a condenar abiertamente don Ramiro, sino, lo cual sí condena rotundamente, que estos vecinos hayan cuestionado que la presuntamente empresa pública Sogepsa sea tan pública, tan desinteresada y tan eficaz como sus directivos, el Ayuntamiento de Xixón y el Gobiernu del Principáu pretenden.

Las tesis del señor Fernández son sustancialmente tres, fáciles de sintetizar porque su colaboración está absolutamente ayuna de datos o cifras concretas, lo cual es llamativo, siendo como es alto directivo de Sogepsa, por lo que cabe suponer que dispone de un acceso amplio a estos datos, que tan caros les son de conseguir, por otra parte, a los vecinos afectados; tres son, digo, las tesis de don Ramiro:

1ª.-El coste de la urbanización no sólo es el precio del suelo, sino mucho más, pues hay que construir calles, poner farolas, hacer saneamientos, crear jardines, poner bancos y señales, etcétera.

2ª.-Frente al interés particular que defienden los vecinos, Sogepsa sólo defiende el interés general.

3ª.-La ley de Expropiación Forzosa, aprobada en 1954 por un Gobierno de Franco (¿demócrata de toda la vida?) ha sobrevivido a los gobiernos de UCD, del PSOE y del PP, prueba evidente de su bondad, y de las garantías que ofrece a los expropiados.

Respecto de la primera tesis, el mismo diario LA NUEVA ESPAÑA, en su edición del día 20 (al día siguiente, por tanto, de la intervención de don Ramiro) aclara perfectamente cuál es el coste (supuestamente exorbitante) de las urbanizaciones de Sogepsa para un caso concreto: la parroquia de Roces. El coste total de urbanización es de 33.500.000 euros, y la superficie construida (sin contar el futuro centro comercial) será de 370.000 metros cuadrados; haciendo la división, el coste de urbanizar repercutirá en 91 euros por metro construido (haciendo números redondos); para que los lectores tengan una referencia, el precio del metro cuadrado en protección autonómica, antigua VPO, es de 1.100 euros; en precio concertado, antiguo precio libre tasado, 1.400 euros; y en precio libre, pues eso, libre, pero se sitúa para zonas similares en torno a 2.100 euros (otra vez en números redondos); en resumidas cuentas, y para lo que nos interesa, el coste de urbanización de las parcelas en relación al precio final de las viviendas es, pura y simplemente, una bagatela.

Respecto del supuesto interés general que defiende Sogepsa frente al particular de los vecinos, hagamos algunas precisiones: a) El 49% del capital de SOGEPSA es privado y lo detentan las principales constructoras de la región, que son, además, las que ponen el dinero para afrontar los costes iniciales de las operaciones; suponer que el sector inmobiliario en Asturies está colaborando gratis et amore a resolver los problemas de vivienda de los asturianos no puede provocar más que carcajadas cósmicas, siendo caritativos; b) En las operaciones expropiatorias para construir viviendas no se defiende el interés general, sino el particular de los futuros compradores, que, como se puede comprobar en Xixón y en todas partes, en cinco o seis años doblarán tranquilamente su inversión, siendo ésta una de las razones principales del salvaje incremento del precio de la vivienda, junto con el blanqueo (véase Costa del Sol) y la pérdida de rentabilidad del ahorro en productos financieros; además, la parte privada de Sogepsa participa en las operaciones para obtener un beneficio (lo contrario es inconcebible) y la misma Sogepsa ha tenido una revalorización fabulosa en los últimos años; y, por último, c) El interés general que defiende Sogepsa sería más creíble si en la operación de Roces, por ejemplo, en vez de construir 420 viviendas sociales (que son las únicas de verdad «baratas») sobre 3.700 viviendas totales, se construyeran 2.000 o 2.500 sobre el total; para que usted y los lectores lo sepan, en esa operación se construye casi el doble de viviendas libres que de viviendas sociales, o sea, que más claro, agua; interés particular frente a interés particular, por tanto, es una descripción más ajustada a la verdad de las cosas.

Por último, donde el señor Fernández se supera es en su magnífico alegato sobre las bondades de la ley de Expropiación Forzosa, aprobada efectivamente en 1.954, en los tiempos más oscuros del régimen de Franco; que don Ramiro considere (como supongo considerará) más importante quitar las estatuas ecuestres del general Franco que sus monumentos jurídicos dice bastante de lo que para muchos significa en último término la democracia: quítate tú pa poneme yo. Que la ley de Expropiación de 1.954 haya sobrevivido a Franco, a la UCD, al PSOE y al PP lo único que significa es que cuando se trata de atropellar al pueblo llano y sacar cuartos debajo de las piedras (literalmente) los escrúpulos ideológicos o doctrinales desaparecen como por ensalmo; se adhiere además el señor Fernández a la ley de Expropiación desde una perspectiva «antiliberal», coincidiendo con ello con el legislador franquista; fíjense en cómo esta frase de la Exposición de Motivos del 54 coincide, no sé si sospechosamente, con el núcleo de la argumentación del señor Fernández: «Sobre el radio de acción que a la expropiación fijaba el orden político liberal ha venido a actuar, en primer término, el principio que expresa la conciencia social del nuevo Estado (franquista, obviamente) y que hoy se proyecta sobre toda su obra legislativa».

Por último, como don Ramiro sabe bien, puesto que es directivo de Sogepsa, si se expropia es precisamente para no pagar lo que valen los bienes expropiados; si se pagase su verdadero valor, no haría falta expropiar, salvo casos extremos, porque el propietario vendería encantado; es más, como los mismos vecinos han afirmado más de una vez y puede certificar cualquiera que se haya visto en esa situación: si Sogepsa ofreciese simplemente el 75% del valor real de los bienes, habría colas en sus oficinas para entregar las escrituras; el problema, señor Fernández, es que, como usted sabe bien, Sogepsa sólo ofrece el 30% y, como dice el refrán, «Amigos, sí, pero la xata, polo que val».

En definitiva, todo muy socialista.

Xesús Cañedo Valle es secretario general del Partíu Asturianista (PAS).