Una invitación a la palabra. RAMIRO FERNÁNDEZ

No tengo el gusto de conocer personalmente a mi compañero Quini Candela, que acaba de publicar en las páginas de Gijón de este diario unas líneas en las que analiza de una forma ciertamente peculiar la actuación de Sogepsa en Gijón y anima a hablar a los que están callados. Haciendo honor a esa invitación, quizá no estén injustificadas unas líneas sobre la actualidad.

Quini ha construido una argumentación ciertamente arriesgada para tratar de demostrar una serie de cosas que podríamos resumir en unas cuantas afirmaciones que se desprenden de sus propias palabras: los movimientos de los propietarios de suelo son la única oposición que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón tiene; los datos que se manejan destruyen la justificación que puede tener una sociedad como Sogepsa para intervenir en el mercado del suelo, las viviendas han de costar menos de ocho millones de las antiguas pesetas, y tanto el PSOE como IU, acompañados por la UGT y CC OO, tienen, todos ellos juntos, un enorme interés en mejorar las cuentas de una sociedad de gestión de suelo a costa de los gijoneses. La guinda de todo este pastel se sitúa en el hecho de que los laureados opositores de antaño han perdido el pulso entre sillones de cuero y coche oficial.

Sobre la aseveración de que aquéllos a los que llama rurales sean la única oposición existente en Gijón, dejo al Partido Popular el trabajo de defenderse, que lo hará seguramente muy bien; en todo caso, como es un asunto claramente opinable, allá cada cual con sus opiniones. Pero donde ya dejamos de aplicar la mínima racionalidad exigible es cuando se recogen de manera acrítica números publicitados en una octavilla y los elevamos a la categoría de verdad indiscutible; si se fijan, el resto de la argumentación está construida sobre este monumental disparate. Si costó tanto el suelo, dividimos por las viviendas y ésa es la repercusión. Como si no hubiera más cosas. Convendría recordar, para la mayoría de las personas que no están, lógicamente, en los detalles y las complejidades de la gestión urbanística, que los componentes de costes de una actuación no están únicamente en el suelo, siendo como es éste un apartado importante. Además de comprar el suelo, el gestor urbanístico debe trabajar y costear los proyectos, sufragar sus costes propios, pagar tasas e impuestos, costear la urbanización -nada más y nada menos que construir y pagar las nuevas calles, los nuevos saneamientos, los nuevos abastecimientos de agua, electricidad, telefonía, gas, la red de semáforos y la señalización de las nuevas calles, instalar los alumbrados públicos-, interiorizar los costes financieros de operaciones en las que se invierten unos cuantos miles de millones de las pesetas antiguas y que están vivas desde su inicio hasta su final durante unos años… También hay que pagar el establecimiento de espacios libres y zonas verdes, que, junto con todo el conjunto anterior, se entregan al Ayuntamiento una vez terminados, es decir, se incorporar al patrimonio de la ciudad. Todo eso hay que hacer.

Todo eso se hace. Y así Gijón ha ido teniendo en los últimos años una recuperación urbana considerada ejemplar dentro y fuera de Asturias, como fue la reordenación del barrio de El Llano, otro ejemplo de operación de saneamiento urbano como la efectuada en las playas de Poniente, dos grandes desarrollos de ciudad nueva que ahí están a la vista de todos como Montevil y Montevil Oeste, y otra cirugía de saneamiento como la del plan especial de reforma interior de Contrueces. Todas ellas, como se sabe, efectuadas por Sogepsa, y que conjuntamente han creado en Gijón por encima de 4.500 viviendas. Quizá sea esta realidad, la indiscutible realidad de que Sogepsa ha contribuido, y mucho, a la muy respetable transformación urbana que Gijón ha experimentado a lo largo de los últimos muchos años, la que explique el apoyo que la Sociedad Mixta de Gestión de Suelo tiene de los partidos del gobierno municipal, y de los sindicatos de clase, que tienen quizá, a los ojos de algunos, la lamentable tendencia de defender los intereses de la mayoría de la población, y no exactamente los intereses de los propietarios de suelo, que aspiran, como es natural, a obtener el mayor provecho posible de sus propiedades.

Como apunte final, se podría decir que el aumento de capital de Sogepsa se explica por el destino constante, desde su creación, de todos los recursos que obtiene a aumentar su capital; una empresa instrumental, de mayoría pública, que no reparte beneficios a sus socios y en la que la prioridad no es la cuenta de resultados, sino generar actividad. Aumentar el capital tiene, así, la única finalidad de acrecentar su solvencia hacia el exterior, especialmente ante las entidades financieras que la han apoyado desde su creación hace ya veinte años. Así, buscar explicaciones más torcidas es una simple pérdida de tiempo, porque la verdad es más sencilla de lo que algunos, de manera muchas veces claramente interesada, pueden pretender.

Quini concluye jugando con el nombre de Sogepsa para llamarla Exprogepsa, intuyo que aprovechando esta tendencia última de feroz liberalismo en el que se quiere hacer comulgar a la población con la idea profundamente reaccionaria de que no debe existir nada más allá del puro interés individual, y que todo lo público, lo que en realidad nos iguala y nos une, resulta por principio rechazable. Pero la realidad es muy tozuda, y pese a todos los esfuerzos que se hacen en ese sentido, y son muchos, aún no han conseguido, afortunadamente, hacer olvidar al ciudadano normal, es decir, a casi todos, que es precisamente desde lo público, es decir, desde toda la historia social europea que estos liberales enloquecidos rechazan y desprecian, desde donde se nos aportan a la inmensa mayoría de los ciudadanos cosas tan poco importantes como la sanidad o la educación, desde donde se mantienen las carreteras que nos llevan, las policías que nos protegen y los sistemas de paro que ayudan a la gente cuando las cosas vienen mal dadas. Pese a todo, con una contumacia que aburre hasta el cansancio, se nos sigue diciendo que el objetivo de una nación como la nuestra no debe ser evolucionar hacia un modelo holandés, canadiense o sueco: lo bueno, seguramente, será trabajar para parecernos lo más posible a México, Venezuela o Argentina, ámbitos en los que todos podemos constatar que después de siglos en los que este liberalismo que propugnan viene funcionando sin cortapisas, los resultados son tan brillantes como todos conocemos.

Pues bien, para concluir, solamente un dato. La ley que regula en nuestro país los procedimientos de expropiación, que únicamente significa que ante la necesidad de satisfacer un interés público el derecho a la propiedad privada cede, a cambio de recibir una compensación por el mismo importe del valor de ese bien, viene ya del año 1954. Y se utiliza, con la vigilancia de los tribunales, para definir en última instancia, y garantizar por tanto que el valor que el expropiado recibe por sus bienes sea el justo, para satisfacer las necesidades que la colectividad tiene, entendiendo que es preciso hacer carreteras, hospitales, centros de salud, colegios, viviendas y tantas otras cosas.

Incluso viniendo de la etapa más dura del franquismo, se acepta pacíficamente que se trata de una ley razonable. De hecho, ha sobrevivido a la transición, ha sido aceptada por la Constitución que devolvió un sistema político de libertades a los españoles, y no ha sido cambiada sustancialmente en trece años de gobiernos socialistas y ocho años de gobiernos de la derecha. Algo tendrá, cuando así son las cosas; no será, seguramente, una pura casualidad el hecho de que la vida de esta ley haya superado ya los cincuenta años.

Y, claro, aunque a algunos no les guste, y es obvio que no les gusta, la capacidad de dirección política de la sociedad corresponde a los poderes públicos. Son esos poderes los que tienen que dar, y están dando de la mejor manera posible, respuesta a las necesidades de que ciudades como Gijón tienen de crear nuevos espacios industriales y residenciales. De modo que lo que está tan vivo en estos días es únicamente esa tensión que se produce entre el interés general de la ciudad y los ciudadanos y el interés legítimo, plenamente lógico, pero particular y privado, de los propietarios de suelo, que aspiran a la mayor compensación posible. Así son las cosas. En realidad, nada que resulte realmente nuevo.

Ramiro Fernández es periodista y jefe del área de suelo industrial de Sogepsa.