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Mina La Camocha: Sintonía del gobierno de Paz Felgueroso con presuntos delincuentes

La juez fija una fianza de 22 millones de euros para los acusados del caso Camocha, no cabe duda de que la juez estima que se han cometido delitos importantes, así que procede recordar que el gobierno municipal y los sindicatos respaldaban las actuaciones de Mina La Camocha. Tanto el concejal Tino Venturo en nombre del Ayuntamiento como Juventino Montes en nombre de CCOO, defendieron como correcta la gestión de la empresa minera cuando- con motivo de la presentación del futuro parque empresarial de La Camocha– los ciudadanos les recordamos los procesos pendientes. No veían problema ni ilegalidad alguna en la gestión de esta explotación minera en años anteriores, iban de la mano de los ahora encausados vendiendo la moto de un parque empresarial en los terrenos de la mina. La entonces alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, ya había anunciado en la Feria de Muestras las bondades de la iniciativa presentada por Zapico, olvidándose de las obligaciones de la empresa con los trabajadores, de las deudas y de los procedimientos judiciales pendientes.
¿Cómo se explica esta sintonía del gobierno municipal con presuntos delincuentes? ¿Debemos entender que el gobierno de Paz Fdez. Felgueroso hizo gala de una ignorancia enciclopédica y una incapacidad total para velar por el interés general? Cualquier otra explicación que podamos imaginar sería aun mas grave.  ¿Tendría Santiago Martínez Argüelles o cualquier otro heredero en activo de aquel gobierno la gentileza de explicarnos a qué se debe tanto engaño?.

La juez fija una fianza de 22,73 millones de euros para los acusados del «caso Camocha»

La magistrada que instruye el sumario podría ordenar el embargo de los bienes de los encausados de no cubrirse la cantidad señalada
LA NUEVA ESPAÑA 1-12-2011 M. CASTRO

La titular del Juzgado de instrucción número cuatro de Gijón ha requerido a los cinco imputados en el caso del supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha para que depositen en el Juzgado una fianza de 22,73 millones de euros, para asegurar el pago de las responsabilidades pecuniarias que se produzcan en el caso de que sean condenados. El supuesto fraude, cometido entre 1998 y 2000, consistía en la adquisición de carbón más barato para venderlo a la térmica de Aboño como producción propia.

Esta medida cautelar llega después de que el fiscal y el abogado del Estado hayan formulado acusación contra cinco directivos de Mina La Camocha y de dos empresas que le suministraban carbón (Trabajos y Explotaciones y Hullas del Coto Quirós), al considerar que participaron en el supuesto fraude cometido entre 1998 y 2000. El fiscal pide para los acusados nueve años de cárcel, además del pago de 34,18 millones de euros, la mitad (17,09 millones) en concepto de indemnización y la otra mitad como multa. La fiscalía también pide que las empresas citadas sean declaradas responsables civiles subsidiarias de la indemnización de 17,09 millones señalada.

La fianza cuyo depósito reclama la magistrada es conjunta y solidaria para los cinco imputados. Esto es, responden todos de la totalidad. En el caso de que no se cubran los 22,73 millones de euros, la juez podrá solicitar a las fuerzas de seguridad del Estado que investiguen el patrimonio de los acusados, para proceder al embargo de sus bienes hasta que considere que quedan cubiertas las garantías económicas que les solicita.

Entre 1998 y 2000, Mina La Camocha recibió 15.448 millones de pesetas (92,85 millones de euros) de subvención para compensar las pérdidas derivadas de la producción minera. Inicialmente la fiscalía y la Guardia Civil cifraron el supuesto fraude en la práctica totalidad de las ayudas, 87,75 millones de euros, cantidad que se redujo posteriormente a los 17,09 millones de euros citados al atender la Audiencia Provincial al criterio que formuló el Ministerio de Economía al calcular la supuesta malversación, multiplicando las 90.000 toneladas que se estima que Camocha adquirió irregularmente por la diferencia del precio de éstas con las producidas.

El abogado del Estado ha presentado un escrito de acusación en el que solicita una pena de diez años y medio de cárcel para cada uno de los cinco imputados por el supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha, lo que supone una petición de un año y medio más que la formulada por el ministerio fiscal.

Al igual que la fiscalía, el abogado del Estado considera que en este caso se han producido tres delitos de supuesto fraude de subvenciones, uno por cada año investigado. Por cada supuesto delito solicita tres años y medio de cárcel para cada encausado, lo que suman los diez años y medio en total referidos.

En lo que sí coincide con la fiscalía el abogado que representa los intereses de la Hacienda pública es en solicitar una indemnización de 17,09 millones de euros y una multa de otro tanto.

El abogado del Estado elaboró su escrito de acusación el pasado mes de abril, antes incluso de que la Audiencia Provincial desestimase el recurso que habían presentado las defensas de los imputados contra el auto de octubre de 2010 en el que la juez daba por concluida la investigación imputando a cinco directivos.

La resolución también exige la apertura de juicio oral en un Juzgado penal

LA NUEVA ESPAÑA 1-12-2011 M. C.
La resolución judicial que requiere a los acusados el depósito de fianza fue dictada el pasado 24 de noviembre. La magistrada también ha ordenado la apertura del juicio oral, en el Juzgado de lo penal de Gijón que corresponda por turno.

En el banquillo se sentarán Manuel Martín Martín, que en la época del supuesto fraude era presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha; Víctor Zapico Zapico, por entonces director general de servicios y apoderado de la mina según el fiscal; Margarita García Fernández, responsable de contabilidad y apoderada de Mina La Camocha; Guillermo Honrubia Álvarez, apoderado de Trabajos y Explotaciones y también de Hullas del Coto Quirós, y Ángel Manuel García Brugos, administrador único de Hullas del Coto Quirós y hermano del máximo accionista de esta explotación y de Mina La Camocha, Fernando García Brugos, ya fallecido.

La investigación, que inició de oficio la Guardia Civil y que fue impulsada en un principio por la fiscalía anticorrupción, arrojó como resultado la supuesta mezcla con la producción propia de Mina La Camocha de unas 90.000 toneladas de mineral importado por los puertos de Avilés y El Musel o procedente de explotaciones a cielo abierto. Para ocultar el supuesto fraude, Mina La Camocha adquiría el carbón foráneo a través de Trabajos y Explotaciones y de Hullas del Coto Quirós, que le emitían facturas por conceptos distintos y de difícil comprobación. Una parte del mineral lo adquirió la propia empresa gijonesa argumentando que iba destinado al vale de carbón de sus trabajadores y jubilados.

El supuesto delito está tipificado en al artículo 308.2 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de entre uno y cinco años a quienes desvíen subvenciones superiores a los 120.000 euros a fines distintos a aquellos para las que fueron concedidas. Además de esas penas privativas de libertad, el artículo 308.2 también establece multas para los condenados por las mismas que van del tanto al séxtuplo del importe defraudado.

La fianza del caso Camocha afecta también a las empresas de la trama

LA NUEVA ESPAÑA 2-12-2011 M. CASTRO
El requerimiento de la titular del Juzgado de instrucción número cuatro de Gijón para que los cinco acusados del supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha depositen una fianza de 22,7 millones de euros también afecta a las empresas supuestamente implicadas en la trama: la mina gijonesa y las dos empresas que le suministraban el carbón, Trabajos y Explotaciones y Hullas del Coto Quirós.

La fianza impuesta por la jueza es la que exige la ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija que debe ser la indemnización solicitada por el fiscal incrementada en un tercio. El fiscal pide una indemnización de 17,09 millones de euros, que es la cifra en la que se valora el supuesto fraude por la venta de carbón ajeno a la explotación minera a la térmica de Aboño entre los años 1998 y 2000 como si fuese producción propia.

En el probable caso de que los cinco imputados no cubran la cantidad impuesta por la juez para garantizar la responsabilidad civil en caso de condena, la magistrada ordenará a la Policía que indague cuál es su patrimonio para proceder a embargarlo. La juez también pedirá información sobre el patrimonio de las empresas supuestamente implicadas en el caso, dado que pueden ser declaradas responsables civiles subsidiarias. También procederá a embargos contra las mismas si no se cubre esa fianza.

Aunque eso es lo que se prevé en teoría, el caso es que los embargos contra las empresas difícilmente serán efectivos. Mina La Camocha se encuentra en proceso de liquidación, dentro de un concurso de acreedores. Esa situación concursal hace imposible cualquier embargo como medida cautelar. Por lo que se refiere a Trabajos y Explotaciones y a Hullas del Coto Quirós, ambas empresas parecen estar inactivas y con reclamaciones de impagos por parte de administraciones públicas. En el caso de Trabajos y Explotaciones, el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» publicaba el pasado 11 de marzo el anuncio de cierre provisional de su hoja registral.

El fiscal también pide nueve años de cárcel para cada uno de los cinco imputados por el supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha, una solicitud de pena que el Abogado del Estado eleva hasta los diez años y medio de cárcel.

En el caso de que sean absueltos en el juicio que se va a celebrar en uno de los Juzgados de lo penal de Gijón, les será reintegrada la fianza que hayan depositado o los bienes que les hubiera embargado el Juzgado de manera preventiva.

El «caso Camocha», camino de juicio Del mar a la mina

Tras doce años de investigación e instrucción judicial, la Fiscalía ha formulado acusación contra cinco directivos
La Audiencia Provincial impidió en dos ocasiones que se archivara el proceso por el supuesto fraude de 17,09 millones de euros

LA NUEVA ESPAÑA 4-12-2011 M. CASTRO
De las minas tiene que salir carbón, pero en la de La Camocha entraba y a raudales. Los que fueran responsables de la explotación hullera gijonesa han tratado de justificarlo con complejas argumentaciones jurídicas. Pero lo antinatural de la práctica era tan evidente que Mina La Camocha recurrió supuestamente a artimañas para ocultar la compra del mineral, que luego revendía a la térmica de Aboño como si fuese su producción. Las subvenciones que el Estado da a la ruinosa minería del carbón subterráneo, y que permiten mantener a las familias de los que cada día se juegan la vida a centenares de metros bajo tierra, se destinaron supuestamente a comprar carbón mucho más barato. El negocio era redondo hasta que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción decidieron sumarse a la procesión de camiones cargados de hulla que subían periódicamente hasta la mina. Ahora el caso está a punto de llegar a juicio, tras más de doce años de investigación. En el banquillo se sentarán cinco personas para dirimir su responsabilidad o su inocencia.

La Fiscalía acusa a tres antiguos directivos de Mina La Camocha, su presidente, Manuel Martín Martín, su director general, Víctor Zapico Zapico, y su responsable de contabilidad, Margarita García Fernández. Para cada uno de ellos pide nueve años de cárcel, los mismos que para otros dos directivos de empresas que la trama supuestamente usaba para la compra del carbón: Ángel Manuel García Brugos, administrador único de Hullas del Coto Quirós, y el apoderado de esta empresa y también de Trabajos y Explotaciones, Guillermo Honrubia Álvarez. El abogado del Estado eleva a diez años y medio su petición de cárcel para los acusados, que continúan negando su participación en los hechos.

El trasiego a plena luz del día o de noche de camiones para descargar carbón junto al lavadero de la mina tuvo lugar entre 1998 y 2000. Esos extraños movimientos llamaron la atención de vecinos de la parroquia gijonesa y de los propios mineros que preguntaron a sus representantes sindicales, incluso en asambleas, qué pasaba.

Lo que pasó es que la Guardia Civil inició una investigación de oficio, que bautizó como «operación Baltasar», cuya conclusión fue que entre 1998 y 2000 Mina La Camocha adquirió unas 90.000 toneladas de carbón importado o de cielo abierto, lo mezcló con su propia producción y lo revendió a la térmica de Aboño. La investigación concluyó que una parte del mineral se importaba por los puertos de El Musel y Avilés y otra procedía de la mina de cielo abierto de Hullas del Coto Quirós (con los mismos propietarios que Mina La Camocha). Otra de las vías que se investigaron fue la entrada de carbón procedente de la mina de Tineo González y Díez, que no podía justificar toda la producción al haber cobrado subvenciones para reducirla. En aquella época González y Díez era filial de Mina La Camocha.

Según la Fiscalía, una parte del carbón la importaba directamente la empresa minera, justificándola como mineral para vales del carbón de empleados y jubilados. El resto, la mayor parte, se lo suministraba Trabajos y Explotaciones o Hullas del Coto Quirós, que emitían facturas por conceptos distintos y de difícil comprobación. La mezcla de carbones (el importado, que costaba una quinta parte, era de peor calidad que el producido en la explotación) fue detectada en varias ocasiones por Hidrocantábrico, que así se lo comunicó a Mina La Camocha.

En el sumario del caso, con unos 6.000 folios, se acumulan las pruebas del supuesto fraude. Desde vídeos de las vigilancias que a finales de 1999 efectuó la Guardia Civil hasta los informes periciales sobre la diferencia entre la producción real de la explotación y la declarada o sobre los movimientos de dinero entre Mina La Camocha y las empresas que usaba como tapadera para adquirir el carbón.

El supuesto fraude ha sido cuantificado en 17,09 millones de euros, cifra que la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman a los acusados como indemnización, de los cuales serían responsables subsidiarias las empresas implicadas en la trama, ya sin actividad. Para hacer frente a la misma, la juez les ha requerido que depositen una fianza de 22,7 millones de euros. Además de la indemnización, las acusaciones también reclaman una multa de otros 17,09 millones de euros.

El caso pasará a juicio a un Juzgado de lo penal, poniendo así fin a una instrucción judicial que arrancó en abril de 2001, cuando la Fiscalía Anticorrupción interpuso la denuncia. Ese mismo mes el Juzgado ordenaba el registro de Mina La Camocha. En diciembre de ese año la Guardia Civil detenía a catorce personas, de las que once fueron imputadas judicialmente. Finalmente, la Fiscalía sólo ha encontrado argumentos para acusar a cinco. Uno de los que no verán el juicio es quien fuera máximo accionista de Mina La Camocha, el empresario Fernando Luis García Brugos, que falleció en agosto de 2010. La complejidad del caso, que el Juzgado archivó en dos ocasiones y la Audiencia Provincial reabrió otras tantas, ha alargado la instrucción durante una década. En ese tiempo, la mina gijonesa ha cerrado y todos sus trabajadores o bien se han prejubilado o han sido recolocados en Hunosa. La empresa quebró a finales de 2007 y el Ministerio de Industria pasó a reclamarle la devolución de 131,23 millones de euros de los 218,55 que la mina recibió entre 1998 y 2007. La deuda total de la empresa en liquidación supera los 162 millones, de los que 12,68 son impagos a prejubilados.

La supuesta trampa con las ayudas llevó al Ministerio de Industria a recortar en un 37,83% las subvenciones a Mina La Camocha en 2002. La empresa interpuso un contencioso contra esa decisión y usó ese pleito administrativo como argumento para frenar el caso penal al sostener que las ayudas eran independientes de la producción. El Tribunal Supremo dijo otra cosa en la sentencia: «La tesis, llevada a su límite, implicaría tanto como que las empresas mineras beneficiarias podrían exigir, año tras año, en el horizonte temporal fijado, las ayudas previstas en el plan incluso en el caso de que su producción fuera cero, lo que es inaceptable». O sea, que las ayudas para sostener una actividad productiva deficitaria no pueden convertirse en jauja.

El 7 de diciembre de 1999 una flotilla de camiones transportó un cargamento de carbón que había desembarcado el granelero «Husnes» en el muelle de Raices en Avilés hasta una explanada próxima al lavadero de Mina La Camocha. En la imagen superior, los camiones cargando en Avilés. Sobre estas líneas, descargando en Mina La Camocha.

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