LA PLATAFORMA RURAL LLEVA SU CONFLICTO CON EL AYUNTAMIENTO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

El colectivo tramita su contencioso por un procedimiento especial al considerar inconstitucional el rechazo de las 31.760 firmas que lo avalan
LA NUEVA ESPAÑA (18/2/05)

Miriam SUÁREZ

El Colectivo por la Defensa de la Zona Rural interpondrá un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento. El conflicto que generó el rechazo municipal a las 31.760 firmas recabadas por esta plataforma llega así al Tribunal Superior de Justicia de Asturias. «No puede ser que las iniciativas populares nunca sirvan para nada», alegan sus integrantes.

La plataforma rural tomó la decisión de acudir al alto tribunal asturiano ayer, después de mantener una reunión con el abogado que los asesora. Su intención es acogerse a un procedimiento especial, contemplado en casos de inconstitucionalidad. Algo que estaría justificado, según los vecinos, por el hecho de que «el Ayuntamiento dejó de aplicar unas leyes y modificó la aplicación de otras».

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento resolvieron rechazar las firmas de la plataforma rural al considerar que no estaban legitimadas. Con esta negativa se iba al traste la petición de discutir sus propuestas urbanísticas en un Pleno abierto a la participación de todas las parroquias, iniciativa ciudadana recogida en la ley de Grandes Ciudades.

Aunque el Ayuntamiento convocó finalmente un Pleno monográfico sobre los nuevos planes urbanísticos, la sesión no se celebró en las condiciones exigidas por los vecinos. «Se nos privó de un derecho y, para compensar, nos otorgaron una medida de gracia. Eso tiene un nombre», denuncian. «Si acudimos al Tribunal Superior de Justicia de Asturias es para evitar que esto vuelva a suceder. Si no, las iniciativas populares nunca servirán para nada», precisaban ayer portavoces vecinales.

Optan por el contencioso después de haber presentado, sin ningún éxito, un recurso de apelación en el registro municipal. La contestación del Ayuntamiento no alteró lo más mínimo los argumentos esgrimidos en el momento de rechazar las rúbricas de apoyo que recogió el Colectivo por la Defensa de la Zona Rural. «Según el derecho español, el que dice que unas firmas no están adveradas es el que tiene que poner los medios para certificarlas», insisten por su parte los vecinos.