TEXTO DE QUEJA A LA COMISIÓN DE RECLAMACIONES

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN ..

(… ) E X P O N E:

Primero.- Que por medio del presente escrito elevan a esa Comisión una RECLAMACIÓN sobre el trámite y resolución dadas por la Alcaldía a la Iniciativa Popular presentada con fecha 11 de diciembre de 2004, refrendada por 32.000 firmas, relativa al Plan de Ordenación Urbana actualmente en fase de aprobación.

Segundo.- Que la legitimidad para instar este procedimiento se basa en el hecho de haber suscrito la Iniciativa Popular antes mencionada, impulsada por los miembros de la denominada Plataforma para la Defensa de la Zona Rural, como fácilmente puede comprobarse del simple cotejo de nuestras firmas y D.N.Is. con los pliegos que acompañaban al texto de la Iniciativa.

Tercero.- Que en aras de obtener el tratamiento imparcial que cabe esperar de un trámite de esta naturaleza, solicitamos la abstención de todos aquellos concejales, miembros de la Comisión, que más directamente han estado, y están, enfrentados a los vecinos en el trámite de aprobación inicial del Plan de Ordenación y su debate e información posteriores, o en la tramitación de la Iniciativa Popular; en concreto, consideramos imprescindible, para que el procedimiento que ahora se insta tenga siquiera un mínimo de credibilidad, la abstención de los señores Don Pedro Sanjurjo González, Don Manuel Faustino García Fernández, Don Jesús Montes Estrada y Don Jesús Morales Miravalles, titulares o suplentes en la Comisión Especial, y cuya animadversión hacia los planteamientos de la Plataforma para la Defensa de la Zona Rural, y por extensión hacia los firmantes de la Iniciativa Popular suscrita por los que ahora elevamos esta reclamación, está amplia y suficientemente documentada.

Cuarto.- Que la oportunidad de este trámite queda plenamente justificada, al haberse resuelto de forma negativa, a día de hoy, el Recurso de Reposición presentado contra la Resolución denegatoria de la Iniciativa Popular, por lo que, habiéndose agotado la vía administrativa, procede la elevación de la presente RECLAMACIÓN, que se fundamenta en las siguientes

A L E G A C I O N E S

1. No se trata aquí de hacer un recurso jurídico, cuya oportunidad no entramos a juzgar, y que no nos corresponde a nosotros sostener, sino una reclamación o queja en nuestra calidad de a) ciudadanos / as de Gijón que han ejercido un derecho de petición, esperando, no sabemos si cándidamente, que un Ayuntamiento teóricamente democrático le diera el trámite que pudiera corresponder y b) esos mismo ciudadanos / as de Gijón, perplejos, ofendidos, desilusionados y francamente preocupados por la salud política de un Ayuntamiento que liquida con malos modos la primera oportunidad (que nosotros sepamos) en la que se pone a prueba su «talante» democrático en relación con los mecanismos de participación previstos en la Ley.
2. La misma perplejidad, desilusión y preocupación se han reproducido, más violentamente si cabe, cuando, barajando la posibilidad de elevar una protesta ante la institución del Defensor del Ciudadano, cuya creación hace ya bastantes años considerábamos un avance importante en nuestra emancipación de súbditos a ciudadanos, nos encontramos ante la desagradable sorpresa de que, casi clandestinamente, esta figura ha sido suprimida; la afirmación escuchada estos día de fuentes municipales, en el sentido de que la supresión del Defensor del Ciudadano viene impuesta por la denominada Ley de Grandes Ciudades, tiene que ser un error, pues a 28 kilómetros, donde también hay un concejo sometido a esta misma Ley, se ha creado precisamente estas semanas esa misma institución.
3. La afirmación, igualmente escuchada de fuentes municipales, de que la Comisión que sustituye a la defenestrada Defensora (tal era su última titular) cumple las mismas funciones, no constituye un error, sino un sarcasmo; basta con mirar las incompatibilidades que afectaban a la Defensora del Ciudadano (cualquier mandato representativo de elección popular, cualquier cargo político de libre designación, la afiliación a un partido político, sindicato u organización patronal, la permanencia en el servicio activo en el Ayuntamiento de Gijón, sus Patronatos y Fundaciones y Empresas Municipales y el ejercicio de las carreras judicial o fiscal) y contrastarla con la composición de esa Comisión, con todos los respetos para sus miembros, para entender que entre una y otra institución hay diferencias radicales en independencia, libertad de criterio e imparcialidad; esa comisión debería llamarse Comisión de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como.
4. Hecha constar nuestra queja sobre la lamentable supresión de la figura de la Defensora o Defensor del Ciudadano, queremos manifestar nuestra radical disconformidad con las decisiones adoptadas por la Alcaldía con respecto a la Iniciativa Popular objeto de la presente reclamación. Los argumentos que hemos escuchado y leído a través de los medios de comunicación, para rechazar la Iniciativa, son peor que pueriles; poner en duda la claridad de criterio de los firmantes (de nosotros, entre otros), la honestidad de los promotores, la autenticidad de las firmas, la información sobre los términos de la cuestión suscitada, el número de firmas, el concejo de residencia, etc., etc., no tienen más que un calificativo: disculpas de mal pagador. El Ayuntamiento, pura y simplemente, no ha querido pagar el peaje que se impone a las instituciones democráticas: escuchar a sus representados.
5. Pero no ha sido la endeblez e infantilismo de los argumentos utilizados lo que más nos ha indignado, sino la mala fe con la que la mayoría municipal ha pretendido burlar, y birlar, un derecho democrático, convirtiéndolo en una pura maniobra propagandística, al servicio de intereses partidarios y políticos, en la peor de sus acepciones; porque al mismo tiempo que se rechazaba la Iniciativa Popular, cuya intención no era otra que suscitar entre los grupos políticos representados en el Ayuntamiento, con los interesados y ante los ciudadanos, un debate sobre las propuestas alternativas al PGOU, los maniobreros municipales se sacaron de la manga otro Pleno, a mayor gloria del poder establecido, para, con los representantes de los vecinos convertidos en rehenes del rodillo municipal, montar una operación de «lifting» político, con la cual la mayoría de gobierno ha pretendido a) desmovilizar a los vecinos; b) transmitir la idea de que «ya ta to arreglao» y c) colar como demócratas a los que en todo este asunto no han tenido el más mínimo atisbo de saber, o querer saber, lo que significan las palabras «participación», «democracia», «diálogo», «sensibilidad» o cualquier otra que establezca la diferencia entre un tiranuelo de caleya y un representante democrático.
6. El hecho fundamental, y que debería haber bastado para que la Iniciativa Popular se tramitase con la normalidad propia de un país democrático, es que 32.000 ciudadanos, conocedores de la problemática que rodea la aprobación del PGOU de la ciudad, han querido respaldar con su firma la petición de los vecinos afectados, para que el Ayuntamiento escuchara, debatiera y resolviera sobre propuestas alternativas o complementarias al Plan. Las disculpas de mal pagador y los ditirambos de leguleyo no podían ocultar ese hecho esencial, y es por eso que se organizó el Pleno que en el punto anterior se ha comentado. Los servicios municipales fueron requeridos con antelación al registro de la Iniciativa, a fin de que manifestasen su criterio sobre el trámite más apropiado, obteniendo la callada por respuesta; suscitada la ofensiva duda sobre la veracidad de las firmas, no tuvieron a bien dirigirse a la Comisión Promotora para acordar un mecanismo de subsanación; no requirieron aclaraciones sobre el alcance y amplitud de la información suministrada a los firmantes; no comprobaron el padrón para establecer cuántas eran las firmas válidas; en definitiva, no hicieron absolutamente nada para dar cauce al derecho de participación que reconoce la Ley. Esta forma de proceder es arbitraria y fraudulenta, por lo que ha quedado gravemente ignorado, sino pisoteado, nuestro derecho a participar, utilizando los procedimientos legales, en las decisiones municipales.

En virtud de lo expuesto, y de cuantas pruebas y documentos puedan sostener nuestros derechos, que desde ahora nos ofrecemos a aportar, elevamos la presente RECLAMACIÓN, con petición expresa de que esa Comisión se pronuncie favorablemente, exigiendo de los organismos municipales la restitución del derecho de participación conculcado, con la tramitación regular y formal de la Iniciativa Popular denegada.