LOS VECINOS RECURREN LA DENEGACIÓN DE LAS FIRMAS A LA COMISIÓN DE RECLAMACIONES

Los vecinos escenifican la sustitución del Defensor del Ciudadano por una comisión integrada por Morales, Sanjurjo, Churruca y Tino Venturo, entre otros. TEXTO

EL COMERCIO (13/3/05)

La Policía Local cerró al público la oficina del Registro municipal mientras se tramitaba la reclamación

NACHO PRIETO/GIJÓN

Integrantes de la Plataforma para la Defensa de la Zona Rural acudieron ayer a las oficinas de la Antigua Pescadería Municipal a registrar un recurso contra la denegación de su iniciativa popular, que posteriormente dio lugar a un Pleno no regulado conforme a dicho procedimiento.

El acto, cargado de un sarcasmo que reflejaba una absoluta falta de confianza en que su recurso se resuelva favorablemente, provocó que la Policía Local cerrara ayer anticipadamente al público las oficinas municipales, para impedir que accedieran a las mismas más vecinos que los que fueran a formalizar la reclamación.

Varios minutos antes de registrar su escrito, representantes de la Plataforma para la Defensa de la Zona Rural parodiaron ante la Antigua Pescadería una reunión de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, con caretas elaboradas a partir de fotografías de los concejales que la integran. A su lado, un vecino disfrazado de lobo parlanchín, que decía representar a Sogepsa, portaba una maleta de la que sobresalían varios billetes.

Los vecinos bautizaron a la comisión destinataria de su reclamación como la de «Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como», y expresaron su perplejidad por la circunstancia de que formen parte de la misma concejales y la propia alcaldesa, para fallar una reclamación contra una resolución, precisamente, de la Alcaldía. Falta confianza, pues, en que el Ayuntamiento acepte tramitar la iniciativa popular que los vecinos de la zona rural pretenden, apoyados en las firmas que han recopilado.

Carmen Suárez, portavoz del colectivo, aclaró que la reclamación es «una oportunidad más» para que el Ayuntamiento rectifique, pero no supone renunciar a la tramitación judicial del caso, en instancias de lo Contencioso Administrativo o cualquier otra que corresponda, ya que la decisión se tomará tras la oportuna consulta con los asesores jurídicos. El plazo hábil es de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación denegatoria, que data del 7 de marzo.

Diferencias

La Plataforma para la Defensa de la Zona Rural insiste en reclamar la tramitación de la iniciativa popular y considera «peores que pueriles» los argumentos para rechazarla, porque el Pleno en el que pudieron intervenir algunos vecinos fue convocado como una gracia y no como un derecho, pero también por cuestiones de fondo, como la ausencia de participación vecinal en las comisiones que tratan la información sobre los asuntos a tratar. «Eso es lo fundamental -dijo ayer Carmen Suárez-. Luego, para hablar en el Pleno, con cinco minutos basta».

Si los vecinos de la zona de rural no tuvieron obstáculo alguno para escenificar su parodia ante la Antigua Pescadería, la tensión aumentó a la hora de registrar el escrito, ya que sólo fueron autorizados a pasar a las dependencias municipales aquellos a quienes se encargó la entrega de los papeles.

Una treintena de personas, aproximadamente, intentó apoyar con su presencia la formalización de la queja, pero tuvo que esperar, sin explicación alguna, de puertas afuera.

La indignación vecinal llevó a la Policía Local a cambiar la estrategia inicial de filtrar el acceso, es decir, permitir el paso al público aparentemente ajeno a la reivindicación rural, por el cierre total de las dependencias, hasta que los representantes de la zona rural que registraron el escrito finalizaron la misión encomendada y la protesta se disolvió sin más incidentes.

LA NUEVA ESPAÑA (13/3/05)

Cuatro concejales, convertidos en juez y parte ante la zona rural

Sanjurjo, Morales, Venturo y Churruca actúan de «defensor del ciudadano»

Los vecinos también señalan que el Ayuntamiento ni siquiera les dio pie a buscar un mecanismo para subsanar los defectos de forma reseñados. Los firmantes de la reclamación esperan que los concejales de la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias que más directamente están o han estado enfrentados a los vecinos por los trámites de aprobación inicial del PGOU o en la tramitación de la iniciativa popular se abstengan en la votación del documento presentado ayer. Son juez y parte. Primero manifestaron su oposición y ahora deciden, ya que el Defensor del Ciudadano ha pasado a ser una «comisión».

«Para que el procedimiento tenga siquiera un mínimo de credibilidad, consideramos imprescindible la abstención de Pedro Sanjurjo, Manuel Faustino García, «Tino Venturo», Jesús Montes Estrada y Jesús Morales, cuya animadversión hacia los planteamientos de la zona rural, y por extensión hacia los firmantes de la iniciativa popular suscrita por los autores de esta reclamación, está amplia y suficientemente documentada».

Los vecinos explican en el escrito su «perplejidad, desilusión y preocupación» por la supresión «casi clandestina» de la figura del Defensor del Ciudadano cuya creación hace años, explican, «considerábamos un avance importante en nuestra emancipación de súbditos a ciudadanos». Una supresión que, en su opinión, no puede achacarse a la ley de Grandes Ciudades porque recuerdan que a 28 kilómetros (Oviedo) y en una ciudad afectada por esa misma ley se ha creado precisamente estas semanas esa misma institución.

Los firmantes de la reclamación consideran «un sarcasmo» la afirmación municipal de que la comisión sustituye a la «defenestrada» Defensora del Ciudadano, Zenaida Álvarez. «Entre ambas instituciones hay diferencias radicales en independencia, libertad de criterio e imparcialidad. La comisión debería llamarse de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Los mismos que se niegan sistemáticamente a escuchar nuestras propuestas tienen que decidir sobre nuestras quejas. Es ridículo».

Sanjurjo insistió ayer en que la constitución de la Comisión de Reclamaciones es una exigencia de la ley 57/2003, conocida como de modernización de las Grandes Ciudades, que, recordó, es una iniciativa del PP «ante las reivindicaciones formuladas por Ruiz-Gallardón en Madrid».

El vicealcalde recordó que el Ayuntamiento de Gijón fue pionero en la defensa de los derechos vecinales con la creación, en el año 1992, de la Oficina del Defensor del Ciudadano y que esa apuesta se mantiene firme. «Nosotros queríamos mantener esa institución y por eso propusimos en el verano de 2003 al Ministerio de Administraciones Públicas que fuera optativo para los ayuntamientos el constituir la Comisión de Reclamaciones o mantener al Defensor del Ciudadano, como era nuestra intención, pero no se aceptó esa propuesta y ahora no tenemos más remedio que cumplir la ley», precisó.

El vicealcalde garantizó que el funcionamiento de la Comisión de Reclamaciones va a ser muy similar al de la Oficina del Defensor del Ciudadano y quiso despejar cualquier duda sobre su funcionamiento en el futuro. «Toda la infraestructura que tenía Zenaida Álvarez, incluido el personal, pasa a la comisión. Y no hay ninguna razón para la suspicacia o la duda de que no se vaya a atender a los vecinos exactamente igual que se hizo durante los últimos trece años», concluyó.