PGO, tramitando que es gerundio

Al Ayuntamiento no parece preocuparle lo más mínimo que los datos sobre población, vivienda o actividad económica que aparecen en el documento del PGO no se correspondan con la realidad del concejo. Lo de menos es que la población descienda en lugar de aumentar, que la ampliación de El Musel no tenga ni las instalaciones ni los tráficos en los que fiaban el futuro de la ciudad, que el paro crezca… Esas menudencias no le preocupan al gobierno municipal, para quien lo importante es tramitar y aprobar de nuevo el PGO antes de las elecciones. Lo de menos es que otra vez incumpla la legalidad, corra la misma suerte que el anterior …y vuelta a empezar! Otra ronda, que paga el contribuyente! ¿O no es eso lo que los hechos están diciendo?

La ciudad que viene en 2011

El Ayuntamiento se marca como propósito responder en enero a las alegaciones del PGO
Buscar apoyo privado a las iniciativas públicas, otro reto del nuevo ejercicio

LA NUEVA ESPAÑA 2-1-2011 Miriam SUÁREZ
Entre los buenos propósitos que el Ayuntamiento de Gijón se hace para 2011, la revisión de su planeamiento urbanístico destaca como uno de los «más importantes». Porque, hasta que la ciudad disponga de un nuevo Plan General de Ordenación (PGO), no hay garantía jurídica para construir el futuro que el equipo de gobierno de Paz Fernández Felgueroso prometió para el municipio. La oficina técnica que se dedica a este cometido ha trabajado durante las fiestas navideñas para «darle un arreón fuerte» al asunto.

Ese impulso pasa por contestar a las más de 1.700 alegaciones presentadas contra el PGO que propone el Ayuntamiento. La idea del concejal de Urbanismo es «tener resueltas las alegaciones este mes de enero». Concretamente, «para el Pleno del día 28», al que el socialista Pedro Sanjurjo espera poder acudir con el informe de las cuestiones admitidas y desestimadas, que luego se trasladarán a cada alegante de forma individualizada. «Se trata de un tema de gran importancia para la ciudad», admite el edil, que se ha marcado como objetivo aprobar el nuevo Plan General antes de las elecciones de mayo.

El actual PGO fue invalidado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, aunque no habrá anulación definitiva hasta que se pronuncie el Supremo. Este varapalo judicial marcó la realidad gijonesa de 2010 y acabó desembocando en la suspensión cautelar del complejo comercial y de ocio previsto en la Ería del Piles. El año nuevo recibirá como herencia ambos entuertos.

Y, con ellos, una situación urbanística de estancamiento. De lo que ocurra en 2011 dependerá la expansión residencial de Castiello de Bernueces, Porceyo, Cabueñes, alto del Infanzón o Granda, donde la incertidumbre generada por la crisis económica y la anulación del PGO mantienen inmóviles operaciones que empezaron a tramitarse hace ya varios años. La intención de quienes promueven estos grandes desarrollos de vivienda es «no mover un ladrillo» a corto plazo.

Este 2011 será un año para tratar secuelas urbanísticas y cerrar cuentas pendientes. Algunas tan antiguas como la del saneamiento integral de Gijón, que incorporará una planta depuradora en su cuenca Este tras superar 19 años de debates ciudadanos y técnicos. O el plan especial de las vías, que recibirá un buen empujón cuando entre en servicio, a finales de enero o principios de febrero, la nueva estación de Sanz Crespo.

Gijón lleva esperando casi una década por el soterramiento de la barrera ferroviaria que parte en dos la ciudad. Tendrá que conformarse con el desmantelamiento del tendido entre El Humedal y Moreda, una operación estrechamente vinculada a lo que Francisco Álvarez-Cascos bautizó como metrotrén en su etapa de ministro de Fomento. Ese ferrocarril subterráneo se prolongará hasta Cabueñes, aunque todavía no se sabe ni cuándo ni con qué dinero, como también ocurre con el museo anunciado en la antigua Tabacalera.

Los trabajos en la playa de vías comenzarán en el primer cuatrimestre del año, antes de los comicios municipales y autonómicos del mes de mayo. Tanto el Principado como el Ayuntamiento se presentarán a esa cita electoral con otras dos bazas: el fin de la ampliación de El Musel y el inicio de las obras de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), que se perfila como un complemento de la actividad portuaria.

Está por ver si la Administración conseguirá captar el interés de la iniciativa privada para hacer más llevadera la carga económica que supone una plataforma logística como la que se lleva a cabo en la parroquia gijonesa de San Andrés de los Tacones. Sólo en la primera fase, el Principado tendrá que hacer un esfuerzo de más de 200 millones. También habrá que «concentrarse», tal como reconocía el presidente regional en una entrevista con la Cadena SER, en la financiación de los accesos al puerto: «Tenemos un convenio con Fomento y estamos trabajando en él. He hablado con el Ministro recientemente y articulamos medidas para poder acometer ya los accesos en la fase inicial», explicaba Vicente Álvarez Areces.

A lo largo de 2011, y más a pie de calle, todavía coleará ademán el plan de remodelación de calles y avenidas, así como la reforma de El Molinón. El centenario estadio rojiblanco ha dado muchos rompederos de cabeza al Ayuntamiento. A finales de año se dará por terminada la obra. Una alegría segura.

La parte baja de la «Tribunona» se estrenó en 2009. En 2010 se remataron los vestuarios y la grada Norte. Y ahora se avanza en la colocación de la fachada artística de Vaquero Turcios y en el acondicionamiento de los bajos comerciales. El año 2011 pondrá fin a la reforma de El Molinón. Ha llevado años y más de 30 millones de inversión. Arriba, una imagen del noroeste del estadio, donde ya se puede apreciar el cambio que está experimentando.

El PGO entra en su año clave

El proceso introducirá modificaciones en la norma, que tendrá que validar el Principado para su entrada en vigor antes del 22 de mayo
El informe de alegaciones se elevará a Pleno en enero para la aprobación provisional del documento y a continuación se notificarán las contestaciones

EL COMERCIO 2-1-2011La revisión del Plan General de Ordenación entra en su año clave, el de su aprobación definitiva antes de las elecciones del 22 de mayo si nada se tuerce. Los técnicos municipales adscritos al área de Urbanismo trabajan estos días a destajo, con jornadas maratonianas que no concluyen antes de las 11 de la noche. Todo para contestar en plazo a las 1.486 alegaciones presentadas durante la información pública del documento. Está en juego la imperiosa necesidad de contar con un marco normativo sólido que devuelva la seguridad jurídica que perdió el urbanismo gijonés en julio de 2009, fecha en que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) empezó a emitir sentencias anulatorias contra el Plan Teixidor de 2005.
La reciente paralización judicial del proyecto comercial y de ocio para la Ería del Piles, con dos autos que vinculan ese desarrollo concreto con la normativa declarada nula por los tribunales, hizo patente el alcance de la treintena de fallos del TSJA que el Ayuntamiento tiene recurridos en el Supremo. Esa operación, al igual que los grandes desarrollos residenciales que el Plan General de 2005 localizaba en zonas rurales como Cabueñes, Granda, Porceyo y el Alto del Infanzón, dependen ahora de la entrada en vigor de un PGO que incluye una reserva de suelo urbanizable con capacidad para 21.500 viviendas.
El informe de contestación de alegaciones se elevará al Pleno previsiblemente a finales de enero (aún no está convocado). De ahí tiene que salir el acuerdo de aprobación provisional del documento urbanístico, que incorporará modificaciones derivadas de la estimación de algunos de los recursos. La notificación individualizada de la respuesta de las alegaciones se producirá a continuación.
Posteriormente, se remitirá el texto a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y a la Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias (CAMA), cuyos informes son preceptivos y vinculantes. Eso es lo que queda hasta la aprobación definitiva. Pero antes de que llegue ese desenlace, el equipo de técnicos que comanda el edil de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, tiene que vérselas con varias ‘patatas calientes’ con las que no es agradable lidiar en época preelectoral. Con propuestas del texto de aprobación inicial como el traslado de los negocios hosteleros y un bloque de apartamento de la Ería del Piles para crear un nuevo parque y la desaparición del barrio de El Muselín por riesgos geológicos tienen que pasar ahora la prueba del algodón.
El Ayuntamiento es consciente del fuerte rechazo social que estas actuaciones generan, a pesar de que los desalojos se anunciaron como soluciones a diez años vista en el plan de El Rinconín y a 20 años llegado el caso para El Muselín. Los afectados por ambos proyectos esperan que, vía estimación de recursos, estas cuestiones se atemperen y suavicen en favor de sus intereses en caso de que no sea posible darles marcha atrás. La cercanía de las elecciones municipales es la baza con la que cuentan los alegantes para confiar en la retirada de una previsiones urbanísticas tan impopulares sobre el papel.
La Federación Les Caseríes también tiene muchas expectativas depositadas en el proceso de alegaciones. Su escrito, avalado por la práctica totalidad de las asociaciones vecinales de la zona rural, afirma que el PGO «incumple» el reglamento de urbanismo y ordenación del territorio del Principado (el ROTU), al no concretar los requisitos necesarios para que una agrupación poblacional pueda clasificarse como núcleo rural. El colectivo que preside Soledad Lafuente también reclama que actuaciones como la regasificadora de El Musel o la incineradora de Serín se integren en el PGO, para que «no se hurte del debate ciudadano sobre ellas».
Por su parte, la Federación Urbana (FAV) centra sus recursos en la petición de que se rebaje la altura de los edificios en el entorno de la barrera ferroviaria en solares de las calles del diario El Comercio y de Luarca. La FAV también plantea que se mejore la actual comunicación entre El Cerillero y la nueva zona residencial de El Lauredal, en Jove. Los arquitectos, en su escrito, piden un mayor reparto de la vivienda protegida en los nuevos urbanizables y la recuperación del tranvía.

Las operaciones en suelo rural, salvo Jove, «no tienen prisa»

LA NUEVA ESPAÑA-2-1-2011 Las operaciones residenciales previstas en zona rural están paradas. Los constructores admiten «no tener prisa». Sólo el llamado plan de Jove sigue su curso administrativo. Por primera vez en Asturias, se recalifica suelo para un desarrollo privado en el que todas las viviendas serán protegidas. El proyecto acaba de someterse a información pública.