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Sentencia de la Audiencia Nacional: el gasoducto Musel-Llanera precisa de evaluación de impacto ambiental

La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes, que demandó al Ministerio de Medio Ambiente, solidariamente con la empresa Enagás, por la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el gasoducto El Musel-Llanera, adoptada mediante resolución del citado ministerio de 14 de julio del año 2008, ha obtenido sentencia favorable a sus intereses, por parte de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que ordena ahora la realización de dicha evaluación. Otro proyecto más que se pretendió hacer a uña de caballo, sin un desarrollo razonable detrás, porque había prisa para justificar con ésta, como con otras obras que forman parte de un rosario de infraestructuras claramente innecesarias, lo que entonces era el gran proyecto industrial del Principado de Asturias y ahora no es más que un fiasco monumental, el llamado “polo energético de El Musel”, que forma parte de la idea que hoy se demuestra absurda de convertir Asturias en un monocultivo energético. Se nos puede decir que este gasoducto era imprescindible para “mallar” el sistema, pero la realidad es que sólo tenemos un ciclo combinado generando electricidad en Asturias, y ya veremos por cuanto tiempo. Ese ciclo, no ha necesitado nuevas fuentes de suministro que añadir a las que están en servicio.

Esta sentencia se trata de una pequeña gran victoria que demuestra una vez más cómo se han venido acometiendo ciertos proyectos que constituyeron el núcleo duro de un proyecto energético impulsado por el gobierno de Asturias, materializado en el documento “Estrategia Energética del Principado de Asturias”, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno en el año 2007, en plena cresta de la ola de las burbujas inmobiliaria y de la energía, cuya situación actual es de sobra conocida, por las gravísimas consecuencias para nuestro país de la burbuja inmobiliaria, y el derrumbamiento de una burbuja energética pendiente ahora de toda una reformulación de difícil salida, dado el gran agujero abierto en las cuentas de las eléctricas por la política de primas a las energías renovables, y los conflictos abiertos entre el desarrollo de las infraestructuras de generación eléctrica mediante ciclos combinados, que ha venido a chocar con la tradicional industria del carbón. El resultado lo tenemos a la vista, con los dos sectores, el gas y el carbón, enfrentados en una loca guerra de la que nadie parece querer buscar las causas.

Nos encontramos en estado de coma, y el daño sufrido por el Principado de Asturias ha sido enorme, y se encuentra pendiente de una valoración política que nadie realiza. Había prisa, mucha prisa, por construir en Asturias centrales de producción eléctrica de ciclo combinado, es decir, alimentadas con gas natural, y el gobierno llegó a hablar de catorce ciclos combinados. Sólo se ha construído uno, en Soto de Ribera, y sus gestores hablaron recientemente de la posibilidad de paralizar su actividad. Con semejante visión megalomaníaca se justificaba a su vez la ampliación del puerto de El Musel, que iba a servir para albergar la regasificadora que había de alimentar a esa maraña de ciclos combinados, y en la que se instalaría un parque eólico, una ampliación del actual muelle de graneles sólidos, y una terminal de graneles líquidos para alimentar la regasificadora. Esa terminal quedó desierta, pues nadie la quiere construir ni gestionar, el parque eólico se desechó, al igual que la ampliación de la terminal de graneles sólidos.

En El Musel se levanta ahora una regasificadora que nadie puede explicar cabalmente para que sirve, y de todo lo demás no hay nada de nada, y lo más grave es que estamos hablando de lo que iba a ser el corazón, el núcleo reindustrializador del que partiría la recuperación de la economía y el empleo en Asturias. Se apostó por sectores inviables y sin futuro, no se creó el empleo previsto, y se han venido enterrando astronómicas cantidades de recursos públicos, demostrándose que la apuesta por un gran puerto granelero especializado en importaciones energéticas es un fiasco histórico que no sólo no aporta nada a la recuperación de Asturias, sino que además consumió recursos de los que ya no podremos disponer para inversiones serias y solventes.

Desde AVALL pedimos una reflexión global, en la que se impliquen los agentes económicos y sociales, para valorar los enormes errores cometidos, al haber desarrollado un proyecto de recuperación industrial absurdo e insostenible, cuyas consecuencias, al igual que se están viendo ahora en el gravísimo error de la apuesta por el ladrillo, están por llegar, como lo peor de esta crisis que estamos viviendo, que es una derivada de la visión miope y de corto plazo de nuestros gobernantes, que sólo han tenido en cuenta los intereses especulativos, poniendo en gran riesgo el futuro de sus conciudadanos.

La Audiencia Nacional obliga a someter el gasoducto de El Musel a evaluación de impacto

El Ministerio de Medio Ambiente pretendía evitar un trámite, reclamado por algunas plataformas vecinales, que garantiza un análisis ecológico mayor
LA NUEVA ESPAÑA – 29-11-2010 Miriam SUÁREZ
Al Principado de Asturias se le complica su política energética por todos los frentes. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de anular la resolución que la Secretaría de Estado de Cambio Climático aprobó el 14 de julio de 2008 permitiendo tramitar el gasoducto El Musel-Llanera sin someterlo a una evaluación de impacto ambiental. Esta sentencia, contra la que ya sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, obliga a las autoridades a revisar todo el procedimiento.

A este fallo judicial se llega después de que la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVAL) denunciase que «el trazado del gasoducto afecta de forma apreciable a varias manchas de hábitats protegidas». Su contencioso también pone de manifiesto que «las medidas preventivas y correctoras que se proponen para limitar las afecciones ambientales son inexistentes». A lo que se añade: «La resolución administrativa adolece de falta de motivación».

Con estos fundamentos como punto de partida, AVAL decidió llevar a los tribunales al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Pesca, del que depende la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Enagás S. A., que ya tenía solicitada la concesión administrativa para la construcción y explotación del tramo portuario del gasoducto, aparece como codemandado en el expediente. Esta misma empresa ya es adjudicataria de la regasificadora de El Musel, una de las claves de los proyectos anunciados en su día por el Principado de Asturias para hacer del «superpuerto» gijonés un polo energético de atracción regional.

«Un fiasco monumental», opinan los vecinos, que interpretan la sentencia de la Audiencia Nacional como «una pequeña gran victoria». Esperan más, ya que AVAL tiene en marcha otros diez contenciosos que afectan a la estrategia defendida por el Gobierno del Principado en materia de energía. Estrategia que, desde el punto de vista vecinal, «está formada por un rosario de infraestructuras innecesarias» contra las que, a su medida, ellos han emprendido su particular batalla. Esta lucha legal está respaldada también por el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y por la Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA). El asesoramiento necesario lo pone el abogado Luis Álvarez Fernández.

Por lo pronto, este colectivo ha conseguido que la Audiencia Nacional ordene la evaluación ambiental del gasoducto, desoyendo al abogado del Estado que representa al Ministerio. Según sus argumentos, no es imperativo legal que determinadas actuaciones se sometan a este trámite «cuando el órgano medioambiental así lo acuerde de forma motivada». En este caso, sin embargo, «la evaluación de impacto constituye el instrumento más adecuado para la preservación de los recursos naturales», dictamina la Audiencia.

De la documentación examinada «se desprende que en el proyecto concurren varios factores de riesgo» -explica la sentencia- y que «la empresa promotora ha realizado un primer análisis de alternativas, pero estrictamente interno». Es decir, «excluido del proceso participativo». Esta observación coincide plenamente con lo denunciado por los vecinos. «Somos la única comunidad autónoma en la que el plan energético se hace de espaldas a los ciudadanos», inciden María José Rodríguez, Carmen Suárez y Domingo Goñi, portavoces de AVAL, Vega y ACA, respectivamente.

La infraestructura, entre el puerto gijonés y Llanera, tiene unos 17 kilómetros

El gasoducto entre El Musel y Llanera precisa de una tubería de acero de 17,1 kilómetros de longitud y unos 762 milímetros de anchura. Su construcción está estrechamente vinculada a la regasificadora, que Enagás está cimentando sobre la zona de ampliación del puerto de El Musel, ya que se plantea como imprescindible para «mallar» el sistema. «De algún modo tienen que justificar esa ampliación portuaria», sospechan los representantes del movimiento vecinal que se ha levantado contra «esta burbuja energética». Si han decidido judicializar el asunto es porque «está muy solapado, pero tendrá repercusiones en el ciudadano», advierten. O lo que es lo mismo: «Acabaremos pagando todas estas infraestructuras en la factura de la luz y del agua». Aunque, a corto plazo, «lo que no admite opiniones es que han incumplido el procedimiento administrativo; ni eso han sabido hacer bien».

Entre las advertencias lanzadas por los colectivos vecinales está el hecho de que el trazado del gasoducto afectará a varias manchas de hábitat de interés comunitario y dos hábitats prioritarios en los cruces del gasoducto con el río Pinzales y el arroyo Remoría. La Audiencia Nacional, entre las reflexiones que recoge en la sentencia y en las que basa la necesidad de que el proyecto pase por una declaración de impacto, está el hecho de que «por sus características, concurren en él varios factores de riesgo como: un aumento del potencial riesgo medioambiental por la acumulación con otros proyectos (el gasoducto previsto discurre en paralelo a otro gasoducto existente); afecta a áreas de especial protección, y por la irreversibilidad del impacto en relación con la vegetación, el paso por recursos hídricos y la cercanía con una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Todo ello reforzaba, según la Audiencia, «la necesidad de realizar un análisis de alternativas más profundo».

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