SIGUEN ARMÁNDOSE…Y RIÉNDOSE

Más medidas para asegurar que haya suelo suficiente para viviendas protegidas LA NUEVA ESPAÑA (10/12/07)

¿Ahora dicen que actuarán conforme a la legalidad?

Parece que reconocen que hasta ahora las administraciones no tenían en
cuenta las leyes, aunque lo disfracen diciendo que toman medidas para
asegurar que haya suelo suficiente para viviendas protegidas, en realidad
esas medidas, normas, leyes, regulaciones …hace décadas que existen y no
se les hace ni pajolero caso. Se les ha venido haciendo caso a los dictados
de los constructores, que consideraban que las viviendas protegidas
contaminaban el precio de las libres, y seguimos igual, al dictado de los
mismos, ahora a los promotores les interesan las viviendas protegidas que
para las libres ya no tienen compradores. ¿Llegaremos algún día a las
viviendas públicas? Cuando ya no haya compradores para las protegidas?
Ya veremos, apuesto porque vamos a ver como permutan suelos en las zonas
guay para hacer las protegidas «donde corresponde», que eso de la
segregación residencial sigue en boga aunque se diga lo contrario. Nos toman
el pelo permanentemente!

Y encima nos dicen que serán los ayuntamientos los que realicen las tareas
de control de su territorio, como para creer en el autocontrol de estos
insaciables!

Oviedo, L. P.

El Principado hace mucho hincapié en la necesidad de contar con suelo para la construcción de viviendas con algún grado de protección. Para ello, el nuevo reglamento regula todos los instrumentos de intervención en el mercado del suelo.

El Ejecutivo pretende regular y promover la obtención de terrenos por parte de los ayuntamientos y del Principado para la construcción de viviendas sociales.
Así el Gobierno evitará que los terrenos obtenidos por la gestión urbanística se dediquen a otros fines que no sean la construcción de viviendas u otros fines de interés social.
Todo ello se englobará dentro de una estrategia para proteger la legalidad urbanística, uno de los caballos de batalla de las administraciones en los últimos tiempos. El documento recién aprobado por el Principado establece que serán los ayuntamientos los que realicen las tareas de control de su territorio.

También se define el régimen de infracciones y sanciones en materia urbanística, así como los planes de inspección que podrá elaborar la Administración autonómica.

Con todo ello, se da por concluida la configuración de un cuerpo normativo autonómico único que evite la dispersión reguladora.