Sogepsa, sociedad mercantil en la que se encuentran asociados empresas inmobiliarias, Principado y Ayuntamientos, que es considerada pública cuando conviene y privada cuando interesa, cuya forma de proceder-contraria al derecho comunitario- es aun más vergonzosa si cabe que la actividad de los agentes urbanizadores de la Comunidad Valenciana. Sabido y repetido desde hace años. Ahora lo dice el despacho de Bocanegra, que ha denunciado a Sogepsa ante la UE, y cuenta que el asunto va tal que así:
Para la Unión Europea los procedimientos de gestión del suelo que siguen Sogepsa y la Comunidad Valenciana guardan muchas similitudes.
La Dirección General de Mercado y Servicios de la Comisión Europea considera que la cuestión del agente urbanizador valenciano, denunciado ante la UE por distintos colectivos sociales, es «un caso piloto en materia de urbanismo en España».
El agente urbanizador ha sido muy criticado en Valencia, en especial por el PSOE, que ha llegado a poner el modelo urbanístico valenciano como ejemplo de la política del PP en esta materia.
«Más pronto que tarde esta sociedad tiene que acabarse porque es contraria al derecho comunitario»
Los impulsores de esta denuncia recriminan a las administraciones públicas asturianas y advierten de las posibles consecuencias de la intervención de las instituciones europeas:
«seguir mirando para otro lado y haciendo caso omiso a la intervención de las instituciones europeas en el urbanismo, lo que previsiblemente terminará suponiendo la imposición de multas millonarias e indemnizaciones para los afectados por estas operaciones oscuras e ilegales de las sociedades mixtas como Sogepsa».
¿Y porqué los administradores de lo público no iban a mirar para otro lado? ¿Porqué no iban a seguir mirando para el buen rendimiento que les produce el negocio mientras dure? ¿A ellos qué les cuentan de pagar indemnizaciones millonarias? ¿Eso que tiene que ver con ellos? ¿Acaso van a tener ellos alguna responsabilidad efectiva, personal o patrimonial, en las ilegalidades cometidas? ¿Cuándo se vio eso?
La UE equipara a Sogepsa con la polémica ley del Suelo diseñada por el PP en Valencia
Bruselas esperará a que el tribunal europeo dictamine sobre el reglamento levantino para aplicar la misma norma en una investigación sobre Asturias
LANUEVA ESPAÑA – 21-12-2010
La Unión Europea (UE) equipara el modelo de desarrollo urbanístico que aplica la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) con el que sigue en Valencia el PP a través de una polémica ley del Suelo que investiga Bruselas.La UE ha vinculado a Sogepsa con la ley valenciana en una respuesta ofrecida a una reclamación presentada por Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo, contra Sogepsa por adjudicar contratos públicos de manera directa sin el pertinente concurso público. La Unión Europea evita entrar en el fondo de la cuestión denunciada por Bocanegra señalando que mantiene abierta una investigación similar en Valencia a la que pretende dar respuesta primero para que la tramitación sirva de guía en la investigación sobre Sogepsa. Para la Unión Europea los procedimientos de gestión del suelo que siguen Sogepsa y la Comunidad Valenciana guardan muchas similitudes.
La Dirección General de Mercado y Servicios de la Comisión Europea considera que la cuestión del agente urbanizador valenciano, denunciado ante la UE por distintos colectivos sociales, es «un caso piloto en materia de urbanismo en España». Por esta razón, la UE ha comunicado al despacho de Bocanegra que no proseguirá con la investigación de su denuncia contra Sogepsa hasta que el Tribunal de Justicia de la UE dicte sentencia sobre la cuestión valenciana.
Según fuentes del despacho de Bocanegra, la decisión de la UE «es una cuestión de economía procesal» para ahorrarse tener que poner en marcha otro proceso similar como es, a tenor de la reclamación del catedrático, el de Sogepsa. Y es que ambas denuncias se basan en un mismo supuesto, que no es otro que la figura del agente que lleva a cabo la urbanización del suelo.
Según la denuncia presentada por el despacho de Bocanegra, Sogepsa supuestamente vulneraría el derecho europeo de contratación pública.
En el caso asturiano, el Principado cede las obras de urbanización del suelo, tras su expropiación, a Sogepsa, que luego lo vende para construir en él. El problema, según la denuncia, es que la operación de urbanización se hace sin que medie un concurso público para la adjudicación de la obra, algo muy similar a lo que sucede con el agente urbanizador en Valencia. La reclamación de Raúl Bocanegra se enmarca dentro de la pugna judicial de buena parte de los afectados por las expropiaciones de Sogepsa en Asturias como lo que ocurre, por ejemplo, en actuaciones como la desarrollada en La Magdalena (Avilés).
La figura del agente urbanizador fue incluida dentro de la ley del Suelo valenciana en 1994. Principalmente se trata de la capacidad de cualquier promotor, sea público o privado, de poner en el mercado todo el suelo urbanizable de un polígono aunque los propietarios sean otros. Esta normativa da un plazo de un año al propietario del suelo para ponerlo en el mercado. De no ser así, cualquiera que cumpla una serie de requisitos puede gestionar este suelo para construir en él. El agente urbanizador ha sido muy criticado en Valencia, en especial por el PSOE, que ha llegado a poner el modelo urbanístico valenciano como ejemplo de la política del PP en esta materia.
Si la Unión Europea decide ilegalizar el agente urbanizador de la normativa valenciana, supondría un golpe de muerte, según fuentes del despacho de Bocanegra, para Sogepsa. «Más pronto que tarde esta sociedad tiene que acabarse porque es contraria al derecho comunitario. El nuevo Gobierno que venga deberá tener una actitud respecto a Sogepsa muy diferente al de ahora», señalan estas fuentes.
Sogepsa se enfanga en La Magdalena
Bruselas da alas a las reclamaciones millonarias de los expropiados por la sociedad regional del suelo, que insisten en la existencia de un «pelotazo» urbanístico
LA NUEVA ESPAÑA -29-12-2010 Las últimas noticias llegadas de Bruselas sobre la investigación de que es objeto la sociedad mixta de gestión del suelo de Asturias (Sogepsa) por su «modus operandi» han dado alas a las aspiraciones de los propietarios expropiados en el barrio avilesino de La Magdalena, promotores de una acción judicial con la que pretenden resarcirse económicamente por medio de indemnizaciones millonarias de los «precios irrisorios» a los que, según critican, les pagaron sus terrenos. Pero además, este litigio, que se dirime en la Dirección General de Mercado y Servicios de la Comisión Europea, amenaza la supervivencia misma de Sogepsa, desde hace pocos días vinculada por las autoridades comunitarias a las sociedades mixtas que, impulsadas por el PP, intervienen con abundante polémica en el urbanismo valenciano.La Unión Europea ha equiparado las prácticas de Sogepsa con las de las sociedades mixtas de gestión del suelo constituidas en Valencia al amparo de la polémica ley del Suelo de aquella comunidad. Ya anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia Europeo había sancionado prácticas urbanísticas ajenas a la libre competencia en casos como La Scala (Italia), Comune de Roanne (Francia) o Stad Halle (Austria), entre otros. Esto reafirma a los demandantes avilesinos de La Magdalena en la teoría que vienen manteniendo desde 2008 y que se basa en las muchas similitudes entre el proceder de Sogepsa y el de sociedades valencianas como Cabanyal 2010: las administraciones autonómicas adjudican de forma directa proyectos urbanísticos a esas sociedades instrumentales participadas por el sector público y, posteriormente, éstas dan participación activa a sus socios privados en el desarrollo del negocio inmobiliario.
Francisco José Sánchez y Miguel García Rúa, portavoces de parte de los expropiados en La Magdalena, confían en que la nueva vuelta de tuerca que ha dado la Unión Europea «sirva para poner fin a las ilegalidades que esconden pelotazos usbanísticos a través de las sociedades instrumentales mixtas, y en particular a Sogepsa, a la que los políticos asturianos consideran pública para entregarle los terrenos expropiados y privada a los efectos de asignar los solares edificables a los constructores».
Los ex propietarios de una de las mayores bolsas de suelo expropiado en La Magdalena recriminan a las administraciones públicas asturianas, a la vista de la deriva que lleva el caso en Bruselas, el hecho de «seguir mirando para otro lado y haciendo caso omiso a la intervención de las instituciones europeas en el urbanismo, lo que previsiblemente terminará suponiendo la imposición de multas millonarias e indemnizaciones para los afectados por estas operaciones oscuras e ilegales de las sociedades mixtas como Sogepsa».
Sobre el caso particular de La Magdalena, los expropiados, a quienes representa el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Raúl Bocanegra, sostienen la acusación de que «aunque hay muchas similitudes entre lo que hacen Sogepsa y las sociedades mixtas valencianas, existe una diferencia notable: mientras algunas de las entidades valencianas son meros agentes urbanizadores de suelo que devuelven los terrenos a la Administración; en el caso de Sogepsa, ésta urbaniza y además vende en régimen privado -es decir, sin concurso- los solares a los constructores, algunos de ellos sus socios privados, lo cual agrava la vulneración de la libre competencia y los principios de igualdad y no discriminación».
La resolución de la demanda de los expropiados de La Magdalena, y el futuro de Sogepsa, quedan ahora así a expensas del fallo del Tribunal Superior de Justicia Europeo sobre las sociedades mixtas valencianas. La Comisión Europea esperará esa sentencia para usarla como guía y referencia -o al menos eso es lo que prevén los servicios jurídicos de los demandantes- en el caso de La Magdalena.
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