El Juzgado requiere al concejal de urbanismo de Gijón para que bajo su directa y personal responsabilidad proceda a la ejecución de una sentencia

El urbanismo de Gijón sigue cosechando sentencias que dan la razón a los ciudadanos porque las actuaciones municipales no se ajustan a derecho. Conviene recordar que todos estos pleitos a los que los ciudadanos se ven obligados para defenderse de las ilegalidades municipales, suponen para ellos un doble esfuerzo económico ya que no sólo han de pagar abogados que los defiendan, si no que también han de contribuir a pagar los abogados del Ayuntamiento que defienden las ilegales decisiones de los munícipes.

El Ayuntamiento de Gijón se niega a cumplir resoluciones judiciales firmes ( son bien conocidas las reiteradas sentencias contra la Plantona  o el PGOU ) , pero en esta ocasión:

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón requiere al concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, «para que bajo su directa y personal responsabilidad, proceda en el plazo de tres meses a la completa ejecución de la sentencia de este juzgado». Es decir, a «adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida».

Es evidente que mientras los responsables de las ilegalidades no respondan de ellas personalmente seguirán en lo mismo como si tal cosa, tan contentos que hasta presumen de buen hacer intachable y se permiten descalificar a quienes osan denunciar sus ilegalidades.

Habrá que ver como apaña Sanjurjo el restablecimiento de la legalidad, pero algo es algo.

Una sentencia del TSJA considera ilegal un edificio aledaño al Patronato San José

La historia que ha llevado a la comunidad educativa del Patronato San José a defender en los tribunales los límites del colegio comenzó hace más de tres años. Un viernes -el 3 de marzo de 2006-, mientras varios niños jugaban en la pista polideportiva del centro, comenzaron a caer al patio cascotes y piedras de grandes dimensiones así como trozos del muro de cerramiento del colegio. Los trabajadores de una empresa constructora que iba a levantar un edificio en la parcela colindante estaban derribándolo sin haber avisado previamente a la dirección del centro y sin su permiso. «Han allanado mi casa y han puesto en peligro la seguridad de 600 niños», denunció en aquel momento la superiora del Patronato San José, María Teresa Lacalle.

Su primera reacción fue recurrir a la Policía Local. Así consiguieron que las obras fueran paralizadas. Pero sólo de forma temporal. En la actualidad, el muro sigue como entonces, parcialmente derribado. Y no sólo eso, en el solar aledaño se levanta un edificio de cuatro plantas más bajo cubierta que alberga 12 viviendas -algunas de ellas ya habitadas- y que, según han constatado varias sentencias judiciales, es ilegal porque no guarda la distancia reglamentaria con el colegio. Es más, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) -en un fallo dictado el pasado 3 de abril- concluye que las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Gijón a Promociones y Construcciones Dinastur no se ajustan a derecho. Infringen la legalidad urbanística en lo relativo a viviendas interiores.

No hay patio de manzana

¿Por qué? En suma porque -según dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, primero, y el TSJA después- «al otorgar la licencia, el Ayuntamiento ha dado al edificio el tratamiento de dar a patio de manzana, pero lo cierto es que ese patio no existe, no sólo porque no esté grafiado, sino porque así se deduce de la definición contenida en el PGOU».

Ambas sentencias reconocen que el edificio de nueva construcción tendría que contar con un patio de manzana que, en la actualidad, no existe. «Lo que existe es una parcela privada», perteneciente a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Éstas cuentan ahora con cinco sentencias a su favor. Una de ellas obliga a la empresa constructora a reconstruir el muro demolido. Otra anula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento a Dinastur.

Pese al respaldo de los jueces, la comunidad educativa del Patronato San José no ha logrado avances «porque el Ayuntamiento de Gijón se niega a cumplir resoluciones judiciales firmes que vienen a proteger el patrimonio del Patronato San José, que es tanto como decir el patrimonio de todos los gijoneses».

La última palabra de los tribunales en este asunto la ha pronunciado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, que requiere al concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, «para que bajo su directa y personal responsabilidad, proceda en el plazo de tres meses a la completa ejecución de la sentencia de este juzgado». Es decir, a «adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida».

¿Cuál puede ser, entonces, la solución? La comunidad educativa del Patronato San José ha pedido desde el principio la demolición del polémico edificio. Pero quizá no sea necesario. Legalmente estaría permitida la coexistencia del inmueble y del polideportivo si el bloque que ahora alberga doce viviendas se destinara a otros usos que no fueran residencias como, por ejemplo, oficinas.

La respuesta deberá conocerse en tres meses.