Sogepsa hace ciudad. Juan Palomo expolia Roces. Años después, Juan Palomo …

le dice a la «oposición»  que él se lo guisa y él se lo come y que tururú. Y ahora ¿qué hará la oposición? ¿Repetirá unas cuantas veces que le niegan la información? ¿Nos dejará pasmados viendo como diligente recurre a la justicia en busca del cumplimiento  de la obligación de dar cuentas de lo público y de las responsabilidades de incumplirlo?

¿Qué podemos esperar que hagan? Nunca  la `oh posición´ se ha dado por enterada, cuando ya hace  años que miles de ciudadanos saben de Juan Palomo.

Yo  decido que tu tierra va a ser para mi, también soy yo quien decide cuanto  te pagaré por ella y si no estás de acuerdo con el precio y recurres al jurado de expropiación también me encontrarás a mi en el jurado , también seré yo quien decide.

Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como.

¿Cuántas octavillas se repartieron con datos de Sogepsa, cifras y actuaciones  escandalosas? – ¿Cuántas movidas para provocar noticia del atropello? – ¿Cuántos anuncios página completa o doble página a color de Sogepsa en los diarios locales? -¿Cuánta izquierda plural  cantando alabanzas a Sogepsa y cuántas  beneficiosas cualidades  se le adjudican?. No importa cuantos exactamente, fueron mucho de todo. De resultas, ¿acaso no fueron miles de gijoneses los que vieron a Sogepsa como un instrumento para el robo legalizado?

La oposición no dio muestra de enterarse.

Los vecinos de Roces plantaron cara al atropello,contaron con apoyo y amplia simpatía ciudadana y, aunque no pudieron evitarlo, lograron salvar  la mayoría de las viviendas que inicialmente  planeaban tirar, que fueron sacadas del área de la actuación por la presión ciudadana; lograron subir las valoraciones, las familias que fueron desterradas pudieron comprar otra casa, el precio  de la tierra subió de menos de un tercio a casi la mitad del valor de mercado . Muy pocos pueden pleitear hasta las mas altas instancias y esperar más de diez años por el resultado, pero  afectados de Montevill lograron sentencias que obligaban a Sogepsa a pagarles cantidades muy superiores

El aprendizaje de los expropiados en Gijón se fue transmitiendo a otros concejos en que actúa Sogepsa y esta máquina de hacer caja  se va encontrando resistencia, pero sigue con su rodillo. Y por si alguien no lo tenía claro, el Consejero de Infraestructuras que es el presidente de esta sociedad mercantil  gobernada por constructores y políticos, en la que el 58% del capital social es dinero público, tiene la desfachatez de responder a la oposición que Sogepsa no forma parte del sector público.

Buendía, presidente de Sogepsa, asegura que la sociedad no depende del Principado

LA NUEVA ESPAÑA -1-5-2009

El Grupo parlamentario Popular en la Junta General denunció ayer que el Gobierno regional le niega información sobre Sogepsa aduciendo que la sociedad mixta de gestión del suelo, participada por el Principado con un 45,12 por ciento y presidida por el consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, «no forma parte del sector público» ni tiene «relación de dependencia o subordinación jerárquica con la Administración», se indica textualmente en un escrito firmado por Buendía.

Vicente Álvarez Areces y Francisco Buendía: el desprecio por las leyes en Asturias

ECTV- 1-5-2009

Estamos en una situación límite, creo que bien reflejada aquí, en este suelto, en el que Crispín se preguntaba qué hace la Justicia asturiana enterrada bajo una manta de heces administrativas en el que ya podemos ir denominando como Palacio de la Injusticia de Asturias. He aquí otra prueba manifesta que ve un tonto, pero que como siempre, no se denuncia a la Fiscalía, que aunque parezca increíble, es a donde habría que estar llevando a diario al gobierno de Asturias

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«Sogepsa debe desaparecer, no tiene sentido hoy en día y el sistema es inaceptable»

LA NUEVA ESPAÑA- 30-4-2009

«Quien fija el uso del suelo no puede estar en la sociedad que lo gestiona»

-¿Cómo se explica el choque entre la legislación española y la comunitaria respecto a las sociedades mixtas como Sogepsa?

-Por la diferencia de tiempo, porque la directiva comunitaria es posterior en veinte años a la creación de Sogepsa, que pudo tener su justificación cuando se creó, pero que hoy no la tiene. Comparto las apreciaciones de que Sogepsa debe desaparecer. El sistema es inaceptable en sí mismo y, aun descartando la existencia de irregularidades, no parece admisible que quien fija el uso del suelo en el planeamiento y marca el procedimiento de desarrollo, sujetándolo a expropiación y designando el beneficiario, esté presente en la sociedad que lo gestiona. Si además consideramos que otra parte del capital de la sociedad está presente, directa o indirectamente, en el organismo encargado de valorar el bien sujeto a expropiación, el conjunto es difícilmente presentable, y puede dar lugar a situaciones de auténtico abuso. Creo que el rechazo a la situación es generalizado, y para comprobarlo basta recordar la repulsa ciudadana en Roces o Tremañes.

Expropiados de Sogepsa afirman que pierden más del 50% del valor de sus terrenos

LA NUEVA ESPAÑA 30-4-2009

Afectados de Siero, Gijón y Avilés consideran «intolerable» y «vergonzosa» la tasación de sus propiedades
La sociedad ha llegado a ofrecer a los propietarios «la tercera parte de lo que se pagaba hace cinco o seis años»

Propietarios de terrenos expropiados por los desarrollos urbanísticos de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) creen que han perdido más del 50 por ciento del valor de mercado sus fincas. Representantes de las plataformas de afectados por las grandes operaciones urbanísticas promovidas por la entidad en Bobes (Siero), Lloreda (Gijón) y La Magdalena (Avilés) tienen distintos calificativos para Sogepsa, y ninguno agradable, después de comparar la tasación efectuada por la sociedad con el valor que sus terrenos, sostienen, tendrían en el mercado libre. Los tribunales, aduce la empresa, han avalado la licitud de sus actividades. Los afectados, por su parte, se dirigen hacia los fundamentos de un sistema que, según su punto de vista, los condena a la indefensión.

En las fincas de Lloreda, donde se proyectan 984.519 metros cuadrados de suelo industrial, los dueños de parcelas están a la espera de que el jurado de expropiación fije un precio distinto al de la expropiante, que no satisfizo a sus pretensiones. Uno de ellos, Luis Hevia, define «intolerable» la situación en la que le deja la comparación de cifras. La expropiación, afirma, impone un precio máximo de «45 euros por metro cuadrado, cuando dentro de la misma reserva de suelo, en unas unidades de ejecución que Sogepsa ha dejado para que las desarrollen los vecinos, se pagaron hace meses en torno a 110 euros». En una zona próxima, remata, «una valoración de hace algunos años llegaría ahora, aplicando el IPC, a los 120 euros».

Por el mismo camino, José Manuel Simón Yanes, su abogado, confirma que «la oferta de Sogepsa es muy inferior al precio de mercado y al que obtendrían los particulares desarrollando el polígono con otra forma de gestión». Para el letrado, «el perjuicio a los interesados es evidente, puesto que en la valoración se parte del sistema, inaceptable, de fijar precios finales de venta determinados con criterios políticos. Así, se pretende primar la implantación de empresas en una zona y para ello se subvenciona suelo, pero la subvención la acaban pagando los propietarios del suelo, con arreglo al siguiente procedimiento: se decide el precio a que se pretende vender, siempre inferior al de mercado, y de ahí se empiezan a descontar los gastos, dejando como valor del suelo una diferencia que en ningún caso representa el valor de mercado».

«Alguien debería tomar medidas e investigarlo», le acompaña Hevia, que se queja también de la demora del jurado en la determinación del precio. No se explica que «hayan tardado ya más de tres meses» y tiene tantas esperanzas que aun sin saber el valor final, vistos los ejemplos cercanos, «ya estamos preparando los recursos».

En Bobes (Siero), donde está proyectado otro gran polígono industrial de 1,1 millones de metros cuadrados, «la valoración de los terrenos es vergonzosa». El que habla es un representante de la plataforma de afectados, que concreta que «lo que nos dan, 31,06 euros por metro cuadrado -después de una subida de un céntimo en la revisión de la CUOTA, precisa-, es la tercera parte de los precios que se venían pagando hace cinco o seis años». Este portavoz habla de un «expolio» que ha inducido reiteradas acciones de protesta en las tres parroquias afectadas -Bobes, Granda y San Miguel de la Barreda- y que aparte de por el precio se han justificado a causa del destino que se quiere dar el suelo, porque los propietarios se quejan del impacto ambiental que tendría un polígono industrial en lugar de una prolongación de la zona urbana, como piden.

El caso de La Magdalena, en Avilés, ha sido considerado por algunos juristas paradigmático de las actividades de Sogepsa. Los propietarios de los terrenos intentaron allí desarrollar el proyecto por su cuenta, pero «después de tener un acuerdo verbal con el Ayuntamiento», precisa Miguel Eduardo García, portavoz de los afectados, éste denegó la operación para adjudicársela a Sogepsa. Les ofrecen, según García, a 43 euros el metro cuadrado, cuando «la estimación de un arquitecto independiente» sitúa el precio de mercado entre 190 y 195 euros. Los propietarios llaman la atención sobre el caso particular de una de las fincas que en su día ya había sido expropiadas por Fomento. Ahora, precisa García, «como Sogepsa no puede expropiar a la Administración, Fomento debe revertirnos la propiedad de ese terreno. Lo curioso es que nos lo devuelve a 72 euros el metro cuadrado para que luego Sogepsa se lo lleve a 43». Esto ha dado lugar a otro litigio, toda vez que Sogepsa «se ha sacado de la manga la pretensión de expropiarnos también el derecho de reversión de esas fincas, a cuatro euros».

En el conflicto de La Magdalena Sogepsa aduce que ha ganado todas las batallas en los tribunales, entre ellas seis contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y varios recursos no admitidos por el Supremo. Los afectados plantean acudir al Tribunal de Justicia de la UE con la directiva comunitaria 18/2004 en la mano. Lo dispuesto en ella colisiona con la actividad de Sogepsa, sostienen los juristas Raúl Bocanegra, Tomás Ramón Fernández y Gerardo de la Iglesia. Según su criterio, esa norma exige que las sociedades mixtas con capital público, como es el caso -en Sogepsa, el Principado y 32 ayuntamientos tienen el 57,77%-, deben concurrir a los concursos en igualdad de condiciones con el resto de las empresas privadas para no vulnerar la libre competencia, para evitar que un poder público beneficie en las adjudicaciones a una empresa en la que él mismo tiene la mayoría del capital.

Sogepsa defiende su «legalidad» frente a los juristas que afirman que debe desaparecer

LA NUEVA ESPAÑA 29-4-2009

La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) defendió ayer la legalidad de sus actuaciones frente a las valoraciones de los catedráticos de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra y Tomás Ramón Fernández, y del abogado Gerardo de la Iglesia, para quienes la entidad «está condenada a desaparecer» por vulnerar la libre competencia. Estos juristas afirmaron a LA NUEVA ESPAÑA que la actividad urbanística de Sogepsa colisiona con una directiva comunitaria que impone restricciones a las empresas de este tipo. Entre otras, según Bocanegra, establece que «no se pueden adjudicar a dedo obras a sociedades mixtas en las que el sector público sea mayoritario. Por ejemplo, a Sogepsa».

Por el contrario, sostiene Sogepsa en una nota hecha pública ayer que desde hace 24 años está desarrollando «un trabajo indiscutible en Asturias en materia urbanística, de vivienda protegida y de generación de suelo industrial». Para defenderse se apoya en los éxitos que ha obtenido ante los tribunales españoles. «Sogepsa, en la licitación de las obras», dice la nota, «cumple estrictamente con la legalidad tanto española como comunitaria, como así lo avalan dictámenes elaborados por despachos tan prestigiosos como los de Uría y Menéndez o Gutiérrez de la Roza. Y, sobre todo, como así lo reconocen los tribunales».

En este punto, la empresa acusa directamente a Raúl Bocanegra, representante de los afectados por Sogepsa en la promoción de La Magdalena, en Avilés, de «intentar ganar en la prensa lo que está perdiendo en los tribunales». Según afirma la nota de la sociedad, en aquel proceso «se plantearon seis contenciosos contra la actuación urbanística concertada y las seis sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han dado la razón a Sogepsa». Además, prosigue, «el Tribunal Supremo ha dictado dos autos por los que inadmite dos recursos» presentados por los demandantes y la misma suerte han corrido otros «tres recursos ante el TSJA reclamando la suspensión del expediente y la anotación preventiva de la demanda». Los juristas consultados ponen esta operación como ejemplo paradigmático de lo que una sociedad mixta no puede hacer, toda vez que allí los propietarios de las fincas intentaron desarrollar los terrenos por su cuenta y después de contar con un «acuerdo verbal» con el Ayuntamiento de Avilés, según aseguran, éste denegó la operación para adjudicársela algún tiempo después a Sogepsa.

Bocanegra y los otros juristas consultados aseguraban, apoyándose en la directiva comunitaria 18/2004, que Sogepsa «está condenada a desaparecer» por la colisión de sus procedimientos con lo dispuesto en esta normativa de la Unión Europea. Como quiera que en ella, afirman, se dispone que las empresas mixtas con mayoría de capital público -como Sogepsa- deben entrar en los concursos de adjudicaciones en igualdad de condiciones con el resto de empresas privadas, las adjudicaciones «a dedo» a una sociedad pública participada por varios promotores privados «raya en la corrupción, porque se está llenando el bolsillo a unos empresarios y a otros, no». A estas afirmaciones de Raúl Bocanegra responde Sogepsa que ella «no ejecuta materialmente obras y, por tanto, no concursa para ser adjudicataria en la licitación de obra pública. En cualquier caso, es Sogepsa quien licita y lo hace con total sometimiento a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, etcétera».

Con respecto a la supuesta arbitrariedad de las adjudicaciones para favorecer a unos empresarios en detrimento de otros, Sogepsa opone que la empresa se rige por los principios de «evitar la especulación y garantizar la efectiva edificación de las mismas en los menores plazos posibles». Como ejemplo de su pluralidad, la empresa cita «la reciente adjudicación de parcelas en las áreas residenciales de Prado de la Vega (Oviedo) y Roces (Gijón), donde han adquirido parcelas un centenar de promotoras diferentes. Y añade: «Difícilmente se puede sostener que la Sociedad Mixta haya repartido «solares entre sus amigos», como supuestamente sostienen algunos abogados».

La sociedad, cuya actividad ha sido objeto de controversias varias, algunas de las cuales están pendientes de resolución judicial, avala la licitud de sus actuaciones resumiendo en cifras los 24 años que han transcurrido desde su origen, en 1984. Desde entonces, afirma el comunicado, «en suelo residencial, Sogepsa ha desarrollado 21 promociones para casi 9.000 viviendas protegidas y en la actualidad trabaja en diez promociones para generar alrededor de 7.000 viviendas protegidas. En suelo industrial, ha desarrollado dieciséis parques empresariales que han supuesto urbanizar 1,5 millones de metros cuadrados, y actualmente desarrolla ocho polígonos que suman 3,5 millones de metros cuadrados».