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Otra historia de hipopótamos con paperas.

Sogepsa es mayoritariamente pública, pero no pertenece al sector público, es una sociedad instrumental del Principado que no es controlada de forma efectiva por  el gobierno regional.

Lo  han dicho estos días:

“Sogepsa no pertenece al sector público autonómico ya que la participación en la misma es del 42,15%” (Rabanal dixit), 

 “es innegable la participación mayoritaria  del sector público en el accionariado de Sogepsa”(Grupo socialista),

no tiene “relación de dependencia o subordinación jerárquica con la Administración” (Buendía),  el gobierno “no tiene el control efectivo de la sociedad” (Ana Rosa Migoya)

Es una “sociedad instrumental del Principado”, de ahí que Sogepsa resulte beneficiaria de las expropiaciones (Expediente expropiatorio)

Y el PP? el PP dice defender la auditoría de ese curioso ente y solicita en la Junta contratos y datos de Sogepsa, pero tiene un consejero sentado en el consejo de administración de Sogepsa y desde ese puesto sólo pide los contratos del arquitecto Ovidio Blanco, los demás no, ni los pide ahora, ni los pidió cuando se aprobaron… ¿qué hacen en el consejo? ¿algo más que cobrar?  

¿Alguien espera que de todo este espectáculo salga a la luz la realidad de Sogepsa?

Sogepsa se negó ya 13 veces en dos años a informar de sus cuentas a la Sindicatura

LA NUEVA ESPAÑA 9-5-2009

La sociedad, que contó con apoyo del Gobierno regional para rechazar la auditoría, pagó un informe legal externo para fortalecer sus argumentos

a Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) se negó hasta en trece ocasiones a remitir información sobre su gestión a la Sindicatura de Cuentas. Para ello, Sogepsa se apoyó en un dictamen externo y en el respaldo recibido por escrito por el Gobierno del Principado. Así se recoge al menos en la documentación que consta en un informe encargado por Sogepsa al despacho de abogados Uría Menéndez. El documento fue elaborado por Adolfo Menéndez, asturiano y abogado del Estado en excedencia además de experto jurista mercantil, y en él se pone de manifiesto que la sociedad de gestión del suelo no tiene por qué someterse a la fiscalización de su gestión.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la Sindicatura de Cuentas comezó a enviar requerimientos a Sogepsa desde hace dos años. El primero de ellos fue remitido el 2 de mayo de 2007 y el último, de los que recoge el informe, el pasado 20 de marzo de este año. Los requerimientos, algunos de los cuales se repiten ante la ausencia de respuesta, van desde la petición de todos los contratos realizados por la sociedad en 2005 a información sobre la participación del Principado en la sociedad, pasando por los contratos de alta dirección y las remuneraciones que perciben los miembros de los órganos de gobierno de Sogepsa.

Además de en distintos fundamentos jurídicos, el dictamen de Adolfo Menéndez, por el cual Sogepsa no es fiscalizable por la Sindicatura de Cuentas, se apoya en una notificación enviada por Jaime Rabanal, consejero de Economía, a Francisco González Buendía, consejero de Infraestructuras y presidente de Sogepsa. En ella Rabanal le explica a Buendía que, en relación con la solicitud de información por parte de la Sindicatura sobre Cogersa, Cadasa y Sogepsa, «me es grato señalarte que, de acuerdo con los informes técnicos de la Consejería y del servicio jurídico, entendemos que las tres entidades no forman parte del sector público de esta Administración autonómica». Este argumento era el defendido por el Gobierno para oponerse al desembarco de la Sindicatura en Sogpesa. Pero todo cambió cuando el portavoz del PSOE en la Junta, Fernando Lastra, defendió la fiscalización de Sogepsa.

Mientras, en el informe encargado por la sociedad mixta de gestión del suelo se dice que «es claro que Sogepsa puede ser calificada como una empresa pública». Sin embargo, a pesar de que pueda ser considerada como tal, el dictamen defiende que «Sogepsa no está subjetivamente sujeta a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas». ¿Y por qué no puede ser fiscalizada? Pues porque no estaría, según el informe, en el «sector público autonómico».

«Si bien es innegable la participación mayoritaria del sector público en el accionariado de Sogepsa -y su consiguiente naturaleza de empresa pública-, ni el Principado de Asturias ni las entidades locales ostentan, aisladamente, una participación mayoritaria o un dominio o control efectivo», zanja.

 

Los expropiados cifran en unos 30 millones el desfase en la tasación de La Magdalena

LA NUEVA ESPAÑA 8-5-2009

Denuncian un «beneficio económico para Sogepsa y sus socios privados» que se deduce del valor de sus terrenos

Los propietarios de terrenos expropiados por Sogepsa dentro del proyecto del área residencial de La Magdalena calculan en casi 30 millones de euros el desfase total de la tasación de sus parcelas. Afectados por esta operación de la Sociedad Mixta de Gestión del Suelo de Asturias reclaman transparencia a la empresa y al Principado a la hora de explicar a los perjudicados «cuestiones clave de la valoración objeto de litigio». Piden explicaciones sobre el modo de proceder de la empresa en las expropiaciones y sobre su consecuencia inmediata, un beneficio económico «encubierto» para «Sogepsa y sus socios privados», que, afirman, se deduce del valor de sus terrenos. 

Los expropiados, que han llevado su desacuerdo con las tasaciones al Jurado de Expropiación, denuncian que se les han negado reiteradamente las explicaciones acerca de los puntos oscuros que ellos observan en el procedimiento. 

La plataforma de afectados, representada por Miguel García Rúa y Francisco José Sánchez, concentra las sospechas en la prima de riesgo que Sogepsa aplica a la valoración. Según ellos, en la tasación realizada por la sociedad y ratificada por la CUOTA -Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio-, «se estima el riesgo de la operación en casi 24 millones de euros, que se restan del valor de los terrenos. Parece obvio que en una operación donde el 80 por ciento de la vivienda es de protección oficial los riesgos empresariales son mínimos o inexistentes». Y en esas circunstancias, estiman los propietarios, esos 24 millones deducidos del valor de las fincas «beneficiarían a las constructoras, incluida Sogepsa y sus socios privados». 

Para llegar al desfase de casi 30 que denuncian hay que sumar otra «transferencia de seis millones del valor de los terrenos a intereses privados». El mecanismo es aquí una tasación en la que «a medida que aumentan los costes de construcción de las viviendas disminuye el valor» del suelo. Y los costes que recoge el documento de valoración de la expropiación se incrementan «entre un 10 y un 25% sobre los módulos mínimos del Colegio de Arquitectos». 

De modo paralelo, los afectados detectan una contradicción sobre los plazos de la operación, que redundaría en otra resta de precio a sus parcelas vinculada a la de la prima de riesgo. «Por el sistema de valoración que utiliza Sogepsa», dicen, «a mayor duración del proyecto urbanístico menor es el valor de los terrenos». Y mientras en la memoria de gestión del proyecto «se habla de una duración de cuatro años, en el documento de valoración de la expropiación se prevé un plazo de nueve». El efecto de pasar de cuatro a nueve, calculan, es que la valoración de las parcelas baja «en más de cuatro millones». 

 

Mortera: «Nunca se votó sobre la fiscalización de la entidad, nunca se trató»

LA NUEVA ESPAÑA- 9-5-2009

Alberto Mortera, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo y, como tal, miembro del consejo de administración de Sogepsa, desmintió ayer que hubiera votado en contra de la fiscalización de Sogepsa por parte de la Sindicatura en una reunión del consejo, tal como asegura Sogepsa en una nota de prensa. «No se votó nunca contra la fiscalización porque es algo que nunca se trató en el consejo de administración», aseveró ayer Mortera. «Sólo se trató una solicitud de información por parte de la Junta General del Principado», apuntó.

El edil ovetense considera que el comunicado de Sogepsa forma parte «de las malas prácticas que se han instalado en el seno de la sociedad. Su oscurantismo es vergonzante». Además, Mortera anunció que como consejero de Sogepsa solicitará los contratos y actuaciones de la sociedad con Ovidio Blanco, el ex arquitecto municipal de Gijón relacionado en una denuncia urbanística, «y cuánto se le pagó a un profesional que está en el centro del mayor escándalo urbanístico de Asturias», sentenció el concejal.

 

SOGEPSA acusa a Alberto Mortera de votar contra la auditoría de los síndicos

LA NUEVA ESPAÑA-8-5-2009

Sogepsa acusó ayer a Alberto Mortera, edil de Urbanismo ovetense y consejero de la entidad, de haber votado en contra de la fiscalización de la Sindicatura en el consejo de administración de Sogepsa. Mortera aseguraba ayer, durante la aprobación de una moción del Ayuntamiento a favor de la fiscalización, que la sociedad «está jugando al escondite con los documentos». Paloma Sainz, líder del PSOE ovetense, rechazó la moción y defendió la postura que mantiene Fernando Lastra.

Sogepsa asegura que declaraciones de esta índole por parte de Mortera producen «perplejidad» ya que votó a favor en el consejo en el que se acordó por unanimidad «considerar que Sogepsa no pertenece al sector público autonómico», por lo que no debe someterse al control de la Sindicatura. Sogepsa subraya que no se opone al control de los síndicos en todo «lo relativo al dinero público que recibe la entidad a través de algunas subvenciones». Sogepsa apunta que este dinero ya es controlado por la Intervención General. 

 

La sociedad urbanística asume en sus informes que es instrumento del Principado

LA NUEVA ESPAÑA-8-5-2009

Los afectados por las expropiaciones de La Magdalena (Avilés) denuncian las «contradicciones» del Ejecutivo asturiano sobre su papel en Sogepsa

La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) no forma parte del sector público, o eso defiende su presidente y consejero de Infraestructuras del Gobierno regional, pero se define a sí misma como «sociedad instrumental del Principado». La frase figura en la página 4 del proyecto de expropiación de los terrenos afectados por el área residencial de La Magdalena, en Avilés, suscrito por la propia sociedad. Allí se lee que «la potestad expropiatoria corresponde al Principado de Asturias en su condición de administración urbanística actuante, correspondiendo la condición de beneficiaria de la actuación a Sogepsa, dado su carácter de sociedad instrumental del Principado». 

Esta sentencia y su comparación con el argumento que el Gobierno regional ha utilizado para justificar su negativa a la fiscalización de la gestión de la sociedad ha dado pie a la «indignación y perplejidad» de los expropiados de La Magdalena, que no lo entienden. Se preguntan si «es posible que Sogepsa pueda ser una sociedad instrumental del Principado cuando el Principado no posee el dominio efectivo sobre ella», como sostiene el consejero de Economía. Jaime Rabanal secunda el argumento del titular de Infraestructuras y presidente de la sociedad mixta, Francisco González Buendía, que ha afirmado que Sogepsa no tiene «relación de dependencia o subordinación jerárquica con la Administración». 

«El asunto parece demasiado grave», se quejan los afectados Miguel García Rúa y Francisco Sánchez, «como para recrearse en estas contradicciones, sobre todo cuando el fondo de la cuestión es que puede haber perjuicios económicos para los expropiados en beneficio de intereses privados a través de la valoración de los terrenos». 

Un informe jurídico encargado por la empresa, que participa el Principado en un 45,12 por ciento y 32 ayuntamientos en un 12,65 por ciento, avala su resistencia a aportar información para ser fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas.

 

El Gobierno regional cede ante la FSA y admite ahora que se fiscalice Sogepsa

LA NUEVA ESPAÑA-8-5-2009

El nuevo criterio del Ejecutivo choca con la posición mantenida por los consejeros Buendía, Migoya y Rabanal, contrarios a la investigación

l Gobierno del Principado ha tirado del freno de mano en su defensa de que la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S. A. (Sogepsa) no cumple con los requisitos legales (control accionarial y control efectivo del consejo de administración) para ser fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas. Sólo unas horas después de rechazar la fiscalización, el Principado dice ahora que ésta es posible. Entremedias, el planteamiento de la dirección del PSOE admitiendo la fiscalización y la afirmación del Grupo parlamentario Socialista, que comparte la Federación Socialista Asturiana, a través de su portavoz, Fernando Lastra, en la misma línea. 

Así, y para tratar de zanjar la disparidad de criterios abierta entre el PSOE y el Ejecutivo, el Gobierno matizó ayer su postura. De mano, desde el Principado se niega que «exista ningún tipo de confrontación» entre el equipo de Areces y el Grupo parlamentario Socialista. Negada la existencia de una brecha entre el Gobierno y el grupo parlamentario sobre el que se sustenta, las fuentes del Gobierno consultadas por este periódico afirmaron que «lo único que existe es un debate técnico-jurídico». 

La causa del debate, que el Principado sustenta en informes propios y el PSOE en los informes de los servicios jurídicos de la Junta, se centra básicamente en si Sogepsa es o no fiscalizable. Ahora desde el Principado se dice que si la Junta, donde previsiblemente acabará la cuestión, da luz verde a la auditoría «la fiscalización será bienvenida». Anteayer Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, aseguraba durante una rueda de prensa que el Principado «no tiene el control efectivo» de Sogepsa. 

Para Migoya, siguiendo la estela marcada por los consejeros Francisco González Buendía (Infraestructuras y presidente de Sogepsa) y Jaime Rabanal (Economía), como no hay mayoría ni en el accionariado ni en el consejo de administración de la sociedad por parte del Principado, lo único que podría hacer la Sindicatura de Cuentas sería «controlar los recursos públicos que entidades como Sogepsa reciben de la Administración pública. Eso si es objeto de fiscalización, pero no la propia actividad, porque hay una mayoría de otra índole, no pública». La primera posición del Gobierno se basa tanto en informes de Sogepsa como en una de las alegaciones enviadas por Rabanal a la Sindicatura de Cuentas ante dos de sus últimas auditorías. En ellos se defiende que, dado que el Principado posee el 45,12% de Sogepsa, no tiene su control. De ahí que el informe firmado por Rabanal considerara «improcedente» toda la referencia a la sociedad mixta de gestión del suelo en los informes de la Sindicatura, rogando además «su eliminación». 

Mientras, el PSOE sostiene que Sogepsa es pública ya que hay que sumar la participación en la misma del Principado y los ayuntamientos, que supera el 50 por ciento. Por otra parte, ayer, en la Mesa de la Junta General del Principado, se debatió una queja formulada por el PP porque no había recibido información acerca de la relación contractual que Ovidio Blanco, ex arquitecto del Ayuntamiento de Gijón implicado en una denuncia urbanística, había mantenido con Sogepsa. La respuesta de Buendía fue que no disponía de dicha información. Ante esa respuesta los populares formularon una queja ante la Junta que recibió el apoyo de Izquierda Unida, que es partidaria de la fiscalización de Sogepsa, al igual que el Bloque por Asturies. Pero la ausencia de Fernando Goñi evitó que prosperase.

Francisco González Buendía

A finales de abril el PP denunció que la Consejería de Infraestructuras, dependiente de Buendía, quien además es presidente de Sogepsa, le negó información sobre la sociedad porque «no forma parte del sector público» ni tiene «relación de dependencia o subordinación jerárquica con la Administración».

Jaime Rabanal

En un informe firmado por el consejero de Economía enviado a la Sindicatura de Cuentas se defendía una postura similar a la de Buendía, que lleva a Rabanal a solicitar por escrito al órgano fiscalizador que la presencia de la sociedad en las auditorías del órgano fiscalizador sea «improcedente». Además se ruega a la Sindicatura la «eliminación» de toda referencia a la sociedad en sus informes dado que el Principado no tiene el control efectivo de la sociedad.

Ana Rosa Migoya

La portavoz del Gobierno asegura que la Sindicatura sólo puede «controlar los recursos públicos» que recibe Sogepsa, pero no su gestión, y suscribe la posición de Rabanal. 

Fernando Lastra

El portavoz del Grupo parlamentario Socialista defiende que Sogepsa «es una sociedad cuentadante», por lo que sí puede ser controlada por la Sindicatura de Cuentas. Lastra se basa en que la suma de los porcentajes del accionariado de la sociedad controlados por el Principado y los ayuntamientos señalan que existe una mayoría pública.

El PSOE contradice al Gobierno regional y afirma que Sogepsa puede ser investigada

LA NUEVA ESPAÑA-7-5-2009

El Ejecutivo insiste en su falta de control efectivo sobre la sociedad, pero el portavoz socialista, Fernando Lastra, confirma que la Sindicatura puede fiscalizarla

El debate sobre la capacidad legal que la Sindicatura de Cuentas tiene para fiscalizar la gestión de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias, S. A. (Sogepsa) ha entrado en una fase de tantas idas y venidas que ha acabado por enredar al Gobierno del Principado con el Grupo parlamentario Socialista en la Junta.

Mientras que consejeros como Francisco González Buendía (Infraestructuras) y Jaime Rabanal (Economía), a los que ayer se unió Ana Rosa Migoya (Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno), defienden que Sogepsa no forma parte del sector público autonómico, por lo que la Sindicatura no puede auditarla, el Grupo parlamentario Socialista e Izquierda Unida entienden todo lo contrario.

Ana Rosa Migoya, tras la reunión de ayer del Consejo de Gobierno, no se movió ni un milímetro de la postura defendida por sus compañeros sobre Sogepsa: sí al control del dinero público que recibe, no a la fiscalización de su gestión. «El consejero de Economía ya ha explicado que no tenemos el control efectivo de esa sociedad. Y como el Principado no es mayoritario, entendemos que lo que la Sindicatura sí puede controlar son los recursos que entidades como Sogepsa reciben de la Administración pública. Eso sí es objeto de fiscalización, pero no la propia actividad, porque hay una mayoría de otra índole, no pública», aseguraba Migoya. Por la tarde, el Grupo parlamentario Socialista ofreció otra versión. Fernando Lastra explicaba que Sogepsa «es una sociedad cuentadante (sus cuentas forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias)». Es decir, fiscalizable por la Sindicatura.

El portavoz socialista en el Parlamento basa sus afirmaciones en informes de los Servicios Jurídicos de la Junta. En ellos se pone de manifiesto qué sociedades con participación pública no pueden ser fiscalizadas porque el Principado no tiene ni el control mayoritario de su accionariado, ni la mayoría en su consejo de administración. «Sogepsa no aparece en este informe», subrayaba Lastra, al tiempo que defendió la postura de su partido: «Vamos a mantener la coherencia, no como hace el PP, para quien hace una semana un informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara no valía, y ahora sí porque le conviene».

De esta forma el PSOE asume que Sogepsa sí puede ser fiscalizada, lo que choca frontalmente con la opinión del Gobierno. Así, y con toda probabilidad, la cuestión de Sogepsa acabará en la Junta. Y allí su fiscalización por parte de la Sindicatura, que se encuentra con la negativa por parte de Sogepsa de facilitarle la información necesaria para su auditoría, recibirá previsiblemente el visto bueno del Grupo Socialista.

Además, los socialistas tienen en cuenta la costumbre que aplica el Tribunal de Cuentas nacional, que en el caso de Sogepsa consistiría en agregar los porcentajes públicos de su capital. De esta forma Sogepsa, participada en 45,12 por ciento por el Principado y en un 12,65 por ciento por los Ayuntamientos, contaría con una clara mayoría pública. En este punto Ana Rosa Migoya fue clara en su intervención: «Respondemos sobre la capacidad de decisión del Principado. Los ayuntamientos son administraciones sobre las que no tenemos ninguna capacidad de decisión ni de tutela. Tienen plena independencia del Gobierno. Y muchas veces en el consejo de administración (de Sogepsa) no defienden los mismos criterios que el Gobierno».

Por su parte, tanto desde IU como desde Bloque por Asturies se solicitó la fiscalización de Sogepsa para asegurar la «transparencia». Fuentes de IU no entienden que el Gobierno tenga un criterio diferente a la Federación Socialistas Asturiana (FSA) «que públicamente expresó ser partidaria del control de Sogepsa por parte de la Junta y la Sindicatura. Nos extraña que desde la Consejería de Economía se tenga una posición diferente a la de la FSA», apuntaban desde IU. «Las cuentas claras porque como todo el mundo sabe el urbanismo, por desgracia, es el caldo de cultivo para la corrupción», solicitaba Pablo Fernández, portavoz nacional del Bloque por Asturies. 

 

 

Principado dice a la Sindicatura que es «improcedente» la fiscalización de Sogepsa

LA NUEVA ESPAÑA-6-5-2009

El órgano auditor de la Administración regional considera que la sociedad mixta de gestión del suelo está «en rebeldía» por no facilitar información

 

La Consejería de Economía solicitó a la Sindicatura de Cuentas que no tuviera en cuenta en sus informes de fiscalización a la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo, S. A. (Sogepsa), basándose en los criterios de que el Principado no controla la mayoría del accionariado de la sociedad, ni posee el «dominio efectivo» de su consejo de administración. Así se recoge en la alegación remitida por Jaime Rabanal, consejero de Economía y Asuntos Europeos, a dos de los últimos informes realizados por la Sindicatura de Cuentas: el informe sobre las entidades que no forman parte de la cuenta general del Principado, entre las que se encuentra Sogepsa, y el informe sobre los contratos de alta dirección del sector público regional.

En el escrito de alegación remitido a la Sindicatura, se dedica un escueto pero claro apartado a la capacidad fiscalizadora del órgano de control sobre Sogepsa. En el informe firmado por Jaime Rabanal se aclara a la Sindicatura que Sogepsa «no pertenece al sector público autonómico, ya que la participación en la misma es del 42,15 por ciento» así como que «el Principado de Asturias tampoco es mayoritario en representación en el consejo de administración, por lo que no cabe decir que exista dominio efectivo».

Basándose en esta argumentación -coincide con la esgrimida por la Consejería de Infraestructuras que dirige Francisco González Buendía, también presidente de Sogepsa- su compañero de Gobierno, Jaime Rabanal, advierte a la Sindicatura de Cuentas que considera «improcedente» toda referencia a Sogepsa en los informes de fiscalización y por ello ruega «su eliminación» de estas auditorías.

De esta forma en el entorno de la Sindicatura de Cuentas gana fuerza la posibilidad de que Sogepsa no haga llegar la información requerida para la realización de la auditoría programada para la sociedad mixta de gestión del suelo. El criterio que se sostiene desde el organismo fiscalizador, que en este caso cuenta con la unanimidad de los tres síndicos a pesar de los enfrentamientos internos existentes en otros aspectos, es firme: Sogepsa se puede fiscalizar porque es una sociedad de mayoría pública, ya que al 42,12 por ciento que depende del Principado se suma el 12,65 por ciento del capital que tienen 32 ayuntamientos asturianos.

La posibilidad de que Sogepsa se declare «en rebeldía», posibilidad que ya resuena por los pasillos de la Sindicatura, se sustenta en la actitud mantenida por la empresa mixta de gestión del suelo desde que el órgano que integran los síndicos Avelino Viejo, Antonio Arias y Mercedes Fernández comenzó su andadura. En todos los informes en los que por una u otra razón aparece Sogepsa su presencia en el apartado «Limitaciones-Entes que no han remitido la información» se repite. Esto ocurre en dos informes, tanto en el que se fiscalizan los contratos de alta dirección de las empresas del sector público regional, como en el dedicado a las entidades que no forman parte de la cuenta general del Principado durante el ejercicio 2006.

En este último informe, la Sindicatura de Cuentas señala que desde Sogepsa no se remitió información sobre sus cuentas, sus contratos y sobre los litigios legales, si los tuviera, en los que la sociedad se encuentra inmersa. Sogepsa tampoco facilitó información sobre las remuneraciones que perciben los miembros de sus órganos de gobierno.

De todas formas, y si Sogepsa mantiene su negativa, que además de en los argumentos emanados desde el Gobierno, se sustenta con un dictamen encargado a un conocido bufete de abogados, la Sindicatura cuenta con un plan B. El artículo 5 de la ley de la Sindicatura de Cuentas recoge que cuando «la colaboración no se haya prestado en el plazo concedido a tal efecto, o se produzca cualquier clase de obstrucción que impida o dificulte el ejercicio de sus funciones, la Sindicatura de Cuentas pondrá tal circunstancia en conocimiento de la Junta General y de los tribunales de justicia».

Esta posibilidad, en el supuesto de que Sogepsa siga sin aportar información, dejaría la decisión en manos del Parlamento regional y de los grupos políticos. Y por último, si la Sindicatura de Cuentas lo creyera necesario, en los tribunales. La fiscalización de Sogepsa es una de las tareas que la Sindicatura se ha propuesto en su memoria de actividades para este año. Y sus tres síndicos parecen dispuestos a cumplir con el programa punto por punto.

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