EL EQUIPO DE GOBIERNO SE ENFRENTA A OCHO CONTENCIOSOS POR LA APROBACIÓN DEL PGOU

Entre ellos el de nuestro colectivo. LA NUEVA ESPAÑA (29/5/06)

El Colectivo de Vega ha sido uno de los más beligerantes con los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Gijón. Su contencioso ataca los contenidos del PGOU y también su aplicación. En especial, los que se refieren a la ampliación de núcleos rurales. «La memoria de ordenación introduce ex novo una serie de condiciones objetivas para la incorporación de parcelas a núcleo rural, pero no se han aplicado de forma objetiva», alega el colectivo.

A los núcleos rurales se podrán incorporar aquellas parcelas de borde que hayan sido objeto de alegación en este sentido. Pues bien, el Colectivo de Vega ha detectado «numerosos agravios comparativos». Es decir, «fincas que pasan a núcleo rural y no son de borde, y otras que se dejan fuera aunque lindan con el núcleo», precisan sus portavoces, que también ponen objeciones a «la ausencia de una evaluación de los riesgos que entraña construir en Vega, por las problemáticas condiciones de su suelo» o al nuevo vial que «proyectan a apenas 50 metros» de la carretera de Pola de Siero. Echan en falta, además, «una memoria económica razonable» que apoye los futuros proyectos urbanísticos.

La Federación «Les Caseríes» y el Colectivo de Vega optaron por la vía legal, al entender que el Ayuntamiento cometió «arbitrariedad» urbanística

La zona rural no se resigna a aceptar los dictados urbanísticos del Ayuntamiento, aunque el PGOU haya sido aprobado definitivamente. El equipo de gobierno municipal, de hecho, tendrá que responder a ocho contenciosos-administrativos relacionados con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Estos procedimientos están impulsados por colectivos ciudadanos y también por particulares. La Federación vecinal «Les Caseríes» o el Colectivo de Vega por la Defensa de la Zona Rural firman algunos de estos contenciosos, con los que pretenden demostrar «la arbitrariedad» municipal.

M. SUÁREZ

El Ayuntamiento tendrá que personarse como demandado en ocho contenciosos-administrativos relacionados con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los procedimientos en curso proceden fundamentalmente de la zona rural, acicate del equipo de gobierno de Paz Fernández Felgueroso durante la tramitación del documento. Son, en definitiva, la secuela de dos años de polémica urbanística.
El PGOU se modificó para adaptar sus contenidos a la ley autonómica del Suelo. El plan resultante motivó tres «marchas verdes» y más de 3.000 alegaciones, lo que obligó al Ayuntamiento a flexibilizar su propuesta inicial. El pasado 30 de diciembre, el Pleno municipal daba su aprobación definitiva al documento con los votos del PSOE e IU.
Pero esa sesión plenaria no puso punto final al conflicto urbanístico. La mayoría de parroquias gijonesas presentó un recurso de reposición ante el Ayuntamiento para tratar de dar una última estocada al PGOU, aunque hubo particulares y colectivos ciudadanos que optaron por ir más allá e interponer un contencioso-administrativo contra la aprobación del plan. Es el caso de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural «Les Caseríes» o el Colectivo de Vega por la Defensa de la Zona Rural, que denuncia «arbitrariedad» en los criterios urbanísticos municipales.