El mal de Marbella. ENRIQUE GIL CASTRO

El peor problema que tiene ahora nuestro país ya no es la cuestión terrorista, hoy en vías de solución, ni tampoco la cuestión territorial, un falso problema inventado para manipular la agenda en interés de la clase política autonómica, sino la cuestión urbanística. Con esto me refiero al doble problema que supone en términos reales el boom de la construcción (pues en nuestro país se construyen más viviendas que en el resto de Europa occidental), y en términos virtuales, la espiral especulativa que encarece artificialmente el mercado inmobiliario. Y es el más grave problema nacional por cuatro razones.

La primera es económica, pues nuestro modelo de desarrollo está gravemente desequilibrado por la hipertrofia de la construcción como único monocultivo nacional, lo que incrementa la inflación, reduce la productividad, y detrae capitales y recursos humanos que deberían invertirse en otros sectores más competitivos, convirtiendo a nuestra economía en comercialmente deficitaria y tecnológicamente subdesarrollada.

La segunda razón es social, pues la inflación de la burbuja especulativa eleva artificialmente el precio de la vivienda hasta hacerla inaccesible para jóvenes, mujeres e inmigrantes. Así se constituye un círculo vicioso, pues la continua revalorización del mercado hace que todos aspiren a convertirse en propietarios dada la carestía relativa del alquiler, hasta el punto de que nuestro país ostenta el récord europeo de tenencia de la vivienda en régimen de propiedad, superando el 90% del total. Todo lo cual termina por bloquear las oportunidades de emancipación, pues así como en el resto de Europa jóvenes y mujeres se emancipan de sus padres y maridos gracias al mercado de alquiler, en España no pueden hacerlo, obligados como están a tener que hipotecarse para poder comprar. Y dada la precariedad del mercado laboral, los jóvenes deben esperar hasta los 30 años para poder emanciparse ejerciendo su derecho a formar familia, a la vez que las mujeres no pueden hacerlo por sí solas pues necesitan vincularse a sus parejas de las que dependen para financiar las hipotecas, lo que se agrava sobremanera para los inmigrantes a causa de su sobreexplotación salarial.

La tercera razón es ecológica, pues el suelo de una parte creciente del territorio español se está viendo gravemente deteriorado como consecuencia de las destructivas secuelas de su acelerada urbanización, que ciega para siempre su capacidad de renovación sostenible.

En quince años de especulación urbanística y boom inmibiliario, la totalidad de la costa mediterránea, ambos archipiélagos y las áreas metropolitanas de las grandes urbes han sufrido un descontrolado proceso de urbanización salvaje que ha destruido su suelo de forma irreversible. Y el proceso continúa su crecimiento imparable, sembrando el terreno de urbanizaciones, campos de golf, anillos de autopistas, parques temáticos y megacentros comerciales, sin que el Ministerio de Medio Ambiente pueda hacer nada para regular y ordenar tan incontrolado proceso, pues las competencias sobre la ordenación del territorio están atribuidas por la Constitución a las comunidades autónomas en exclusiva, y la Ley del Suelo en vigor autoriza a las comunidades locales a urbanizar el suelo sin ningún control.