Estado ¿de derecho o de excepción? CORSINO GARCÍA

Gijoneses burlados por su Ayto…

Pocos ejemplos encontraremos tan nítidos de burla al ciudadano por parte de una administración pública como el proceso de tramitación de las alegaciones al Plan de Ordenación Urbana de nuestra ciudad. Tras casi dos años de espera, llegan plagadas de contradicciones y ambigüedades, imprecisiones y errores, claramente encorsetadas a un par de modelos fotocopiados que difícilmente pueden responder a lo alegado por cada particular. Como el correo comercial, entregadas sin sobre al primero que abre la puerta del domicilio, sin que el repartidor compruebe identidad alguna de quien la toma.”Con que firme alguien, vale”. No aclaran nada, confunden e irritan. Y eso es lo que hay, porque quien fuera al Ayuntamiento a exigir más información tuvo que oir que no se dispone ni de planos ni de más información que esa.

La ley de procedimiento administrativo deja bien claro el derecho que asiste a todo ciudadano a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los expedientes en los que éste tenga la condición de interesado, así como a obtener copias de documentos contenidos en ellos. Esto significa que si la respuesta de una alegación al Plan de Ordenación, que no está aprobado definitivamente,  incluye– como así sucede– referencias al trazado de viales, demarcaciones o cualquier otra circunstancia que precise de un plano para quedar suficientemente definida, sería razonable y de derecho que el firmante sufridor pudiera salir de la Pescadería Municipal con una copia del plano de su finca bajo el brazo. Entre otras cosas, para saber si por el salón de su casa pasa el vial; si la mitad de la cuadra queda en paisajístico y la otra en una rotonda; o, simplemente, para cotejarlo con el que algunos constructores le enseñan cuando le aconsejan deshacerse de lo suyo. Es decir, miente la Administración local cuando afirma no disponer de planos: los planos existen, pero al parecer sólo para algunos.

Si no se reconocen y tutelan los derechos públicos de todos los ciudadanos, mediante el sometimiento también de la Administración a la ley, se desdibujan los fundamentos del Estado de Derecho y la democracia se convierte en simple caricatura, por muchas victorias electorales que ratifiquen en el poder a partidos, que como el PRI de Méjico conocieron la eternidad. Cuando lo que hay es un estado anómalo de la vida pública de la ciudad, en el que el poder político opta por la suspensión de algunos derechos a los ciudadanos cuando se presenta un problema grave– como parece representar el conflicto urbanístico para el Ayuntamiento– a este estado sólo le falta el decreto oficial para que sea, según el diccionario, el de excepción.

Corsino García García

Colectivo en Defensa de la Zona Rural Gijonesa