23 ¿y subiendo?

¿Alguien sabe de algún ayuntamiento que haya cosechado tantas sentencias-23- del Tribunal Superior de Justicia anulando su PGOU? Estas 23 sentencias anulando el PGOU serían impensables si la alcaldesa no se hubiese mantenido firme en su decisión de ignorar a los vecinos y sus repetidas advertencias sobre las ilegalidades del plan. ¿Deberíamos felicitar a la alcaldesa por haber logrado que Gijón ocupe un lugar tan destacado en lo que se refiere al trabajo de sus asociaciones vecinales en pro de un urbanismo ajustado a derecho? ¿o más bien deberíamos pedirle a la alcaldesa que se deshaga de sus asesores (que cobran y no la han advertido) y escuche a los ciudadanos (que pagan y la han advertido acertadamente), para evitar tanta sentencia contraria al ayuntamiento y tanto dinero público dilapidado en procesos judiciales?.
Pues nada,no hay manera, la cosa va de «sostenela y no enmendala», la alcaldesa no comparte la decisión del alto tribunal asturiano, sigue dispuesta a incurrir en más gastos judiciales con 23 recursos al Tribunal Supremo. Total, pagamos los de siempre, los ciudadanos.
Y no parece que acabe aquí la voluntad municipal de forzar a los ciudadanos a recurrir a la Justicia. Ayuntamiento y Principado siguen en las mismas, ahora con con la ZALIA, y los vecinos de San Andrés de los Tacones ya están viendo que igual tienen que recurrir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

El Tribunal Superior de Justicia dicta otras tres sentencias contra el PGOU

LA NUEVA ESPAÑA – 17-11-2009

M. SUÁREZ
Y van 23. Entre el pasado viernes y ayer, lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha notificado otras tres sentencias anulatorias del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que actualmente está en vigor. En esta ocasión, se responde a los recursos contenciosos interpuestos por las asociaciones de vecinos de Somió y de La Pedrera, y por la Federación Vecinal «Les Caseríes».

La primera sentencia contraria al PGOU gijonés trascendía el 16 de julio. Desde entonces, la política urbanística municipal no ha hecho más que encadenar fallos judiciales adversos. El Ayuntamiento piensa defenderse en el Tribunal Supremo, aunque revisará de oficio el PGOU para no poner en peligro el desarrollo urbanístico del municipio. El documento sienta las bases del crecimiento urbanístico gijonés, así que su paralización afectaría de lleno a los nuevos proyectos residenciales del municipio.

Pero, hasta que el Tribunal Supremo diga la última palabra al respecto, la anulación del plan urbano no es definitiva y sus contenidos, por tanto, continúan en vigor. Circunstancia en la que incide el equipo de gobierno local cada vez que se pone en duda la legalidad del PGOU, cuya tramitación sigue adelante a pesar de las advertencias de quienes lo consideran poco prudente desde el punto de vista jurídico.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró contrario a derecho el plan urbano por motivos medioambientales y de procedimiento. Todas sus sentencias siguen la misma línea, incluso aquellas que se refieren a cuestiones puntuales, en las que no entra al entender que hay razones de carácter más general que ya lo invalidan por sí mismas.

Los expropiados de la ZALIA estudian llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

LA NUEVA ESPAÑA-17-11-2009

M. SUÁREZ
Los vecinos de San Andrés de los Tacones incluidos en el expediente expropiatorio de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias impugnaban este sábado la valoración de sus fincas ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Es sólo un primer paso. Los afectados piensan pedir el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si la Administración regional no rectifica su oferta de 2,99 y 5,98 euros por metro cuadrado de suelo expropiado.

«Nos van a confiscar las fincas cobijándose en el real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Suelo. Este texto refundido vacía de contenido económico el derecho de propiedad, al valorar el suelo por su uso agrario y no por aquel uso para el que se expropia, esto es, el industrial», exponen los vecinos en sus escritos. Y advierten: «Si esta confiscación no se remedia, impugnaremos el texto refundido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya se ha pronunciado sobre disposiciones similares de la legislación de otros estados».

A este expediente expropiatorio están sujetas las fincas de la primera fase de la zona logística que no pudieron adquirirse mediante acuerdo. La llamada ZALIA, concebida como un polo de atracción empresarial estrechamente vinculado al superpuerto que está construyéndose en El Musel, ocupará de entrada 107 hectáreas. De 290.000 metros cuadrados se dispondrá por la vía de la expropiación forzosa, lo que aviva una polémica que lleva encendida casi 5 años.