En este lío de la finca comprada-vendida-comprada-vendida por el ex arquitecto municipal, nos venían contando asuntos tan curiosos como la supuesta, y pronto abandonada, afición a las flores de la Sra Blanco, o la ansiedad que los interrogatorios generan en los pobres testigos que se sienten perseguidos, machacados por quienes buscan explicaciones a tan ingenuas y rentables transaciones.
Con la declaración de Teixidor se dice ante un juez algo que era bien sabido pero reiterada y notablemente negado:
en el verano de 2003 ya estaban concretados los planes para la zona periurbana y rural, porque «los criterios» sobre ese ámbito habían quedado fijados previamente en una serie de reuniones periódicas con la alcaldesa y los por aquel entonces concejales de Urbanismo y de Hacienda, Jesús Morales y Pedro Sanjurjo, respectivamente. Esos tres miembros del equipo de gobierno fueron, según Teixidor, quienes marcaron la pauta para transformar el campo en ciudad.
En 2003 el gobierno municipal ya había decidido cómo asolar la zona rural, le preguntó a sus socios en Sogepsa y a sus colegas de Asprocon, le dio instrucciones al redactor del plan, lo aprobó, y todo eso de estudios económicos, medioambientales, participación ciudadana y demás hilitos legales muy finos no mereció su atención y sigue sin merecerla a pesar de las sentencias que anulan su plan. No hay duda, el urbanismo local es impecable, y el mercadeo de Ovidio una excepción de muy mal gusto, que no se vaya a creer que ilegal, eh!. Así debemos verlo para no ser considerados por la autoridad como malos ciudadanos, no?.
El juez insta a Ovidio Blanco a acreditar sus pagos y cobros por la finca de Cabueñes
EL COMERCIO-2-10-2009
La instrucción del caso Blanco ha dado un nuevo giro en la actual fase de diligencias previas y toma de declaración a testigos e imputado. El magistrado Juan Laborda ha aceptado una solicitud de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, personada como acción popular en el procedimiento judicial, para que el ex arquitecto municipal demuestre con papeles cada una de sus operaciones de compraventa en Cabueñes.El requerimiento del juez instructor, notificado a las partes a través de una providencia, insta al alto funcionario en excedencia del Ayuntamiento a que acredite, con soporte documental, «haber realizado el pago y haber cobrado, respectivamente al vender, así como la salida e ingreso en su patrimonio o cuentas de dinero utilizado para realizar las sucesivas compraventas y transmisiones de la parcela de 2.491,91 metros cuadrados, segregados de la finca La Llosona».Blanco deberá aportar los movimientos bancarios tras la primera adquisición a Hoyant, en marzo de 1992, por un importe de 7.513 euros (1.250.0000 pesetas). Según figura en las escrituras, la sociedad inmobiliaria de Costales y Cueto compró a 4,40 euros el metro cuadrado a la familia Vereterra, pero vendió la parte segregada a Blanco por 3,01 euros. También tendrá que acreditar las variaciones en sus cuentas tras la venta de los terrenos en octubre de 1998, de nuevo a Hoyant, por 8.414 euros (1.400.000 pesetas) y tras la recompra de la parcela en julio de 2004 por 20.434 euros.En un primer momento el magistrado del caso Blanco había denegado la petición de estas pruebas documentales, amparándose en que las escrituras públicas de las transacciones eran ya de por sí suficientes. Sin embargo, los testimonios contradictorios de los herederos de Antonio Cueto y Horacio Costales sobre los tratos entre la sociedad Hoyant y el ex arquitecto municipal parecen haberle hecho cambiar de parecer.
El socio de Hoyant justifica que vendió barata la parcela a Ovidio Blanco «por Hacienda»
LA NUEVA ESPAÑA-25-9-2009
¿Por qué, dedicándose a la actividad inmobiliaria, vendió en Cabueñes una finca al ex arquitecto jefe municipal sin ganar dinero? La cuestión se planteó varias veces y de distintas formas durante el interrogatorio que ayer se le practicó a Horacio Costales de Arriba en relación al llamado «caso Blanco». «Se puso el precio que me aconsejaron mis asesores fiscales porque era el que convenía para Hacienda», alegó el empresario, que declara en calidad de testigo como administrador de la sociedad Hoyant, S. L.
Se refería, con esta respuesta, a la operación que Hoyant y Ovidio Blanco -al frente de los servicios técnicos del Ayuntamiento hasta diciembre de 2003- formalizaron en una notaría gijonesa el 29 de julio de 2004. Era la tercera vez que hacían tratos con la misma finca. A pesar de que esa parcela estaba entonces en proceso de recalificación como suelo edificable, la sociedad le cobró a Blanco 20.434 euros. Dos años después, el ex arquitecto municipal se la vendería a la constructora Urbis por 617.420 euros.
Su actuación está ahora bajo sospecha. Y el testimonio de Horacio Costales resulta fundamental para aclarar el asunto, en el que la fiscalía observa indicios de tres delitos: cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. La relación entre Blanco y Hoyant, de la que también era socio Antonio Cueto (fallecido en 1999), se remonta a 1992. El 2 de marzo de ese año, la sociedad adquiría en Cabueñes 25.772 metros cuadrados de terreno, por los que pagó a la familia Vereterra 114.458 euros. Once días después, le vendía a Blanco una segregación de 2.491 metros por un importe de 7.513 euros.
Ayer, la acción popular llamaba la atención sobre el hecho de que «en esa ocasión le vendió el metro a 3,01 euros, cuando lo había comprado a 4,44, ¿cómo es posible?». Horacio Costales empezó rebatiendo que «eso es falso», para luego atribuir el dato a «un error de las escrituras». Fue uno de los momentos tensos del interrogatorio, que se celebró en el domicilio de Costales por recomendación del médico forense y a raíz de que una crisis de ansiedad le impidiese comparecer en los Juzgados de Poniente el 6 de agosto.
Ayer se desplazaron hasta su chalé de Somió el juez que instruye el caso, Juan Laborda; el fiscal Luis Miguel Llorente; la secretaria del Juzgado y una auxiliar; y los abogados Luis Tuero (defensa de Blanco), Manuel Infanzón (en nombre del Ayuntamiento), Concepción Trabado (representación de la Plataforma Ciudadana de Cabueñes) y Pedro Muñiz (del PP). «Los de Cabueñes me quieren despellejar», se enfadó Costales durante el interrogatorio.
El testigo, con problemas de ansiedad, paró el interrogatorio para tomar una pastilla
LA NUEVA ESPAÑA-25-9-2009
El retraso del juez Juan Laborda tuvo a los abogados de la defensa, de la acusación particular y de la acción popular esperando media hora en el camino que pasa por delante de la casa de Horacio Costales. «¿Qué hace aquí tanta gente?», se interesaban los vecinos de la zona. Horacio Costales les esperaba en el salón de su casa, «sin afeitar, con un vaso de agua a mano y haciendo su papel de enfermo», según la descripción de los letrados que representan al PP y a la Plataforma de Cabueñes, impulsora de la investigación judicial que se está llevando a cabo.
Costales, que presenta problemas cardiacos y «síntomas activos de ansiedad», llegó a interrumpir el interrogatorio para tomarse una pastilla. «Acordamos las operaciones entre todos», remarcó. Los herederos de su socio Antonio Cueto y el propio Blanco, que ya han prestado declaración, coincidieron sin embargo en señalarle como la persona que había liderado las distintas compraventas. «Hay muchas contradicciones», concluyó la abogada vecinal, Concepción Trabado, al término de las dos horas y media de interrogatorio.
Por ejemplo: «Nos dice que Ovidio Blanco con quien tenía relación era con su socio Antonio. Y Ovidio Blanco, por su parte, declaró que con quien trató lo de la finca de Cabueñes fue con Horacio». O también el hecho de que «asegure que no vio a Ovidio Blanco entre 2004 y 2006, cuando venden a Urbis, y luego diga que estuvieron todos negociando en la agencia Álvarez», apuntó Pedro Muñiz, representante legal del PP. En la negociación con Urbis, Hoyant gana 5,5 millones.
Ambos opinan que «la declaración ha sido muy reveladora» y «hay indicios más que suficientes para abrir un juicio oral». Luis Tuero, abogado de Blanco, también la considera «tremendamente esclarecedora», aunque en su caso para «corroborar la inocencia» del ex arquitecto jefe. Las diligencias previas no se cerrarán hasta que testifique el redactor del plan urbano que recalificó la finca de Cabueñes. Lo hará en Madrid el 2 de octubre.
Los primeros dijeron que le devolvieron la parcela a Blanco en 2004, porque existía un compromiso en ese sentido por parte de su padre (fallecido en 1999). En cambio, Costales reconoció que Blanco se había «portado bien» con él y su socio, pero explicó que la razón por la que le revendieron tan barata una finca rústica en vías de recalificación fue para pagar menos a Hacienda.
Blanco no influyó en el PGOU, pero conocía el plan para cabueñes
Teixidor atribuye a la alcaldesa, Morales y Sanjurjo «los criterios» para transformar la zona rural
EL COMERCIO -3-10-2009
«El PGOU de Gijón lo hicimos nosotros. Mi equipo redactor no recibió ni la más mínima indicación de Ovidio Blanco». La aseveración es de Luis Felipe Alonso Teixidor, quien ayer testificó en el juzgado de instrucción número 47 de Madrid en relación con el procedimiento judicial que tiene como único imputado al ex arquitecto municipal por sus operaciones de compraventa en Cabueñes.Teixidor negó de forma categórica cualquier influencia de Blanco sobre su trabajo, pero en su repaso de las fechas clave de la tramitación del Plan General sí reconoció que «a principios del verano de 2003» Blanco ya tuvo información de primera mano sobre la inclusión de Cabueñes entre las nueva bolsas de suelo urbanizable del concejo. Según la cronología de los hechos, esto es justo un año antes de que el arquitecto adquiriese por segunda vez a Hoyant la misma finca de 2.491 metros cuadrados de la que se desprendió en 1998 tras hacerse propietario de ella en 1992. La recompra por 20.000 euros se escrituró en julio de 2004 -para entonces llevaba seis meses de excedencia en el Ayuntamiento de Gijón- y una última venta de la parcela a un promotor urbanístico acabaría reportándole a él y a su mujer unas ganancias de 600.000 euros.El redactor del vigente PGOU también explicó, a preguntas del juez y de los abogados de las partes personadas en el caso Blanco, que en el verano de 2003 ya estaban concretados los planes para la zona periurbana y rural, porque «los criterios» sobre ese ámbito habían quedado fijados previamente en una serie de reuniones periódicas con la alcaldesa y los por aquel entonces concejales de Urbanismo y de Hacienda, Jesús Morales y Pedro Sanjurjo, respectivamente. Esos tres miembros del equipo de gobierno fueron, según Teixidor, quienes marcaron la pauta para transformar el campo en ciudad.También declaró que Ovidio Blanco, como alto funcionario municipal, estuvo presente en los primeros cónclaves, pero sin realizar aportación alguna. El ex arquitecto municipal, en cambio, sí fue consultado en numerosas ocasiones y dio directrices a la hora de tomar decisiones que afectaban al ámbito urbano del planeamiento. Sobre todo, relató, en relación con ordenanzas urbanísticas.Sobre la actuación concreta en Cabueñes señaló que en el momento de abordar ese plan parcial sabía que en ese área existía la previsión de construir un vial de circunvalación que fuera hasta el Hospital de Cabueñes. Por ese motivo, prosiguió, le pareció lógica la idea de cerrar urbanísticamente la ciudad por el Este y hacer que los terrenos a ambos lados de esa infraestructura viaria pasara a ser urbanizable, además de que dicho vial enlazase con la ronda Sur. Teixidor también comentó que la acumulación de equipamientos en esa zona -la Universidad Laboral, el Tanatorio, el Parque Científico Tecnológico y el Hospital- le habían restado en los últimos tiempos carácter rural.En cualquier caso, el responsable de Pau Lander -la firma con la que en mayo de 2002 se adjudicó la redacción del PGOU- dijo que a lo largo de toda la tramitación nunca supo que Ovidio Blanco tuviera intereses inmobiliarios en la zona de Cabueñes. Argumentó qué él y su equipo trabajaron en todo momento con información catastral donde no figuran los propietarios. Testificó, asimismo, que no volvió a ver al ex arquitecto municipal desde que éste abandonó el Ayuntamiento, salvo un encuentro casual hace un año cuando acudió a las oficinas de Sogepsa donde Blanco trabajó hasta marzo.
La responsabilidad se traslada a los políticos
EL COMERCIO-3-10-2009
La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, que ejerce la acción popular en esta fase de diligencias previas, aseguró ayer a través de un portavoz que el testimonio de Teixidor «ha sido muy revelador y ha superado las expectativas que nos habíamos planteado para este cierre de los interrogatorios solicitados por el juez».Según el colectivo vecinal, de la toma de declaración del redactor del PGOU se desprende «un factor novedoso sustancial». Se trata, según el análisis que la Plataforma hace, de «un traslado a los políticos de la responsabilidad sobre las actuaciones urbanísticas en toda la zona periurbana y rural de Gijón».«Teixidor exculpó a Ovidio Blanco respecto a la toma de decisiones para ese ámbito, explicando que los criterios de diseño urbanístico fueron cosa de la alcaldesa y los por entonces ediles de Urbanismo y Hacienda, con quienes despachaba habitualmente», subrayó el portavoz vecinal, quien no aclaró si la Plataforma solicitará el interrogatorio de más testigos.
3 octubre 2009 | 
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