MANIFIESTO DE LA III MARCHA VERDE

MANIFIESTO DE LAS ENTIDADES CONVOCANTES DE LA III MARCHA VERDE EN DEFENSA DE LA ZONA RURAL

La relación entre los representantes políticos y los ciudadanos se fundamenta en el respeto a la palabra dada; en la política no hay documentos notariales, no existen registros públicos que garanticen las promesas, no hay tribunales que impongan la ejecución de lo acordado con una entidad vecinal o un grupo de ciudadanos; todo el sistema democrático se tambalea si las promesas públicas de los representantes elegidos son olímpicamente ignoradas.

Si el respeto a la propia palabra no es el patrón por el que se juzga la honradez política de un concejal, una alcaldesa o un Presidente, la política y la sociedad se convierten en un remedo del patio de Monipodio, donde todo se compra y se vende, incluidas las voluntades y los principios.

         El Ayuntamiento de Gijón, a través de representantes políticos suficientemente cualificados, se comprometió a informar antes de la aprobación del PGOU, y recalcamos el “antes”,  a las entidades vecinales que convocamos esta manifestación, sobre los criterios urbanísticos que guiarían, tanto la ordenación general de la zona rural, como la particular de cada parroquia; pocos meses después no sólo se incumplen estos compromisos, sino que en un ejercicio de cinismo incompatible con la seriedad de la función que desarrollan y representan, pretenden tener por cumplida su promesa mandando, tarde, mal y nunca,  3.000 fotocopias de la misma respuesta a quienes en su día presentaron alegaciones al Plan de Ordenación; al incumplimiento, el escarnio y la burla.

         Entre el cumplimiento estricto y puntilloso de un compromiso, y el incumplimiento absoluto, caben cumplimientos parciales o matizados, que podrían haber sido seguidos por nuestros munícipes sin desdoro excesivo de su credibilidad, y con la comprensión, al menos relativa, de los vecinos de la zona rural y sus representantes. El Ayuntamiento ha elegido el incumplimiento absoluto, seguramente por falta de lo que hay que tener para encararse con los ciudadanos y explicar su política: convicción sobre los propios principios, o lo que es lo mismo, principios.

         No es la primera vez que el equipo de gobierno municipal da muestras inequívocas de carecer de la cuota imprescindible de convicción personal y valentía política para sostener públicamente, cara a cara, de persona a persona, sus criterios, opiniones y convicciones, si es que tienen alguno; en su día se negaron a reconocer la legitimidad de 32000 ciudadanos para convocar un Pleno Municipal en el que se diera cuenta de la tramitación del PGOU; se vienen negando reiteradamente a recibir a los representantes de las parroquias para discutir de este o de otros asuntos; los escritos son ignorados; las peticiones postergadas para el fin de los tiempos; los debates con nuestros representantes esquivados. Que se sepa, el Ayuntamiento sólo se reúne,  para cuestiones urbanísticas, consigo mismo y con los constructores privilegiados.

         Esta manifestación tiene por tanto una doble finalidad: de un lado, poner de relieve la doblez, el cinismo y la irresponsabilidad del equipo de gobierno municipal, y advertirles que el incumplimiento de la palabra dada no quedará sin respuesta, y que los ciudadanos, cada vez con más determinación, estamos dispuestos a que la política sea un asunto de personas serias, y no un refugio de chisgarabís oportunistas, de profesionales del embuste o de oficiantes de la confusión.

         De otro lado, por nuestra parte seguimos reclamando del Ayuntamiento lo mismo que se reclamó desde el primer trámite de este ya largo proceso: transparencia;  información detallada y adecuada;  participación;  respeto al interés general y a los derechos individuales;  garantías para los débiles frente a los poderosos;  imparcialidad en las actuaciones de la Alcaldesa y sus concejales;  racionalidad en la ordenación de usos y calificaciones urbanísticas;  distribución equitativa de las cargas y beneficios del planeamiento; viviendas dignas sin exclusiones y sin guetos; respeto por el medio ambiente y la configuración tradicional de las aldeas del concejo; justicia para los habitantes de la zona rural.

En definitiva: honestidad,  democracia  e  igualdad.