GIJÓN
La zona rural anuncia la radicalización de su lucha contra el PGOU
Avanza su decisión de cambiar «la pluma de Jovellanos por la espada de Pelayo» Los vecinos sostienen que los futuros pisos costarán más de 150.000 euros REIVINDICACIÓN. Un miembro de la plataforma de la zona rural coloca una capa verde a la estatua de Pelayo. / PALOMA UCHA |
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Los vecinos de la zona rural afectados por la remodelación del PGOU pretenden «cambiar la pluma de Jovellanos por la espada de Pelayo». Así lo aseguró ayer una portavoz de la plataforma de afectados por la actualización del Plan General de Ordenación Urbana, en el transcurso de una concentración organizada al mediodía en la plaza del Marqués.
Los vecinos prevén radicalizar sus acciones de protesta, «ya que no nos dan otra alternativa que apelar a Pelayo y su ímpetu para que nos defienda de estas fechorías», aseguran.
De todos modos, pretenden llevar a cabo acciones sorpresivas, por lo que no tienen perfilado un calendario de actuación. Los integrantes de la zona rural tienen claro que «hasta ahora hicimos movilizaciones y acciones en las que nos guiaba la pluma de Jovellanos, con dos ‘marchas verdes’ de protesta pacíficas y modélicas. Presentamos 3.000 alegaciones y recogimos más de 32.000 firmas apoyo de los gijoneses», aseguran.
La unión entre los afectados es más fuerte que nunca y para demostrarlo ayer decidieron poner a Pelayo de su parte con la imposición de una capa verde a la emblemática estatua. Así, pretenden pasar «a una reivindicación más activa, ya que nos enfrentamos a una política de hechos consumados y parece que al Ayuntamiento no le importa lo que pase con el patrimonio etnográfico y cultural, y sólo ampara los intereses económicos».
Dimisión de Venturo
Además, la plataforma de afectados hizo públicas ayer sus conclusiones sobre la reunión celebrada el pasado jueves con representantes municipales y de Sogepsa. Los vecinos de la zona rural critican que se haya incrementado la futura edificabilidad, pasando de 2.600 a 3.656 viviendas, según los planes de Sogepsa. También consideran «ridícula» la oferta de 42 euros por metro cuadrado de terreno que les ofrece la Administración.
Igualmente, según un estudio realizado por los afectados, un piso de unos 90 metros, con trastero y garaje costará unos 147.000 euros más impuestos en su día, ante lo que dicen que «¿cuántos jóvenes podrán llegar a esos precios?».
Como conclusión final, piden toda la documentación posible a Sogepsa sobre el desarrollo del plan urbanístico, así como la desaparición de la empresa y la dimisión del concejal de la zona rural, Faustino García, «por su actitud en la reunión del pasado jueves y su ausencia de defensa de los intereses de la zona rural».
Los vecinos prevén radicalizar sus acciones de protesta, «ya que no nos dan otra alternativa que apelar a Pelayo y su ímpetu para que nos defienda de estas fechorías», aseguran.
De todos modos, pretenden llevar a cabo acciones sorpresivas, por lo que no tienen perfilado un calendario de actuación. Los integrantes de la zona rural tienen claro que «hasta ahora hicimos movilizaciones y acciones en las que nos guiaba la pluma de Jovellanos, con dos ‘marchas verdes’ de protesta pacíficas y modélicas. Presentamos 3.000 alegaciones y recogimos más de 32.000 firmas apoyo de los gijoneses», aseguran.
La unión entre los afectados es más fuerte que nunca y para demostrarlo ayer decidieron poner a Pelayo de su parte con la imposición de una capa verde a la emblemática estatua. Así, pretenden pasar «a una reivindicación más activa, ya que nos enfrentamos a una política de hechos consumados y parece que al Ayuntamiento no le importa lo que pase con el patrimonio etnográfico y cultural, y sólo ampara los intereses económicos».
Dimisión de Venturo
Además, la plataforma de afectados hizo públicas ayer sus conclusiones sobre la reunión celebrada el pasado jueves con representantes municipales y de Sogepsa. Los vecinos de la zona rural critican que se haya incrementado la futura edificabilidad, pasando de 2.600 a 3.656 viviendas, según los planes de Sogepsa. También consideran «ridícula» la oferta de 42 euros por metro cuadrado de terreno que les ofrece la Administración.
Igualmente, según un estudio realizado por los afectados, un piso de unos 90 metros, con trastero y garaje costará unos 147.000 euros más impuestos en su día, ante lo que dicen que «¿cuántos jóvenes podrán llegar a esos precios?».
Como conclusión final, piden toda la documentación posible a Sogepsa sobre el desarrollo del plan urbanístico, así como la desaparición de la empresa y la dimisión del concejal de la zona rural, Faustino García, «por su actitud en la reunión del pasado jueves y su ausencia de defensa de los intereses de la zona rural».
24 noviembre 2004 | 
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