Plan General. Obsesión recaudatoria

`La sostenibilidad no es una mera opción política, si no un mandato constitucional y legal plenamente vinculante para los ciudadanos y los poderes públicos´.

Así lo advertían el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y la AVV. San Emiliano de Vega; así se lo decían  en el 2004 al Ayuntamiento, en las alegaciones que presentaron al PGOU.  Decían esto antes de pasar a enumerar las vulneraciones de los más elementales principios del desarrollo sostenible en que incurría el planeamiento.

Ahora es el gobierno municipal el que habla y no para de sostenibilidad y ciudad compacta, pero como tantas otras veces las palabras van por un lado y los hechos justamente por el contrario. Planea el mismo PGOU  que vulnera los puntos claves de la sostenibilidad local, el mismo planeamiento cuya insostenibilidad denunciábamos en 2004.

¿Una ciudad para dar calidad de vida y trabajo con un proyecto sostenible o una ciudad que va hacia la quiebra apostando por hinchar la burbuja inmobiliaria? Por lo que se ve es lo segundo y para justificar lo injustificable recurren a presentar de forma engañosa cifras y porccentajes para camuflar el desmesurado consumo de suelo que significa su plan. Si Gijón hubiese crecido conforme al modelo que planean ya ocuparía más de la mitad de concejo (En 14 Km2 del Gijón urbano residencial hay más de 100.000 viviendas y ahora planean construir  unas 2.000 viviendas por Km2).

Dicen ciudad compacta y planean urbanizaciones dispersas alejadas kilómetros del espacio de ciudad consolidado, urbanizaciones que por su desconexión territorial se apartan de los mas elementales principios de sostenibilidad.

Todos, analistas, autoridades y políticos, coinciden en que la crisis financiera ha dado lugar a una crisis presupuestaria. Todos sabemos que no sólo en Gijón,  en todo el estado hay un problema muy serio; aquí, en lugar de reconocer la realidad presupuestaria, en lugar de diagnosticar sus verdaderas causas, en lugar de afrontar la situación con realismo, Gijón continúa con la obsesión recaudatoria basada en el sector inmobiliario, apuesta por el mismo modelo insostenible que ha llevado a España al endeudamiento y a la ruína.

El PGOU va ligado al proyecto de ciudad. ¿Cuál es el proyecto que plantean para la ciudad? Nos dicen que su proyecto es aumentar el parque de viviendas vacías (que ya supera las 25.000) y ¿qué más? ¿el modelo georgiano de desarrollo? ¿Piensan que vivamos como los georgianos asaltando los gasoductos rusos?

Hasta CCOO reconoce que el `polo energético´de el Musel no genera empleo.

En una ciudad que presume de ser líder y locomotora industrial de Asturias, vemos cierre de empresas, desaparición de los astilleros… y, salvo el tímido mensaje optimista de Arcelor, ninguna noticia positiva.

El gobierno central ( también PSOE) dice que apuesta por un modelo sostenible que saque al país del modelo que nos trajo a esta situación y Gijón apuesta por el modelo quebrado.

El nuevo PGOU apostará por el desarrollo del suelo urbano frente al de los núcleos rurales

Sanjurjo advierte de que «no podemos seguir ampliando» la edificación de viviendas unifamiliares en las parroquias
El planeamiento reflejará los nuevos desarrollos y servicios vinculados al crecimiento de El Musel y la zona logística
LA NUEVA ESPAÑA-5-12-2009
De los 184 kilómetros cuadrados de territorio que tiene el concejo de Gijón, un 24 por ciento es suelo urbano (residencial e industrial) y un 12 por ciento está ocupado por núcleos rurales. Con este dato como punto de partida, el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, abogaba ayer por «un modelo compacto de ciudad, para prestar servicios con criterios de sostenibilidad económica y mediambiental». Eso significa que «no podemos seguir ampliando los núcleos rurales» y, a la hora de abordar el crecimiento del municipio, «se deben desarrollar nuevos suelos urbanizables que atiendan la demanda de vivienda que vaya surgiendo».

Esta es la filosofía con la que el equipo de gobierno afronta la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya tramitación tiene que repetirse para dar cumplimiento a las 23 sentencias de anulación que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Los fallos desfavorables le ponen peros al procedimiento seguido en su día, al entender que hubo deficiencias mediambientales y de participación ciudadana. El Ayuntamiento empezará desde cero, en cuanto el Pleno del día 11 apruebe el inicio de la revisión.

«No hay grandes cambios en las previsiones de crecimiento de la ciudad, porque lo que cuestiona el Tribunal Superior de Justicia de Asturias no es nuestro modelo urbanístico, sino su tramitación», matizó Sanjurjo. Esas previsiones de crecimiento se definen y argumentan en lo que ahora se conoce como documento de prioridades: un texto de 140 páginas en el que, ajustándose a las nuevas leyes urbanísticas, se contemplan tres planeamientos posibles.

El concejal de Urbanismo se encargaba ayer de presentar públicamente este documento, que sentará las bases del futuro PGOU gijonés junto con un informe de impacto ambiental que ya está en proceso de elaboración. En él, según explicó Pedro Sanjurjo, se enfoca la ciudad «desde una perspectiva alejada del ruido y las pequeñas discusiones del día a día». Una perspectiva que tiene en cuenta los cambios presentes y futuros: «Los nuevos desarrollos, servicios e infraestructuras vinculadas al crecimiento de El Musel, como la zona logística, tendrán reflejo en el planeamiento urbanístico. Así como la importancia que adquirirá la Alta Velocidad entre 2010 y 2020 o las nuevas expectativas residenciales asociadas al sistema ferroviario que penetrará la ciudad hasta Cabueñes».

Nada se dice en el documento de prioridades sobre cuál va a ser el tratamiento urbanístico de los núcleos rurales, aunque Sanjurjo hacía ayer una declaración de intenciones sobre el asunto y todo apunta a que su crecimiento quedará congelado en el nuevo PGOU. Ésta fue una de las cuestiones más polémicas de la tramitación anterior y, de hecho, el equipo de gobierno accedió a flexibilizar los requisitos edificatorios en los núcleos rurales para aplacar la tensión vecinal de las parroquias. Ayer, sin embargo, el máximo responsable del Urbanismo local prefirió no entrar a fondo en este debate, que «toca más adelante» y -subrayó- se regulará siguiendo los directrices que marca el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU).

La revisión del Plan Urbano comenzará con un primer período de información pública, en el que todo aquel que lo desee podrá opinar o formular sugerencias en relación al documento de prioridades que Pedro Sanjurjo expuso ayer en el salón de recepciones de la Casa Consistorial. La ley marca para ese plazo una duración de 20 días y el Ayuntamiento había previsto conceder un mes. Pero la Comisión de Urbanismo decidió ayer por unanimidad ampliarlo a 40 días, «demostrando así una clara voluntad política de facilitar la participación ciudadana, porque el urbanismo interesa a todos, no sólo a los propietarios del suelo; pensar en el urbanismo sólo en términos lucrativos es erróneo», incidió Sanjurjo.

Cuarenta días para plantear sugerencias y facilitar «un debate sereno y tranquilo»

LA NUEVA ESPAÑA-5-12-2009
El plazo de sugerencias se ampliará, pero no hasta los dos meses que solicitan desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural «Les Caseríes». El Ayuntamiento considera que 40 días «serán suficientes», y más si se tiene en cuenta que «no publicaremos la convocatoria de información pública en el BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias) hasta el 2 de enero», una vez pasadas las fiestas navideñas.

A este gesto se sumará, según informó ayer el concejal de Urbanismo, «nuestra decisión de colgar el documento de prioridades en la web del Ayuntamiento tras el Pleno municipal de diciembre y de trasladárselo a todos los agentes que integran el Consejo Social en su reunión del día 15. Queremos que todo el mundo tenga conocimiento de la documentación para hacer un debate urbanístico sereno y tranquilo». La aprobación del PGOU anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias generó más de 300 sugerencias, 3.000 alegaciones y tres «marchas verdes».

En este caso, la ciudadanía podrá opinar sobre tres modelos de ciudad distintos, aunque todas ellas tienen un denominador común: incorporan las actuaciones concertadas que el Principado está promoviendo en la ciudad -polígono de Lloreda, Área Residencial de Roces y Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA)-; el plan especial de las vías; y el nuevo desarrollo residencial de Castiello de Bernueces, que se deriva del planeamiento invalidado judicialmente, aunque ya cuenta con todos los parabienes administrativos. A partir de ahí, éstas son las opciones que plantea el documento de prioridades en el que los técnicos municipales llevan trabajando más de tres meses:

l Alternativa 0: «Es una foto fija», apuntó Pedro Sanjurjo. Una foto en la que se reproduce el Plan de 1999, diseñado por el arquitecto Ramón Fernández-Rañada, «además de todo aquello que ya está en marcha» y no tiene vuelta atrás. En los suelos urbanos consolidados, los ajustes «serán mínimos y solamente dirigidos a facilitar su gestión o corregir errores», se dice en el documento. La alternativa, que adapta el Plan de Rañada a la nueva legislación nacional y autonómica en materia de urbanismo, genera 10.700 viviendas. Cifra con la que «se llegaría a la colmatación del Plan en un período de entre 4 y 5 años, por lo que se encarecería el mercado de la vivienda», advierte el documento. Los efectos sobre el medio natural, en cambio, «se pueden considerar mínimos».

l Alternativa 1. Mantiene los nuevos urbanizables del PGOU de 2005: Infanzón, Cabueñes, Granda, Porceyo. E incorpora un plan de vivienda concertada en Jove, que se acordó posteriormente, y una bolsa de 89.500 metros cuadrados de suelo para rematar el polígono industrial de Roces. «Se pretende dar continuidad a la ciudad ya construida», se alega en la información relativa a la variable 1, que incrementaría el parque inmobiliario de la ciudad en 17.200 viviendas con «una oferta flexible que intenta favorecer las distintas tipologías, tanto libres como protegidas». Según el documento de prioridades, esta opción «afectará al valor natural del territorio, pero este impacto no se considera significativo».

l Alternativa 2. Suma, a todo lo anterior, una mayor «reserva estratégica de suelo para crecimientos futuros» en la parroquia de Porceyo (el ámbito resultante alcanzaría así los 2,1 millones de metros cuadrados) y un nuevo sector urbanizable en la zona de Vega-La Camocha con capacidad para 3.000 viviendas. Se contempla también otra superficie urbanizable de 271.000 metros en el borde sur del Área de Roces. La aplicación de este modelo urbanístico supondría, en definitiva, un aumento de 24.200 pisos. Su impacto «sería de mayor magnitud», admite el documento de prioridades, aunque «incrementaría las expectativas de un mayor nivel de actividad económica».

El concejal de Urbanismo, que en la presentación del documento de prioridades estuvo arropado por los responsables de los servicios técnicos municipales y por varios miembros del equipo de gobierno, entiende que las tres opciones implican «unos niveles de crecimiento muy comedidos y medidos». Y encadenó: «La alternativa 0 no desarrolla nuevos urbanizables; la alternativa 1 consume tan sólo un 1,5 por ciento del territorio; y la alternativa 2, un 2,7 por ciento. Así que no habrá ninguna invasión de la zona rural».

Aunque «es difícil hacer una previsión del calendario», el objetivo del Ayuntamiento es tener resuelto el debate sobre el documento de prioridades antes del mes de agosto de 2010. Fecha en la que el equipo de gobierno espera dar su aprobación inicial a la propuesta de Plan Urbano que resulte del contraste de sus criterios urbanísticos con los estudios mediambientales y las sugerencias ciudadanas.

Literatura urbanística

LA NUEVA ESPAÑA-5-12-2009
JAVIER MORÁN No vamos a decir que se nos haya caído de las manos el Documento de Prioridades que ayer hizo público el Ayuntamiento para ponerse a tramitar un nuevo PGOU. No decimos que se haya venido al suelo, pero sí que se nos ha escurrido un tanto entre los dedos por las siguientes razones.

Su elaboración ha sido meteórica, lo cual nos sorprendió de mano. Suponemos que en el mejor de los casos su confección comenzó hace un par de meses, puede que menos. Y al recibirlo comprobamos que de sus 146 páginas más de 120 recogen un análisis general del municipio que de un modo u otro ya habíamos leído aquí y allá, antes o más tarde. No despreciamos dicho texto, ni mucho menos. Al contrario, lo leeremos con detenimiento porque siempre se puede hallar algo nuevo. Pero constituye eso que los urbanistas fogueados llaman la «literatura» del plan, es decir, contenidos que sobrevuelan sobre la cuestión. Pero, pese a dicho apelativo de material «literario», hay que reconocer que los tomos iniciales de los PGOU de 1986 y 1999 -«planes Rañada»- contienen algunos de los mejores análisis de los problemas y posibles orientaciones del urbanismo de Gijón. Confiamos en encontrar algo así en este Documento de Prioridades cuando nos metamos a leerlo a fondo.

No obstante, a lo que vamos es a que se llega a la página 122 y es cuando el documento se mete en harina y propone tres alternativas de cómo ha de crecer Gijón. Como sucede con todos los estudios de alternativas contenidos en un documento de las administraciones, la cosa tiene truco: ya se sabe en cuál de los tres vasitos está la bolita (y no estamos llamando a nadie trilero).

Pero a este punto le dedicaremos más espacio en otro momento, porque lo que verdaderamente nos preocupa del Documento de Prioridades es si aborda, y cómo, y con qué matices, y con qué análisis, la cuestión fundamental de la ciudad: llega un momento en el que Gijón ya sólo puede crecer a costa de su zona rural. El resto es literatura, aunque sea de la buena.

Sostenible hasta en la sopa

LA NUEVA ESPAÑA -5-12-2009
FRANCISCO GARCÍA Desde que en 1987 el Informe Brundtland formulara el concepto de desarrollo sostenible como la puesta en práctica de medidas que permitan satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro, la sostenibilidad se nos ha colado hasta en la sopa. No existe político que no apele a este concepto, que de tan manido ha quedado casi vacío de contenido. Cualquier hijo de vecino se agarra al concepto de sostenible como el que pronuncia un conjuro para solucionar todos los males, para convertir lo deseable en posible, de manera que todo discurso institucional que se precie debe impregnarse de esta palabra mágica, que vale para todo sin decir nada. Así, lo que empezó como una propuesta aplicable al medio ambiente ha traspasado todas las fronteras y se ha instalado en la economía, la agricultura, la fiscalidad, la arquitectura y ahora también en el urbanismo (Sanjurjo dixit). Lo sostenible es el perejil de todas las salsas.

El periodo de sugerencias se amplía a 40 días a partir de enero

EL COMERCIO – 5-12-2009
Las peticiones de la zona rural para ampliar los plazos del primer trámite de información pública y participación ciudadana del nuevo PGOU serán atendidas. Las asociaciones de la federación Les Caseríes y el resto de ciudadanos que quieran aportar sugerencias y observaciones, en relación con las tres alternativas propuestas, tendrán 40 días hábiles para hacerlo. Además, empezarán a contar a partir del mes de enero, ya que la intención del equipo de gobierno es que el documento de prioridades se publique en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) del día 2 del nuevo año.
Sanjurjo destacó que esta ampliación de fechas supone, en la práctica, duplicar el plazo que fija la legislación para este primer trámite (20 días). Para facilitar al máximo la consulta ciudadana del avance de planeamiento, el concejal indicó que se colgará íntegro en la página web municipal justo después del Pleno del próximo viernes, sesión que dará inicio a la tramitación administrativa. Además, la próxima semana informará sobre todo su contenido al Consejo Social de Gijón. El edil reiteró, asimismo, que trabaja en el objetivo de tener la aprobación inicial del documento lista antes del verano.

Alternativa 0: volver a la situación de 1999 pero con Roces y Castiello

10.700 viviendas para los próximos 10 años que, se calcula, se agotarían en cuatro o cinco.
EL COMERCIO – 5-12-2009
La propia introducción de esta alternativa ya deja claras las pocas opciones que tiene de salir adelante, ya que supondría «la no realización del plan». Es decir, quedarnos como estábamos, con alguna excepción. Ese es el resumen de esta alternativa, que plantea regresar a la situación urbanística de 1999, al momento previo a la aprobación del PGOU. Pero a eso habría que añadir cuestiones que no pueden eliminarse en cualquiera de los casos, porque ya tienen licencias concedidas o porque se han tramitado al margen del plan urbanístico. Por lo tanto, sí continuarían adelante las actuaciones urbanísticas concertadas, como la ZALIA y el polígono de Lloreda y, evidentemente, Roces.
Se mantendrían también los ámbitos de planeamiento delimitados por el plan de ordenación de 1999 y que se incorporaron luego al de 2005 porque estaban sin desarrollar. En total, son 1.395.000 metros cuadrados que, según el documento de prioridades, tiene capacidad para levantar unas 6.500 viviendas. A eso habría que añadir el plan de Castiello y el industrial de Hoya-Casares, en Porceyo, que son los que se ajustan a la característica de «sector urbanizable delimitado por el plan de 2005 y con el plan parcial aprobado». El proyecto de Castiello afectaría a un ámbito de casi 1 millón de metros cuadrados y el de Porceyo, a 159.528 metros cuadrados, con una edificabilidad total de 102.098 metros cuadrados.
Esta alternativa deja claro que «no se establecen nuevos ámbitos de urbanización», por lo que la generación de suelo urbanizado tiene que limitarse a los proyectos ya mencionados. Eso sí, obligatoriamente el Ayuntamiento debería acometer una nueva clasificación del suelo , ya que ésta debe adaptarse a la ley del suelo de Asturias. Entre otras cosas, desaparecería el suelo genérico. Este sería, de hecho, el cambio más notable de este nuevo plan, en el caso de ser elegida la opción 0.
Porque, en cuanto al número de viviendas, «se trata de actuaciones en ejecución o pendientes de desarrollo, pero no de nuevo planeamiento», por lo que se limita a contabilizar las 8.200 que, calcula, tendrían cabida aún en los planes de 1999, además de otras 2.500 de Bernueces. En total, 10.700 nuevas viviendas. «Con este número de viviendas, teniendo en cuenta las licencias concedidas en la última década, estimadas en 2.000 licencias/año, se llegaría a la colmatación del plan en un periodo aproximado de entre 4 y 5 años». El Ayuntamiento considera que, de esa forma, «se encarecería el mercado de la vivienda y se podrían frustrar las expectativas de parte de la población de acceso a la vivienda, especialmente las personas más jóvenes o con rentas más bajas».
Claro que a eso habría que sumar aún las 3.700 de Roces, que no se contabilizan porque, como queda dicho, se han tramitado al margen del PGOU, como resultado de un convenio firmado con Sogepsa.
Sea como fuere, parece evidente que al equipo de gobierno no le gusta, ya de entrada, esta alternativa, por considerarla insuficiente para las necesidades de crecimiento de la ciudad. Por contra, es la opción que menos efectos tendría sobre el medio natural, resultado evidente de «la no aplicación del plan». Aún así, el documento de prioridades evidencia que, en el ámbito de Bernueces, «hay que hacer mención especial a los viales que afectan a los márgenes del río Piles, suelos de especial protección por constituir un corredor ambiental». Respecto al suelo industrial de Hoya-Casares, «se ubica sobre substrato kárstico, lo que implicará la adopción de las correspondientes medidas de corrección ambiental».
En cada una de las alternativas, el equipo de gobierno analiza las previsiones de la política municipal de suelo y vivienda. Mientras que en las opciones 1 y 2 se habla en gran medida de vivienda protegida, en el caso de la 0 simplemente se indica que «no experimentará ningún cambio significativo, salvo en lo que se refiere a la posibilidad de que se agote en el periodo 2010/2020 la reserva de suelo existente». En este caso, las reservas de vivienda protegida se limitarían al área de Roces. Sí se mantendrían los programas de ayuda al acceso a la vivienda que mantiene la empresa municipal Emvisl. Estas características dibujarían una ciudad para los próximos diez años que no superaría la ‘barrera’ mencionada de las 150.000 viviendas totales, sino que se quedaría en 149.500, para los mismos 288.500 habitantes que, evidentemente, se calculan en los tres casos. Con este planteamiento, el suelo no urbanizable supondría un 75,62% del total de los 182 millones de metros cuadrados del concejo. En la alternativa 1 este porcentaje era del 74,10.

Alternativa 1: «Completar el espacio» con el mismo plan que en 2005

17.200 Viviendas previstas para los próximos 10 años. 6.500 serían en los nuevos suelos urbanizables
74,10% de suelo protegido con esta alternativa, frente al 25,9% de urbano y nuevo urbanizable.
EL COMERCIO -5-12-2009
La alternativa 1 es la más parecida al Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2005 y ahora suspendido. Precisamente por eso, es también la que más probabilidades tiene de salir adelante si sigue en pie la intención avanzada por la propia alcaldesa de que esta revisión mantenedrá el 99% del texto anulado por el Tribunal Supremo. Porque esta opción, ampliamente justificada en el documento de prioridades presentado ayer por Pedro Sanjurjo trataría, básicamente, de mantener las cosas como están. Al menos, en cuanto a grandes bolsas de suelo, porque la cuestión del crecimiento de los núcleos rurales parece ser que podría cambiar.
Así las cosas, esta alternativa pretende «completar el espacio urbano existente en el interior de la ronda Sur para ir, posteriormente, definiendo y rematando los límites de la ciudad a lo largo de la corona exterior de la misma». Eso se hará con «una reserva de suelo edificable muy importante». A eso se suma algo a lo que ninguna de las tres opciones renuncia: el suelo pendiente de desarrollar del plan de 1999; las áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas (Roces, Lloreda, ZALIA); los suelos con aprobación definitiva (como Castiello); proyectos de infraestructuras promovidas por distintas Administraciones (plan de vías y estación intermodal) y suelo ya urbanizado o poseedor de licencia de obras.
En cuanto a la forma de completar esos espacios urbanos, se haría de la siguiente forma. En el interior de la ronda Sur, con los suelos urbanizables ya conocidos de Cabueñes, El Infanzón y Jove. El primero es suficientemente conocido ya, y prevé la construcción de unas 600 viviendas. En cuanto a Jove, se vuelve a incluir, tras haber sido retirado durante la tramitación del plan, ya que en este tiempo ha surgido una operación de iniciativa privada y vivienda protegida. La intención es ubicar allí 2.000 viviendas. También habría un sector urbanizable en Granda para «completar el núcleo rural», y otro en las inmediaciones de la carbayera de El Tragamón.
De todos los nuevos suelos residenciales, el propio documento de prioridades destaca los de Jove, destinados a viviendas de protección, y los de Cabueñes. «El resto de los sectores residenciales se apoyan en núcleos rurales que han ido evolucionando con características más propias de los suelos urbanos de baja densidad».
Esta alternativa pretende también «rellenar la corona urbana exterior a la ronda», lo que se conseguiría con los suelos de Granda, Cabueñes y Porceyo. Las dos primeras se articularían con «un importante corredor de protección ambiental, enlazados por un vial y conectados con la ronda Sur y la AS-I». En Porceyo se tramitaría un plan de viviendas de baja densidad.
En cuanto a suelo industrial, aunque se reconoce que las necesidades del concejo estarían cubiertas «a corto y medio plazo, por Lloreda y la ZALIA», esta opción presenta una ampliación del polígono de Roces, de 89.500 metros cuadrados.
Con todos estos datos, la estimación es que se pudieran construir 9.000 viviendas en suelo previsto en el PGOU de 1999 aún sin desarrollar; 1.700 en otros residenciales y 6.500 en el nuevo suelo urbanizable. En total, 17.200 viviendas en los próximos diez años. A eso se sumarían 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Según esos cálculos, tan sólo un 1,52% del suelo total del concejo sería nuevo urbanizable, que se sumaría al 24,38% que ya es urbano o urbanizable. Por contra, el 74,10% del concejo quedaría con algún tipo de protección.
Así, el ‘dibujo’ que se hace de Gijón para los próximos diez años es una ciudad que «superaría la barrera de las 150.000 viviendas». En concreto, se podría llegar a 155.700, para una población que alcanzaría los 288.500 habitantes.
Con todos estos planes y cifras, el Ayuntamiento pretende «favorecer que las distintas tipologías de viviendas, tanto libres como protegidas, creen una oferta flexible, dinámica, de calidad y sostenible, capaz de atender las demandas actuales y futuras de la ciudadanía, y de manera especial las que tienen que ver con las necesidades de vivienda habitual».

Alternativa 3: conseguir «más suelo para más tiempo» con Vega

EL COMERCIO -5-12-2009
El otro extremo. Si la alternativa 0 se queda corta, y la 1 parece ser la que más se ajusta a la realidad actual, entonces parece evidente que la 2 es con creces la más ambiciosa. Tan sólo un apunte. Esta opción dibuja un panorama con suelo para 24.200 viviendas. Si se mantiene el cálculo municipal de 2.000 licencias por año (y sin tener en cuenta que en el último ejercicio el área de Roces acaparó el 76% de las licencias), al final sobrará suelo. En cualquier caso, es una de las tres opciones presentadas.
La 2 parte de la base de «una mayor reserva de suelo para un mayor periodo de tiempo». Ese suelo se consigue en «sectores nucleados a partir de suelos urbanos o núcleos rurales de alta densidad edificatoria como los de Porceyo, Roces y Vega-La Camocha». Respecto al suelo industrial, ninguna novedad respecto a la alternativa 1, es decir, además de la ZALIA y Lloreda tan sólo añade la ampliación del polígono de Roces.
«Esta alternativa es donde se van a desarrollar más suelos urbanizables y, por tanto, existirá una reserva de suelo edificable mayor que en la alternativa 1». En cifras: 7.000 viviendas más que la otra opción, para alcanzar las 24.200 mencionadas. Llama la atención que 3.000 de esas 7.000 estarán en una de las zonas que fue finalmente descartada en el planeamiento aprobado en el año 2005, Vega. Así se decidió, anunció el entonces concejal de Urbanismo, Jesús Morales, atendiendo las alegaciones de la parroquia. Porque el propio Morales había ‘retado’ a los vecinos de la zona rural, asegurando que atendería las alegaciones de quienes pidieran que sus fincas no fuesen recalificadas y quisieran mantenerlas como suelo protegido. Vega así lo pidió y así se aprobó.
En aquel momento, se calculó que en Vega dejarían de construirse unas 2.000 viviendas. Ahora, la alternativa 2 de este nuevo PGOU prevé 3.000 pisos en 778.000 metros cuadrados de la parroquia, para contribuir a «mejorar las dotaciones urbanísticas de los suelos urbanos de La Camocha, así como a su articulación con las áreas de uso residencial unifamiliar preexistentes».
Propone también un nuevo sector urbanizable residencial en el borde de la actuación de Roces, «completando el desarrollo de esta última y contribuyendo a su integración en el entorno». Se urbanizarían unos 271.000 metros cuadrados con capacidad para unas 360 viviendas.
Por último, se ampliaría también el área de suelo urbanizable en Porceyo. Según las previsiones hechas públicas en su momento, ahí se levantarían unas 1.200 viviendas. Pues bien, esta alternativa plantea edificar 1.800. Y, por encima de todo ello, esta opción plantea, en general, un incremento de la ocupación del terreno del 2,7% (en la alternativa 1 es del 1,5% respecto a la 0).
Esta opción dibuja un Gijón diferente, que en diez años alcanzaría las 162.700 viviendas para 288.500 habitantes. ¿Demasiadas? Contesta el propio documento de prioridades: «Si bien la situación socieconómica actual ha supuesto cierta estabilidad en el precio de la vivienda, con algunas tendencias a la baja, la política municipal de vivienda debe garantizar que a medio plazo, cuando se produzca un fuerte incremento de la demanda, el mercado inmobiliario cuente con vivienda suficiente para impedir tendencias alcistas».
De esta forma, defiende el equipo de gobierno, «el nuevo suelo residencial y la mayor densidad prevista permitirían amortiguar el efecto alcista que podría suponer el agotamiento de las reservas de suelo y vivienda durante el periodo 2010-2020».

Gijón plantea limitar el crecimiento de los núcleos rurales

EL COMERCIO – 5-12-2009
Sanjurjo asegura que estos asentamientos suponen ya la mitad de la suma de todo el suelo residencial e industrial gijonés.
El edil indicó que los criterios de parcelación y edificabilidad para estos enclaves «serán revisados».
El Ayuntamiento plantea limitar el crecimiento de los núcleos rurales del municipio con la ayuda del nuevo PGOU. El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, justificó con datos la necesidad de adoptar esa medida, delante de su equipo de técnicos y de varios compañeros de gobierno, durante la presentación del documento de prioridades que servirá de base para la revisión del plan general.
El edil explicó que Gijón cuenta con una superficie aproximada de 184 kilómetros cuadrados, de los que tres cuartas partes (un 75,62%) tienen algún tipo de protección. El 24,38% restante es la extensión del suelo urbano (la suma de todo el residencial e industrial) y la mitad (el 12,31%) se corresponde con los núcleos rurales. Este reparto, a juicio de Sanjurjo, «debe ser motivo de una reflexión serena si se quiere ordenar y racionalizar el aprovechamiento urbanístico del suelo en el municipio».
La alternativa ‘1’, que es la más parecida en previsiones de crecimiento al plan anulado y la que más visos tiene de ser elegida, incluye un criterio de ordenación claro a este respecto. Asegura que el objetivo es «contener, mediante una clara delimitación, la expansión de los núcleos y asentamientos rurales existentes y toda forma de urbanización residencial, estableciendo criterios de protección del medio físico más estrictos».
Para avanzar en un modelo de ciudad compacto, cerrado y sostenible desde el punto de vista ambiental y económico para el periodo 2010-2020, Sanjurjo defendió que «hay que crecer y ordenar el espacio en el futuro con suelos urbanos, porque con ellos los agentes urbanizadores asumen cargas propias de esos suelos (abastecimiento de agua, saneamiento y demás acometidas de servicios) que no se dan en los núcleos rurales». Además de la dispersión territorial y de la pérdida de eficiencia de las prestaciones públicas, Sanjurjo aseguró que el desarrollo de estos enclaves de la zona rural «ha distorsionado su propio concepto», ya que las nuevas viviendas surgidas en estos asentamientos «no generan actividad rural, ni agrícola ni ganadera».
Pero, ¿cómo quedarán configurados los núcleos rurales tras este procedimiento de revisión que aspira a limitar su crecimiento? El concejal señaló que en este momento inicial de la tramitación «no está determinado» lo que se va a hacer con ellos, salvo esa declaración de intenciones de contener su expansión. Lo que sí adelantó es que las ventajosas normas de parcelación y edificabilidad conquistadas vía alegaciones en el Plan Teixidor, para permitir la máxima ampliación permitida por la ley, «serán objeto de revisión como el resto del planeamiento». Por ejemplo, la eliminación del límite de tres parcelaciones por cada terreno y la unificación en 4.000 metros cuadrados del suelo necesario para construir dos casas. Todo ello habrá que someterlo de nuevo a debate, además de adecuarlo a la legislación autonómica vigente.
Con estas premisas, el concejal defendió asimismo que los nuevos urbanizables previstos en las tres alternativas que saldrán a información pública conllevan una ocupación del territorio «muy contenida». De la alternativa ‘0’ señaló que no hay un consumo significativo de nuevo suelo, a pesar de que se incluyen todos los desarrollos previstos en el último plan Rañada de 1999 más el plan parcial de Bernueces (aprobado ya definitivamente) y el área concertada de Roces.
En cuanto a la alternativa ‘1’, la que más coincide con la propuesta de desarrollo urbanístico invalidada por los tribunales más el área concertada de Jove, aseguró que los nuevos urbanizables consumirían sólo un 1,5% del territorio municipal. Y respecto a la ‘2’, la más expansiva de las tres, indicó que elevaría el porcentaje anterior al 2,7% con la incorporación de nuevas bolsas de suelo en Vega-La Camocha y Porceyo. Apoyado en esos datos, remarcó que las tres opciones plantean «crecimientos ponderados en el espacio más cercano al casco urbano y, en ninguno de los casos, se invade la zona rural», dijo, utilizando la terminología acuñada por algunos vecinos.
Aplicación de cuatro normas
En otro orden de cosas, el edil explicó que la normativa básica de aplicación al nuevo PGOU serán dos disposiciones legislativas estatales y dos autonómicas. Las primeras son la ley ambiental 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas, y el texto refundido de la Ley del Suelo de 2008. Las del Principado son dos decretos legislativos: el TROTU (2004) y el ROTU (2007).
Volviendo al modelo territorial del nuevo PGOU, afirmó que «será respetuoso con la historia de la ciudad y al mismo tiempo atenderá las necesidades futuras de crecimiento». En ese sentido, explicó que la futura norma incluirá toda la reserva de suelo industrial para la ZALIA de San Andrés, la ampliación de El Musel y las inversiones asociadas a ella, áreas concertadas como Roces y el polígono de Lloreda, y el plan ferroviario gijonés (la estación intermodal, el metrotrén hasta Cabueñes y la llegada del AVE).
Según explico Sanjurjo, el Ayuntamiento seguirá concediendo con normalidad licencias urbanísticas -en tanto que no hay sentencia judicial firme de anulación- hasta que arranque el trámite de aprobación inicial. A partir de ese momento, anunció, sí quedarán suspendidas tal y como establece la legislación.

«En lugar de tres modelos urbanos son tres planes de edificación», denuncia el PP

LA NUEVA ESPAÑA-5-12-2009 «El equipo de gobierno no nos presenta tres modelos urbanísticos sino tres alternativas de edificación con 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas. No es lo que nosotros esperábamos y por eso el PP presentará su modelo de ciudad», explicaba ayer el concejal popular Pablo Fernández tras salir desilusionado de la presentación del documento de prioridades del futuro PGOU. Un modelo, el popular, basado en la sostenibilidad y que tendría como imagen a seguir la de ciudades como Vitoria o Pamplona. Pero será a principios del año que viene, por ahora la actuación de los populares se centra en la crítica política.

Y es que Fernández entiende que el equipo de gobierno ha comenzado la casa por el tejado al plantear tres escenarios sin saber cuales serán las verdaderas necesidades de vivienda en Gijón durante la próxima década. Para el concejal popular, arquitecto de profesión, hubiera sido básico contar en este momento del proceso con los resultados del programa de actuaciones: el estudio que hace esa cuantificación de las necesidades de vivienda. Un informe que se exige a lo largo de la tramitación del PGOU aunque no es obligatorio en el documento de prioridades. «¿Y si el programa de actuaciones establece que se necesitan 30.000 viviendas y no nos valen ninguna de las tres alternativas?», se preguntaba ayer irónico el edil. Fernández también criticó que los proyectos presentados no integran los criterios de sostenibilidad.

«Los ciudadanos tienen que ver la trascendencia de todo este proceso pensando en todo lo que ha costado el PGOU que ahora hay que tirar a la basura y el que va a costar el actual con la contratación de asesores, técnicos, informes…», indicó el concejal popular.

Antes del mes de agosto

La Voz de Asturias
Las sugerencias, los informes y las alegaciones que resulten del periodo de información pública deberán tenerse en cuenta en la elaboración del plan general como del informe de sostenibilidad ambiental. Además, el plan revisado incluirá las determinaciones del Catálogo Urbanístico de Gijón. Una vez concluidos los trabajos de elaboración del nuevo Plan General, se someterá al pleno del ayuntamiento para su aprobación, con el objetivo de que este trámite pueda resolverse antes de agosto. Será entonces cuando, junto con el informe ambiental, se abra otro periodo público de dos meses.