¿Qué queda de lo que fue el Gijón industrial? ¿Qué nuevas industrias se instalarán precisamente ahora? Para nuestros gobernantes, el futuro de la ciudad se basa en el «polo energético» de el Musel y en seguir construyendo muchas casas. Una regasificadora que apenas crea 50 puestos de trabajo, que costará cientos de millones que pagaremos todos y que pocos barcos traerá al puerto cuando las otras regasificadoras que hay en España están a un tercio de su capacidad que deberán reducir aun más (al menos en un 30%) cuando este año entre en funcionamiento el gasoducto que nos une con Argelia. Unos ciclos combinados que tampoco generarían empleo y que de momento (a saber cuánto dura este momento) no se harán porque la capacidad de generación excede con mucho la demanda, que no está llegando ni a permitir quemar el carbón nacional, … Cuando la burbuja energética es un problema como la burbuja inmobiliaria, aquí pretenden presentarnos el futuro basado en burbujas! (Todo esto dejando al margen la destrucción medioambiental que acarrean los proyectos de la Estartegia Energética y los puestos de trabajo que por su causa se perderán y no podrán crearse en otros sectores).
Ya sabemos que cuando se mueve mucho dinero de ese que ponemos los contribuyentes suceden todo tipo de `cosas´ y el resultado es que algunos pocos obtienen enormes beneficios mientras nos explican que todo se hace por el interés general. Quienes consideran que es de interés general que los señores del KW y los señores del ladrillo obtengan enormes beneficios, propagan repetidamente engaños convencidos de que, a fuerza de repetirlas, las mentiras acaban tomándose por verdad. Así fue el preámbulo de la tramitación del nuevo plan de ordenación y así seguimos.
Cuando todas las previsiones indican que la situación económica y social en España está lejos de mejorar, al contrario, cuando se prevé una reducción de la población en Asturias, cuando no conocemos ningún proyecto real que pudiese generar empleo ¿la población de Gijón va a crecer? . ¿Cuántas viviendas más hacen falta habiendo 19.000 vacías? ¿No es evidente a qué interés responde la construcción de viviendas algo protegidas? ¿Porqué la vivienda protegida subió un 20% mientras la vivienda libre cae de precio? ¿Porqué se destina el dinero público para viviendas protegidas que se ofertan a inversionistas y no atienden a los verdaderamente necesitados de vivienda? ¿Porqué no se destina el suelo público a vivienda pública y se atiende a los necesitados de vivienda? ¿Porqué no se fomenta el alquiler de las viviendas vacías? ¿Las viviendas que proyectan son para segundas residencias? ¿Se planea la destrucción de la zona rural para que residentes en otras comunidades tengan aquí una casa desocupada la mayor parte del año?
Lo dicho, Obsesión recaudatoria
La zona rural «no entrará en el juego de las tres alternativas» en la revisión del PGOU
La Federación «Les Caseríes» presentará después de Reyes un borrador con «nuestra propia propuesta», basada en «el consumo racional del suelo»
LA NUEVA ESPAÑA-24-12-2009
Sobre la mesa de debate de la Federación vecinal «Les Caseríes» se pondrá, después de Reyes, el borrador con la postura que las parroquias gijonesas defenderán en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El abogado que representa a la zona rural, Antonio García, todavía no ha empezado a trabajar en el documento, aunque ya adelanta que «no vamos a entrar en el juego de las tres alternativas que plantea el equipo de gobierno».El Ayuntamiento propone, como punto de partida para la revisión del PGOU, tres opciones de ordenación urbanística, que prevén crecimientos de 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas. Su justificación y desarrollo vienen recogidos en lo que se denomina documento de prioridades, un texto de 140 páginas que se someterá a información pública a partir del 2 de enero. La zona rural, que «por supuesto» participará en esta primera fase de sugerencias, «no tiene por qué atarse a las propuesta del Ayuntamiento», incide García.
Eso significa que, aun teniendo que basarse en el documento de prioridades, «haremos nuestra propia propuesta, en la que se dirá, sobre todo, el PGOU que no queremos para Gijón». La Federación «Les Caseríes», que el martes celebraba una reunión para hacer un primer análisis técnico y jurídico, adelanta que «seremos coherentes con la postura que mantuvimos en 2003», cuando empezó a tramitarse el actual Plan Urbano. Es decir, «seguimos defendiendo un consumo racional de suelo», criterio que, en opinión de la zona rural, «no se corresponde con los crecimientos urbanos que plantea el Ayuntamiento».
Si el gobierno municipal tiene que afrontar una revisión de su PGOU (ahora, PGO) es porque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo ha declarado nulo en una treintena de sentencias. Buena parte de estos fallos desfavorables están motivados por denuncias de asociaciones o vecinos particulares de la zona rural. Sin ir mas lejos, la Federación «Les Caseríes» obtuvo una de estas sentencias anulatorias, con argumentos que «trasladamos al Ayuntamiento a lo largo de la tramitación, pero no nos hicieron caso».
El procedimiento administrativo debe repetirse, ajustándose a una nueva legislación mucho más fina en cuestiones medioambientales y de participación ciudadana. Aun así, «dudamos de que esta vez sea distinto y nos escuchen». Si sus sugerencias caen «de nuevo» en saco roto, «pues habrá que volver a ponerse a la defensiva», advierten los portavoces de la zona rural, en clara alusión a las «marchas verdes» que organizaron en su día para mostrar su rechazo al PGOU que ahora anula el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El borrador que el abogado de la Federación rural dará a conocer después de Reyes girará en torno a una de las cuestiones que más preocupa a la zona rural: «La justificación del crecimiento de la ciudad». Según explica Antonio García, «las previsiones para diseñar el Plan Urbano hay que hacerlas en función de las necesidades reales de la ciudad, no pensando en los que van a venir en el AVE (el tren de Alta Velocidad). A nosotros nos da la sensación de que el Ayuntamiento no se basa en criterios reales, sino en futuribles». En opinión de los vecinos, el número de viviendas que se plantea «es descomunal».
l Sostienen que el nuevo Plan General de Ordenación tiene que promover un consumo racional del suelo.
l Creen que no están suficientemente justificados los crecimientos de 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas que plantea el Ayuntamiento como punto de partida de la revisión.
l Ninguna de estas tres alternativas convence a la zona rural, que presentará una alternativa adicional en el período de información pública que comienza el 2 de enero.
l En cuanto a los núcleos rurales, consideran que debería garantizarse su ampliación, frente a la intención del gobierno municipal de contenerlos de aquí a los próximos diez años.
«La distinción entre parroquias e interés general es interesada», dicen los vecinos
LA NUEVA ESPAÑA-24-12-2009
«Para el Ayuntamiento, la zona urbana es el interés general, y nosotros somos los propietarios del suelo, los que tenemos un interés particular». Una distinción que los vecinos de las parroquias gijonesas consideran «interesada». Convencidos de que «hay que romper esta dinámica», hacen especial hincapié en el hecho de que «nuestras sugerencias tendrán que ver con aspectos urbanísticos que nos afectan a todos, porque la ordenación del territorio incumbe a todo Gijón».Como asunto de todos se refieren también al tratamiento de los núcleos rurales, algo que trae de cabeza a los vecinos de las parroquias y que constituye uno de los principales motivos de conflicto con el Ayuntamiento. El equipo de gobierno es partidario de contener el crecimiento de estos asentamientos de población catalogados como suelo no urbanizable. Desde la Federación «Les Caseríes», sin embargo, se reivindica lo contrario. «No se trata de llenar la zona rural de casas. Eso no lo quiere nadie. Pero se debería articular este tema contando con los residentes de las parroquias», argumentan.
En este sentido, el abogado que representa legalmente al movimiento ciudadano de la zona rural asegura que «permitir un cierto crecimiento de los núcleos no tienen por qué entrar en contradicción con el modelo de ciudad que tanto defiende el Ayuntamiento». La revisión, en cualquier caso, no ha hecho más que empezar. Se concluirá a mediados de 2011.
La zona rural inicia su oposición al plan urbanístico
Cuestionan la necesidad de vivienda que plantea el Ayuntamiento y recuerdan que hay 19.000 pisos vacíos
EL COMERCIO-23-12-2009
Arrancó ayer, de forma oficial, la oposición de la zona rural gijonesa a la revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Si algunos líderes vecinales ya habían mostrado su rechazo, ayer quedó claro que la federación Les Caseríes al completo no está por la labor de dar por buenas ninguna de las tres alternativas de crecimiento presentadas por el Ayuntamiento. Y no lo están, en principio, porque no comparten las previsiones de crecimiento que el equipo de gobierno plantea para la ciudad en los próximos diez años. De hecho, consideran que se manejan cifras «irreales» sobre la necesidad de vivienda de la ciudad que es la que, se supone, sustenta los planes urbanísticos. Esa es la base con la que los presidentes vecinales, reunidos ayer de forma extraordinaria, se dirigirán en las próximas semanas a sus vecinos para comenzar a preparar las sugerencias que deben presentar durante el primer periodo de información pública.
Pero la zona rural va más allá. Consideran que el propio documento de prioridades dibuja tres futuros de Gijón muy distintos. «Son tres modelos de ciudad distintos, no tres formas de conseguir el modelo que se quiere», decía ayer Antonio García, abogado de Les Caseríes y presidente vecinal de Deva. Y esa es la cuestión: ninguna de las tres alternativas presentadas por el equipo de gobierno convence a quienes mantuvieron firme oposición con el anterior plan y quienes, finalmente, consiguieron anularlo en los tribunales, aunque por cuestiones de forma y no de fondo.
Pero esta situación es la que ahora ellos quieren aprovechar para dibujar, realmente, un modelo de ciudad distinto. Porque, aunque pueda parecer mentira, la zona rural incluso podría estar de acuerdo en los objetivos que el Ayuntamiento se marca con esta revisión. Al menos, con algunos de ellos. A saber: dibujar una ciudad sostenible, asegurar el desarrollo industrial y garantizar una política de vivienda razonable y suficiente.
Pero los acuerdos se quedan ahí. La idea que unos (Ayuntamiento) y otros (zona rural) tienen de cómo llevar a cabo esos objetivos no son iguales. Las parroquias parten de la base de que ninguna de las cifras de futuras viviendas que ofrece el documento (10.700 en el primer caso, 17.200 en el segundo y 24.200 en el tercero) se ajustan a la realidad de lo que Gijón va a necesitar. Y lo creen así, entre otras cosas, porque «el documento no justifica en ninguna parte de dónde salen esas cifras». Y se preguntan: «¿Necesitamos 10.000 viviendas? ¿O necesitamos 24.000?». Porque es precisamente esa necesidad, junto con las características del territorio y la evolución de la población, en la que se debe apoyar la alternativa que finalmente sea elegida.
Segundas residencias
A eso añaden la cuestión de los pisos vacíos en Gijón. Según el propio documento de prioridades, en la ciudad hay en estos momentos 19.374, un 14,5% del total de viviendas construidas en el concejo, aunque ayer había quien recordaba durante la reunión que algunos estudios decían ya en 2004 que esa cifra era de unos 24.000. El problema reside en que la cifra no distingue cuántas de esas viviendas están realmente vacías y cuántas corresponden a segundas residencias. Aun conscientes de que en estos momentos en España no existe un criterio jurídico para definir qué es una vivienda vacía, las parroquias tienen en cuenta esos más de 19.000 pisos (o al menos una parte) para dar respuesta a la necesidad de vivienda.
Añaden aún dos cuestiones más los presidentes vecinales para justificar esa «irrealidad» de las previsiones municipales. En primer lugar, el crecimiento vegetativo de la ciudad (defienden que Gijón «pierde población»). Y, en segundo, que buena parte del desarrollo de la ciudad en los próximos años se basa en los proyectos de El Musel que ahora mismo están en duda. «Es un polo que se les deshace», aseguraron.
Así las cosas, si no saben qué modelo quieren, al menos sí creen tener claro qué modelo no quieren. Y esperan hacérselo saber al Ayuntamiento con sus sugerencias. Con muchas sugerencias, de hecho. Porque si en la anterior tramitación urbanística destacó la cifra de alegaciones (las que llegan en la segunda fase de información pública, y referidas a cuestiones concretas), en esta esperan que esas cifras se repitan pero ahora, en esta primera fase. Y lo harán con sugerencias que sean «coherentes con todos estos años anteriores, con todo lo que hemos dicho hasta ahora».
Pero hay algo que no puede negarse y es que muchos de los que ayer estaban reunidos en Leorio ya están de vuelta. Ya vivieron una tramitación urbanística que no fue sólo larga sino también polémica y, en ocasiones, más que tensa, incluso con referencias personales. Por lo tanto, se adelantan desde ya a los posibles ‘ataques’ del Ayuntamiento. Así que, en esta ocasión, además de fondo habrá forma. Es decir, estrategia. Habrá que calcular qué se dice, cómo y cuándo se dice. Y lo primero que quieren hacer, en este segundo gran debate ciudadano, es acabar con «el falso enfrentamiento entre lo rural y lo urbano». «No es real», insistieron una y otra vez, «porque los intereses son los mismos. Son excusas que tenemos que ir venciendo. El suelo se tiene que ocupar según la necesidad real de vivienda, tanto en la zona urbana como en la rural».
Núcleos rurales
Pero eso no significa que rehuyan el debate sobre cuestiones particulares, que pueden llegar a ser más polémicas. Entre ellas, el crecimiento o no de los núcleos rurales. Si el propio concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, puso sobre la mesa el debate de su expansión, las parroquias han recogido el guante. «El modelo de núcleo rural de Gijón es absolutamente obsoleto», aseguraron ayer, dispuestos a entrar de lleno en la discusión de cuál debe ser su crecimiento. A lo que no están dispuestos a que «el frenazo de los núcleos sea la reserva de las nuevas zonas urbanizables».
Unos proyectos, por otro lado, que los líderes vecinales consideran que suponen «una invasión de la zona rural mucho mayor que lo que supondría un crecimiento ordenado de los núcleos». Es más, consideran que son desarrollos como los de Cabueñes, Castiello o el nuevo de Vega (que incluye la alternativa número 2), los que «desnaturalizan la zona rural».
Lo dicho, están abiertos al debate. Que Pedro Sanjurjo justifica las limitaciones de crecimiento de los núcleos porque esos propietarios no tienen ninguna carga sobre el suelo, ellos estarían dispuestos a hablarlos. Quizás es mejor, piensen algunos, ceder un porcentaje de la parcela que no poder hacer nada en ella.
En este sentido, Antonio García recordó que, al inicio del anterior debate, el Ayuntamiento puso sobre la mesa unas fichas de todos los núcleos existentes (extensión, densidad, viviendas ocupadas y vacías…) y que en el primer borrador, incluso, algunos núcleos eran considerados como suelo urbano de baja densidad. Esa idea desapareció del documento aprobado finalmente.
Con todos esos datos, es de esperar que en las próximas semanas se sucedan las reuniones en todas y cada una de las parroquias para informar y recabar opiniones y preparar las sugerencias (ya que está previsto que el periodo de información pública se abra el 2 de enero). Lo que está claro es que la zona rural vuelve a empezar.
La misma situación, seis años después
En enero de 2004, las parroquias convocaron la primera marcha verde. Arrancaba una movilización que aún no ha concluido
EL COMERCIO-23-12-2009
1 de enero de 2004. Todos los presidentes de las asociaciones de vecinos de la zona rural estaban citados a una asamblea. El debate del PGOU llevaba ya unos meses sobre la mesa. En diciembre había tenido lugar otra reunión, en aquella ocasión para hablar específicamente de la situación de Roces, parroquia sobre la que existían ya los planes de Sogepsa. Aquel encuentro del mes de enero de 2004, hace casi seis años ya, fue largo, polémico y muy tenso. Debía decidirse si Les Caseríes apoyaría o no una manifestación en contra de los planes urbanísticos del Ayuntamiento, y no hubo acuerdo. Finalmente, la mayoría de las parroquias del concejo se sumaron a aquella primera marcha verde, pero no la federación vecinal como tal. La situación cambió para las siguientes convocatorias.
Aquel 21 de enero de 2004 fue sólo el inicio de una movilización que se prolongó durante casi dos años y que, en realidad, había arrancado unas semanas antes, con un sinfin de reuniones en cada una de las parroquias. Hasta ahora. Porque en diciembre de 2003 se abría a la información pública el borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y la zona rural gijonesa se ponía en marcha para hacer patente su oposición. De hecho, tan sólo un mes después, en febrero, se celebraba la primera marcha verde, justo dos días antes de que el Pleno votara la aprobación inicial del documento. Vino después un peregrinar de técnicos municipales por el concejo, con el concejal Tino Venturo al frente, para explicar los planes urbanísticos. Pero no se conseguía calmar la oposición vecinal.
De hecho, en abril de 2004 se celebró la segunda marcha verde, con más participantes aún que en la primera convocatoria. Ese mismo mes finalizó la información pública: 3.000 alegaciones presentadas y 12.800 visitas a la exposición de los planos que se había organizado en el Antiguo Instituto. Y se suceden las protestas. La zona rural está presente en multitud de actos públicos y políticos, recogen firmas, venden camisetas verdes y finalmente participan en un Pleno. Sus propuestas urbanísticas son rechazadas, pero consiguen que Jove, Vega y Veriña sean retiradas del PGOU.
Y así, en julio de 2005, llegó la tercera marcha verde y el récord Guinnes por la bandera (verde) más larga del mundo. En diciembre, el PGOU fue aprobado de forma definitiva. Y ahora todo vuelve a empezar.
‘Sugerencia’, por Pedro Herrero
EL COMERCIO-23-12-2009
Algún iluminado dice que la tierra pertenece al viento. Pues la tierra no sé, pero el suelo tiene dueño y precio. Y de rural a urbano existen sustanciosas diferencias económicas. Los terrenos no urbanizados adyacentes a la ciudad suelen estar comprados y vendidos desde hace décadas, a la espera de que la tendencia natural de crecimiento por proximidad (poner una casa junto a otra) convierta ese terreno improductivo en una pila de billetes de 500.
Como consecuencia, los grandes negocios en la especulación se producen cuando se liberan bolsas de suelo inesperadas. A unos cuantos kilómetros de la última urbanización, el suelo es más asequible y si lo sabes antes que los propietarios puedes comprar mucho ‘prao’ barato. Por supuesto, una parte en ‘B’ y mediante personas interpuestas. Estas son las maniobras típicas de los constructores, esas hermanitas de la caridad que se mueven por amor al arte. Todo lo que huele a urbanismo genera una hipersensibilidad en muchos ciudadanos, y que se haya anulado el plan y que sigamos instalados en la retórica de la amenaza y el ‘no pasa nada’ no ayuda en absoluto.
Por último, miembros del PSOE y de IU se quejan de la predisposición de los gijoneses al ‘plataformismo’ (dícese de la tendencia a agruparse en torno a plataformas). Sorprende que quienes se lamentan sean miembros de los mismos partidos que se han preocupado de penetrar políticamente durante años las federaciones y asociaciones de vecinos, dinamitando los canales de protesta oficiales. En el pasado, los vecinos de la zona rural, cansados de esta situación, escogieron representantes más beligerantes con la Administración. Por el contrario, la FAV urbana gijonesa practica dos posiciones con el ayuntamiento, a favor o de perfil. Hay un refrán sobre barbas.
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