Consecuencias medioambientales del urbanismo asumidas de antemano: sencillamente, se estudian

El cabal Sanjurjo se muestra muy tranquilo con todo lo que está sucediendo en torno al PGOU; la preocupación de la ciudadanía no tiene fundamento, la limpieza y honradez de los gobiernos actual y precedentes y su modelo de ordenación urbanística están fuera de toda duda. Todo se reduce-en el peor de los caos y sólo supuestamente- a un mero error de procedimiento! (Ignorar las leyes a la hora de hacer las cosas, cuando te advierten reiteradamente de la ilegalidad de lo que estás haciendo, resulta ser para el edil un error de nada, y cuando el Tribunal Superior de Justicia sentencia que algo es ilegal, no es que sea ilegal, es supuestamente ilegal).

Con las cosas así de claras no se entiende muy bien que se refiera a la situación como delicada, pero así la pinta para decirnos que: nunca pierde el humor, el ánimo, ni la compostura, y los problemas le dan la oportunidad de demostrar su enorme valía como gobernante, ya que en las situaciones delicadas es donde se calibra la capacidad de los gobiernos. Probín, no tién güela!.

Lo que si parece que tiene son alucinaciones, o feroces distorsiones de la realidad pasada, cuando dice » en esta ciudad todo el mundo sabe que se abrió un amplísimo debate sobre el Plan General, que fue objeto de múltiples conversaciones con entidades sociales y vecinales. Nadie puede decir que no ha sido discutido». ¿O será que los promotores y constructores (ahí entran los sindicatos y las federaciones que promueven y construyen) con los que tan buena relación tiene el ayuntamiento,  son los auténticos representantes de los vecinos? O llamará discusión a que la contestación en la calle de miles de ciudadanos obtenga como respuesta del consistorio una campaña contra ellos de descalificaciones infundadas y hasta la negación de sus derechos como ciudadanos? ¿No recuerda que el sábado 7-2-2004 tuvo lugar una de las mayores manifestaciones de la historia de Gijón, la primera marcha verde contra el Plan de Ordenación, y el lunes 9 el ayuntamiento procedió a la aprobación inicial de ese plan y a la retirada del 30% de vivienda protegida en las actuaciones de Viesques (zona güay) para no contaminar el precio de la vivienda libre? ¿No recuerda tres años de enroque y negativa municipal al diálogo y decenas de movidas en la calle denunciando el atropello, y otras dos marchas verdes aun más multitudinarias que la primera? ¿Por eso dice Sanjurjo que nadie puede decir que no ha sido un plan discutido?

Se les llena la boca presumiendo de participación ciudadana cuando la realidad es su negación y su suplantación, y lo mismo hacen con el respeto por el medio ambiente. Mucho presumir de Agenda 21 y el planeamiento urbanístico de la ciudad machacó sus principios rectores (los verdes y los ecologistas calladinos o aplaudiendo que el destrozo lo hace la llamada izquierda), y ahora, cuando la periodista le pregunta «Se empezará con una evaluación de impacto ambiental. ¿No tiene miedo a que cuestione el contenido del PGOU?», el concejal de urbanismo responde:

«No. Esta formalidad administrativa significa evaluar las consecuencias de la aplicación de una figura de planeamiento, valorando su incidencia sobre el territorio y medidas correctoras si fuera preciso. Forma parte de cualquier trámite urbanístico, consecuencia de la transposición de una directiva europea, de aplicación en el ordenamiento urbanístico español desde julio de 2004. Es algo a lo que nos debemos acostumbrar y no tiene por qué generar inquietud; sencillamente se trata de un estudio de las consecuencias medioambientales de un desarrollo urbanístico. «

O sea, se encarga (el que paga manda) un estudio que evalúa las consecuencias medioambientales que acarrea el planeamiento urbanístico, y a estas consecuencias, sin analizarlas aun, por malas que sean, ya de antemano, se les da la bienvenida con tal de seguir adelante con el urbanismo marcado por los constructores (Con esos sí que se reunió bien de veces el gobierno municipal y el arquitecto municipal antes y durante la redacción del PGOU).

De ello hablaba hace un par de días Javier Morán, que milagrosamente no ha sido descalificado públicamente por estos demócratas de izquierdas, defensores del medio ambiente, la participación ciudadana y la legalidad vigente.

Nos queda otra duda ¿será posible que el Sr. Sanjurjo sea analfabeto funcional? ¿Cómo si no se explica lo que dice de la sentencia? ¿La mentira no tiene límites?

No hay culpa individual en la anulación del PGOU

«Podría admitir que se hubiera errado en una decisión de procedimiento, pero la honradez en la gestión del Ayuntamiento está libre de toda sospecha»

LA NUEVA ESPAÑA -26-7-2009

PEDRO SANJURJO Concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón

M. SUÁREZ

Desde que asumió la concejalía de Urbanismo, hace dos años, se ha convertido en el miembro del gobierno municipal al que más veces han pedido su dimisión. El socialista Pedro Sanjurjo se lo toma con «serenidad de ánimo», como parte del oficio político. La misma serenidad con que responde en esta entrevista a asuntos tan peliagudos como la anulación judicial del PGOU, el conflicto vecinal que libra en Cabueñes o el «caso Blanco».

-Les anulan el PGOU, tienen problemas en Cabueñes, se abre el «caso Blanco»? Vaya la que está cayendo en Urbanismo.

-El plan de Cabueñes forma parte de la tramitación en curso y, una vez resuelta la situación de falta de representación técnica de los promotores de Cabueñes, al nombrarse a Jovino Martínez Sierra como técnico del proyecto, se reactivó la contestación de las alegaciones. Nada fuera de calendario. Lo que no esperábamos, evidentemente, es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pero creo que el Ayuntamiento ha demostrado iniciativa. Hay que recordar que la presentación de la sentencia ante los medios de comunicación la realizó el Ayuntamiento a través de mi persona, afrontando desde el primer momento ese nuevo escenario y dando respuesta, con prontitud y claridad, a las interrogantes que se abrían. Es lógico que ante esta nueva situación haya quienes se pregunten ¿y ahora qué va a pasar?

-¿Y qué va a pasar?

-La principal preocupación que puede tener la ciudadanía es si se va a producir alguna situación de inseguridad en el urbanismo de la ciudad. Y, ante esa preocupación, hay que decir que la sentencia no es firme y no resulta aplicable en cuanto no adquiera firmeza. El Ayuntamiento ha iniciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y defenderá su actuación hasta la última instancia. Paralelamente a ese recurso, y para evitar cualquier incertidumbre o vacío legal que pudiera originarse, y sobre todo para dar el máximo de confianza al conjunto de los ciudadanos, vamos a revisar del Plan General corrigiendo el trámite que supuestamente se pudo haber realizado de forma inadecuada. No deja de ser un procedimiento administrativo, sin que eso signifique poner en cuestión el contenido, los derechos edificatorios adquiridos o los cambios que se operaron con respecto al planeamiento anterior.

-Se empezará con una evaluación de impacto ambiental. ¿No tiene miedo a que cuestione el contenido del PGOU?

-No. Esta formalidad administrativa significa evaluar las consecuencias de la aplicación de una figura de planeamiento, valorando su incidencia sobre el territorio y medidas correctoras si fuera preciso. Forma parte de cualquier trámite urbanístico, consecuencia de la transposición de una directiva europea, de aplicación en el ordenamiento urbanístico español desde julio de 2004. Es algo a lo que nos debemos acostumbrar y no tiene por qué generar inquietud; sencillamente se trata de un estudio de las consecuencias medioambientales de un desarrollo urbanístico.

-Se les acusa de haber metido la pata en la tramitación del Plan General, precisamente, para evitar este estudio medioambiental.

-Cuando se contrata la asistencia técnica para la adaptación del Plan General a la ley regional del Suelo es finales de 2002, dos años antes de la entrada en vigor de las directrices medioambientales. Además, en esta ciudad todo el mundo sabe que se abrió un amplísimo debate sobre el Plan General, que fue objeto de múltiples conversaciones con entidades sociales y vecinales. Nadie puede decir que no ha sido discutido.

-¿Por qué inician la revisión del PGOU sin esperar al pronunciamiento del Supremo? ¿Doblegan, como dice el PP, o es por prudencia?

-La resolución de este recurso de casación puede durar cuatro o cinco años y el futuro de Gijón no puede permitirse un pleito así. Si acometemos la revisión del Plan General ahora, es para dar confianza a los ciudadanos, para que no se produzca esa incógnita de: ¿y qué pasará si dentro de cuatro o cinco años el Supremo falla en contra de la Administración? Y eso, quiero dejarlo claro, sin menoscabo de todo lo actuado a consecuencia del Plan General que en estos momentos está en vigor; en tanto no haya una sentencia del Supremo, es firme.

-¿Incluidos los planes parciales y las licencias que puedan conceder hasta entonces?

-Efectivamente. Lo actuado no es revocable, porque esta medida no puede tener carácter retroactivo. Insisto: tenemos plena seguridad de que todo lo tramitado de aquí a que el Supremo adopte una resolución es firme. No se trata de curarnos en salud, sino de garantizar el planeamiento de Gijón. Hay que dar seguridad a los ciudadanos, aunque algunos pretenden lo contrario. No deja de sorprender que sea el Partido Popular el que venga a decir al Ayuntamiento que aplique el plan Rañada. Pero, oiga, si ustedes votaron sistemáticamente en contra de todos los planes. Éstos del PP están muy descolocados y siempre han ido a remolque. El PGOU es una herramienta muy delicada con la que no se pueden hacer juegos florales y menos en la situación de crisis actual.

-¿De quién es la culpa de que haya que retramitar el PGOU?

-Yo no buscaría culpas individuales. La acción de gobierno es una responsabilidad colectiva. Las decisiones técnicas se basan también en criterios que se conforman en torno a opiniones colectivas. Aquí lo que estamos dilucidando es una interpretación jurídica sobre el trámite de adaptación del planeamiento; el alcance del error, si es que lo hubo, se refiere sólo al procedimiento. No se está enjuiciando nuestro modelo de ordenación urbanística ni, mucho menos, la limpieza y honradez de los gobiernos actual y precedentes. Podría admitir que se hubiera errado en una decisión de procedimiento, aunque es una interpretación que no compartimos, pero la gestión urbanística del Ayuntamiento de Gijón está libre de toda sospecha.

-Estos meses ha tenido que responder por decisiones anteriores a su llegada a la concejalía de Urbanismo. ¿Se está comiendo sapos que no le corresponden?

-No es ésa mi sensación. Sí siento una enorme responsabilidad para poder solucionar estas situaciones que no son nada agradables. Pero sin perder el buen humor, el ánimo ni la compostura. La acción de los gobiernos suele ser valorada cuando se tienen que afrontar los problemas. Cuando se está a favor de la ola, todo el mundo es estupendo. Pero donde se calibra la capacidad de los gobiernos es cuando se tienen que hacer cargo de situaciones delicadas.

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En el «caso Blanco» mejor dejemos actuar a la Justicia

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-¿Cómo lleva que pidan su cabeza un día sí y otro también?

-Cuando es una posición tan sinsustancia como la del PP, porque su discurso respecto a esto es muy vacío, ni me afecta ni me importa. Podrán pedir lo que quieran, pero yo tengo un compromiso con la Alcaldesa y con los ciudadanos. Dedicaré toda mi energía y capacidad a resolver los problemas que surjan.

-¿Se ha planteado dimitir?

-Nunca. En ningún momento. Es más, cada vez que piden mi dimisión, señalan con más claridad que les preocupa el trabajo que realizo. Y para mí es una enorme satisfacción. Yo sé que al PP le incomoda mi presencia, entre otras cosas, porque no pierdo la compostura. Y a esta gente, tan acostumbrada a la exageración y el disparate, no le gusta que haya en el ámbito de gobierno personas que trabajen y dediquen su esfuerzo, no a contestar opiniones poco serias, sino a hacer que la ciudad funcione.

-Hablan de la posibilidad de mejorar el plan.

-Se va a someter a un nuevo período de información pública y, si hubiera alguna cuestión que pudiera corregirse, se haría. Pero, en cuanto a los contenidos, nuestra intención no es entrar en una nueva discusión del planeamiento de esta ciudad.

-Entonces, ¿qué es lo que se puede mejorar?

-Desde cuestiones semánticas en la definición de ideas o conceptos hasta cuestiones de índole reglamentista o normativa que puedan ser aclaradas o precisadas. Por ejemplo: tipología de usos terciarios, puede haber una serie de aprovechamientos que no estén incluidos y su incorporación supone una mejora. Hablamos de cuestiones de precisión técnica. No se va a entrar en si los nuevos urbanizables se mantienen o no se mantienen, porque se van a mantener.

-La sentencia del TSJA pone en entredicho los recursos de reposición incorporados al Plan General y los vecinos llaman la atención sobre el que presentó la familia política del ex concejal Jesús Morales.

-La sentencia para nada entra en esa consideración. El texto refundido del Plan General está vigente. Lo demás son circunloquios; que no se busquen cinco pies al gato.

-¿Se puede hacer una verdadera revisión del planeamiento urbanístico manteniendo, en esencia, el documento de partida?

-Es que ésta es una actuación administrativa que da garantías plenas al ordenamiento urbanístico de la ciudad. Nada más y nada menos.

-¿Cuánto costarán a la ciudad la nueva tramitación y el recurso?

-Todavía no está evaluado. Vamos a hacer un esfuerzo de reducción de los gastos al mínimo y haremos uso de los recursos propios en la medida en que sea posible. Pero hay determinadas tareas para las que es necesario contar con instrumentos de gestión especializados.

-¿Pedirán responsabilidades al equipo de Teixidor?

-En ningún caso. Estamos hablando de una sentencia que no es firme. Por tanto, no cabe hacer hoy esa conjetura. Además, sería impensable que se pudiera establecer ese nivel de responsabilidad en todos y cada uno de los actos que están sujetos a revisión por los tribunales. La decisión tomada por el Ayuntamiento fue vista por muchas personas y dada de paso por la CUOTA; por tanto, no es imputable en exclusiva al equipo redactor.

-Y, junto a la polémica del PGOU, sigue el conflicto por el plan parcial de Cabueñes.

-Tenemos el plan de Cabueñes y otras figuras de desarrollo.

-Ésta es de las más espinosas.

-En esta ciudad estamos muy acostumbrados a amortizar con una rapidez pasmosa todos los conflictos. En este caso, no deja de ser la opinión de un grupo de vecinos que son contrarios al nuevo suelo urbanizable de Cabueñes. ¿Son todos los vecinos de Gijón? No parece. Nosotros entendemos que esa figura de planeamiento atiende un interés público, con un beneficio incuestionable. Dotar al entorno del Hospital o del Parque Tecnológico de unas adecuadas infraestructuras es una necesidad que nadie en su sano juicio puede discutir. Hacerlo con unos aprovechamientos residenciales y una edificabilidad moderada no parece que sea ninguna exageración. Que se haga generando unas zonas verdes muy amplias y equipamientos dotacionales que favorecen el crecimiento del Hospital, el Parque Tecnológico o el Colegio público de Cabueñes tampoco parece que sea un error. Por tanto, ¿dónde está la contrariedad?

-¿Con qué criterios han respondido a las alegaciones?

-La discusión se planteaba en torno a dos elementos de controversia: el viario y altura de los edificios. Los edificios tendrán un máximo de 3 alturas más bajo, cuando el plan permitía llegar a las 5 plantas más bajo. Además, se disminuye el espacio ocupado por el viario. También se ha considerado proteger las zonas boscosas de la parte de cierre de la Quinta del Infanzón; dar un tratamiento distinto a la posición de los edificios para que no generen esa imagen de pantalla: ir a una tipología de edificios escalonados que se integren mejor en el paisaje? Soluciones técnicas que permiten mejorar la propuesta inicial. A esto nos comprometimos en el Pleno de octubre en el que participaron vecinos.

-Pues los vecinos insisten en que la actuación es ilegal y reclaman su suspensión cautelar.

-No vamos a suspender ninguno de los planes parciales en curso. Nuestra solución atiende al interés general de los ciudadanos, aunque haya algunos vecinos de Cabueñes que no les agrade. Pero esto forma parte de la capacidad que los gobiernos legítimos y democráticos tenemos para tomar decisiones.

-¿Otro contencioso no será demasiado para el Ayuntamiento?

-Es un derecho que pueden ejercitar, evidentemente. Y nosotros ejerceremos el derecho a la defensa de la razón jurídica y política que nos lleva a apoyar este planeamiento.

-¿Es compatible que la Administración que tiene que velar por la legalidad del plan de Cabueñes sea uno de los grandes propietarios de suelo en la actuación?

-El Ayuntamiento tiene el 18 por ciento del suelo. En prácticamente todas las juntas de compensación el Ayuntamiento es parte. No estamos hablando de ninguna situación extraordinaria. Sólo la red de caminos le confiere al Ayuntamiento una posición de cotitular. Pero nosotros, ante todo, tenemos la obligación, como Administración de ser, proactivos en el desarrollo de un planeamiento, en este caso y en todos.

-¿Quién representa al Ayuntamiento en la junta de promotores?

-Aún no está constituida. Pero normalmente soy yo el representante municipal en las juntas de compensación.

-Esta semana se reunía con la patronal de la construcción. ¿Hará lo mismo con la Plataforma?

-Si lo solicitan, no tendría ningún problema. Las puertas están abiertas para ellos. Pero he de decir que las opiniones de pocos colectivos han tenido tanto alcance como la de los vecinos de Cabueñes, a través de una participación en el Pleno del Ayuntamiento. Se les ha escuchado y se han atendido todos los requerimientos que realizaron. El expediente del plan de Cabueñes es el más visto de este Ayuntamiento. Otra cosa es que tenga que ser lo que ellos piden.

-¿Por qué no hizo caso a las sospechas que le trasladaron sobre Ovidio blanco?

-La documentación sobre Ovidio Blanco se la dieron a Churruca, que me la trasladó a mí, en presencia de la Alcaldesa, después de terminar el Pleno de marzo. Inmediatamente, llamé a Ovidio. Más diligencia por mi parte no pudo haber. En las reuniones previas, lo que hubo fueron comentarios y yo les dije que, si descubrían algún indicio de irregularidad, que no me lo vinieran a contar a mí, que se lo contaran a quien corresponde depurar responsabilidades en estos casos, que es la justicia.

-¿El «caso Blanco» no ha dejado un poco tocada la imagen del ayuntamiento gijonés?

-No estoy de acuerdo. Mantengo el argumento que hice público en todo momento y que pudo haberse malinterpretado: en el Ayuntamiento no tuvimos constancia de ninguna irregularidad mientras Ovidio fue funcionario jefe del Servicio de Planeamiento. Lo que haya sucedido en su actividad privada es de su única y exclusiva competencia. Lo dije desde el primer día. Lo que se está cuestionando es una actuación privada, en la esfera privada de una persona en excedencia, que ya no pertenecía al Ayuntamiento.

-Las primeras operaciones de compraventa de suelo en Cabueñes se produjeron siendo todavía funcionario.

-Pero en el ámbito de una actuación privada. Lo que cada uno de sus funcionarios hace en su vida privada se escapa de la capacidad de control y conocimiento del Ayuntamiento.

-¿Cómo afronta el juicio que se inicia el 5 de agosto?

-Con la confianza de que la justicia esclarezca los hechos. Nuestra posición es facilitar al máximo todo lo que se nos solicite. Somos los primeros interesados en que esto se aclare.

-La Plataforma pide la renuncia del abogado del Ayuntamiento por «ética profesional».

-Esa cuestión la tendrán que dilucidar entre el colectivo vecinal y el letrado. El Ayuntamiento ha contratado los servicios de un profesional experto en esta materia penal Estamos al margen de esas discusiones.

-¿Qué harán si a Ovidio Blanco lo declaran culpable?

-No cabe, en estos momentos, pronunciarse sobre lo que no ha sucedido. Dejemos actuar a la justicia.

-¿Cree que esto pasará factura política al gobierno PSOE-IU?

-Esta situación no es deseada ni compartida por el equipo de gobierno, pero no es insalvable ni desde el punto de vista administrativo ni político, porque no está en cuestión nuestra honradez, y quien lo haga lo hace con mala intención.

-La zona rural está pletórica.

-Gijón es una ciudad muy beligerante, en la que se discute todo. Y a veces hay personas que no miden el alcance de sus acciones. Seguramente muchos de los demandantes frente al PGOU no se han parado a pensar las afecciones al empleo y a la actividad económica que puede reportar una hipotéticamente paralización del Plan. Conviene a veces serenar los ánimos, porque el planeamiento es mucho más que si en mi finca esto o aquello.

«Sé que al PP le incomoda mi presencia porque no pierdo la compostura, pero nunca me he planteado dimitir»