Una historia de especulación urbanística y desprecio a las leyes y a los ciudadanos

Cómo ganar miles de millones sin hacer nada. (Sólo es preciso contar con los amigos y los políticos adecuados).

Un ejemplo de cómo nuestros políticos “preservan” los excepcionales parajes de la costa asturiana y qué entienden por “interés general”. 

La Talá forma un Plan Parcial dentro de las Normas Subsidiarias que fueron aprobadas en 1991, ratificadas en 1992 por el Ayuntamiento de Llanes (alcalde: Trevín)  y que resultaron anuladas por sentencia del Tribunal Superior de justicia de Asturias (TSJA) en julio de 1997, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo en marzo de 2002.

Pero la administración persiste en sus planes de urbanización a toda costa y en 2003 aprueban un PGOU de Llanes que nuevamente contiene el Plan Parcial de La Talá.  Este PGOU fue nuevamente recurrido por AVALL y nuevamente anulado por el TSJA en abril de 2007. Sin embargo el documento sigue aplicándose en el urbanismo de Llanes porque Ayuntamiento y Principado han recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La Talá fue adquirida en 1992 en 300 millones de pesetas (algo más de 1, 8 millones de euros) por unos inversores madrileños, conocidos como García Poveda, y Goizueta, a los que la lucha de AVALL obteniendo la condena de dicho Plan Parcial por parte del TSJA, deshizo sus expectativas.

Pero el caramelo urbanístico de La Talá, principal interés del PSOE local y regional, siguió en el escaparate de los especuladores, y cuatro años después la adquiere el indiano astur-mexicano Juan Antonio Perez Simón, brazo derecho de Carlos Slim, cuya amistad con el entorno del PSOE, especialmente con Felipe González, y del PRI mexicano, es pública.

En 1996 Pérez Simón compró La Talá en 500 millones de pesetas (3 millones de euros) , advirtiendo ante los medios de comunicación regionales, que dada la situación jurídica del enclave  desaconsejaba tal inversión a cualquier cabeza sensata, que “la compraba para pasear” (aunque es de suponer que sabría que el nuevo Plan General Urbano volvía a considerar La Tala como un Plan Parcial perfectamente ejecutable).

Pero la pelea de AVALL por salvar La Talá se encarnizó aún más, y ante sus alegatos, el Servicio de Disciplina Urbanistica de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias precintó la Línea de protección costera que alcanza a los 200 metros del litoral.

La paciencia del millonario indiano Perez Simón se agotó, y le colocó la patata caliente de La Talá al GRUPO NOZAR, también astur-mexicano, que le pagó, en 2006, la escalofriante cifra de 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros) por La Talá, donde pretendía construir 512 viviendas, de las que 409 serían bloques de pisos, además de un gran centro comercial de 3.200 metros cuadrados.

NOZAR se encontró con las mismas trabas que los propietarios anteriores de La Talá : AVALL no cesó en su lucha por salvar el paraje, lo cual fue determinante en materia de tiempo, pues la demora para solventar los problemas judiciales y administrativos permitió que hiciera acto de presencia la demoledora crisis del sector inmobiliario que coloca a Nozar al borde de la quiebra.

NOZAR había adquirido La Talá a base créditos bancarios, entre ellos, el contraído con la entidad CAJASTUR. Ya con el agua al cuello, NOZAR no tiene más remedio que deshacerse de sus activos, entre los que se encuentra, sino el mas costoso, sí el mas tóxico, que es La Talá, y es entonces, en julio de 2008, cuando llega a un acuerdo con CAJASTUR y “le coloca” La Talá en 7.913 millones de pesetas (47,56 millones de euros).

Es decir, CAJASTUR, a través de una de sus múltiples sociedades, en este caso BEYOS Y PONGA S.A., se queda con unos terrenos sobre los que pende la espada de la Ley, y vistos los antecedentes, con muchas posibilidades de caer a plomo, en cuyo caso serian absolutamente inservibles a efectos de rentabilidad económica. AVALL hace pública en Asturias esta operación financiera. Cajastur se limita a decir públicamente que :«El grupo Nozar necesitaba liquidez y Cajastur tiene capacidad de financiación a largo plazo de este tipo de activos». (Lo cierto es que CAJASTUR, necesitada de finenciación, ha pedido al estado una “inyección de liquidez” y el pasado 25 de febrero ha recibido 43.500 millones de pesetas procedentes de las arcas públicas)

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