Menudo papelón, a la fiscalía, que ya saben lo que va a hacer, que quien manda manda.
Van a la fiscal. Con certificaciones y una grabación en la que habla el edil Pedro Sanjurjo, solemnemente, de cómo la sucesión de fechas de aprobaciones del PGOU es posterior a la salida de Ovidio Blanco del Ayuntamiento, tras solicitar su excedencia del puesto de arquitecto jefe. Es decir, se acude a la fiscal horas después de que el Ayuntamiento no encontrara relación alguna entre la compra-venta de Blanco y el proceso de adaptación del PGOU, aprobado definitivamente en 2005.
Como decía aquel personaje de la película «Estado de sitio»: «¿Acaso espera usted que el Gobierno actúe de modo coherente?». También es cierto que al gobierno municipal hay que dejarle tiempo para pensar, para enfocar los problemas. Por ejemplo, para determinar que es mejor correr a la Fiscalía antes de que lo haga el aguerrido Partido Popular.
Pero este celo, repentinamente despertado por las circunstancias, ha estado dormido durante mucho tiempo. Inexplicablemente. La vigilancia del decoro, cuando no de la legalidad, no ha sido tarea decidida del Ayuntamiento.
Del PGOU de 2005 se filtraron documentos y datos hasta la saciedad y la municipalidad no movió un solo dedo, ni para investigarlo, ni para detenerlo, ni para penalizarlo.
Todo el mundo sabía antes de tiempo algo del PGOU: unos, para temer atrocidades edificatorias en ciertas zonas rurales del concejo; otros, para dolerse de que las recalificaciones no les agraciaran; y los de más allá, para tomar posiciones en el mercado inmobiliario. Siempre nos pareció que el PGOU de 2005 estuvo viciado de raíz, a causa de los anárquicos efectos de su planteamiento y tramitación. Repetimos: ¿acaso hay que pensar en un gobierno municipal que opere de modo coherente?
Respecto al caso particular de Ovidio Blanco, vamos cotejando datos. Digamos que le tocó una lotería que no buscó como funcionario, y menos mediante irregularidades. Decimos que él nunca jugó a eso.
18 marzo 2009 | 
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