SOGEPSA ¿PARA QUÉ?

Los eurodiputados que informan sobre el urbanismo español recomiendan reducir el papel de agentes urbanizadores como SOGEPSA  elcomentariotv (28/3/07) (Cada vez está más claro que el único interés «social» de esta empresa es el de los negocios que las sociedades anónimas que la componen hacen con el suelo expropiado)

Una delegación de eurodiputados que visitó España entre el 27 de febrero y el tres de marzo, firmó un documento sobre la situación del urbanismo en el país, que compromete seriamente la credibilidad de nuestras instituciones:
«Los españoles se han convertido en víctimas de la urbanización masiva» gracias a la connivencia de autoridades y gobiernos regionales que lo han permitido». El informe no deja títere con cabeza con perlas como ésta, que destaca hoy, por ejemplo, el diario El Mundo: «Los ciudadanos se convierten en los culpables; la autoridad municipal, en un intermediario pasivo; el Gobierno regional se lava las manos y las autoridades nacionales dicen que no pueden interferir, a pesar de la legislación europea. Ésta es la Europa de la libertad de movimiento, la libertad de mercancías y servicios, la libertad de explotar con impunidad». Entre las recomendaciones que incluyen se encuentra la de reducir el papel excesivo de los agentes urbanizadores,como es el caso de Sogepsa en Asturias, y se recomienda implicar a los
ciudadanos en el desarrollo urbanístico, extremar la vigilancia para evitar los abusos de algunos empresarios y crear tribunales para investigar estas denuncias, con especial referencia a los abusos en las expropiaciones, algo que en Asturias es un auténtico clamor. El informe será discutido el próximo 11 de abril en la Comisión de Peticiones
Nacional, ECTV 28/03/2007  07:29h
Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos
del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han
extendido por numerosas localidades por medio de planes que incrementan la
población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los
principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas
construcciones. Por ello, un informe del Parlamento Europeo (PE) advierte a
los propietarios tras un estudio en el que ha detectado abusos urbanísticos
generalizados en nuestro país y donde critica la falta de colaboración del
gobierno valenciano con la delegación, que también visitó otras comunidades
como Madrid y Andalucía.

La delegación de la comisión de Peticiones del PE, en la que se encontraba
el vicepresidente de la Comisión, el laborista Michael Cashman, visitó entre
el pasado 27 de febrero y el 3 de marzo Almería, localidades de la sierra de
Madrid y de la Comunidad Valenciana, para ver sobre el terreno los abusos
urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos
españoles y de otras nacionalidades. Así, el documento informa que «la
aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas
regiones españolas», donde se detectan «presiones para comprometerse en
masivos desarrollos urbanos».

El informe puntualiza, no obstante, que ayuntamientos y gobiernos
autonómicos responden en varios grados, desde un compromiso leal con su
comunidad local hasta a la aceptación pasiva y a menudo activa de los planes
urbanizadores». Estas diferencias se reflejan, añade, en las distintas
«leyes regionales». Sobre las compensaciones que se le debe dar a los
propietarios cuando se les expropia, Bruselas cree que se debe hacer «en
base a tasaciones adecuadas y conformes a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia Europeo y la Corte Europea de los Derechos Humanos».

El presidente de la comisión de Peticiones Marcin Libicki, y el propio
Michael Cashman, firmaron este documento que ayer analizó la comisión
parlamentaria y que da cuenta de las reuniones, explicaciones y conclusiones
que sacaron de sus encuentros con autoridades y habitantes de las
localidades que visitaron. Por otra parte, Cashman y Libicki «lamentan
sinceramente» que finalmente no se celebrase ninguna reunión con
representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera
gustado hablar del proyecto de la nueva ley de suelo. La reunión se canceló
por motivos que «no parecieron muy creíbles», según expusieron en su
informe.

VALENCIA, LA PEOR PARADA

La peor parte es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte
de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató
la actitud «más arrogante» de sus autoridades y obtuvo «las menores
explicaciones» sobre «proyectos urbanísticos que han conducido a la
destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles». «De los 540
municipios en la Comunidad Valenciana, alrededor de un 20%, concentradas
esencialmente en la costa, han experimentado serios problemas de la
urbanización extensiva, muchos de los cuales han incluido denuncias de
corrupción en los últimos años», señala el informe.

En Almería, sus autoridades provinciales «admitieron y reconocieron» que «un
número de autoridades municipales han actuado incorrectamente», por lo que
muchos alcaldes están siendo procesados y también que «en muchos casos,
considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales». En
cuanto a las víctimas de estos hechos, «parece claro que quienes compraron
casas ilegales de buena fe, de acuerdo con el Gobierno regional, son tan
víctimas como responsables de lo que ha pasado», dice el texto.

Por último, en la Comunidad de Madrid, la visita se centró en la zona de la
sierra -Galapagar y Torrelodones-, donde también se hicieron «serios
comentarios sobre los desarrollos en localidades vecinos como El Escorial».
La reunión con el consejero de la Presidencia, Francisco Granados, fue
«superficial» aunque «útil», pero «la delegación se mostró satisfecha con
las explicaciones.

NEGACIÓN DE DERECHOS

En términos generales, el informe constata que «la comisión de Peticiones
continúa profundamente preocupada por el resultado de la negación continua»
particularmente en la región valenciana. Asimismo, da cuenta de «un gran
número de casos documentados» de ayuntamientos que han autorizado planes de
desarrollo urbano y aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha
acompañado a la «bonanza económica» española durante los últimos años y se
pregunta «a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos
encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del
mundo».

El texto considera «probable» que entre las directivas europeas que se
violan figuran las relativas al impacto medioambiental, la gestión de aguas
y basuras, la fauna y «también muchos casos el lavado de dinero». En este
escenario, admite que las competencias del Parlamento Europeo son
«relativamente limitadas», por lo que reclama a la Comisión Europea a que
actúe para investigar «posibles infracciones» de la ley de la UE; a las
autoridades locales, regionales y nacionales «sobre todo de la Comunidad
Valenciana», a que «respeten la ley y que se limiten los «poderes excesivos»
que en ocasiones disfrutan los constructores.

El informe, muy centrado en Valencia, tiene su crónica más interesante en el
diario Las Provincias, por ser la Comunidad Valenciana el lugar donde armó
mayor revuelo, aunque está publicado por prácticamente todos los grupos de
comunicación españoles.
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