«REPRIMEN A MORALA Y A CARNERO PARA ESPECULAR»

Miembros del colectivo de la zona rural relacionan el juicio contra los sindicalistas con la persecución a las parroquias LA NUEVA ESPAÑA (19/11/06)

Albina FERNÁNDEZ

«Quieren que no veamos lo que realmente hacen, que no oigamos más voces que las suyas y que no hablemos de sus negocios. ¿Vamos a quedarnos así?». Ése es el eslogan del planfleto distribuido ayer por la Plataforma Contra la Represión creada en torno a los representantes sindicales de la CSI en Naval Gijón, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, condenados en dos juicios distintos a seis años y medio de prisión por provocar daños en bienes públicos durante las movilizaciones laborales en defensa del empleo en la empresa.

La plataforma convoca una manifestación para el próximo miércoles, día 22, «contra la represión y por las libertades», con salida desde la plaza del Humedal a las 19.30 horas.
El panfleto fue distribuido por miembros de la Plataforma en Defensa de la Zona Rural de Gijón y muestra a los principales líderes políticos nacionales, regionales y locales del PSOE, PP e IU sonrientes en la nube del dios euro, de la que salen ladrillos, mientras que los ciudadanos están tapados con caretas blancas y los ojos cerrados. «Reprimen para favorecer la especulación», con los terrenos del Naval, dice la plataforma.
El escrito de protesta explica que los que mandan «aplican el castigo ejemplar: cárcel», para ciudadanos como Morala y Carnero; «detienen a ciudadanos en sus domicilios» y sin fundamento alguno la Policía los saca por la noche de su casa, como sucedió con el líder vecinal de San Andrés de los Tacones, Simón Junquera; «demandan por hablar», como ocurrió con el mismo Junquera, al que piden 100.000 euros por ser crítico; «ocultan información» y niegan el acceso al inventario de suelo público; «maltratan a un representante vecinal», en este caso Domingo Goñi, presidente de ACA, al que sacaron a golpes de un Pleno de Llanes por llevar una camiseta con una leyenda que no les gustó; «censuran información» desde el Gobierno regional, impidiendo a sus trabajadores acceder a páginas de internet críticas; y «niegan nuestros derechos» a expresarnos, manifestarnos e informarnos».