Si después de una lectura sosegada de este artículo publicado en
Noemí Martín es diputada regional y portavoz de IU en
Antes de leer el escrito, recordar sólo un par de cosas:
El 31 de enero de 2005, en el Ayto de Gijón se celebró un histórico Pleno Extraordinario forzado por la presión de 32.000 gijoneses con sus firmas (texto de la intervención vecinal). Entre otras cosas, exigían a sus gobernantes más transparencia en la tramitación de los planes de urbanismo, más respeto a la zona rural y protección de su medio ambiente, distribución geográfica más igualitaria de las viviendas protegidas y verdadera intervención del sector público en el mercado de la vivienda para su abaratamiento. Pues bien: El grupo municipal de IU (el de Noemí) VOTÓ EN CONTRA DE ESTAS PROPUESTAS
IU es socio de gobierno del PSOE desde 2003 en el Principado de Asturias. Ambas entidades políticas son responsables, por tanto, de promover y financiar (con dinero de todos) eventos del tipo del I SALÓN INMOBILIARIO DEL PRINCIPADO, (Asturvivienda) celebrado en Gijón en junio de 2005, que sirvió para promocionar nuestra región como lugar de segunda vivienda para vascos y madrileños, al estilo del Mediterráneo «dadas las inmensas posibilidades que reúne Asturias en este mercado» (véase noticias de prensa y Astur-merienda) tal y como reconoce su director D. Alberto Gómez. Es decir, el allanamiento institucional del terreno para la llegada del «tsunami inmobiliario» a la costa asturiana. Todo ello en presencia del Director Regional de Vivienda D. Manuel González Orviz, de IU y de la mamá de Noemí, la propia Consejera de Vivienda, Laura González, sin que saliera de la boca de estos representantes públicos una sola palabra de desacuerdo con D. Alberto Gómez.
«Frenemos la especulación urbanística»
Las celebraciones del «Día mundial del medio ambiente», el pasado día 5, comenzaron en Asturias con un acto de las organizaciones ecologistas reunidas en Cudillero para reclamar un desarrollo urbanístico sostenible. La Coordinadora Ecoloxista, Ecoloxistes n’Aición, ANA y otras asociaciones convocaron a un buen número de ciudadanos en torno a uno de los espacios más bonitos de nuestra tierra. Allí, entre otras cosas, reclamaron un papel garantista y activo del Principado de Asturias en la planificación urbanística que prevén los concejos asturianos. Coincidía la concentración con una muy interesante información de LA NUEVA ESPAÑA sobre el buen estado de la costa asturiana en comparación con el resto de costas españolas.
El desarrollo urbanístico de Asturias es una cuestión prioritaria en la agenda política de Izquierda Unida-Bloque por Asturies. Su descontrol provoca un crecimiento insostenible que afecta a nuestro patrimonio natural y, por tanto, a uno de nuestros principales capitales económicos. También es lesivo con la agricultura, que, además de un sector económico necesario, es una importante forma de protección ambiental. Incluso la construcción de Asturias como país queda dañada por un urbanismo desordenado como el que vislumbramos. No cabe duda del impacto negativo en nuestra cultura e idiosincrasia y, por tanto, en las posibilidades de preservar una identidad propia que mucho tiene que ver con el entorno territorial y con las actuales dimensiones de nuestras poblaciones. Por otra parte, las políticas urbanísticas son un buen indicador de la transparencia de las administraciones públicas y de su compromiso con los intereses generales; por tanto, un diferenciador nítido entre las políticas de izquierda y derecha.
Desde el grupo parlamentario de IU-BA ya se ha planteado en varias ocasiones que los modelos desarrollistas que se quieren implantar en Asturias para la gestión del agua -embalse de Caleao-, y para la eliminación de residuos -abandono del reciclaje por la incineración- están determinados por las previsiones de un crecimiento urbanístico por encima de lo sostenible. Es evidente el retroceso de la mentalidad ambientalista en las administraciones asturianas y la necesidad de dar, desde la izquierda, un nuevo impulso político a esta área de principal importancia política. El POLA, un instrumento útil, y la ley del Suelo no son suficientes para frenar la especulación. Hay que mejorar la capacidad de los medios públicos de inspección, precariamente dotados en la actualidad. También es urgente cumplir con lo ya previsto en el PORNA, agilizando las declaraciones de los paisajes protegidos de las costas occidental y oriental, que actualmente sufren un retraso difícilmente explicable.
Todas esas medidas han de apoyarse en lo fundamental: dar a los colectivos ciudadanos y ecologistas fuerza y voz suficiente. La buena salud democrática de las administraciones depende de su apertura a la gente. Además, la izquierda ha de entender que su única fuerza depende de la base social con la que cuente. La presión social fue determinante para lograr parar la «superincineradora» y algunos desmanes urbanísticos como los que afectaban a Otur. Un anacronismo, producto de la concepción desarrollista antes mencionada, es que en la CUOTA no estén las organizaciones ciudadanas ambientalistas y sí los empresarios. Cuando la izquierda es desalojada del Gobierno, las principales armas que le quedan para proteger los avances y las conquistas conseguidas en beneficio de la mayoría y evitar retrocesos son la transparencia democrática de los poderes públicos y la capacidad efectiva de los colectivos ciudadanos para fiscalizar la labor de los gobiernos. El ninguneo de las organizaciones sociales y la opacidad siempre benefician al que mayor poder económico tiene. Por otra parte, la idea de obtener recursos para arcas públicas locales, casi siempre exhaustas, a partir de modificaciones de los planes urbanísticos tiene el peligro de generar relaciones patológicas entre el mundo del dinero y las administraciones. Al final, algunos con mucho dinero pueden lograr el objetivo de apoderarse del espacio público sometiéndolo a sus intereses y destrozando nuestro entorno.
En definitiva, declarar los espacios protegidos de las costas -declaraciones paralizadas-, mejorar la capacidad de control e inspección del Principado y tomar partido desde un Gobierno de izquierdas para apoyar y fomentar la capacidad de defensa, movilización y reivindicación de los ciudadanos son las principales líneas de actuación frente a la especulación urbanística que nos amenaza y que, en ocasiones, es disculpada por algunos responsables públicos acudiendo al argumento de la autonomía local o al de las limitaciones legales. En cualquier caso, si los instrumentos legales no fueran suficientes para dominar la voracidad especulativa y el ánimo de lucro, entonces es que es tiempo de cambiar la ley para darle la fuerza necesaria. Se gobierna para transformar. Noemí Martín
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21 junio 2006 | 
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