Morales sin razones. CONSUELO ANTÓN

Desde Vega, a nuestro responsable de urbanismo

Morales sin razones

Si algún día se le ocurriera a nuestro equipo de gobierno municipal editar un manual sobre el urbanismo gijonés (o incluir un glosario de vocablos hostiles en su gaceta), no debería extrañarnos encontrar como definición de vecino rural… “un  ser disfrazado de verde y manipulado por la derecha reaccionaria, que continuamente pone en peligro el interés general de Gijón y que quiere construir en cualquier sitio”… ¡Menos mal que están las fuerzas progresistas velando día y noche por todos para que eso no ocurra, dando continuo ejemplo de coherencia política y transparencia, basadas en el diálogo y en la información! Esto parece deducirse de las delirantes declaraciones del responsable de urbanismo, Jesús Morales, en el contexto de la reciente aprobación del controvertido PGOU.

Si tras dos años de conflicto, la idea que pretende trasladar a la opinión pública es, todavía, que a la zona rural la mueven motivos económicos y políticos, parece que llega tarde, pues creemos que tras ese tiempo son ya muchos los ciudadanos que afortunadamente saben,  no sólo quién tiene los verdaderos intereses monetarios y cuánto representa el urbanismo para partidos y ayuntamientos, sino también que la oposición municipal, en materia urbanística, es más cómplice suyo que nuestro.

Hace 2 años, la unidad de actuación UZN-R.5 de Vega la consideraban irrenunciable y prioritaria, sin que saliese de la boca de algún responsable del PGOU, razones fundadas por las que se fuesen a urbanizar más de 790.000 m2 de zona verde, a 6 km del casco urbano de Gijón. Un año después, se desistía de urbanizar ese suelo “en tanto en cuanto no fuese necesario”. Retirar la unidad supuso renunciar a la construcción de 2000 viviendas, pero tampoco se esgrimieron razones. Estos días, dice JM que hubiese sido mejor disponer de ese suelo. ¿Cómo se puede jugar así con la gente? ¿Qué quiere que le reconozcan sus vecinos, más que su falta de seriedad y respeto?

Las alegaciones presentadas desde la parroquia de Vega denunciaban los incumplimientos en que se incurriría con esa unidad: falta de justificación, carencia de criterios de desarrollo sostenible, omisión de estudios geológicos y medioambientales, infracción de los principios rectores de la Agenda 21, etc. Con ellas se adjuntó un estudio geológico, cuyas conclusiones alertaban del alto riesgo natural en la zona: movimientos de ladera, asentamientos, oscilaciones del nivel freático, peligrosidad por hundimientos (en su máxima categoría, según el IGME). Es decir, riesgos todos ellos que hacían desaconsejable un crecimiento urbanístico tan desmesurado como el propuesto. Las alegaciones no sólo solicitaban dejar sin efecto la unidad. Se pedía que se estudiasen todas y cada una de las argumentaciones que contenían y los documentos que se adjuntaban. Se pedían medidas que realmente protegiesen el suelo afectado por el desarrollo urbanístico y potenciasen los valores agrícolas, culturales e históricos presentes en el mismo. Se pedía la consolidación de los núcleos rurales mediante una pequeña ampliación de los mismos y el mantenimiento de un perímetro de protección. A nada de esto se alude en la respuesta del Ayuntamiento, ni tan siquiera conocemos el trazado del vial que, dicen, transcurrirá por la parroquia. Por eso Vega sigue delante con el correspondiente recurso.

Se siente orgulloso de mantener el mismo modelo de ciudad que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años. No se ha enterado, entonces,  que Gijón es una ciudad adherida a la carta de Aalborg desde 1998 y comprometida con la Agenda 21. Eso significa para los responsables de urbanismo, desarrollar políticas que respondan a los principios de sostenibilidad comprometidos por el municipio. Pero no hay nada de eso: seguimos viendo cómo se destruyen valores medioambientales y se favorece el consumo de suelo desmesurado. Vemos cómo se construyen solamente 45 viviendas sociales por año y todas ellas en la periferia, aumentando la segregación residencial con la que su formación política se comprometió terminar. Vemos cómo el suelo público, el 10% de las actuaciones, que debería ser destinado a vivienda protegida y otras bolsas de suelo público, se subastan para hacer caja y se destinan a viviendas de lujo. Vemos cómo sigue sin cumplirse el derecho a una vivienda, a la vez que crece el número de viviendas vacías. Vemos cómo se actúa con total complicidad con SOGEPSA, no para conseguir viviendas baratas, sino para hacer caja y aumentar los beneficios de ciertos promotores y constructores. Vemos cómo éstos diseñan la ciudad, cómo se urbaniza mediante actuaciones y planes especiales a la carta. Éste es su modelo de ciudad.

¿Por qué no se ha atrevido nunca a debatir públicamente sus planteamientos y a responder a las preguntas que le hacían desde la zona rural? A falta de razones, siempre ha recurrido a atribuir a los demás sus propios defectos y a utilizar, como únicos argumentos, obvias afirmaciones que nadie duda, como que “hace falta un plan” y a alegatos dogmáticos, como que “este plan es el mejor”. Nuestro malestar con los actuales gestores de la ciudad es evidente, pero en absoluto obedece a consignas de otros, ni tiene interés político alguno. Tampoco es por el “tremendo cariño a los socialistas”, como dice, en tono demagógico y pidiendo socorro a los fantasmas que todavía meten miedo. Es por auténtica antipatía a quienes se cobijan bajo las siglas del socialismo y la izquierda, para actuar de la mano del poder económico y a quienes, en lugar de ocuparse de defender el interés general y el precepto constitucional del derecho a una vivienda, preparan el terreno a tramposos y manilargos del mundo de la construcción. Y, encima, con formas despóticas y agraviando al ciudadano.

Consuelo Antón