LA NUEVA ESPAÑA (7/705)
La decisión definitiva se adoptará cuando todos los líderes vecinales hayan consultado a sus socios, aunque ya se tramita el permiso para la protesta
Miriam SUÁREZ
La opinión no es unánime, aunque una gran parte de las parroquias del concejo se inclina por adoptar medidas de presión contra la política urbanística del Ayuntamiento, «llámese marcha verde o pitada monumental en la plaza Mayor». Así quedó de manifiesto en la asamblea extraordinaria convocada ayer por la Federación «Les Caseríes» para sopesar la posibilidad de convocar una nueva movilización ciudadana. La decisión definitiva se tomará cuando todas las asociaciones hayan sondeado a sus vecinos.
Aun así, la mayoría de los representantes vecinales acudió a la asamblea con la consulta ya hecha, y, por lo tanto, lo que ayer se habló en la sede de «Les Caseríes» da una idea del malestar que se respira en la zona rural. Prueba de ello es que ya se ha elegido fecha para la protesta -el 23 de julio-, la cual se notificará a la Delegación del Gobierno para ir agilizando trámites mientras se celebran las reuniones consultivas que faltan.
Los reproches al gobierno de Paz Fernández Felgueroso dieron para más de tres horas de reunión. «Nos prometieron que iban a venir parroquia por parroquia explicando las alegaciones antes de aprobar el plan», recordaban ayer los portavoces de algunas parroquias, que ven en la falta de información directa el primer «incumplimiento» municipal. «A los constructores sí que los atienden», recalcaron. Los vecinos llevan más de un año esperando a que el Ayuntamiento conteste a sus alegaciones, algo que hará por escrito después de aprobar el documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un Pleno extraordinario.
En la reunión de ayer, estuvieron representadas diecinueve de las veinticinco parroquias del concejo. Doce de ellas se posicionaron abiertamente a favor de la protesta, y firmaron el escrito que se enviará a Delegación del Gobierno; se trata de Granda, Poago, Somió, Roces, Porceyo, Cabueñes, Caldones, Deva, Vega, Veriña, La Pedrera y San Andrés de los Tacones. Los portavoces de Santurio, Leorio y Fano, en cambio, consideran «poco oportuno» movilizarse contra el PGOU cuando «no se sabe si vamos a conseguir lo que pedimos» y el documento «está prácticamente aprobado»; en su opinión, lo más conveniente sería «insistir por carta» al Ayuntamiento para que reciba a los directivos de «Les Caseríes».
Por su parte, los portavoces de Cenero, San Martín de Huerces y Castiello de Bernueces prefirieron no pronunciarse oficialmente hasta reunir a sus respectivas asociaciones. Aunque en el caso de Castiello, el líder vecinal intervino para mostrar su disconformidad con esta tercera «marcha verde». La representante de Baldornón, por último, trasladó al presidente de su asociación -ausente en la asamblea de ayer- la firma del escrito que redactará la federación.
«Quieren engañarnos con una falsa concesión en los núcleos rurales, y ahí sigue el plan de Roces», advirtió el sector más crítico con el planeamiento urbanístico que ahora se está revisando, y que, según el Ayuntamiento, se aprobará este verano. El presidente de Santurio, sin embargo, se mostró más optimista: «Parece ser que nosotros vamos a conseguir lo que pedíamos».
Las plataformas constituidas para defender el medio rural frente al PGOU tuvieron ayer la oportunidad de dirigirse a los miembros de «Les Caseríes» para explicarles su versión del urbanismo local. Fue al inicio de la asamblea. Su postura es clara: sí a la tercera «marcha verde». El miércoles de la próxima semana la decisión será oficial.
La opinión no es unánime, aunque una gran parte de las parroquias del concejo se inclina por adoptar medidas de presión contra la política urbanística del Ayuntamiento, «llámese marcha verde o pitada monumental en la plaza Mayor». Así quedó de manifiesto en la asamblea extraordinaria convocada ayer por la Federación «Les Caseríes» para sopesar la posibilidad de convocar una nueva movilización ciudadana. La decisión definitiva se tomará cuando todas las asociaciones hayan sondeado a sus vecinos.
Aun así, la mayoría de los representantes vecinales acudió a la asamblea con la consulta ya hecha, y, por lo tanto, lo que ayer se habló en la sede de «Les Caseríes» da una idea del malestar que se respira en la zona rural. Prueba de ello es que ya se ha elegido fecha para la protesta -el 23 de julio-, la cual se notificará a la Delegación del Gobierno para ir agilizando trámites mientras se celebran las reuniones consultivas que faltan.
Los reproches al gobierno de Paz Fernández Felgueroso dieron para más de tres horas de reunión. «Nos prometieron que iban a venir parroquia por parroquia explicando las alegaciones antes de aprobar el plan», recordaban ayer los portavoces de algunas parroquias, que ven en la falta de información directa el primer «incumplimiento» municipal. «A los constructores sí que los atienden», recalcaron. Los vecinos llevan más de un año esperando a que el Ayuntamiento conteste a sus alegaciones, algo que hará por escrito después de aprobar el documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un Pleno extraordinario.
En la reunión de ayer, estuvieron representadas diecinueve de las veinticinco parroquias del concejo. Doce de ellas se posicionaron abiertamente a favor de la protesta, y firmaron el escrito que se enviará a Delegación del Gobierno; se trata de Granda, Poago, Somió, Roces, Porceyo, Cabueñes, Caldones, Deva, Vega, Veriña, La Pedrera y San Andrés de los Tacones. Los portavoces de Santurio, Leorio y Fano, en cambio, consideran «poco oportuno» movilizarse contra el PGOU cuando «no se sabe si vamos a conseguir lo que pedimos» y el documento «está prácticamente aprobado»; en su opinión, lo más conveniente sería «insistir por carta» al Ayuntamiento para que reciba a los directivos de «Les Caseríes».
Por su parte, los portavoces de Cenero, San Martín de Huerces y Castiello de Bernueces prefirieron no pronunciarse oficialmente hasta reunir a sus respectivas asociaciones. Aunque en el caso de Castiello, el líder vecinal intervino para mostrar su disconformidad con esta tercera «marcha verde». La representante de Baldornón, por último, trasladó al presidente de su asociación -ausente en la asamblea de ayer- la firma del escrito que redactará la federación.
«Quieren engañarnos con una falsa concesión en los núcleos rurales, y ahí sigue el plan de Roces», advirtió el sector más crítico con el planeamiento urbanístico que ahora se está revisando, y que, según el Ayuntamiento, se aprobará este verano. El presidente de Santurio, sin embargo, se mostró más optimista: «Parece ser que nosotros vamos a conseguir lo que pedíamos».
Las plataformas constituidas para defender el medio rural frente al PGOU tuvieron ayer la oportunidad de dirigirse a los miembros de «Les Caseríes» para explicarles su versión del urbanismo local. Fue al inicio de la asamblea. Su postura es clara: sí a la tercera «marcha verde». El miércoles de la próxima semana la decisión será oficial.
8 julio 2005 | 
Categoría:
Deja un comentario