EL EXPOLIO DE «ROCES-RESIDENCIAL»

Nos pasan esta carta desde Roces

Los vecinos de la parroquia de S. Julián de Roces (Gijón, Asturias) pretendemos denunciar y hacer llegar a la opinión pública la situación de aflicción e incertidumbre a la que nuestros representantes públicos nos han estado sometiendo injustamente desde más de quince meses:

Por tercera vez en una década, la Sociedad para la Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (SOGEPSA), herramienta que nuestra comunidad autónoma emplea desde hace 20 años para ciertos desarrollos urbanísticos, pretende afrontar, tras un convenio con el Ayto de Gijón, una nueva expropiación en nuestra parroquia: un millón de m2 para la construcción de 3.700 viviendas. Aunque con un 51% de participación pública (Principado de Asturias, Ayuntamiento de Gijón, etc.), cuenta entre sus socios privados con agentes inmobiliarios que, sistemáticamente, desarrollan vivienda libre sobre terreno expropiado previamente por esa sociedad.

Se justificaron las dos anteriores expropiaciones para conseguir vivienda barata. En Montevil I (primera de ellas) se pagaron 2.000 ptas por el m2 ; y en Montevil II (la segunda), 3.893. Estas vergonzosas cifras son lo que quedó de restar de la tasación del suelo el coste de las urbanizaciones, que pesó, por tanto, sobre los propietarios: pequeños agricultores y ganaderos. Pero, tras cadenas de compraventas, los pisos que sobre esos terrenos se construyeron costaron sobre 416.000 ptas/m2. Hoy, 7 años después de su expropiación, todavía hay solares de estas actuaciones sin desarrollar. Con estas referencias, no es de extrañar que, entre 1999 y 2003, SOGEPSA aumentara sus beneficios en un 1140 % y que, lejos de resultar una herramienta al servicio de la ciudadanía, esta empresa mixta se haya convertido en un gran negocio privado, basado en expoliar a los propietarios del terreno y contribuir durante la última década a la espiral de precios padecida por el sector inmobiliario. Ha sido elemento clave, sin duda, del mercado especulativo de nuestra región y fiel aliado de la fuerza política que desde hace 25 años ostenta el poder en nuestra Comunidad y en nuestro Ayuntamiento. Ahora SOGEPSA, en Roces-Residencial y con una Ley de Suelo hecha a su medida, emprenderá la tercera expropiación armada con los mismos métodos, con los mismos dirigentes y escudándose en los mismos argumentos, tan falsos como demagógicos: «interés general y modelo de una ciudad más justa y equitativa».

El suelo público de Gijón no es escaso, al menos, no tanto como las intenciones de nuestros gobernantes de emplearlo en vivienda pública. La propia unidad de actuación incluye una parcela de más de 18.000 m2 perteneciente al Principado, pero no se empleará en ninguna vivienda porque se venderá para construir un centro comercial. Baldías se quedan las promesas de nuestro Presidente Sr. Zapatero y de su Ministra de Vivienda Sra. Trujillo, de emplear el suelo público en la construcción de viviendas protegidas. Para el resto del municipio, el conflictivo Plan de Ordenación prevé prácticamente sólo viviendas libres, y algunas de éstas- incluso de lujo- irán sobre suelo público. Tras esta actuación, Roces tendrá la mayor concentración de vivienda social, no sólo de Gijón, sino de toda Asturias, y quedará demostrado que la política urbanística municipal y regional es claramente segregadora: aísla los núcleos de población más marginales y los aparta injusta y precavidamente, a modo de guetos, de las zonas residenciales más caras, para que éstas no vean «contaminados» sus precios por la proximidad de estas barriadas. Una vez más, los principios sociales que electoralmente sustentan la ideología de nuestros gobiernos (PSOE/IU) quedan, con el consentimiento de sus dirigentes, doblegados y pisoteados por el poderoso caballero que es Don Dinero.

Pero si indecente y perverso es el lado social de este urbanismo, mayor es la indefensión jurídica del afectado. El Jurado de Expropiación es el órgano al que se puede recurrir si no gustan los 40 euros que por metro cuadrado ofrecen los dueños de SOGEPSA (el negocio es aún mayor que en las anteriores expropiaciones, si tenemos en cuenta el IPC y la subida de la vivienda). El Jurado lo forman representantes de la Administración, de la misma SOGEPSA y selectos miembros del sector inmobiliario, Es decir, las mismas personas que legislan y ejecutan, también juzgan. Como en otros tiempos, los tres poderes en uno.

Pensamos que la política de vivienda debe facilitar el acceso a una residencia digna a todo el mundo, pero tal y como recoge la Constitución; es decir, exigiendo que su coste se reparta entre todos los ciudadanos, en proporción a su renta. El Ayuntamiento de Gijón y el Principado, vulneran este principio constitucional de equidad porque hacen que el coste recaiga especialmente sólo sobre ciertos propietarios: los más débiles – entre los que nos encontramos-. Nuestros gobernantes son responsables de un auténtico fraude social no sólo por no tener en cuenta la renta del contribuyente, discriminar a unos propietarios respecto de otros y fijar un precio de las expropiaciones que en nada se corresponde con el auténtico valor del terreno, sino porque la Administración, tras esta cadena de excesos y desmanes, sigue sin garantizar vivienda asequible a sus ciudadanos.

Además, creemos que estas expropiaciones no contribuyen al interés general, no ya por ser un deplorable método con el que la propia administración premia a sus cómplices inmobiliarios con materia prima realmente barata, sino porque los terrenos se transformarán en otras propiedades privadas que nunca servirán al interés general de toda la sociedad, sino al particular de sus dueños y sus descendientes. Las viviendas libres que se van a construir en los terrenos de nuestras familias, se integrarán inmediatamente en el patrimonio de quienes las compren; y las de protección, que en la práctica no son muy distintas de aquellas en lo que atañe a su compra – por lo del dinero «b» que vergonzosamente también se exige en nuestra región a sus compradores- tampoco lo son a la hora de la venta: tarde o temprano, podrán ser revendidas al mejor postor.
Queremos denunciar que atropellos y desfalcos como éste son cada vez más frecuentes en nuestra comunidad autónoma. Como ciudadanos, nos sentimos estafados e indefensos y como personas, humilladas. Hace quince meses nuestros gobernantes dictaron nuestra sentencia y, a partir de entonces, nos hicieron de menos, nos marearon con bailes de cifras y plazos, nos utilizaron, nos ocultaron información y llegaron a prostituir, para su inconfesable provecho, términos tan sagrados para la convivencia democrática como «interés general» y «fin social». Creemos que el urbanismo basado en el saqueo, el menosprecio y la desaparición de los ricos valores culturales y medioambientales que encierra nuestra zona rural no es el que conduce al desarrollo sostenible y al ordenado crecimiento de una ciudad. Nada de ello se precisa para atender las necesidades reales de vivienda y sólo pedimos, en nombre de la justicia, la democracia y el futuro de nuestros hijos, un mejor trato que, como contribuyentes y personas, merecemos. Muchas gracias.