Intervención en el Pleno Extraordinario sobre el PGOU de Celestino Álvarez Álvarez, Presidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Concejo de Gijón «Les Caseríes»:
PRIMERA INTERVENCIÓN
«Ante todo, queremos reconocer al pueblo de Gijón su espléndida respuesta, que ha permitido la recogida de estas 32.000 firmas. Significan algo más que una señal de apoyo a la zona rural. Los gijoneses de a pie, es decir, los gobernados, los que pagan impuestos y que votan, han demostrado durante este último año creer más en la democracia que los que les gobiernan. Lo mismo que los ciudadanos que tanto se esforzaron en la recogida de las firmas.
Este Pleno no es lo que pedían estos 32.000 ciudadanos reclamando una iniciativa popular truncada por ustedes, bajo la excusa de no reconocer sus firmas. Sin embargo, con independencia de las acciones legales que el Colectivo para la Defensa de la Zona Rural Gijonesa pueda emprender por haberle negado tal iniciativa, la Federación «Les Caseríes» está hoy aquí aceptando la invitación de la Alcaldía sólo por el respeto que merecen estos ciudadanos.
Consideramos que no reconocerlas no es una cuestión jurídica sino de voluntad política. Para legislar la participación ciudadana ustedes han sido perezosos. Pero para crear, desarrollar y modificar las normas del suelo que aturden a estos mismos ciudadanos se han dado más prisa. Este Ayuntamiento demuestra una falsa sensibilidad hacia la participación ciudadana. Un ejemplo: ¡Consiente la colocación de una mesa de recogida de firmas a la entrada de la Feria de Muestras, pero notificándolo una vez terminada la Feria y no autorizando otra peticiones!
En esta ciudad hubo dos pacíficas marchas verdes de más de 10.000 personas que han dicho un claro NO a la gestión urbanística de esta ciudad. No les guiaba ninguna consigna política y representaban a tres generaciones de gijoneses. Mientras tanto, ustedes miraban para otro lado. Seguían a lo suyo aprobando el Plan y sin aceptar ningún diálogo.
Tras su gestión de estos 25 años, hoy sigue sin atenderse el precepto constitucional de derecho a una vivienda digna. Para cambiar la situación, ustedes proponen seguir haciendo lo mismo, con los mismos métodos, con las mismas personas y expoliando a los de siempre. ¿Quién se lo va a creer?
Los ciudadanos, de una manera u otra, se sienten engañados por ustedes, que han considerado a la zona rural de esta ciudad como una reserva para sus intereses. No para el interés general, bajo el que ustedes se escudan. A ustedes les interesa que la aldea sea vista como un sindicato de especuladores insolidarios, y no como ciudadanos que defienden sus derechos. Nos dirán, entonces, que recurramos a la Justicia porque conocen su lentitud. Cuando la Justicia resuelva, el mal estará hecho, ustedes no estarán aquí y no asumirán responsabilidades personales.
Queremos que el Ayuntamiento de Gijón no sólo reconozca, sino que permita el derecho de participación ciudadana en la adaptación del Plan de Ordenación, puesto que así lo recogen las leyes.
El 21 de agosto de 2003, el concejal de urbanismo se reúne con la patronal de la construcción y en ningún momento con los representantes vecinales. ¿Ante el ordenamiento urbanístico de una ciudad, es propio de un gobierno democrático escuchar a los constructores y no al pueblo?
En la primera marcha verde 10.000 personas pedían información y ser escuchadas. La respuesta del Ayto fue acelerar la tramitación del Plan, sin tener en cuenta ni una sola de las primeras alegaciones que demagógicamente llamaron sugerencias. Ni siquiera las contestaron.
Afirman que les encanta la participación ciudadana, pero después de un año clamando para que se nos escuche y atienda, hoy nos dan sólo veinte minutos de participación. Y además, avisándonos de que nuestras propuestas no se tendrán en cuenta.
Presumen ustedes de un diálogo que es inexistente. Nos hemos dirigido a personalidades como la Reina, la Ministra de Medio Ambiente, un Comisario de la Unión Europea o al Presidente Zapatero; y casi todos nos han contestado. Nos resulta más fácil obtener respuesta de la Casa Real que de nuestro propio Ayuntamiento, que todavía sigue sin contestar a la mayoría de nuestros escritos.
Queremos preservar la zona rural de nuestro Concejo.
Este Plan de Ordenación incumple la casi totalidad de los principios rectores de los compromisos europeos suscritos por el Ayuntamiento en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Con lo previsto por el Plan destrozarán irreversiblemente el entorno rural. Además, las nuevas condiciones de uso asignadas a los distintos tipos de suelo, limitan, cuando no prohíben, actividades hasta ahora relacionadas con la realidad rural gijonesa.
La consolidación de usos, costumbres y patrimonio cultural de la zona rural pasa por la ampliación de los núcleos rurales, tal como contempla la Ley del Suelo y la propia Memoria del Plan. La no ampliación de los núcleos rurales constituye una especie de botín en reserva para futuras financiaciones municipales.
Se justifica la ocupación masiva del medio rural por el agotamiento del suelo, pero la propia memoria reconoce lo contrario. Afirma que «Se ha desarrollado sólo un 45% del Plan anterior.
Queremos sistemas de gestión del suelo socialmente más justos
Rechazamos las expropiaciones previstas en el Plan porque con este sistema se hace de la excepción, la regla. Bajo el pretexto de fines sociales, se cercena el derecho constitucional a la propiedad privada, sin estar justificado por el interés general, ya que las mismas actuaciones con mejores resultados serían posibles sin recurrir a la expropiación. Ejemplo: la parroquia de Jove quiere quedar como está pero, forzada por la amenaza que supone el Plan, ofrece un compromiso para desarrollar lo previsto por el Ayto. mediante el sistema de compensación. ¿Qué van hacer ustedes?
Ustedes dicen que las expropiaciones no constituyen un perjuicio para el expropiado. Tal argumento es tan falaz como cínico: si se expropia es precisamente para ahorrar dinero y no tener que pedir a los constructores que renuncien a parte de sus beneficios.
Los terrenos recientemente comprados por constructores y grandes empresarios, se desarrollarán libremente, es decir, generando grandes plusvalías. Sin embargo, la mayoría de los pequeños propietarios asentados desde generaciones en la zona rural, como trabajadores del campo, ganaderos o trabajadores residentes en casas de aldea, serán desterrados y arruinados por el sistema de gestión previsto en esas actuaciones. ¿Por qué se reservan las ventajas para unos pocos afines al poder y el atropello para los de siempre?
Si acuden al interés general para justificar las expropiaciones ¿por qué las dejan en manos de SOGEPSA, si es una empresa mixta cuyo capital privado, casi un 50%, pertenece a unos pocos constructores? La intervención de la administración vía SOGEPSA, más que evitar, fomenta la especulación. En Montevil, donde SOGEPSA pagó el suelo expropiado a 3.893 ptas/m2, los pisos se vendieron finalmente a 421.666 ptas/m2, tras una cadena de compraventas.
SOGEPSA lleva 20 años funcionando y sus tres últimas actuaciones en Gijón fueron:
Montevil Oeste: Más del 50% fueron viviendas libres, desarrolladas por los propios socios privados de SOGEPSA.
Poniente: 514 viviendas de lujo, ninguna protegida
PERI 9 Contrueces: 138 viviendas, todas libres, ninguna protegida
Ustedes son SOGEPSA y son los mismos que actuaron en Montevil II. Desde el 2 de septiembre de 1999, la Sra. Alcaldesa forma parte de su Consejo de Administración. Desde el 20 de agosto del 99, Francisco González Buendía está en SOGEPSA. Las mismas personas que están ahora aprobaron las expropiaciones y desarrollaron el expediente. Los mismos que expoliaron, siguen.
Los convenios publicados en el BOPA sobre la actuación en Roces y Granda son iguales a los de Montevil, es decir, admiten un 50% de vivienda libre y no hablan en ningún momento de un 100% de vivienda protegida.
Con estos precedentes, la misma gente, el mismo sistema y las mismas intenciones, los resultados no pueden ser distintos. No habrá vivienda asequible y los perjudicados serán los de siempre.
Los afectados por las actuaciones prioritarias previstas (Roces, Granda, Jove, Veriña, Tremañes, Vega, San Andrés de los Tacones) no sólo padecen las nefastas consecuencias económicas. Esas personas sufren incertidumbre y desasosiego, incrementados por la falta de información. Todo esto trae consecuencias sociales, físicas y psicológicas, que llevan, en muchos casos, a la depresión, ansiedad y hasta la muerte. Nos preguntamos si les importa algo de todo esto.
Queremos que en todas las actuaciones de desarrollo urbanístico para zonas residenciales, se distribuya el mismo porcentaje de viviendas protegidas.
Todas las viviendas sociales previstas en el Plan irán al Suroeste de la ciudad, ninguna al Este. La misma política de los últimos 25 años. ¿A qué responde esta polarización? Los constructores afirmaron públicamente que la ubicación de viviendas sociales próximas a las libres haría bajar el precio de éstas y, por lo tanto, sus beneficios. ¿Comparten ustedes la opinión de los constructores? ¿Antepone el Ayuntamiento la prosperidad de los constructores a la integración social?¿Es éste el modelo de ciudad en el que creen?
No queremos una ciudad socialmente fragmentada. Una vez más, pedimos que se respeten los puntos clave de la sostenibilidad local a los que se comprometió este Ayuntamiento y entre los que está la lucha contra la exclusión social.
Queremos que el suelo público se emplee en resolver el problema de la vivienda.
El suelo público sigue, mayoritariamente, sin emplearse para vivienda protegida. En 2003 el Ayuntamiento subastó, al menos, 13 solares municipales. En 2004 el Ayuntamiento sigue cambiando terrenos municipales por dinero.
La propia Consejera de Vivienda, tal como contempla la Ley, defiende como mejor fórmula para resolver el problema de la vivienda la combinación de: Suelo público, Empresa Pública de Vivienda y Derecho de Superficie; y este sistema permitiría obtener viviendas de 70 metros por menos de 20.000 ptas al mes y evitaría la especulación. ¿Por qué no se aplica en Gijón?
Por el contrario, el Ayuntamiento prefiere destinar los más de 100.000 m2 de suelo público ocupados por «La Pecuaria», a viviendas unifamiliares; lo mismo que otros terrenos públicos adyacentes.
Queremos que desaparezca el vergonzoso sistema que permite que las mismas personas vinculadas a SOGEPSA, lo estén a la C.U.O.T.A. y al Jurado de Expropiación.
Sólo así se podrá lograr una mínima seguridad jurídica, hoy en día inexistente y que se resume en lo siguiente: «Yo te lo quito, yo construyo, yo te digo cuánto vale y, si no estás de acuerdo, me encontrarás en el Jurado de Expropiación».
No reclamamos comprensión, sino justicia y equidad. Los vecinos del Gijón rural nos rebelamos contra una medida injusta porque es el patrimonio rural el que se ve afectado, bajo la excusa de que falta suelo. El concepto de «escasez de suelo» que emplean ustedes no es el que nos da la geografía, sino una creación política, y cuyo sentido último tiene más que ver con la generación de plusvalías que con los criterios de planificación.
Ustedes dicen defender un modelo de «ciudad compacta», mientras que este Plan propone justamente lo contrario, desperdigando edificaciones hasta varios km de Gijón. Insistimos en el respeto a las directrices básicas del Desarrollo Sostenible, porque la sostenibilidad no es una expresión retórica de uso común entre políticos, sino un mandato constitucional y legal, plenamente vinculante para los ciudadanos y los poderes públicos. Somos nosotros los que queremos cumplirlo, pero son ustedes quienes lo impiden.
Durante los últimos 25 años, un propietario no podía hacer una casa para su hijo. Hoy, le obligan a desprenderse de su terreno, para que otros edifiquen adosados, viviendas unifamiliares o pisos. Algunos propietarios recibirán compensación económica; otros ni tan siquiera eso.
De esta forma, se separan las familias, se fomenta el desarraigo, los hijos no pueden quedarse en la zona rural, los padres se vuelven mayores y, con su patrimonio reducido a «valor cero», no podrán afrontar económicamente por sí mismos sus necesidades. ¿Son éstos los que hacen caja, según ustedes?
Nosotros, pensamos que no, que son las propias administraciones quienes rentabilizan la ejecución del Plan, a través de los impuestos que gravan la vivienda, que suman el 16% de su coste total y en casos, como en Montevil II, representan tres veces el valor del suelo. ¿Cuánto representa en euros este Plan para el Ayuntamiento?
Dicen que respetan escrupulosamente los núcleos rurales. Sin embargo, destruirán viviendas, hórreos, pomaradas y los terrenos más fértiles del Concejo de algunos núcleos rurales. Esos núcleos han estado congelados durante los últimos 25 años y ahora quedarán fragmentados por viales de 38 m. de ancho y rodeados por bloques de 5 plantas y adosados. Esta pérdida de patrimonio rural, cultural y medioambiental supondrá, al final, la alteración irreversible de la identidad de esta ciudad, orgullosa de su zona rural ¿Es ésta la forma de respetar los núcleos rurales?
La política de vivienda debe tener un contenido social, para facilitar el acceso a la vivienda a todos. Como cualquier otra política social, los principios de justicia, equidad y progresividad, que inspiran la Constitución, exigen que su coste se reparta entre todos los ciudadanos, en proporción a su renta.
El Ayuntamiento ha decidido, sin embargo, que dicha política recaiga especialmente sobre los propietarios de suelo urbanizable; pero ojo, no de forma igual para todos: los afectados de zonas prioritarias han de soportar mucho mayor coste que en otras zonas, también perjudicadas. Es decir, se infringe el principio de equidad tres veces:
primero, al no tener en cuenta la renta de cada contribuyente;
luego, al discriminar a unos propietarios respecto de otros;
por último, al fijar un precio abusivo en las expropiaciones.
Será difícil que encontremos algún ejemplo más acabado de desigualdad e injusticia.
El Ayuntamiento piensa multiplicar por dos, en cuatro años, la superficie industrial ocupada tras sesenta años de industrialización, hoy en declive: todo un récord.
Ustedes justifican la reserva de semejante suelo industrial diciendo que un buen número de empresas quieren instalarse en Gijón, pero que no disponen de suelo para ofrecerles. Sin embargo, en pocos meses modifican el Plan de Ordenación para que un promotor privado disponga de 800.000 m2 para un circuito de coches en Sotiello. ¿Por qué el Ayuntamiento no hizo planes especiales para dotar del suelo necesario para la instalación de esas empresas?¿O es que no existen?
En el origen de esta situación sólo hay oscuros intereses económicos. Nada tienen que ver con el interés general. Nada tienen que ver con el de los propietarios y vecinos de la zona rural, cuyo único delito ha sido trabajar honradamente durante generaciones para acceder a un pequeño patrimonio que ahora se quiere expoliar. Y se quiere hacer con la participación de los poderes municipales, que basan su recaudación presupuestaria en una fuente meramente especulativa, como es el ladrillo.
Lamentamos que las propuestas que aquí se plantean sean, en realidad, principios elementales reconocidos legalmente en nuestra democracia. La participación ciudadana, la justicia social, la independencia y separación de poderes; en definitiva, respeto por la legalidad. Pero ya han declarado públicamente que nuestra intervención no les hará cambiar. ¿Nos quieren explicar para qué y por qué nos invitan?
Muchas Gracias
SEGUNDA INTERVENCIÓN
Se insiste en acusarnos de querer hacer caja. Pero la recaudación del Ayuntamiento procedente de actuaciones urbanísticas supone una tercera parte de sus ingresos. No lo decimos nosotros. Son datos publicados. ¿A cuánto ascenderá ese porcentaje ejecutado el Plan?
La falta de suelo es su argumento, pero la propia memoria del Plan que se adapta, dice que sólo se ha desarrollado el 45% del Plan anterior. Están completamente ejecutadas el 28% de las unidades y en desarrollo el 17%. Es decir, más de la mitad del suelo está sin desarrollar.
Además, Jesús Morales en 1997 afirmaba que se garantizaba suelo suficiente para construir 28.000 pisos, en 10 años. Recientemente manifestaba que se habían construido 2.000 viviendas al año, con lo cual, habría sitio todavía para 16.000 viviendas.
Para defender la identidad rural de Gijón queremos que se consoliden los núcleos rurales aumentando su superficie, tal y como prevé la ley. Esto no es «somiorizar» Gijón y sí lo que proponen ustedes, aumentando exclusivamente la edificabilidad en el interior del núcleo. No es lo mismo incrementar los núcleos rurales que incrementar su edificabilidad.
No es lo mismo para la protección de los núcleos rurales, ni para las arcas municipales, que ingresarán mucho más por contribuciones si hacen zonas urbanizables que si aumentan la superficie de esos núcleos rurales. Esto es una burla y perjudica a los de siempre.
Ustedes destinan más de 4.600.000 m2 de la zona rural, para viviendas, adosados y chalés; impidiendo que esa superficie crezca ordenadamente como núcleos rurales. Esto sí es «hormigonar la aldea».
En cuanto al segundo punto de enmienda a la totalidad traída a este Pleno por: PSOE-IU-BA, se dice que en Jove, Veriña y Vega no se urbanizará «en tanto no sea estrictamente necesario», ¿ No es esto una reserva de suelo para futuras actuaciones?.
El suelo urbanizable no prioritario ya está en gran parte en manos de constructores. ¿Cuantas viviendas de protección irán en ese suelo?.
¿Cómo gestionan ustedes el suelo público? Con vender la quinta parte de la Pecuaria, pagarían el gasto de su traslado y nueva instalación. El resto, casi 100.000 m2, podrían emplearlo para viviendas sociales. ¿Por qué no lo hacen?.
Dicen que se comprometen a seguir poniendo el suelo público edificable para viviendas de protección. No nos engañen. Si siguen como hasta ahora, continuarán subastando suelo público cambiándolo por dinero.
La propia Memoria vinculante del Plan reconoce que la demanda supera a las necesidades reales de vivienda. Son los bajos tipos de interés y la inversión en el ladrillo la verdadera causa de esta desorbitada demanda. ¿Servirá este Plan para aumentar el ya exagerado número de pisos vacíos?
En Montevil II, SOGEPSA no cumplió su fin social, porque lejos de reducir el precio final de la vivienda, contribuyó a su carestía y generó plusvalías que acabaron siempre en manos privadas. Con la intervención de SOGEPSA, hoy, después de 7 años, aún quedan solares sin edificar.
Recurren al interés general para justificar este atropello, pero ¿qué fortunas personales o empresariales esconde ese «interés general»?. Dicen que no conocen de quién son los terrenos cuando los recalifican. Tenemos dudas.
Nos parece que el estado general en el que se encuentra nuestra ciudad, en términos de democracia real y participación ciudadana, es lamentable. Actitudes, medidas y posturas cada vez más reaccionarias y autoritarias son demasiado frecuentes en ustedes, que parecen vivir cada vez más lejos de una realidad, que en nada se parece al diálogo, o a las políticas participativas de las que teatralmente alardean.
Las peticiones de los propietarios y habitantes de la zona rural se resumen en la reivindicación de tres derechos fundamentales;
libertad para elegir la forma y el lugar donde vivir;
igualdad de derechos y obligaciones en el uso del suelo y;
equidad en el reparto del coste social.
Este plan de ordenación, y más en general, los mecanismos e ideas que gobiernan la gestión del urbanismo gijonés, derogan de forma directa esos derechos:
groseramente cuando se expropia;
maliciosamente cuando se impide el uso propio del suelo agrario y
preventivamente cuando se inmoviliza injustificadamente la libre disposición del propietario.
Nada de ello es necesario para una ordenada planificación del crecimiento de la ciudad. Nada de ello es necesario para atender las necesidades de vivienda social. Nada de ello es necesario para salvaguardar los valores ambientales del Concejo.
32.000 firmas de apoyo, dos marchas verdes, 3.000 alegaciones, un movimiento vecinal de contestación con un año cumplido, y como si nada. Para ustedes existimos como votantes y como contribuyentes, pero no como verdaderos ciudadanos.
Muchas gracias
31 enero 2005 | 
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