¡Respuesta de un gobierno reaccionario!
La Nueva España (12/01/2005)
El gobierno de Felgueroso rechaza la iniciativa popular para debatir el plan urbanístico
Morales afirma que las 31.750 firmas no cumplen los requisitos legales y ofrece la posibilidad de que un portavoz vecinal intervenga en el Pleno
J. L. ARGÜELLES
Las 31.750 firmas que ha presentado la zona rural contra la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) son papel mojado. Es la opinión del gobierno que preside Paz Fernández Felgueroso y que ayer hizo pública su concejal de Urbanismo, Jesús Morales, tras asegurar que la iniciativa popular, amparada por la ley de Grandes Ciudades, incumple los requisitos legales.
«Y no lo digo yo, lo dice un notario», subrayó Morales, quien presentó un documento de ocho líneas para rechazar la iniciativa popular. En ese escrito, el notario José Luis Rodríguez García-Robés responde a un requerimiento del secretario del Ayuntamiento, Mariano López Santiago, y afirma: «En contestación a su escrito de 20 de los actuales, pongo en su conocimiento que mi intervención en las 26 libretas se concreta a testimoniar por exhibición al pie de las fotocopias en papel de los Colegios Notariales de España que éstas corresponden a documentos originales por mi identificados, conforme al artículo 251.5 del reglamento notarial, y sin que se trate de una legitimación de firmas».
Son las palabras que ayer citó el concejal de Urbanismo para concluir que la iniciativa popular, una figura que recogen los artículos 52 (la firma del 15 por ciento del censo electoral) y 53 (el 10 por ciento de los vecinos del municipio) del reglamento municipal, «no se ajusta a lo establecido por la ley». «Las firmas no se recogieron ante ningún fedatario, y lo dice el propio notario al que acudieron los vecinos», añadió el también portavoz de la Junta de Gobierno, quien puso el énfasis en que «las formas y las garantías son esenciales en democracia».
Morales reiteró un ofrecimiento para que un portavoz vecinal pueda intervenir en el Pleno que se convocará para tratar las alegaciones al proyecto del PGOU, una polémica adaptación a la ley regional del Suelo muy contestada desde las parroquias de la zona rural. Éstas se movilizaron en dos multitudinarias manifestaciones contra una ambiciosa expansión de la ciudad que, en sus líneas principales, ejecutará mediante el sistema de expropiación Sogepsa, la Sociedad Mixta para la Gestión y Promoción del Suelo. Algunos vecinos se concentraron ayer a las doce de la mañana, durante la reunión de la Junta de Gobierno, para defender la iniciativa popular.
Morales explicó que el responsable municipal de censos comprobó, en un «muestreo», que entre los firmantes «había menores de edad y personas que no están empadronadas en la ciudad». Para insistir: «El proceso está viciado desde el principio».
Un portavoz vecinal calificó de «tomadura de pelo» la argumentación de Morales y su oferta para intervenir en el Pleno: «La ley nos protege, por qué tenemos que depender de la gracia de un trotskista», manifestó, en referencia a la militancia juvenil del concejal en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Y más: «Quien tiene que autentificar las firmas es el secretario municipal, lo que hace el notario es compulsarlas». Es el caballo de batalla de los vecinos, para quienes, según la ley, el informe previo de legalidad de esas 31.750 rúbricas es una obligación de López de Santiago.
«Es reírse de la gente, porque lo que nosotros pedimos es una participación efectiva en el debate urbanístico», destacó el citado portavoz, para quien la decisión de la Junta de Gobierno que controlan el PSOE e IU «es un claro ejemplo del diálogo que ofrecen». «Durante un año hemos llevado las cosas de forma tranquila, con dos «marchas verdes», más de 3.000 alegaciones y miles de firmas, y lo que hacen es dar la callada por respuesta», añadió.
12 enero 2005 | 
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