Es cierto que el fenómeno de la construcción afecta muy directamente a la
forma y calidad de vida de todo ciudadano, no sólo por lo que tiene de elemento
modelador de su entorno más inmediato y agente económico de la sociedad en la
que vive, sino también por el comportamiento que las instituciones que le
representan puedan tener a la hora de regular la actividad de este importante
sector. Los acontecimientos vividos estos últimos meses en torno a la polémica
urbanística de nuestro municipio no pueden dejar indiferente a nadie mínimamente
informado. Por ello, no es de extrañar que la visión que sobre el mundo de la
construcción tiene hoy un ciudadano medio de esta ciudad sea, de alguna manera,
distinta a la que tenía hace justamente un año y salpicada de interrogantes.
Seguramente, entonces, no se reparaba en la importancia que tiene el
documento base que recoge las pautas de ordenación urbanística de un territorio.
En realidad, en ese único documento se determina no sólo cómo será nuestro
municipio en los próximos años sino, también, el ritmo de actividad local de
este sector económico. Pero si su contenido indica cómo será nuestra ciudad, es
decir, cómo será de acogedora o insufrible, de dinámica o tediosa; la manera con
la que se muestra a la ciudadanía, es decir, al conjunto de contribuyentes y
agentes sociales implicados, es un buen indicador del talante de nuestras
autoridades. Cuando la falta de transparencia, la desmesura, las contradicciones
y la información privilegiada definen el camino elegido por éstas para exponer
el modelo de ciudad que quieren para sus ciudadanos, resulta inevitable que la
duda y la desconfianza se adueñen de éstos y sea el fantasma del conflicto de
intereses quien explique las cosas mejor.
Frases recurrentes como «la ciudad
tiene que crecer», que eran asumidas hasta hace poco como algo natural e
inapelable, ahora son cuestionadas e interpretadas posiblemente de otra manera.
¿Es realmente necesario que una ciudad con crecimiento vegetativo negativo y con
13.000 pisos vacíos «crezca» más?¿Es que sólo se puede crecer en nº de pisos?
¿Tanto representa en nuestra economía el sector de la construcción para que un
plan de urbanismo quede inservible aunque no haya llegado a desarrollarse ni
siquiera en un 50%?. Con el plan de 1998, el responsable de urbanismo afirmaba
disponer de suelo suficiente para 28.000 viviendas, lo que a un ritmo de 2.000
al año significa la garantía de suelo hasta el 2012. ¿Por qué son necesarios
ahora 10 millones de m2?. No hace mucho, el responsable del programa económico
del PSOE, Miguel Sebastián, alertaba del peligro del crecimiento de la economía
basado en un capital no productivo como es el inmobiliario. El que fuera
candidato a ministro afirmaba también que la economía que dedica recursos
productivos a edificar viviendas para quedar vacías, en lugar de construir
infraestructuras, empresas nuevas o parques tecnológicos, está «hipotecando» su
futuro y no corresponde, en absoluto, a un modelo sostenible. Significa «traer
al presente las rentas del futuro para enterrarlas en ladrillos», aunque
represente una caudalosa fuente de financiación inmediata para la
administración. ¿Es el modelo económico «mucha construcción/poca industria», el
que quieren nuestros políticos para Gijón y para Asturias, de donde las empresas
parecen ponerse de acuerdo para emigrar y no por falta de suelo, precisamente?
Hasta los propios líderes de la patronal avalan estas tesis y reconocen que no
es bueno que la construcción lidere la economía, en detrimento de la industria.
Gijón era una ciudad en la que el pequeño comercio mantenía una importante
presencia. Sin embargo, con el desarrollo de la política de grandes superficies
auspiciada por nuestro gobierno local, hoy podemos estar «orgullosos» de ser
presumiblemente la ciudad española donde se concentra el mayor número de centros
comerciales. Primero llegó Alcampo, le siguieron Carrefour -Los Fresnos,
Carrefour – La Calzada, El Corte Inglés, Mercadona, etc. Muchos fueron los
pequeños negocios que se fueron cerrando y mucho mayor el número de empleos que
se perdieron y fueron sustituidos por puestos de trabajo eventuales. ¿Ocurrirá
lo mismo en el sector de la construcción? Si tomamos como antecedente el plan
del 98, la mayor de las actuaciones previstas era Montevil y abarcaba una
extensión de 183.000 m2, en la que se preveía la construcción de 1.380
viviendas. Los responsables reconocían que «tiene una dimensión totalmente fuera
de proporción con las posibilidades de la iniciativa privada gijonesa, por lo
que parece imperativo su desarrollo por polígonos». Al final, la operación fue
realizada por SOGEPSA, con más oscuros que claros. Seis años más tarde aparecen
nuevos sectores de dimensiones mucho mayores: Jove, Roces-Granda, Vega,
…¿Tanto ha mejorado el sector en nuestra ciudad que ahora ya tiene
posibilidades para desarrollar sectores que superan en 6 veces aquél de
Montevil? o es que se está preparando el terreno para la llegada a nuestra
ciudad de las grandes multinacionales de la construcción? También puede ser que
grandes empresas nacionales tomen posiciones por medio de otras empresas
interpuestas locales o que las grandes actuaciones se diseñan para que sólo
SOGEPSA las realice. En síntesis, ¿los pequeños constructores correrán la misma
suerte que el pequeño comercio y se apostará entonces por las subcontratas en
lugar del empleo estable?¿Quién quiere esto para Gijón?
En todo este
entramado de intereses ¿dónde encajan las directrices europeas de medioambiente
y desarrollo sostenible que se propugnan en foros como el Congreso Internacional
sobre Ordenación del Territorio, que se organizó no hace mucho en Gijón? La
Agenda 21, la Carta de Aalborg,…todo esto que suena tan bien y nuestro Ayto
rubricó en su día, sirve de bien poco mientras los planes de ordenación se hagan
sin ningún criterio de desarrollo sostenible y sin estudios ambientales. Para
algunos representantes municipales, el Valle de Jove, hace un par de años, era
poco menos que un santuario; hoy es sólo un solar donde se quieren hacer miles
de viviendas. No tan lejos, en Oviedo, el plan de urbanismo no contó con el
apoyo de la oposición política (PSOE/IU) porque ¡carece de estudio de impacto
ambiental y fragmenta socialmente la ciudad! Habría que recordar que la
«sostenibilidad» no es una mera opción política, sino un mandato constitucional
y legal plenamente vinculante, no sólo para los ciudadanos sino para los poderes
públicos. La sensibilidad que demuestran los órganos de la Unión Europea en
materia de medio ambiente al conocer el desmán previsto para la parroquia de S.
Andrés de los Tacones nos demuestra lo mucho que les queda a nuestras
autoridades por andar en esta materia, que no tienen ningún problema en reservar
una partida de los presupuestos regionales destinada a la futura ZALI, sin estar
siquiera aprobado el plan de urbanismo.
El derecho a una vivienda digna es
uno de los postulados de nuestra constitución. La sociedad en su conjunto a
través de sus agentes y sus poderes públicos, los encargados de garantizarlo.
¿De qué sirve que el propietario del terreno colabore religiosamente con esta
causa, cediendo el 10% de la superficie de forma obligatoria al Ayuntamiento, si
éste lo subasta, lo vende o lo emplea como le da la gana? El pasado año se
subastaron 13 solares públicos, el plan de ordenación prevé construir viviendas
de lujo en suelo público de Cabueñes y Somió y todavía hay que oír a nuestras
autoridades que falta suelo y que por eso la vivienda es cara. Ahora ya no está
tan claro que falte suelo, ni que éste sea el responsable del precio de la
vivienda, cuando la solución oficial pasa por la intervención de selectos
constructores y Administración, en perfecta y armónica asociación a través de
una sociedad mitad pública mitad privada, de la que se conocen sus miembros, sus
relaciones con la CUOTA y con el Jurado de Expropiación. Hoy, un año después,
muy pocos se lo creen. ¿Por qué un gobierno de izquierdas apuesta por esta
sociedad mixta y no le vale una totalmente pública como VIPASA? ¿Porque cuesta
dinero? Y la televisión autonómica, no va a costarnos 15 millones de euros
anuales?
Siendo positivos, hay que reconocer a nuestras autoridades que
gracias a su peculiar forma de plantear y presentar el futuro urbanístico de
nuestra ciudad, ahora somos todos algo más críticos, más entendidos en
urbanismo, en legislación, en Medio Ambiente y más conocedores del
funcionamiento de las instituciones. Gijón ya no es lo que era en materia
industrial, pero al menos seremos pioneros en iniciativa popular. Algo es algo.
forma y calidad de vida de todo ciudadano, no sólo por lo que tiene de elemento
modelador de su entorno más inmediato y agente económico de la sociedad en la
que vive, sino también por el comportamiento que las instituciones que le
representan puedan tener a la hora de regular la actividad de este importante
sector. Los acontecimientos vividos estos últimos meses en torno a la polémica
urbanística de nuestro municipio no pueden dejar indiferente a nadie mínimamente
informado. Por ello, no es de extrañar que la visión que sobre el mundo de la
construcción tiene hoy un ciudadano medio de esta ciudad sea, de alguna manera,
distinta a la que tenía hace justamente un año y salpicada de interrogantes.
Seguramente, entonces, no se reparaba en la importancia que tiene el
documento base que recoge las pautas de ordenación urbanística de un territorio.
En realidad, en ese único documento se determina no sólo cómo será nuestro
municipio en los próximos años sino, también, el ritmo de actividad local de
este sector económico. Pero si su contenido indica cómo será nuestra ciudad, es
decir, cómo será de acogedora o insufrible, de dinámica o tediosa; la manera con
la que se muestra a la ciudadanía, es decir, al conjunto de contribuyentes y
agentes sociales implicados, es un buen indicador del talante de nuestras
autoridades. Cuando la falta de transparencia, la desmesura, las contradicciones
y la información privilegiada definen el camino elegido por éstas para exponer
el modelo de ciudad que quieren para sus ciudadanos, resulta inevitable que la
duda y la desconfianza se adueñen de éstos y sea el fantasma del conflicto de
intereses quien explique las cosas mejor.
Frases recurrentes como «la ciudad
tiene que crecer», que eran asumidas hasta hace poco como algo natural e
inapelable, ahora son cuestionadas e interpretadas posiblemente de otra manera.
¿Es realmente necesario que una ciudad con crecimiento vegetativo negativo y con
13.000 pisos vacíos «crezca» más?¿Es que sólo se puede crecer en nº de pisos?
¿Tanto representa en nuestra economía el sector de la construcción para que un
plan de urbanismo quede inservible aunque no haya llegado a desarrollarse ni
siquiera en un 50%?. Con el plan de 1998, el responsable de urbanismo afirmaba
disponer de suelo suficiente para 28.000 viviendas, lo que a un ritmo de 2.000
al año significa la garantía de suelo hasta el 2012. ¿Por qué son necesarios
ahora 10 millones de m2?. No hace mucho, el responsable del programa económico
del PSOE, Miguel Sebastián, alertaba del peligro del crecimiento de la economía
basado en un capital no productivo como es el inmobiliario. El que fuera
candidato a ministro afirmaba también que la economía que dedica recursos
productivos a edificar viviendas para quedar vacías, en lugar de construir
infraestructuras, empresas nuevas o parques tecnológicos, está «hipotecando» su
futuro y no corresponde, en absoluto, a un modelo sostenible. Significa «traer
al presente las rentas del futuro para enterrarlas en ladrillos», aunque
represente una caudalosa fuente de financiación inmediata para la
administración. ¿Es el modelo económico «mucha construcción/poca industria», el
que quieren nuestros políticos para Gijón y para Asturias, de donde las empresas
parecen ponerse de acuerdo para emigrar y no por falta de suelo, precisamente?
Hasta los propios líderes de la patronal avalan estas tesis y reconocen que no
es bueno que la construcción lidere la economía, en detrimento de la industria.
Gijón era una ciudad en la que el pequeño comercio mantenía una importante
presencia. Sin embargo, con el desarrollo de la política de grandes superficies
auspiciada por nuestro gobierno local, hoy podemos estar «orgullosos» de ser
presumiblemente la ciudad española donde se concentra el mayor número de centros
comerciales. Primero llegó Alcampo, le siguieron Carrefour -Los Fresnos,
Carrefour – La Calzada, El Corte Inglés, Mercadona, etc. Muchos fueron los
pequeños negocios que se fueron cerrando y mucho mayor el número de empleos que
se perdieron y fueron sustituidos por puestos de trabajo eventuales. ¿Ocurrirá
lo mismo en el sector de la construcción? Si tomamos como antecedente el plan
del 98, la mayor de las actuaciones previstas era Montevil y abarcaba una
extensión de 183.000 m2, en la que se preveía la construcción de 1.380
viviendas. Los responsables reconocían que «tiene una dimensión totalmente fuera
de proporción con las posibilidades de la iniciativa privada gijonesa, por lo
que parece imperativo su desarrollo por polígonos». Al final, la operación fue
realizada por SOGEPSA, con más oscuros que claros. Seis años más tarde aparecen
nuevos sectores de dimensiones mucho mayores: Jove, Roces-Granda, Vega,
…¿Tanto ha mejorado el sector en nuestra ciudad que ahora ya tiene
posibilidades para desarrollar sectores que superan en 6 veces aquél de
Montevil? o es que se está preparando el terreno para la llegada a nuestra
ciudad de las grandes multinacionales de la construcción? También puede ser que
grandes empresas nacionales tomen posiciones por medio de otras empresas
interpuestas locales o que las grandes actuaciones se diseñan para que sólo
SOGEPSA las realice. En síntesis, ¿los pequeños constructores correrán la misma
suerte que el pequeño comercio y se apostará entonces por las subcontratas en
lugar del empleo estable?¿Quién quiere esto para Gijón?
En todo este
entramado de intereses ¿dónde encajan las directrices europeas de medioambiente
y desarrollo sostenible que se propugnan en foros como el Congreso Internacional
sobre Ordenación del Territorio, que se organizó no hace mucho en Gijón? La
Agenda 21, la Carta de Aalborg,…todo esto que suena tan bien y nuestro Ayto
rubricó en su día, sirve de bien poco mientras los planes de ordenación se hagan
sin ningún criterio de desarrollo sostenible y sin estudios ambientales. Para
algunos representantes municipales, el Valle de Jove, hace un par de años, era
poco menos que un santuario; hoy es sólo un solar donde se quieren hacer miles
de viviendas. No tan lejos, en Oviedo, el plan de urbanismo no contó con el
apoyo de la oposición política (PSOE/IU) porque ¡carece de estudio de impacto
ambiental y fragmenta socialmente la ciudad! Habría que recordar que la
«sostenibilidad» no es una mera opción política, sino un mandato constitucional
y legal plenamente vinculante, no sólo para los ciudadanos sino para los poderes
públicos. La sensibilidad que demuestran los órganos de la Unión Europea en
materia de medio ambiente al conocer el desmán previsto para la parroquia de S.
Andrés de los Tacones nos demuestra lo mucho que les queda a nuestras
autoridades por andar en esta materia, que no tienen ningún problema en reservar
una partida de los presupuestos regionales destinada a la futura ZALI, sin estar
siquiera aprobado el plan de urbanismo.
El derecho a una vivienda digna es
uno de los postulados de nuestra constitución. La sociedad en su conjunto a
través de sus agentes y sus poderes públicos, los encargados de garantizarlo.
¿De qué sirve que el propietario del terreno colabore religiosamente con esta
causa, cediendo el 10% de la superficie de forma obligatoria al Ayuntamiento, si
éste lo subasta, lo vende o lo emplea como le da la gana? El pasado año se
subastaron 13 solares públicos, el plan de ordenación prevé construir viviendas
de lujo en suelo público de Cabueñes y Somió y todavía hay que oír a nuestras
autoridades que falta suelo y que por eso la vivienda es cara. Ahora ya no está
tan claro que falte suelo, ni que éste sea el responsable del precio de la
vivienda, cuando la solución oficial pasa por la intervención de selectos
constructores y Administración, en perfecta y armónica asociación a través de
una sociedad mitad pública mitad privada, de la que se conocen sus miembros, sus
relaciones con la CUOTA y con el Jurado de Expropiación. Hoy, un año después,
muy pocos se lo creen. ¿Por qué un gobierno de izquierdas apuesta por esta
sociedad mixta y no le vale una totalmente pública como VIPASA? ¿Porque cuesta
dinero? Y la televisión autonómica, no va a costarnos 15 millones de euros
anuales?
Siendo positivos, hay que reconocer a nuestras autoridades que
gracias a su peculiar forma de plantear y presentar el futuro urbanístico de
nuestra ciudad, ahora somos todos algo más críticos, más entendidos en
urbanismo, en legislación, en Medio Ambiente y más conocedores del
funcionamiento de las instituciones. Gijón ya no es lo que era en materia
industrial, pero al menos seremos pioneros en iniciativa popular. Algo es algo.
Colectivo en Defensa de la Zona Rural Gijonesa
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