Morales asegura que SOGEPSA actuará en Roces y Granda «sí o sí»

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Articulo 17.
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Carta de los Derechos Fundamental de la Unión Europea, artículo
41-Derecho a una buena administración, punto 2, párrafo 1.
El derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra
suya una medida individual que le afecte desfavorablemente.

En el año 1994, la Comunidad Valencia introdujo la ley Reguladora de
la Actividad Urbanística (LRAU), la cual está siendo adoptada
en otras zonas de España, quizá con ciertas variaciones, entre
ellas Gijón (PGOU).

En principio, esta ley fue introducida con el propósito de proveer a
familias españolas con viviendas de menor coste y facilitar la infraestructura
necesaria; pero, desgraciadamente, este principio ha sido secuestrado por la
corrupción de ayuntamientos y avariciosos promotores inmobiliarios, todo
esto bajo el amparo de esta misma ley, la cual es conocida como «Land
Grab» («Saqueo de tierras») entre los afectados de la colonia
extranjera, aunque también hay muchísimas familias españolas.
Gente jubilada o de pocos recursos muchos de ellos.

Una vez que el Ayuntamiento ha declarado los planes de urbanización
«en beneficio público», las casas son demolidas (o, en algunos
casos, se hacen inhabitables, para que sus propietarios se vean obligados a
abandonarlas), los terrenos expropiados y a los que allí se quedan, se
les pasa los costes de la infraestructura (carreteras, alumbrado, etcétera),
que varían desde 60.000 hasta, incluso, 40.000 euros por propiedad.

Éstas son algunas de las historias humanas:

Un matrimonio, jubilado, propietarios de una casa con 800 m.2 de terreno. Les
ha sido requerido el 75 por ciento del terreno, más su contribución
a los gastos de infraestructura, con la amenaza de que, si no pagan, se les
expropiará lo poco que les queda.

Otro matrimonio, de los 1.700 m.2 que tenían, el promotor «saqueó»
1.000, demolió la cocina y el baño y construyó una carretera
por cada lado de la casa. Entre estas ruinas, este matrimonio siguió
luchando por seis meses más. Finalmente, la compensación que recibieron,
al abandonar la vivienda, fue solamente del 40 por ciento del valor de mercado.

Como resultado de tales abusos, hace poco más de un año se formó
en la Comunidad Valenciana la asociación denominada «Abusos urbanísticos
– No!», bajo la presidencia del señor Svoboda, un ex diplomático
canadiense. Gracias al infatigable trabajo de este señor, de otros miembros
de la asociación y sus casi 20.000 afiliados, se ha logrado no solamente
el apoyo de los medios de comunicación a nivel regional, nacional y extranjero,
sino también de embajadores, parlamentarios y otras personalidades. Esta
ardua lucha los ha llevado bastante lejos. En mayo del año pasado, la
asociación envió una petición al Parlamento europeo, la
cual ha sido recientemente aceptada y su tramitación será por
«la vía rápida» (para ver «petición»
u otra información busque en www.abusos-no.org). Es posible que incluso
se apele al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Se pide, en este documento, una investigación urgente in situ por parte
de una comisión de investigación establecida por el Parlamento
europeo para obtener información de primera mano de los problemas considerados,
involucrando a oficiales del Gobierno, testigos y expertos, así como
a dueños de las propiedades que han sido, están siendo o puedan
ser víctimas de estas leyes del suelo, no solamente en la Comunidad Valenciana,
sino en el resto de España.

Si la comisión de investigación juzgara que España está
violando sus obligaciones, de acuerdo con las convenciones y acuerdos europeos
e internacionales de los derechos de la propiedad o protección del Medio
Ambiente, se podría recomendar sanciones de tipo económico o de
otra clase en contra de este país.

En una reciente carta de una de las parlamentarias europeas al señor
Aznar le advierte que si fondos de la Unión Europea para ayuda a España
fueran empleados en asociación con estas leyes del suelo, podría
acarrear serios problemas para este país. También se corre el
riesgo de que la inversión extranjera en el mercado de la propiedad española
se vea seriamente afectada, ya que muchas familias de ciudadanos de otros países
también se cuentan entre los perjudicados. Su inversión alcanza
un 20 por ciento de la inversión directa exterior, de la cual, en cierta
medida, todos nos beneficiamos. No matemos a las gallinas de los huevos de oro.

Todavía hay mucho camino que recorrer, como el mismo señor Svoboda
reconoce. Pero esta asociación ha abierto una brecha muy importante en
el impenetrable mundo de la burocracia que los gijoneses haremos bien en aprovechar
si de verdad entendemos que este problema afecta a lo más sagrado del
ser humano, su dignidad y sus derechos. De la zona rural o de la ciudad, somos
todos gijoneses. No nos dejemos dividir, ya que el que divide, vence. Que no
solamente afecta, hoy por hoy, a los de las «aldeas», sino que mañana,
si no se defiende hoy la democracia, con sus derechos y obligaciones, también
podrán llegar las palas excavadoras a La Calzada, a la calle Corrida,
a Somió o Cimadevilla.

Esos núcleos rurales son parte de nuestro patrimonio y el perderlo,
de una forma tan arbitraria, sería desastroso, ya que nuestra generación
es, como generaciones anteriores fueron, solamente los guardianes para pasárselo
a la próxima. Yo resido en Inglaterra, en una aldea, como las de ahí,
pero donde se protege hasta los matos y donde, por supuesto, los tejados no
levantan más de un pisos y las casas antiguas son una reliquia. Cuando
pasa algún turista por aquí, locos con su cámara, como
hacemos todos, y pregunta… «y estas casas ya estaban aquí cuando
Cromwell (1599-1650)?… «y antes», la gente contesta con orgullo,
mal disimulado, de su riqueza e historia.

No destruyamos lo nuestro, arbitrariamente. Y quisiera reiterar, como mucha
gente ya lo ha hecho, no mi oposición a que se construyan más
viviendas, si fuera necesario, pero que esto se lleve a cabo de una forma democrática
y respetuosa, tanto con las personas como con la naturaleza.

Finalmente, darle las gracias a la asociación de la Comunidad Valenciana
por la información prestada y desearle al señor Svoboda, que viajará
el próximo mes de febrero a Bruselas para la presentación oficial
de esta petición, mucha suerte, ya que su lucha también es la
nuestra. Y también nuestro apoyo, desde aquí, a la «marcha
verde». Que es un derecho el manifestarse, pero también una obligación
el hacerlo de forma no-violenta, ya que esto, además, sería contraproducente
para nuestros propósitos.

Un saludo desde Inglaterra

Cristina Valdés de Mitra
Londres