PEQUEÑA HISTORIA

El 19 de diciembre de 2003, mediante publicación en el Boletín Oficial del Principado, el ayuntamiento de Gijón abre el proceso de modificación del PGOU.

Pero meses antes se desata un clima de incertidumbre causado por una improcedente forma de actuar por parte del ayuntamiento, basada en el oscurantismo, prepotencia y hasta cierta torpeza: «filtran» el 30 de octubre en El Comercio, a modo de globo sonda, un plano confuso y vago, pero con la justa información para deducir el desaguisado que se avecina para la zona rural gijonesa, creando desde entonces un ambiente de crispación ciudadana que no ha cesado de crecer.

El discurso oficial de nuestros ediles se basa en la demanda de vivienda y en su carestía para saltar la actual ronda Sur. Sin ponerse de acuerdo sobre la cantidad total, ni sobre cuántas serán de protección oficial, anticipan la construcción de miles y miles de viviendas sin demostrar tampoco, con estudios sociológicos y demográficos consistentes, la necesidad de esta actuación. Llevan 25 años gobernando la ciudad. Son responsables de su urbanismo desde entonces, y tienen la desfachatez de decir que la vivienda es cara por el coste del suelo. Hay que obtener suelo barato, dicen. En ningún momento hablan de los 11.000 pisos vacíos que hay en Gijón, ni de los beneficios de los constructores.

Durante el periodo de un mes que la ley contempla para presentar alegaciones , ante el fuerte malestar ciudadano, admiten que se pueden presentar lo que ellos llaman «sugerencias generales» al plan, no alegaciones concretas de cada afectado y reiteran que aun no hay nada y que no es el momento para alegaciones, que se debe de esperar a la aprobación inicial. Según la ley, estas sugerencias deberían de ser tenidas en cuenta y respondidas para así formar las directrices del definitivo borrador inicial del plan. El ayuntamiento insiste en que no es el momento de presentar alegaciones , si no, en todo caso, sugerencias. La única fuente de información de la que se dispone es un plano del municipio a escala 1:20.000, sin caminos, sin fincas, sin referencias y similar al publicado en la prensa local, sólo con viales y las «manchas» donde se edificará, salpicando a casi toda la zona rural gijonesa. Se registran casi 400 sugerencias, pero no se contesta a ninguna. Este plazo expira el 19 de enero.

El malestar crece y el movimiento ciudadano se hace notar. Gijón demuestra claramente el rechazo al plan el día 7 de febrero con la «marcha verde». Más de 7000 gijoneses (urbanos y rurales) salen a la calle para decir un claro NO a la especulación, al robo y al engaño. En un pleno extraordinario, el día 9 de febrero el ayuntamiento aprueba el borrador inicial del plan, y da comienzo el periodo de dos meses de alegaciones, en el que estamos. A pesar del rechazo ciudadano, no hay cambios.

Paralelamente al proceso de elaboración del nuevo plan y a los hechos acaecidos comentados anteriormente, el ayuntamiento, aprueba una modificación puntual del plan anterior para actuar en la parroquia de Roces mediante el sistema de expropiación, firmando con SOGEPSA un convenio para construir unas 2000 viviendas. SOGEPSA es una sociedad mixta, creada en los ochenta para la gestión del suelo en Asturias. La forman el Principado, ayuntamientos importantes (el de Gijón) y … una selección de constructoras privadas. Es la herramienta que el ayuntamiento de Gijón ha empleado para construir su modelo de ciudad: expolia terreno y lo reparte a ciertos constructores, pagando tarde mal y nunca. Comparando el dinero que se paga por los terrenos (1900 pts/m2 en Montevil) con los precios de los pisos que sobre ellos se construyen (20-30 millones) se deduce lo que representa el valor del suelo y las jugosas plusvalías que puede generar una operación de este calibre.

El sistema de expropiación y sus variantes previstas (cooperación) significa, al final, que numerosos vecinos de la zona rural de Gijón deberán abandonar sus viviendas y otros muchos perderán sus propiedades. Si todo continúa como viene siendo hasta ahora, pasarán años hasta que sean indemnizados o puedan percibir alguna compensación y las cantidades que recibirán no les permitirá acceder a otra vivienda de las mismas características. El concejal responsable de urbanismo, que lleva 17 años en este puesto, manifiesta reiteradamente que los terrenos que serán expropiados tienen valor cero, que no valen nada puesto que no son edificables (porque así los calificó él mismo en el anterior plan), ya que serán recalificados después de la expropiación. Los concejales socios de la coalición que gobierna el ayuntamiento apoyan estas tesis, acusando a los afectados de «querer hacer caja» y ser privilegiados insolidarios que se oponen al desarrollo industrial y a la construcción de viviendas sociales. Explican la actuación diciendo que solo perjudica a un 1%, mientras beneficia al 99% , ya que la construcción seguirá manteniendo 20.000 puestos de trabajo y con las 20.000 viviendas previstas (no se sabe cuántas de ellas tendrán algún tipo de protección) se contendrá el precio.

No sólo nadie se opone a la construcción de viviendas sociales, si no que todos quieren que se construyan, ya que en los últimos 25 años, todos de gobierno municipal «socialista», se viene padeciendo una gran necesidad de viviendas con precios o rentas asequibles a la mayoría de los ciudadanos.
También viene padeciendo este municipio la desaparición de industrias: unas cierran, otras se van. La población no aumenta y muchas personas deben emigrar para ganarse la vida. Así que todos desean la creación de puestos de trabajo. Eso no se discute, solo se usa demagógicamente por parte del ayuntamiento.

También dice el ayuntamiento que la dotación de suelo industrial es condición necesaria para la creación de puestos de trabajo en la industria. Se olvida de que no es suficiente: el Instituto para el Desarrollo del Principado reconoce que no se ha desarrollado ni el 50% del suelo industrial actualmente disponible.

El municipio de Gijón posee una zona rural única por su belleza. El propio ayuntamiento presume de ello en el famoso Plan de Excelencia Turística porque sabe que pocas ciudades de su tamaño tienen un entorno parecido. Pero quienes la mantienen tan hermosa con sus cuidados son muchos propietarios de pequeños terrenos. Es gente, por lo general, humilde. No son ricos ni terratenientes, pero muchos poseen orgullosos el legado de sus antepasados a costa de sacrificio. ¿Son los responsables del problema de la vivienda o lo son las políticas de las administraciones que favorecen siempre a los especuladores?

Lo que se pide claramente es que se consiga vivienda barata con auténtica política social, incidiendo sobre los factores que más incurren en el precio de la vivienda. El suelo no es uno de ellos y sí las plusvalías especulativas generadas. Si se hace así no será necesario destrozar irreversiblemente la zona rural de Gijón. El coste social que supone la creación de vivienda barata en Gijón ha de ser soportado por todos los gijoneses. Es inadmisible que, en nombre de la justicia social se confisquen bienes a quienes menos tienen. El ayuntamiento es el mayor propietario de terreno del municipio. Debería emplearlo y no subastarlo. En el pleno del 9 de febrero acaba de reducir, a la mitad de lo previsto y anunciado, las viviendas que tendrán algún tipo de protección. Se reducen a cero las viviendas protegidas en Viesques.

Está meridianamente claro que los afectados quieren trabajo y vivienda asequible en el municipio. Lo que no quieren es quedarse con los trastos en la calle, difamados, engañados y traicionados por sus representantes. Muchos de los afectados son personas enraizadas de 3 ó 4 generaciones, que llevan años queriendo hacer en sus tierras una casa para sus hijos o nietos y no han podido. Algunos han tenido que ver como los jóvenes se hipotecaban para los próximos 30 años para pagar por un piso el doble de lo que les costaría una casina junto a la familia. Algunos son personas jubiladas del campo, con pensiones de menos de 500 euros: no tienen posibilidades de comprar o alquilar una vivienda , ni siquiera les llega para una residencia de ancianos. Otros, jóvenes que se han hipotecado para invertir en una explotación agrícola o ganadera, y ahora se quedarán no sólo sin nada, si no que tendrán que continuar pagando la hipoteca a pesar de perder su casa.

Las plusvalías generadas por esta pretendida operación urbanística son enormes. Sería ingenuo buscar la solución en la oposición política. En realidad, todos los partidos están de acuerdo. Les beneficiará, de una manera o de otra. Lo único que puede parar esta barbarie es la propia movilización ciudadana reivindicando más transparencia y honestidad a nuestros dirigentes. En el fondo, es la eterna lucha contra demonios tan antiguos como el hombre: la codicia y el ultraje.