PSOE-IU mantienen el juicio contra Morala y Carnero. MIGUEL ÁNGEL LLANA

LA NUEVA ESPAÑA (9/11/06)

MIGUEL ÁNGEL LLANA
El 10 de octubre de 2006, el juez instructor finaliza y envía las diligencias al decanato y éste, días después, al Juzgado número 1 de lo penal, donde se encuentran esperando que se señale fecha para iniciar el juicio.
Un día después, el 11 de octubre, el director letrado de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Gijón envía un escrito al mismo Juzgado de instrucción, en nombre y representación del Ayuntamiento, diciendo que, gracias a las noticias aparecidas sobre el procedimiento abierto contra Morala y Carnero, el Ayuntamiento se entera (se entera por la prensa) de que el funcionario M. A. A. F. actuó en representación legal del Ayuntamiento como parte y reclamante. Este escrito se envía para intentar anular la comparecencia del funcionario, alegando que toda su declaración fue realizada de forma involuntaria e inadvertida, que no estaba autorizado para representar al Ayuntamiento y que su función sólo consistía en llevar y recoger papeles que ni si quiera leía. Es decir, que más que un oficial municipal venía a ser un cartero municipal analfabeto, más o menos.

La primera consideración es que cualquiera puede ir al Juzgado y decir que va en nombre y representación del Ayuntamiento y en el Juzgado se lo creen sin más, como si a cualquiera que vaya a un banco diciendo lo mismo le dan un montón de millones, también sin más, a costa del Ayuntamiento.
El director letrado del Ayuntamiento termina el escrito suplicando al citado Juzgado de instrucción que deje sin efecto y eficacia procesal la comparecencia de este funcionario. Pero en ningún momento se retira la denuncia presentada por otro funcionario, también en nombre del Ayuntamiento, el 11 de marzo de 2005, de modo que la denuncia continúa con todo su peso y con todas las consecuencias: seis años y medio de cárcel para Morala y Carnero, contrariamente a lo insinuado a los medios.

Previamente, este funcionario, M. A., A. F., compareció ante su jefe A. M. J. G., director de recursos humanos del Ayuntamiento, para someterse a un simulacro de declaración e interrogatorio de nueve preguntas, a las que responde eludiendo todo o no recordando nada y terminando, como ya sabemos, diciendo que su labor es traer y llevar papeles, pero para su desgracia olvida que el 13 de enero de 2006 compareció ante el secretario judicial del Juzgado número 1 para prestar declaración bajo juramento o promesa de decir la verdad bajo pena que castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, que es de lo que va la acusación. En esta comparecencia, y contrariamente a lo que ahora pueda decir, declara que lo hace en nombre y representación del Ayuntamiento, ratifica la factura de daños, se muestra parte y reclama; todo bajo juramento.

El proceso penal contra un sindicato independiente, Corriente Sindical de Izquierda, CSI, que no ha «pactado» ni se «aviene» con las recalificaciones de los astilleros de la bahía de Gijón es el proceso que ahora sufren Morala y Carnero como secretario y ex secretario de este sindicato, que entra en una nueva zona de desconocidos túneles municipales que, sin duda, conectan con el Gobierno autonómico y con el delegado señor Trevín. La Alcaldesa y sus concejales del PSOE-IU no saben nada, se desentienden y, más aun, tiran la piedra y esconden la mano. Los funcionarios hacen piña con los políticos y se desdicen y contradicen entrando en un juego más peligroso para ellos que para los acusados, pues todo indica que están rozando el perjurio en el Juzgado, que no es broma. No se puede declarar bajo juramento en el Juzgado y después desdecirse mediante carta del «jefe», que exactamente es lo que han hecho, aparte de la vejatoria confesión de las nueve preguntas.

El caso es que el gobierno municipal del PSOE-IU, con la Alcaldesa al frente, rebota el tema a sus funcionarios y cuando unos y otros, todos ellos, se contradicen tan abiertamente ante documentos escritos, incluidos los realizados bajo juramento en el Juzgado, la pregunta inmediata es: ¿qué credibilidad pueden darnos, a partir de aquí, unos y otros en este proceso o en cualquier otro? Ninguna, salvo clamoroso arrepentimiento.

Los expedientes del Juzgado van ya por las 350 páginas, pero visto lo anterior, da la impresión de que aún no han empezado, al menos desde el Ayuntamiento, que cada vez se mete en más líos y enredos, incluso con el propio Juzgado.

Convendría, también, poner en su justo lugar los hechos. Se habla de explosivos cuando, como en tantos otros cientos de movilizaciones de los astilleros (porque han sido cientos), se han utilizado petardos como los que se usan en las ferias para alborotar y hacer ruido, incluso a altas horas de la noche, que no es el caso.

La denuncia inicial presentada por el Ayuntamiento el 11 de marzo de 2005, que abre el proceso, habla de «la cámara de vigilancia de tráfico ubicada en el centro de la plaza»; en el informe municipal adjunto hecho el día de la movilización, el mismo día 10, se dice «que unos veinte o más reventaron el armario de pie de cámara que se encuentra en el centro de la citada plaza», y en las fotos adjuntas se ve que el armario roto está a un metro del suelo, anclado a una columna que, como todas, tiene su cámara en la cima, a unos 15 metros de altura, pero la cámara no aparece en ninguna de las fotos. Nadie ha tocado la cámara ni ha sufrido daños. Paradójicamente, en los documentos posteriores el armario se convierte en cámara, y no en una, sino en nada menos que dos; y lo que hasta ahora se ha denominado cámara de tráfico, que quizá lo sea, se utilizaba para vigilar las movilizaciones de los trabajadores incluso en el interior del propio astillero, por lo que éstos ya habían pedido a la Policía Municipal en varias ocasiones que orientaran la cámara hacia otro lugar -es decir, que no los espiaran- y los propios policías les respondían que ya lo habían comunicado, pero sin resultado alguno. A lo largo de estas movilizaciones el cuadro de alimentación de la cámara ya había sido reventado -en terminología municipal- en varias ocasiones, sin que se produjera denuncia alguna hasta ahora.
En cuanto al vehículo quemado -que se presenta como un acto de vandalismo-, se trataba de un coche abandonado hacía dos años, sin seguro y sin viñetas. Un vehículo destrozado, sin asientos, sin volante, con las puertas desvencijadas y que si aún se encontraba allí era precisamente por la desidia municipal. Este vehículo -chatarra- fue valorado en 3.190 euros, y de esto también se les pasa factura.
La Corporación municipal del PSOE-IU no ha retirado la denuncia, de modo que el proceso penal continúa. La Corporación tendrá sus razones para no retirarla y sus concejales sabrán por qué, pero para salir de dudas deberían aclarar ese porqué a la opinión pública.

La actitud del PSOE, a través de la Alcaldesa y del concejal Sanjurjo, está clara, ha manifestado su posición: que vayan a los tribunales.

La actitud de IU también está clara, es tragicómica, les apena el proceso y dicen sentirse perseguidos, pero, aunque lo nieguen, participan en la acusación de hecho y derecho, aunque a la cárcel sólo irán Morala y Carnero, ellos no.

La manifestación convocada para el día 22 de este mes por la Plataforma contra la Represión y por las Libertades, formada por más de treinta organizaciones, terminará en la plaza del Ayuntamiento a pesar de la oposición de IU, que no desea que su Ayuntamiento se vea mezclado en la acusación; a nadie le apetece manifestarse contra sí mismo.
Las recalificaciones urbanísticas dominan toda la bahía, destruyen empleo y crean riqueza millonaria para muy pocos, pero los trabajadores del astillero no supieron entenderlo y se opusieron -siguen oponiéndose- a semejante especulación, que sencillamente los ponía en la calle al destruir sus puestos de trabajo, que es lo que defienden, sólo eso, nada menos. Así nació la leyenda urbana: la juventud emigra -huye- y la mayoría de ellos -adolescentes- aún no sabe por qué.

Miguel Ángel Llana es ingeniero y diplomado en Empresariales.