Marginación a los vecinos rurales, no a sus prados. MIGUEL ÁNGEL LLANA

LA NUEVA ESPAÑA (5/7/05)

Las veinticinco asociaciones de vecinos rurales, agrupadas en la Federación Les Caseríes, cumplen su veinticinco aniversario que celebran con una maratoniana reunión de ocho horas -con almuerzo incluido- llenando casi el auditorio del centro municipal Gijón Sur con un aforo de 350 butacas.

Bajo la presidencia de Celestino Álvarez y la secretaria de la Federación, Soledad Lafuente, dos abogados y un arquitecto, desgranaron la problemática del proyecto de decreto del Reglamento de Ordenación del Territorio incidiendo principalmente en el anunciado catálogo de los núcleos rurales que, junto con el PGOU, está poniendo patas arriba el 90 por ciento del municipio de Gijón, el diez por ciento restante -el núcleo urbano- ya hace años que lo está, aunque como se asegura en los principios de Peter: «Todo lo que está mal es susceptible de empeorar», sin hablar de las tendencias faraónicas tan de moda.

Toda la parafernalia legal y, sobre todo, su secretismo no son más que parte de la cortina de humo con la que se prepara el asalto y el atraco al medio rural mediante el binomio indisoluble de expropiación y recalificación o viceversa, según convenga y en provecho de los diseñadores y de los promotores de esta lucrativa movida sin decibelios.

Lo más destacado, con mucho, aparte del magnífico día de sol y calor, ha sido el modélico comportamiento de los asistentes, incluyendo las numerosas intervenciones y el ejemplar desarrollo de la jornada. Mucho había, y hay, en juego, pero ni una mala palabra ni un mal gesto ni entre los asistentes ni para los ausentes. Y han sido los ausentes los grandes protagonistas que han brillado por su ausencia, con la excepción de un concejal del PP. Ni un partido político ni un solo representante municipal ni autonómico, quienes menosprecian al vecino rural tanto como codician sus prados.

La Consejería de Urbanismo, con la colaboración del Ayuntamiento correspondiente, está elaborando el catálogo de núcleos rurales que cuando se presente será sometido a información pública durante un mes. Sólo un mes para presentar las alegaciones partiendo del absoluto desconocimiento. ¿Cómo se puede elaborar algo tan complejo como la catalogación de los núcleos rurales sin la más mínima consulta a los interesados y a los afectados y, además, en el mayor de los secretos y mutismo? Esto ni es juego limpio ni es democrático. Simplemente, hay gato encerrado y lo que se prepara es algo más que una cacicada.

Si, además, se efectúan las expropiaciones mediante una empresa pública como Sogepsa, para posteriormente privatizarlas, puede comenzar a entenderse el barullo que se está montando. Conviene recordar que el valor de las recalificaciones cada año, y en los últimos años, anda por la cuarta parte del PIB y por bastante más de un tercio de la masa salarial bruta, nada menos.


Miguel Ángel Llana, ingeniero y diplomado en Ciencias Empresariales.