LAS 32.000 FIRMAS Y LA RESPUESTA DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO

Como sabéis, en su momento se acudió a la figura del Defensor del Ciudadano de Gijón, para protestar por el trato que el Ayto. dio a las 32.000 firmas no reconociéndolas. La sorpresa fue que ya no existe. El Ayuntamiento decidió sustituirla por una comisión de quejas, compuesta , entre otros, por Sanjurjo, Churruca y Tino Venturo. Vamos, Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Pues bien, la respuesta de esta comisión fue …»siguiendo instrucciones de la alcaldía…(sic)», desestimar la queja.

A continuación, el comunicado del Colectivo para la Defensa de la Zona Rural tras esta nueva muestra de «democracia participativa» de nuestros gobernantes: 

La política de oscurantismo y arbitrariedad continúan avanzando como una marea negra en las relaciones del Ayuntamiento de Gijón con sus ciudadanos.

            Como es sabido, la Plataforma por la Defensa de la Zona Rural, tras la bochornosa inadmisión de la Iniciativa Popular que pretendía obligar al Pleno Municipal a debatir una serie de propuestas relativas al desarrollo urbanístico y la política de vivienda, interpuso, acogiéndose a un derecho legalmente reconocido, una reclamación ante la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, entidad municipal que sustituyó a la figura del Defensor del Ciudadano, figura suprimida, con nocturnidad y alevosía, por nuestro “democrático” ayuntamiento. Pues bien , la Responsable de la Oficina de Reclamaciones y Sugerencias rechaza ahora tramitar, “…siguiendo instrucciones de la alcaldía …(sic)”, la reclamación presentada por la Plataforma.

            Si en su día ya advertimos que la supresión de la figura del Defensor del Ciudadano por esta corporación anticipaba un retroceso general en materia de transparencia administrativa y garantías ciudadanas, la resolución que comentamos, que no sólo desestima nuestra petición, sino que pura y simplemente la tira al cesto de los papeles, no viene sino a confirmar nuestros peores augurios. Con independencia de que no albergásemos ninguna esperanza de que la Comisión de Reclamaciones, a la que pertenecen personajes tan claramente hostiles a la zona rural como Venturo, Morales o Montes Estrada, acogiese favorablemente nuestra reclamación, sí esperábamos que al menos, y aunque sólo fuese para guardar las más elementales formas democráticas y de transparencia, se dignasen darle el trámite correspondiente, teniendo al final del mismo la dignidad de rechazarla democráticamente; es decir, esperábamos que la derrota de nuestra reclamación se produjese aplicando el mecanismo democrático fundamental, esto es, votando. No ha habido tal, sino que  “… siguiendo instrucciones de la Alcaldía…”, o sea, de la Alcaldesa, la han tirado directamente al Fomento.

            Una vez más, pues,  nuestra candidez de ciudadanos de a pie se ha estrellado con el duro suelo de la arbitrariedad y el desprecio, negándonos, no sólo la razón, sino el elemental derecho de protesta, e incluso la dignidad de ser escuchados. A la vista de este nuevo atropello, la afirmación de que los intereses crematísticos que rodean la política urbanística están poniendo en peligro la integridad de las instituciones cobra cada día más verosimilitud, por lo que hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que tomen conciencia de que lo que se está jugando en esta partida no es un prau de más o de menos, sino la honradez, la transparencia, la imparcialidad en la aplicación de la ley y el respeto de los derechos ciudadanos como principios que orientan la actividad de los órganos políticos y administrativos.