EL COMERCIO (10/3/04)
CHEMA FERNÁNDEZ/GIJÓN
Hacienda designa a los dos inspectores que investigarán el caso de La Camocha
El Ministerio de Economía y Hacienda ha designado a dos inspectores de la Agencia Estatal Tributaria, Manuel José Avila Escribano y Severino Pérez García, para que apoyen al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, Emilio Vega González, que ha decidido reactivar el caso de Mina La Camocha. El juez ha abierto nuevas vías de investigación, tal y como fijó la Audiencia Provincial en la sentencia en la que se revocó la decisión de archivar el procedimiento.
El juzgado solicitó el pasado mes de diciembre al Ministerio de Economía la asignación de dos inspectores de Hacienda para realizar una auditoría interna de la empresa minera, entre 1998 y 2000, para controlar las ayudas recibidas de la Administración del Estado. Dichas ayudas serían las que habrían servido, supuestamente, para la compra del carbón de importación. El trabajo de los dos inspectores de Hacienda consistirá en dictaminar si existió un supuesto cobro ilegal de subvenciones y el procedimiento que seguido para ello.
De las actuaciones obrantes en el sumario abierto a once directivos y mandos de Mina La Camocha, y a dos empresas vinculadas a la compañía minera, se desprende que pudo haber existido un fraude al cobrar ilegalmente subvenciones de la Administración del Estado por un importe de 87,75 millones de euros (14.600 millones de pesetas). El fraude habría consistido en vender a la central térmica de Hidroeléctrica del Cantábrico en Aboño como carbón propio el que en realidad era mineral importado o bien procedía de otras explotaciones mineras a cielo abierto.
La investigación
La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil detectó que, entre 1998 y 2000, Mina La Camocha vendió a Hidrocantábrico al menos 90.000 toneladas de carbón. El mineral habría sido adquirido a la empresa Hullas de Coto Cortés o importado a través de los puertos de El Musel y Avilés por medio de intermediarios
Durante los más de tres años en que se han estado practicando diligencias en el sumario abierto a Mina La Camocha, la representación de la empresa ha solicitado en diversas ocasiones el sobreseimiento de la causa. La sociedad entiende que podía importar carbón. ya que sólo recibía subvenciones para el cierre de la explotación y no para la extracción de mineral.
En el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4, de Gijón, en marzo de 2004 en el que se archivaba el sumario, quedaba en entredicho la actuación de la Administración central, por no realizar un control directo sobre la empresa ni las toneladas que producía la mina. El juez decidirá si toma declaración a los once directivos de la mina, una vez conocido el informe pericial.
El juzgado solicitó el pasado mes de diciembre al Ministerio de Economía la asignación de dos inspectores de Hacienda para realizar una auditoría interna de la empresa minera, entre 1998 y 2000, para controlar las ayudas recibidas de la Administración del Estado. Dichas ayudas serían las que habrían servido, supuestamente, para la compra del carbón de importación. El trabajo de los dos inspectores de Hacienda consistirá en dictaminar si existió un supuesto cobro ilegal de subvenciones y el procedimiento que seguido para ello.
De las actuaciones obrantes en el sumario abierto a once directivos y mandos de Mina La Camocha, y a dos empresas vinculadas a la compañía minera, se desprende que pudo haber existido un fraude al cobrar ilegalmente subvenciones de la Administración del Estado por un importe de 87,75 millones de euros (14.600 millones de pesetas). El fraude habría consistido en vender a la central térmica de Hidroeléctrica del Cantábrico en Aboño como carbón propio el que en realidad era mineral importado o bien procedía de otras explotaciones mineras a cielo abierto.
La investigación
La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil detectó que, entre 1998 y 2000, Mina La Camocha vendió a Hidrocantábrico al menos 90.000 toneladas de carbón. El mineral habría sido adquirido a la empresa Hullas de Coto Cortés o importado a través de los puertos de El Musel y Avilés por medio de intermediarios
Durante los más de tres años en que se han estado practicando diligencias en el sumario abierto a Mina La Camocha, la representación de la empresa ha solicitado en diversas ocasiones el sobreseimiento de la causa. La sociedad entiende que podía importar carbón. ya que sólo recibía subvenciones para el cierre de la explotación y no para la extracción de mineral.
En el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4, de Gijón, en marzo de 2004 en el que se archivaba el sumario, quedaba en entredicho la actuación de la Administración central, por no realizar un control directo sobre la empresa ni las toneladas que producía la mina. El juez decidirá si toma declaración a los once directivos de la mina, una vez conocido el informe pericial.
21 abril 2005 | 
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