Revisión del PGOU en la prensa. Vega denuncia el engaño

La prensa difunde contenido del documento de prioridades y recoge la opinión de nuestro colectivo sobre cómo vuelven

y cómo vuelven los engaños :

«De las tres propuestas para el plan urbano, la cero me parece más que de sobra»

LA NUEVA ESPAÑA-9-12-2009
«Es una barbaridad que permitan pisos y adosados en la zona rural y no dejen a un vecino de toda la vida hacer una casa»
CARMEN SUÁREZ CORTINA
Presidenta del Colectivo en Defensa del Medio Rural

Miriam SUÁREZ
Carmen Suárez se muestra «muy preocupada» ante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Cree que el Ayuntamiento vuelve a tropezar en la misma piedra que hizo de la anterior tramitación del planeamiento urbanístico un motivo de enfrentamiento entre el equipo de gobierno y la zona rural. Se pronuncia en su doble condición de presidenta de la Asociación de Vecinos de Vega y del Colectivo en Defensa del Medio Rural, que consiguió una de las 23 sentencias anulatorias que pesan sobre el plan urbano gijonés.

-¿Qué impresión saca de lo que ha trascendido del documento en el que se basará la revisión?

-Que vuelven otra vez con engaños. El planeamiento que proponen es muy similar al anterior y, por tanto, vulnera los principios elementales de sostenibilidad. Dicen apostar por un modelo de ciudad compacta y sostenible. Pero ni es compacto ni sostenible situar grandes urbanizaciones de pisos en zonas dispersas y alejadas, haciendo un consumo desmesurado de suelo, obligando a usar el coche y teniendo que resolver los problemas de comunicación con túneles como el que se está estudiando entre Montevil y el área de Roces. Además, como ya señalamos en 2004, la sostenibilidad no es una voluntad política, sino un mandato constitucional y legal vinculante.

-Los datos que aporta el Ayuntamiento, sin embargo, apuntan hacia un crecimiento comedido.

-Es que manejan los datos a su conveniencia. Según Pedro Sanjurjo, se está hablando de crecimientos del 1,5 y del 2,7 por ciento. Yo creo que superan el 20 por ciento. Morales (su antecesor en la concejalía de Urbanismo) dijo en 1999 que con el plan Rañada había sitio para 28.000 viviendas. Pasaron diez años, a razón de 2.000 licencias por año, son 20.000. Quedarían, por tanto, 8.000 viviendas. Más el área de Roces, el plan de Castiello y la actuación de las vías.

-¿Por cuál de las tres alternativas planteadas se decanta?

-La alternativa 0 (que incluye todo lo anterior) me parece más que de sobra. Pero si no son capaces de librarse del stock de vivienda…

-Pero también habrá que pensar en el futuro.

-El plan, obviamente, ha de estar vinculado al proyecto de futuro de la ciudad. Pero es que aquí se está apostando por seguir hinchando la burbuja inmobiliaria, por un modelo caduco que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. También por el crecimiento de El Musel, un polo energético que, según reconoce CC OO, no generará empleo. Se piensan que del suelo industrial nacerán las empresas y el empleo como por ensalmo.

-¿Y cómo se satisface la necesidad de vivienda protegida si no se genera suelo urbanizable?

-El 17 de enero de 2004, Morales decía que había unas 12.000 familias con necesidad de vivienda protegida. El 26 de enero sale con que hay 5.000. Y el 27 de octubre, contestando a la Federación «Les Caseríes», que 2.200. Ahora, se habla de una bolsa de 9.657 demandantes. Si hay tanta demanda, cómo es que no encuentran compradores para el área de Roces.

-¿Esperaban que el desarrollo residencial de Vega volvería a ser cuestión de debate cuando la idea fue retirada del anterior plan?

-Esperábamos más cordura. Aunque la alternativa que incluye el desarrollo residencial de Vega no prospere, me parece terrible sólo que se lo hayan planteando. Estamos disgustados y preocupados.

-¿Qué opina de la decisión municipal de contener los núcleos rurales?

-Me parece una barbaridad. No dejan que un vecino de la zona rural de toda la vida haga una casa y permiten construir urbanizaciones de pisos y chalés adosados en las parroquias. Tanto que rechazan el modelo Somió, y resulta que lo favorecieron ellos mismos.

-¿Habrá otra «marcha verde»?

-Habrá que presentar unas sugerencias bien preparadas, y luego reaccionaremos según nos obligue el Ayuntamiento. Para empezar, Sariego ha salido insultándonos, diciendo que sólo nos movíamos por el lucro personal. Debe tener en cuenta, primero, que es muy legítimo luchar por lo de uno. Segundo, muchas de las sentencias del PGOU se basaban fundamentalmente en cuestiones generales. Tercero, que en las «marchas verdes» participaron miles de personas que no tenían propiedades en la zona rural. Y, por último, ¿qué es el interés general al que tanto apelan? ¿El de los constructores? ¿El de los que opinan como ellos?

«¿Qué es el interés general al que tanto apelan? ¿El de los que opinan como ellos? ¿El de los constructores?»

Carmen Suárez

-Gijonesa de pura cepa. Ha residido prácticamente toda su vida en Vega, la parroquia de su madre.

-Tiene la licenciatura en Química por la Universidad de Oviedo. Actualmente es responsable de una empresa de transformación de metales y plásticos, en el polígono de Roces.

-Como presidenta de la Asociación de Vecinos «San Emiliano» de Vega y del Colectivo en Defensa del Medio Rural, se muestra «muy preocupada» ante la revisión del planeamiento urbanístico gijonés que se iniciará el viernes.

-Defiende la zona rural por una cuestión «sentimental, medioambiental y de valores».

Un análisis que irá de la fauna a la salud, pasando por el clima

EL COMERCIO-9-12-2009
Es una de las principales novedades de la tramitación de este nuevo Plan General de Ordenación: la evaluación ambiental, en concreto, la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). Las sentencias del TSJA que anularon la modificación del PGOU de 2005 aseguraban que ya entonces se debería haber seguido este trámite, algo que el equipo de gobierno siempre rechazó. Sea como fuere, ahora sí que es un trámite obligado, ya que la legislación así lo dice. Por lo tanto el documento de prioridades recoge la indicación de seguir lo establecido en la ley 9/2006 sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. Y así lo hará el Ayuntamiento, aunque de forma externa, ya que se decidió contratar una empresa que realizara esta parte del plan. La intención, no obstante, es que trámites medioambientales y urbanísticos avancen de forma paralela.
La propia ley marca los contenidos mínimos que deberá tener el ISA, y que incluyen los objetivos principales del plan, los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su evolución, las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas, un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas, un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas… Respecto a los posibles efectos significativos en el medio ambiente, deberán tenerse en cuenta numerosos aspectos: biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural (incluido el patrimonio histórico), paisaje e interrelación entre estos factores.
Informes sectoriales
Habrá que tener también en cuenta el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado (ROTU), que obliga a especificar cuestiones como los espacios de singular valor, los sistemas de saneamiento y depuración existentes, la valoración ambiental de la actividad industrial, los focos de contaminación acústica y lumínica…
Durante la tramitación, podrán opinar los ayuntamientos cuyo término municipal limite con el concejo de Gijón. Y se solicitarán informes sectoriales a un sinfín de administraciones, desde las consejerías de Medio Ambiente, Industria y Cultura hasta la Demarcación de Carreteras, el Consejo Nacional del Agua, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, AENA, la Dirección General de Costas…
Concluidos estos trámites se remitirá a la Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias (CAMA), que emitirá la memoria ambiental del plan general.

El impacto ambiental del PGOU «no será significativo»

EL COMERCIO-9-12-2009
El documento de prioridades admite, no obstante, que habrá «pérdida de calidad paisajística»
«No es significativo». Esa es la expresión más utilizada en el documento de prioridades para la revisión del PGOU al analizar el efecto que las diferentes alternativas que se han planteado tendrían sobre el medio ambiente del concejo. Un avance: la flora y vegetación afectados no tienen «un valor intrínseco singular». La reducción de suelo fértil «no es significativa». Y la «pérdida de calidad paisajística no es especialmente significativa». El documento lanza estas primeras conclusiones a la espera del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), trámite de obligado cumplimiento en esta ocasión, que se realizará de forma paralela a la tramitación urbanística, y que deberá ser mucho más exhaustivo con estas y otras cuestiones.
Estas primeras conclusiones se podrían resumir de esta forma. Los efectos sobre el medio natural de la alternativa 0 (10.700 viviendas) «se pueden considerar mínimos». A excepción, claro, de las intervenciones en Bernueces y Hoya-Casares (Porceyo). Respecto a la opción 1 (17.200 viviendas), lo dicho, afecciones «no significativas». Y de la última, la alternativa 2 (24.200 viviendas), tan sólo se apunta que «los efectos sobre el medio natural de esta alternativa serían de la misma tipología que los de la 1, pero de mayor magnitud, dado el mayor grado de ocupación del medio natural y de mayor consumo de recursos». Los casos concretos de Vega (donde se prevén en esa alternativa 3.000 viviendas), el aumento de edificabilidad de Porceyo y la ampliación del área de Roces, no se especifican. Eso quedará para el ISA.
El documento de prioridades analiza algunas de las zonas afectadas. Así, en el caso de las dos actuaciones que se harán de cualquier forma, porque están incluidas en las tres alternativas, especifica que en la urbanización de Bernueces, «se debe hacer mención especial a los viales que afectan a las márgenes del río Piles, suelos de especial protección por constituir un corredor ambiental». Y respecto al polígono industrial de Hoya-Casares, indica que «se ubica sobre substrato kárstico, lo que implicará la adopción de las correspondientes medidas de corrección ambiental».
Mucho más amplio es el examen al llegar a la alternativa 1, la que más se aproxima a las necesidades de vivienda que Gijón ha tenido en los últimos años. En ese caso, se especifican las características de cada una de las zonas donde están previstos nuevos desarrollos urbanísticos. Y, después, se hace un pequeño resumen de los efectos sobre el medio natural. Y es ahí donde se concluye que el impacto sobre la flora será mínimo. Porque la vegetación de las zonas afectadas, esto es, pastizales, setos vivos, zonas de cultivos hortícolas y forestales, zonas arbustivas de matorral de regeneración y pomaradas constituyen «vegetación sin un valor intrínseco singular».
Reducción de suelo fértil
Algo parecido sucede con el impacto sobre el suelo. Porque si bien se admite una «reducción del suelo fértil, además de un sellado permanente del suelo, con pérdida irreversible de su potencialidad biológica» y «una disminución de la biodiversidad», finalmente se concluye que «este impacto no se considera significativo debido a la limitada superficie a ocupar y a que nos encontramos en una zona con un elevado grado de antropización (influencia del hombre) de limitado valor ambiental».
En el análisis del impacto sobre el paisaje, más de lo mismo. Porque la ocupación de las nuevas áreas residenciales «implicará una pérdida de calidad paisajística, dada la merma en la naturalidad de los terrenos afectados». No obstante, la conclusión es que el impacto «no se prevé especialmente significativo, ya que se ocuparán esencialmente áreas de pradería, que carecen de valores estéticos destacables y resultan muy frecuentes en la campiña». Según consta en el documento de prioridades, Gijón «es de carácter netamente urbano, por lo que no se generarán contrastes de especial significación».
Respecto a las nuevas zonas industriales (Hoya-Casares, ampliación del polígono de Roces…), la ubicación elegida para éstas «es positiva desde el punto de vista paisajístico, pues se proponen alejados de la zona urbana y colindantes a otros suelos industriales».
El documento analiza aún dos últimas cuestiones. Por un lado, el agua, ya que la construcción de miles de nuevas viviendas obliga a «analizar las nuevas necesidades de abastecimiento que de él se deriven». El Informe de Sostenibilidad deberá especificar cuál será su procedencia y certificar que, efectivamente, se dispone de la cantidad de agua necesaria. También habrá que tener en cuenta si los nuevos urbanizables «pueden provocar alteraciones en las características del agua y en la interacción de las aguas terrestres con las subterráneas».
También puede haber alteraciones en el aire. En concreto, en la contaminación acústica. «Deberá evaluarse la afección acústica que pudieran recibir los suelos urbanizables más próximos a la autovía del Cantábrico, debiendo tomar las medidas protectoras necesarias».
Es, como queda dicho, un avance. Porque el Informe de Sostenibilidad Ambiental deberá profundizar en cuestiones como la emisión de partículas contaminantes, la calidad de las aguas superficies, el riesgo de contaminación de acuíferos, la contaminación de los suelos, la eliminación de vegetación natural…