El decano del Colegio de Arquitectos, sobre el PGOU

Los arquitectos no son sospechosos de caer en intereses particulares, ` lo suyo´no se ve afectado por la actividad de la construcción!. Será por eso que hablan de los intereses de otros y se olvidan de quiénes son los responsables de que no se haya acometido un tratamiento urbanístico adecuado para los núcleos rurales, de quiénes han favorecido su desnaturalización, de quiénes han dado lugar a la `congelación´durante más de veinte años de asentamientos rurales y  han obligado a los jóvenes a abandonarlos, de quiénes han favorecido la proliferación de urbanizaciones de chalets donde no se podía hacer ni la caseta de un perro cuando esa tierra era de sus antiguos propietarios, de quiénes prohiben los usos agrarios en buena parte de la zona rural…

«Las tres alternativas son mejorables»

EL COMERCIO-10-12-2009
«Limitar el crecimiento de los núcleos rurales es una necesidad que se arrastra desde hace 15 años», afirma el decano de los arquitectos
«Las tres alternativas propuestas para la revisión del PGOU son mejorables. Confío en que los periodos de información pública sean productivos y no prospere ninguna de ellas en los términos actuales». Quien así opina es Ángel Noriega, decano del Colegio de Arquitectos de Asturias. Anuncia que su colectivo profesional va a implicarse de lleno para que el resultado final del nuevo PGOU recoja ese margen de mejora. De inmediato, dice, se reunirá un grupo de expertos para analizar el documento de prioridades y, a continuación, se ampliará el debate al conjunto de la profesión para la aportación de sugerencias.
Sobre la alternativa ‘1’, la más cercana al plan anulado por los tribunales y la que recoge en mayor medida las pretensiones de los constructores, el técnico advierte de que «tampoco va a poder salvarse al 100% sin introducir matices, porque está en juego algo más que los intereses económicos de un grupo». Noriega tiene muchas esperanzadas depositadas, en ese sentido, en los trámites de participación ciudadana que traerá consigo la revisión del planeamiento. «Creo que la sociedad gijonesa ha madurado en estos años tras la controvertida tramitación del anterior plan y sabrá ver el alcance de lo que supone la redacción de un PGOU», opina. El decano de los arquitectos confía en que ese mayor grado de madurez tenga su debido reflejo en un debate a fondo sobre el modelo de crecimiento para Gijón y los criterios de ordenación territorial «sin entrar tanto en el cuerpo a cuerpo del detalle y sin caer en la cuestión particular del tipo ‘¿qué hay de lo mío’?».
En cuanto a las pretensiones del Ayuntamiento de poner límite al crecimiento de los núcleos rurales del municipio, Ángel Noriega cree que estas medidas de contención llegan con retraso. «No es una necesidad de este momento, sino que es una problemática que se arrastra desde hace 15 años», opina. El técnico considera que los propietarios que se construyen una vivienda unifamiliar en un prado dentro de estos núcleos perpetúan «un agravio comparativo por intereses mercantilistas». «Esas fincas están acogiendo tipologías edificatorias que no tienen que ver con su carácter agropecuario tradicional y equivalen en su desarrollo a suelo urbano o urbanizable de baja densidad, pero sin las cargas urbanizadoras que esa clasificación conlleva», critica.
Y pese a que en la anterior tramitación el Ayuntamiento flexibilizó notablemente su postura para intentar contentar a los vecinos de la zona rural, Noriega juzga que aquel debate «se cerró en falso». «Los núcleos rurales no tiene sentido que crezcan más. Hay que limitar su expansión con independencia del grado de controversia que se genere en la población», defiende.
Priorizar el interés general
Otro arquitecto, Jovino Martínez Sierra, precisó que lo importante de esta revisión del PGOU «no es crecer, sino cómo se crece». Además, defendió que en ese proceso «urbanismo y arquitectura deben de ir a la par, para dar un respuesta conjunta de calidad».
El redactor del plan parcial de Cabueñes también confía en las aportaciones que puede traer consigo la criba de la participación ciudadana. «Un PGOU es una cuestión de técnicos, pero también de ciudadanía», defendió. En ese sentido, puso de relieve que en el resultado final de la tramitación «debe prevalecer el interés general sobre los intereses particulares».