EL COMERCIO (16/12/04)
CHEMA FERNÁNDEZ/GIJÓN
El juez reactiva el caso de Mina La Camocha al ordenar una auditoría de la explotación
Solicita al Ministerio de Economía que asigne dos inspectores de Hacienda para investigar las cuentas La actuación permitirá conocer las compras de carbón importado y si el pago fue mediante subvenciones
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, Emilio Vega González, ha decidido reactivar el caso de Mina La Camocha y ha abierto nuevas vías de investigación, tal y como fijó la Audiencia Provincial en la sentencia en la que se revocó la decisión de archivar el procedimiento.
El juez ha decidido que el Ministerio de Economía asigne dos inspectores de Hacienda para que procedan a realizar una auditoría interna de la empresa, desde 1998 hasta 2000. Fundamentalmente, se estudiarán las ayudas recibidas de la Administración del Estado y que, supuestamente, sirvieron para la compra de carbón de importación.
La investigación también intentará conocer si existió un supuesto cobro ilegal de subvenciones y si se produjo algún tipo de falsificación de documentos.
De las actuaciones obrantes en el sumario abierto a once directivos y mandos de Mina La Camocha y a dos empresas vinculadas a la compañía minera, se desprende que pudo haber existido un fraude al cobrar ilegalmente subvenciones de la Administración del Estado por importe de 87,75 millones de euros (14.600 millones de pesetas), por vender a la central térmica de Hidroeléctrica del Cantábrico en Aboño carbón importado y de otras explotaciones mineras a cielo abierto como producción propia.
La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil detectó que, entre los años 1998 y 2000, Mina La Camocha vendió a Hidrocantábrico al menos 90.000 toneladas de carbón que adquirió a la empresa Hullas de Coto Cortés o que importó a través de los puertos de El Musel y Avilés por medio de una empresa intermedia.
La investigación
Durante los más de tres años en que se han estado practicando diligencias en el sumario abierto a Mina La Camocha, la representación de la empresa ha solicitado en diversas ocasiones el sobreseimiento de la causa.
Considera que, en los informes del Ministerio de Economía obrantes en el sumario, la Administración reconoce abiertamente que las ayudas durante los ejercicios de 1998 a 2001 han venido reguladas por el plan específico de la empresa. En ese programa, la compañía menciona expresamente que no había vinculación entre ayudas y producción, al menos en esos ejercicios. La sociedad sólo recibía subvenciones para el cierre de la explotación y no para la extracción de mineral, por lo que no veía inconveniente en importar carbón.
Las labores de los dos inspectores de Hacienda solicitados por el juez tendrán que determinar la situación real de la empresa en el periodo que fue investigada.
De las diligencias practicadas por el juez en los tres últimos años, el Ministerio de Economía remitió un total de cuatro informes. Sin embargo, los documentos no ayudaron a esclarecer si había o no delito, dada la ambigüedad que ofrecían a la hora de enjuiciar la actuación de los directivos.
Lo que sí dejó claro el Ministerio de Industria es que Mina La Camocha «no puede realizar suministros a las centrales térmicas que no provengan de concesiones distintas a las que se le autorizó cuando se estableció el régimen de ayudas al funcionamiento y a la reducción de la actividad», según se refleja en el sumario abierto.
En el auto dictado el pasado mes de marzo por el Juzgado de Instrucción número 4, de Gijón, por el que se archivaba el sumario, se dejaba en entredicho la actuación de la Administración del Estado, al no existir un control directo sobre la empresa en cuanto a las toneladas que produjo la explotación y el suministro realizado a la central térmica de Aboño.
En fuentes jurídicas consultadas por este periódico, se estima que la labor de los inspectores de Hacienda supondrá un trabajo de más de dos meses. Tampoco se descarta que, tras el informe, el juez ordene practicar nuevas diligencias dentro de las nuevas líneas de investigación abiertas.
De momento, el juez instructor no tiene previsto tomar declaración a los once directivos de Mina La Camocha implicados en el sumario. Su presencia judicial dependerá del informe que emitan los inspectores del Ministerio Hacienda.
El juez ha decidido que el Ministerio de Economía asigne dos inspectores de Hacienda para que procedan a realizar una auditoría interna de la empresa, desde 1998 hasta 2000. Fundamentalmente, se estudiarán las ayudas recibidas de la Administración del Estado y que, supuestamente, sirvieron para la compra de carbón de importación.
La investigación también intentará conocer si existió un supuesto cobro ilegal de subvenciones y si se produjo algún tipo de falsificación de documentos.
De las actuaciones obrantes en el sumario abierto a once directivos y mandos de Mina La Camocha y a dos empresas vinculadas a la compañía minera, se desprende que pudo haber existido un fraude al cobrar ilegalmente subvenciones de la Administración del Estado por importe de 87,75 millones de euros (14.600 millones de pesetas), por vender a la central térmica de Hidroeléctrica del Cantábrico en Aboño carbón importado y de otras explotaciones mineras a cielo abierto como producción propia.
La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil detectó que, entre los años 1998 y 2000, Mina La Camocha vendió a Hidrocantábrico al menos 90.000 toneladas de carbón que adquirió a la empresa Hullas de Coto Cortés o que importó a través de los puertos de El Musel y Avilés por medio de una empresa intermedia.
La investigación
Durante los más de tres años en que se han estado practicando diligencias en el sumario abierto a Mina La Camocha, la representación de la empresa ha solicitado en diversas ocasiones el sobreseimiento de la causa.
Considera que, en los informes del Ministerio de Economía obrantes en el sumario, la Administración reconoce abiertamente que las ayudas durante los ejercicios de 1998 a 2001 han venido reguladas por el plan específico de la empresa. En ese programa, la compañía menciona expresamente que no había vinculación entre ayudas y producción, al menos en esos ejercicios. La sociedad sólo recibía subvenciones para el cierre de la explotación y no para la extracción de mineral, por lo que no veía inconveniente en importar carbón.
Las labores de los dos inspectores de Hacienda solicitados por el juez tendrán que determinar la situación real de la empresa en el periodo que fue investigada.
De las diligencias practicadas por el juez en los tres últimos años, el Ministerio de Economía remitió un total de cuatro informes. Sin embargo, los documentos no ayudaron a esclarecer si había o no delito, dada la ambigüedad que ofrecían a la hora de enjuiciar la actuación de los directivos.
Lo que sí dejó claro el Ministerio de Industria es que Mina La Camocha «no puede realizar suministros a las centrales térmicas que no provengan de concesiones distintas a las que se le autorizó cuando se estableció el régimen de ayudas al funcionamiento y a la reducción de la actividad», según se refleja en el sumario abierto.
En el auto dictado el pasado mes de marzo por el Juzgado de Instrucción número 4, de Gijón, por el que se archivaba el sumario, se dejaba en entredicho la actuación de la Administración del Estado, al no existir un control directo sobre la empresa en cuanto a las toneladas que produjo la explotación y el suministro realizado a la central térmica de Aboño.
En fuentes jurídicas consultadas por este periódico, se estima que la labor de los inspectores de Hacienda supondrá un trabajo de más de dos meses. Tampoco se descarta que, tras el informe, el juez ordene practicar nuevas diligencias dentro de las nuevas líneas de investigación abiertas.
De momento, el juez instructor no tiene previsto tomar declaración a los once directivos de Mina La Camocha implicados en el sumario. Su presencia judicial dependerá del informe que emitan los inspectores del Ministerio Hacienda.
21 abril 2005 | 
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