Farsa

Paralelismos atroces

La crisis nos hace retroceder años y el urbanismo gijonés salta una década hacia atrás
No estamos para lirismos ni para metáforas, pero se nos ocurre un paralelismo atroz: si la crisis, según los analistas, nos está haciendo retroceder varios años en cuanto a la riqueza y bienestar global de la nación, el urbanismo gijonés nos ha devuelto a la situación teórica de hace una década.

No es necesario insistir en que el mal momento ha frenado la locomotora española, que era asombro para el mundo occidental, según contaron desde Aznar a Zapatero, al tiempo que sacaban brillo al gigante con pies de barro. O con pies sólo de ladrillo, de potencia inmobiliaria cuya economía se resquebraja en cuanto dejan de venderse pisos a manta. El dato del retorno al pasado económico viene dado, por ejemplo, con los precios actuales de la vivienda, que han descendido a niveles de hace cuatro o cinco años, según los más pesimistas.

Pues bien, con lo que nos encontramos en el caso de la planificación urbana del concejo es con que el Ayuntamiento acaba de decidir que el reloj urbanístico de Gijón retroceda diez años, ya que se ha propuesto la revisión del PGOU que fue aprobado en 1999. Volvemos a los cauces del «plan Rañada», tal vez porque el PGOU de 2005, anulado por los tribunales, vino a ser el espejismo de una ciudad que se expandía alegremente.

Ya, ya sabemos que la idea de que la crisis global se condensa en este rincón cantábrico no es del todo exacta. Los jueces no anularon el PGOU porque vieran en él el pecado de la codicia global, aludido por Almunia en su día.

Sin embargo, nos quedamos con la musiquilla de fondo. Ahora bien, miraremos al futuro, a la revisión del PGOU de 1999 que emprende la municipalidad. Sólo añadiremos un pensamiento. Aquello que decía Marx acerca de la repetición de los hechos en la historia: suceden la primera vez «como tragedia y la otra como farsa». Es decir, si el PGOU de 2005 ha acabado en tragedia, ¿será la revisión de ahora una farsa? Paralelismos atroces.

JAVIER MORÁN-LA NUEVA ESPAÑA-7-12-2009

Así se hace un Plan

LA NUEVA ESPAÑA-7-12-2009
El procedimiento administrativo tendrá que pasar por dos convocatorias de participación ciudadana, una evaluación de impacto ambiental y el filtro de dieciséis organismos públicos
Miriam SUÁREZ
Ciertas deficiencias en el proceso de participación ciudadana influyeron para que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declarase nulo el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Su revisión deberá llevarse a cabo, según establece la legislación vigente en esta materia, con «la máxima sencillez, inteligibilidad y proporcionalidad». A partir del próximo 2 de enero, cuando el Boletín Oficial del Principado publique la primera convocatoria de información pública prevista en el procedimiento, los ciudadanos opinarán al respecto.

Será el inicio de una tramitación que, tras pasar el filtro de 16 organismos y entidades públicas, decidirá el diseño de Gijón para los próximos diez años. Un dibujo en el que la ampliación del puerto de El Musel -con todos los proyectos que eso conlleva,- y el plan de penetración del ferrocarril en la ciudad marcan las líneas maestras. Sobre esos trazos gruesos se plantean tres posibles alternativas, con distinto grado de desarrollo urbanístico. Desde el 2 de enero y durante un período de 40 días, estos tres modelos de ciudad quedarán sometidos a la opinión de particulares y colectivos.

Este plazo de información pública tendrá «efectos administrativos preparatorios» para la elaboración del nuevo planeamiento urbanístico. El Ayuntamiento ni siquiera está obligado a responder las sugerencias que se reciban. Las asociaciones vecinales de la zona rural afrontan el proceso con escepticismo, convencidos de que «no nos harán ni caso».

El nuevo Plan General será la suma de este período de sugerencias, de la evaluación de impacto ambiental que se abordará de forma paralela y de un estudio económico sobre la viabilidad financiera de las alternativas. El documento resultante, según las previsiones del equipo de gobierno, recibirá la aprobación inicial del Pleno municipal antes del mes de agosto. A partir de entonces, se abrirá un plazo de dos meses para la presentación de alegaciones. En este caso, sí deberán ser respondidas por los servicios técnicos consistoriales.

La tramitación urbanística, que se repite desde cero para cumplir con lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 23 sentencias anulatorias, debe acomodarse a una nueva legislación, mucho más exigente que la de 2005. Además de escuchar la voz de los ciudadanos, el Ayuntamiento tendrá que recabar informes de cinco consejerías del Gobierno regional, cuatro ministerios y siete organismos públicos de distinta naturaleza. Serán decisorios los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, así como la Consejería de Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Pero también se pedirá el visto bueno del Consejo Nacional del Agua, la Agencia Asturiana para la Discapacidad, las consejerías de Cultura, Industria o Sanidad, el Consorcio de Transportes, AENA (Aeropuertos Españoles) e incluso al Ministerio de Defensa. El equipo de gobierno que forman PSOE e IU confían en normalizar la situación urbanística de la ciudad para mayo de 2011; en año y medio.

Expertos en urbanismo detectan «ambigüedad jurídica» en el documento de prioridades del PGOU

LA NUEVA ESPAÑA-7-12-2009
La nueva tramitación toma como punto de partida el Plan del 99, aunque el gobierno local dice mantener en vigor el de 2005
Lo dicho en el texto, según algunos abogados y técnicos, es incompatible con seguir gestionando Cabueñes o Granda
Miriam SUÁREZ
El Ayuntamiento insiste en que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sigue en vigor, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo haya anulado hasta en 23 ocasiones. La revisión propiciada por estos fallos desfavorables toma, sin embargo, como «planeamiento básico de partida el PGOU de 1999». Así lo recoge el documento de prioridades sobre el que se sustenta esta nueva tramitación, en lo que algunos urbanistas locales consideran «una gran ambigüedad jurídica».

De algunos apartados del documento, se desprende que «es preciso pronunciarse sobre la necesidad de revisión del PGOU de 1999» o que «próximo ya el año 2010 es evidente que el Plan de 1999 debe ser revisado». Un planeamiento diseñado por Ramón Fernández-Rañada al que ha sido necesario incorporar las modificaciones relativas al suelo genérico, en aplicación de la Ley del Suelo de 2002, y las áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas, que promueve el Principado y no se han visto afectadas por la anulación judicial.

Se trata del Área Residencial de Roces, del polígono de Lloreda y de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) prevista en San Andrés de los Tacones. Del Plan General de 2005, recientemente invalidado y pendiente del recurso de casación que el Ayuntamiento ha presentado ante el Tribunal Supremo, sólo se incluyen «los suelos con planeamiento de desarrollo con aprobación definitiva». Esto es, la actuación residencial de Castiello de Bernueces.

«Parece como si el Ayuntamiento se estuviera desmintiendo a sí mismo», entienden expertos en urbanismo que ya conocen las líneas generales de un documento que el concejal de Urbanismo presentaba públicamente el pasado viernes, y que se someterá a una primera información pública a partir del 2 de enero. Si lo que se revisa es el PGOU de 1999, «no pueden estar en vigor las actuaciones derivadas del planeamiento que se aprobó en 2005; ni Cabueñes, ni el Infanzón, ni Granda… Ninguna».

Dicho planeamiento fue el resultado de adaptar el llamado Plan Rañada a la nueva Ley del Suelo. Un trabajo que se adjudicó al equipo del arquitecto madrileño Luis Felipe Alonso Teixidor y que ahora pone en entredicho el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sus sentencias anulatorias consideran que este PGOU es contrario a derecho, fundamentalmente, por cuestiones medioambientales y de participación ciudadana. El equipo de gobierno interpreta que estos fallos judiciales cuestionan la forma, pero no el fondo del actual planeamiento urbanístico. Sostiene, asimismo, que las sentencias no serán definitivas hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

«No quieren reconocer lo evidente, pero el PGOU de 2005 está tumbado. Y, en el fondo, el documento de prioridades lo están poniendo de relieve», consideran técnicos independientes de la ciudad. El abogado que consiguió la primera anulación, a mediados del mes de julio, ya advertía entonces de que «lo más prudente es suspender la tramitación de los planes parciales». Lo cierto es que en los últimos meses no han experimentado ningún avance, pero desde el Ayuntamiento se insiste en que «el urbanismo no se parará en Gijón».

Aún así, algunas entidades bancarias se suman al análisis de «ambigüedad jurídica» y se muestran reticentes a la hora de avalar los desarrollos edificatorias de determinadas zonas del concejo, cuya expansión está directamente vinculada al Plan redactado por Teixidor. La situación tampoco pasa desapercibida para los vecinos de la zona rural -uno de los colectivos más beligerantes con la política urbanística municipal- ni para quienes los asesoran técnica y legalmente; lo tendrán en cuenta en sus alegaciones.

Documentación de base

l La revisión se cimienta sobre un documento de prioridades (antes denominado Avance del Plan), elaborado por la concejalía de Urbanismo, con el asesoramiento de otros servicios técnicos municipales y de la empresa Dolmen.

l Este texto, de 140 páginas, hace una radiografía del municipio, de su pasado (se remonta a 1942), de sus necesidades presentes y de sus perspectivas de futuro.

l Se toma como planeamiento básico de partida el Plan Rañada del 99, al que se incorporan las áreas sujetas a actuaciones concertadas y los desarrollos que ya cuentan con aprobación definitiva.

Propuestas de diseño

l Alternativa 0. Su mapa está formado por las directrices del Plan Rañada, el Área de Roces, el polígono de Lloreda, la zona logística y el plan parcial de Castiello.

l Alternativa 1. A todo lo anterior se suman los desarrollos del Infanzón, Granda, Cabueñes y Porceyo (derivados del PGOU de 2005); el plan de vivienda concertada de Jove; y suelo industrial para rematar el polígono de Roces.

l Alternativa 2. Incluye las otras dos opciones, más una bolsa de suelo urbanizable al sur del Área de Roces, más superficie edificable en Porceyo y 3.000 viviendas en Vega-La Camocha.

Primeras opiniones

l Constructores. Se decantan por la alternativa 1, que es la que más se aproxima al Plan anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

l Arquitectos. A la espera de analizar más a fondo el documento de prioridades, consideran que todas las opciones planteadas «son matizables».

l Zona rural. Ni les convencía el Plan de 2005 ni les convence el planteamiento de la revisión. De tener que elegir, los vecinos prefieren la alternativa 0. Consideran que no están justificadas las previsiones municipales que apuntan hacia un PGOU con capacidad para generar 17.200 (alternativa 1) o 24.200 (alternativa 2).

Los romanos de Buendía

LA NUEVA ESPAÑA-7-12-2009
J. C. GEA Pues claro que los romanos expropiaban. Lo hacían mediante la aplicación rutinaria de la formidable máquina de su derecho en el día a día de la urbanización de los territorios que ya eran Roma. Y, antes de eso, en los que aún no lo eran, recurriendo a la forma más radical de expropiación, que era la anexión por la fuerza mediante la ley de hierro sus legiones. En realidad, aunque el consejero Buendía piense lo contrario, una invasión es un trámite algo más complicado y costoso que meterse en pleitos con los propietarios reticentes o arbitrar indemnizaciones cicateras. No dudo de que, cuando el otro día proclamó públicamente su envidia de unos romanos que no tenían que expropiar para prolongar una calzada imperial o levantar una plaza fuerte sobre el solar conquistado, el consejero lo hacía con ironía, incluso con humor. Pero no descubro nada nuevo si digo que la ironía o el humor son uno de los principales aliviaderos para nuestros fantasmas interiores. Seguro que todos los concejales, consejeros, altos cargos y ministros del ramo se sueñan a sí mismos como los romanos de Buendía.

Un diseño urbano que deberá tener en cuenta desde el tráfico aéreo a la red energética

LA NUEVA ESPAÑA-7-12-2009
El gobierno municipal necesitará apoyo externo para poder sacar adelante el nuevo PGOU de la ciudad. Estas son algunas de las instituciones que van a tener algo que decir en su tramitación:

l Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se pronunciará sobre la línea límite de edificación en suelo urbano y rural; la capacidad de las carreteras en las que se apoyan los nuevos crecimientos; los nuevos puntos de acceso a la red viaria regional; el alcance medioambiental del planeamiento; o los equipamientos públicos gravados por la servidumbre acústica.

l Consejería de Industria y Empleo. Informará sobre los equipamientos comerciales previstos en la expansión urbanística de la ciudad.

l Consejería de Cultura y Turismo. Sobre la inclusión o exclusión de determinados bienes culturales con carácter previo a la aprobación inicial del PGOU. También sobre la inclusión o exclusión en el catálogo urbanístico de elementos que resulten del nuevo planeamiento.

l Ministerio de Defensa, con Fomento y AENA. Se les pedirá un informe conjunto sobre los efectos del tráfico aéreo que sobrevuela el municipio de Gijón. El Ministerio de Fomento también valorará el planeamiento desde el punto de vista de las infraestructuras ferroviarias y portuarias.

l Consejo Nacional del Agua y Confederación Hidrográfica del Norte. Intervendrá en el trámite ambiental. También aludirá al aprovechamiento de las aguas o los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico.

l también se recabarán informes relativos al suministro energético y las telecomunicaciones.

l Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA). Está adscrita a la Consejería de Infraestructuras. Su aprobación marca el punto final de las tramitaciones urbanísticas.

El Ayuntamiento crea formularios especiales para facilitar el proceso de información

LA NUEVA ESPAÑA-7-12-2009
M. S.
Tanto se ha puesto en duda la participación ciudadana aplicada por el Ayuntamiento de Gijón que la concejalía de Urbanismo ha puesto especial empeño en demostrar su voluntad de transparencia. Aunque la fase de sugerencias no comienza hasta el 2 de enero, el documento de prioridades se colgará en la página web municipal nada más terminar el Pleno del próximo viernes. «No sólo estamos interesados en garantizar los derechos previstos en la normativa urbanística, sino también en profundizar en ellos para que sean efectivos», se compromete el equipo de gobierno en el documento que sienta las bases de esta revisión.

El concejal de Urbanismo se reunirá además con el Consejo Económico y Social de la ciudad para que los distintos agentes conozcan los términos de la revisión antes de que se convoque el período de sugerencias. Una vez abierto el plazo, quienes quieran participar en esta primera fase de información pública podrán hacerlo a través de la oficina virtual del Ayuntamiento y el registro de la Antigua Pescadería. Los técnicos municipales han elaborado un formulario «adecuado» para facilitar el proceso.

«Tendremos sensibilidad con la opinión de los vecinos»

El Ayuntamiento aboga por un «debate tranquilo y sereno» sobre el PGOU
«Los planes pueden gustar o no, pero no hay motivos para los recelos»
«No hay ninguna idea preconcebida. Hay tres opciones y elegiremos a tenor del debate»
EL COMERCIO-7-12-2009
Durante la anterior tramitación ya le tocó ‘lidiar’ con algunos de los momentos más tensos entre Ayuntamiento y zona rural. Faustino García, Tino Venturo, entonces concejal de la Zona Rural y ahora de Mantenimiento Urbano y Rural, se encontró ayer con buena parte de los presidentes vecinales de la federación Les Caseríes. Como ya pasó tantas otras veces, coincidió con ellos en un homenaje, en Granda. Pero ayer era el día en que muchos de los que allí estaban habían expresado su rechazo a los primeros datos conocidos del documento de prioridades para la revisión del Plan de Ordenación.
«Esto necesita un debate tranquilo y sereno», terció. Porque, aunque el proceso no ha hecho más que empezar, las espadas parecen estar ya en alto, a juzgar por las declaraciones de los presidentes vecinales, que ayer advertían en las páginas de EL COMERCIO de que volverán a la lucha. Y es precisamente esa actitud la que el concejal censura. «No entiendo muy bien que se plantee ya la batalla. Primero habrá que discutir, debatir, presentar las alegaciones y, a partir de ahí, hacer lo que haya que hacer. Pero si se plantea ya desde el principio como una batalla, el diálogo y el debate quedan un poco cercenados».
Intentaba poner calma el concejal, sin entrar a valorar las críticas concretas que han realizado los vecinos de las parroquias sobre las tres alternativas presentadas para el desarrollo de la ciudad y sobre la posibilidad de limitar el crecimiento de los núcleos rurales. Porque el equipo de gobierno prefiere, por el momento, no entrar en esa rueda de crítica-respuesta y vuelta a empezar, sino llevar el debate a otros foros, como el marco del Consejo Social -que se reunirá la próxima semana- y en el que las entidades y asociaciones de Gijón podrán expresar su opinión.
«Explicaciones suficientes»
Mientras tanto, lo dicho, Tino Venturo medió. Y lo hizo aceptando que «los recelos siempre están ahí» y que forma parte de la libertad de los vecinos el protestar o incluso movilizarse. No obstante, rechaza que haya motivos para hacerlo. «En ninguna parte de España hubo una tramitación, como la del anterior PGOU, con tanta información. Los planes pueden gustar más o menos, pero recelos no debería haber, porque hay explicaciones suficientes».
El concejal que mejor conoce las parroquias del concejo defendió las tres alternativas presentadas (que prevén suelo para la construcción de 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas, respectivamente) dejando claro que «no hay ninguna posición preconcebida, sino que hay tres opciones y, a tenor de las alegaciones y el debate que se produzca, elegiremos una. Estaremos atentos y tendremos sensibilidad con la opinión y las alternativas que nos ofrezcan los vecinos».
No obstante, Venturo defendió que «una ciudad tiene que crecer hacia alguna parte, y los lugares más sensibles para ese crecimiento son los que vamos marcando. Crecemos hacia Roces, hacia Jove y las otras posibilidades son Porceyo y Vega». Justificó el crecimiento echando la vista atrás y recordando que hace 42 años, cuando él mismo llegó a la ciudad, «el barrio de La Arena eran chalés. Y Roces -ahora Montevil- eran praos». Además, echó también mano de las mismas cifras ya explicadas por su compañero del equipo de gobierno, el edil de Urbanismo Pedro Sanjurjo, para insistir en que la extensión de los núcleos rurales supone la mitad de todo el suelo urbanizado en el concejo (incluido el industrial).
Y añadió: «El suelo es un bien escaso y hay que racionalizarlo. Y el hecho de que los servicios como el saneamiento y abastecimiento sean mucho más costosos en la zona rural que en la urbana hay que tenerlo en cuenta, para que el crecimiento no sea desmedido».
Cinco años ‘borrados’
Seguramente a Tino Venturo le parecía ayer que estaba viviendo un ‘déjà vu’, mientras templaba ánimos. Pero lo cierto es que todo Gijón, y su urbanismo, están en esa misma extraña situación. Como si la ciudad hubiera entrado en una especie de túnel del tiempo y, de repente, estuviéramos en 2004, empezando a debatir un nuevo Plan de Ordenación. O como si estos cinco años no hubieran existido y fuera ésta la primera vez desde 1999 que nos ponemos a ello.
Es, sin duda, una situación anómala y no hay más que leer el documento de prioridades presentado el viernes, en su capítulo de ‘Justificación de la revisión del PGO’, para darse cuenta. Comienza así: «Transcurridos más de ocho años de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón de 1999…». Han transcurrido tantos como diez y, en medio, hubo un proceso muy similar al que ahora arranca. Eso sí, aquella fue una modificación del plan, y no una revisión, algo que no es sólo una cuestión lingüística sino que es el verdadero motivo por el que, cinco años después, estemos en el punto de partida, TSJA mediante. Pero, en la práctica (o al menos sobre el papel) es como si nada hubiera sucedido. Reconoce el documento de prioridades que «se han ido incorporando al plan modificaciones y adaptaciones». Nada menos que una modificación que tardó dos años en tramitarse, que provocó tres ‘marchas verdes’ y que dibujó el crecimiento de Gijón para los próximos diez años.
Pero es que, cosas de este túnel del tiempo en el que hemos entrado, eso mismo es lo que ahora vamos a hacer de nuevo. «Próximo ya el año 2010 es evidente que el plan de 1999 debe ser revisado. Muchas son las motivaciones o justificaciones de esta revisión», que van desde la necesidad de adaptarse a la normativa (que no es siquiera la misma que en 2005) o adoptar un nuevo modelo territorial.
Lo dicho, con la sentencia anulatoria del TSJA de por medio, el documento de 2005 ha pasado a ser una mera modificación. Nuestro particular ‘día de la marmota’, si no fuera porque hay cosas que no se pueden borrar, como la avanzada urbanización de Roces o la aprobación definitiva de Castiello.