Gas y pisos por un tubo

El concejal de urbanismo ha presentado públicamente el Documento de Prioridades, no confundir con que  el público tenga acceso al documento. Del documento sabemos lo que cuentan los periódicos, que hoy confirman lo que comentábamos ayer,   la regasificadora y muchos pisos alimentan la fe municipal en el futuro de Gijón. Nada nuevo.

Pisos por un tubo

LA NUEVA ESPAÑA-6-12-2009
El diseño del PGOU mira hacia un futuro con 288.304 habitantes y un nuevo modelo sociaL
Miriam SUÁREZ
El tráfico de mercancías disminuyó un 6,5 por ciento en el puerto de El Musel. La creación de empresas cayó, en 2008, un 17,2 por ciento. El número de licencias de construcción pasó de 2.802 a 1.986. Y el desempleo aumentó en torno al 26 por ciento. Ante un escenario así, recogido en el propio documento de prioridades que fundamenta la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ¿cómo se justifica un crecimiento urbano de 17.200 ó 24.200 pisos?

Son las cifras que se desprenden de dos de las tres diseños propuestas para el nuevo PGOU gijonés; dos diseños que, ya sobre el papel, se presentan como las más probables. De la llamada alternativa 0, que implicaría un desarrollo de 10.700 viviendas, ya se dice por adelantado que «en cuatro o cinco años llegaría a su colmatación». Y, en este proceso de revisión, el Ayuntamiento pretende dejar apuntalada su política urbanística para la próxima década.

«Las grandes inversiones previstas para esta período permiten augurar un mayor crecimiento económico y demográfico», tienen fe los técnicos consistoriales que han intervenido en el diseño de este documento de prioridades, base de lo que será el Plan Urbano de la ciudad desde 2010 a 2020. La ampliación portuaria, a la que está asociada la creación de una Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) en la parroquia de San Andrés de los Tacones, y el plan de penetración del ferrocarril en la ciudad, que liberará del paso de las vías más de 200.000 metros cuadrados de suelo urbanizable, alimentan la fe municipal.

Y se aportan datos: «El aumento medio de población desde 1999 ha sido de 1.045 habitantes por año, gracias en buena medida al flujo de emigración extranjera». Esto lleva a pensar que «en 2020 la población de la ciudad pasará de 279.702 habitantes a 288.304». Se estima que sólo la ZALIA movilizará a unos 10.000 trabajadores. El documento de prioridades pone el acento, además, en el hecho de que «hay un nuevo modelo sociológico en las ciudades modernas». Lo que se traduce en que «el ratio de personas por vivienda ha bajado».

En palabras del concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo: «Sí habrá demanda para tanta vivienda, porque ahora, y debemos tenerlo en cuenta, muchos pisos están ocupadas por una sola persona». O, según el ejemplo que ponen algunos constructores, que también confían en que la demanda absorberá el mercado inmobiliario previsto, «con los pisos está pasando como con los coches; en una familia, todos quieren tener el suyo propio».

El Colegio de Arquitectos ve `matizables´ las tres alternativas propuestas para el PGOU

LA NUEVA ESPAÑA-6-12-2009
Los técnicos sugieren que «ninguna de las opciones debería prosperar tal cual», mientras los constructores se decantan por el modelo más similar al plan anulado
Miriam SUÁREZ
El grupo de urbanismo del Colegio de Arquitectos de Asturias todavía no ha estudiado a fondo el documento de prioridades que sienta las bases de la revisión del PGOU. Pero su decano, Ángel Noriega, ya adelanta que «con toda probabilidad presentaremos sugerencias» en el plazo de información pública que se abrirá el próximo 2 de enero. En su opinión, ninguna de las tres alternativas que plantea el Ayuntamiento para el Plan General de Ordenación Urbana «debería prosperar tal cual». O lo que es lo mismo: «Todas son matizables».

Por lo pronto, Noriega desaconseja «establecer un único modelo urbanístico. No hay por qué encasillar la ciudad en un modelo generalista, cuando se pueden atender las peculiaridades que tiene cada zona». El equipo de gobierno, sin embargo, ya ha puesto sobre la mesa su apuesta por «un modelo compacto», que permita avanzar en infraestructuras y prestación de servicios desde la sostenibilidad ambiental y económica. El decano de los arquitectos gijoneses advierte de que «hay zonas que permiten determinadas intervenciones, pero otras no. Una cosa es planificar el futuro y otra que aparezcan de repente 3.000 pisos en Vega (como plantea una de las alternativas). Entiendo que esa no es la forma de construir la ciudad».

El Colegio de Arquitectos confía en que la revisión del Plan Urbano se aproveche no sólo para salvar escollos jurídicos, sino también para mejorar el desarrollo del municipio. «El urbanismo gijonés requiere un análisis a fondo, teniendo en cuenta las cosas que han sucedido. Espero que del proceso de información pública realmente salgan propuestas que vayan más allá «¿de lo mío?», y que sean atendidas», señala Ángel Noriega.

El Ayuntamiento tiene que iniciar desde cero la tramitación de su PGOU debido a las 23 sentencias anulatorias que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, al entender que hubo deficiencias de carácter mediambiental y en el proceso de participación ciudadana. El procedimiento administrativo se repite partiendo del documento de prioridades que el concejal de Urbanismo presentó públicamente el viernes. Un texto de 140 páginas que también interesa muy especialmente a la Asociación de Promotores y Constructores (Asprocon).

De la lectura que ayer hacía su presidente, Manuel Pastor, se extrae que «la alternativa 0 no tiene ningún sentido, porque se agotaría en poco más de cuatro años y las previsiones urbanísticas hay que hacerlas para un horizonte de al menos diez años». Esta opción es una foto fija del planeamiento de 1999, que redactó el arquitecto Ramón Fernández-Rañada, a la que se incorporan las actuaciones concertadas con el Principado, que no están afectadas por la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Esto es, el Área de Roces, el polígono de Lloreda, la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). Incluye, además, el plan urbanístico de Castiello de Bernueces, que sí se deriva del PGOU invalidado, aunque su tramitación ya está tan avanzada que no permite vuelta atrás. En total,10.700 viviendas.

La variable 1 suma a todo lo anterior los desarrollos residenciales previstos en el actual PGOU: Infanzón, Cabueñes, Granda y Porceyo. Y también el plan de vivienda concertada previsto en Jove y más suelo industrial para el polígono de Roces. Estos suelos generarían 17.200 nuevas viviendas. Para la patronal gijonesa de la construcción ésta es la propuesta «más fácil de resolver» y que «mejor se ajusta a la realidad del municipio».

En cuanto a la opción consignada con el número 2, el máximo portavoz de Asprocon asegura que «tampoco estorbaría, porque garantiza suelo para muchos años». Se calcula que las manchas de terreno urbanizable que se pintan en esta alternativa tienen capacidad para construir 24.200 viviendas. Cifra que se alcanza al ampliar la superficie edificable de Porceyo hasta los 2,1 millones de metros cuadrados; promoviendo un plan de 3.000 pisos en Vega-La Camocha; y retocando el borde sur del Área de Roces con otras 360 viviendas más.

«Hay años como éste en los que se conceden menos licencias y otros como el anterior en el que se conceden más. Pero la vivienda no deja de ser un bien de consumo. Y, si no hay donde edificar, el suelo se encarece», incide Manuel Pastor. Los vecinos de la zona rural, sin embargo, no lo acaban de ver claro. Es más, si tuvieran que elegir una de las opciones del documento de prioridades, «la que más nos convence es la 0. ¿Qué pintan bloques de pisos en Cabueñes o Vega?».

Aunque «esto es algo serio y todavía tenemos que trabajarlo mucho», señala la presidenta de la Federación vecinal «Les Caseríes», su filosofía de partida es contraria a la de los constructores. «El Ayuntamiento cree que hay demanda para 17.000 o 24.000 viviendas, pues que lo demuestre», insta Soledad Lafuente, que, a falta de que los representantes vecinales de las parroquias se reúnan y decidan, «seguro que presentaremos sugerencias».

`Los núcleos deben continuar creciendo´

LA NUEVA ESPAÑA-6-12-2009
M. S.
El tratamiento de los núcleos rurales es otro de los aspectos del nuevo PGOU que generan debate. También ocurrió en la anterior tramitación y el Ayuntamiento flexibilizó las condiciones edificatorias para contentar a las parroquias. En esta ocasión, el equipo de gobierno está decidido a ponerle freno al crecimiento de los núcleos rurales. En «Les Caseríes» no lo ven con buenos ojos: «Los núcleos rurales deben continuar con su ritmo de crecimiento. No tiene sentido que constriñan la edificación unifamiliar, para luego rodear los núcleos de pisos».

Las parroquias gijonesas protagonizaron, durante la tramitación ahora anulada, tres marchas verdes contra el actual PGOU. De hecho, la mayoría de sentencias anulatorias que tumbaron el planeamiento urbanístico gijonés proceden de colectivos o vecinos de la zona rural. «Y no estaban motivados exclusivamente por intereses particulares», matiza Soledad Lafuente.

«La alternativa 1 es la más fácil de resolver y la que mejor se ajusta a la realidad del municipio, pero la 2 tampoco estorbaría» «Hay que hacer las previsiones para un horizonte de al menos diez años; si se agota el suelo, se encarece»

Presidente de Asprocon

«En principio, la que más nos convence es la variable 0; ¿qué pintan bloques de pisos en Cabueñes o Vega?» «El Ayuntamiento cree que hay demanda para 17.000 o 24.000 viviendas, pues que lo demuestre»

Portavoz de la zona rural

«No hay por qué encasillar la ciudad en un único modelo si se pueden atender las particularidades de cada zona» «El urbanismo gijonés requiere un análisis a fondo, teniendo en cuenta todas las cosas que han sucedido»

<Ángel Noriega >
Decano de los arquitectos

La zona rural de Gijón vuelve a enfrentarse al PGOU

EL COMERCIO-6-12-2009
Las parroquias rechazan las tres alternativas de crecimiento y la limitación de los núcleos rurales.
«Si hay miles de pisos vacíos y los jóvenes se van. ¿Hay que hacer tantas viviendas?»
«Volvemos a empezar». Así resumen muchos de ellos la situación. La sensación que transmiten es muy parecida a la ya vivida hace nada menos que seis años. Entre finales de 2003 y principios de 2004 la zona rural de Gijón empezaba a movilizarse contra lo que entonces eran los primeros borradores del Plan General de Ordenación. Ahora mismo nadie habla de movilización, pero sí de «batalla», la que, advierten, piensan volver a dar. Porque el documento de prioridades, siendo todavía eso, un adelanto de las posibilidades que existen, ya ha generado rechazo en las parroquias del concejo.
La mayoría de los dirigentes vecinales que en aquel momento sostuvieron las pancartas que abrían las ‘marchas verdes’ siguen en la primera línea del movimiento asociativo. Y, como era de esperar, su postura no ha variado en estos años. Si aquel PGOU no les gustó, tampoco lo hace este avance que es prácticamente una fotocopia de aquel otro. Al menos, en lo que respecta a la alternativa 1, la que en estos momentos parece más probable.
De la opción 0, la que retrotrae la situación al ‘plan Rañada’ de 1999, los vecinos ni hablan. La dan por descartada antes de empezar. Se basan en las propias explicaciones del documento de prioridades, que asegura que las 10.700 viviendas que tendrían lugar en esa alternativa se agotarían entre 4 y 5 años, bastante antes de los diez años que se estima debe durar un plan.
Lo dicho. Descartando la alternativa 0, la 1 es «más de lo mismo» y la 2, «desmesurada». Y a todo eso hay que añadir el anuncio realizado ayer por Pedro Sanjurjo: la posibilidad de limitar el crecimiento de los núcleos rurales, una de las batallas ganadas en la anterior tramitación mediante nuevas normas de parcelación y la posibilidad de incluir en los núcleos algunas fincas colindantes. Así es que algunos de los vecinos ya advierten: «No es que vayamos a estar igual, es que podemos estar peor».
Elena Medina es la presidenta de la asociación de vecinos de Roces, una de las entidades que más protestó por ser la afectada por el plan urbanístico más ambicioso, y que además se llevó a cabo mediante el proceso de expropiación. Quizás por eso, ahora, por más prudente que quiera ser a la espera de leer el documento de prioridades completo, no tiene buenas expectativas. «Mi sensación personal es que nos van a volver a engañar». Su preocupación, casi su obsesión, es que «no vuelva a haber expropiaciones», más aún sabiendo que la alternativa 2 plantea una nueva bolsa de suelo residencial junto a la que ahora está en desarrollo. «Por favor, si quieren el desarrollo de la ciudad, que no lo hagan a costa de los propietarios». En cuanto a la posibilidad de limitar el crecimiento de los núcleos, sólo puede calificarla de «lamentable. Si lo que quieren es chincharnos porque les echamos atrás el PGO…». Unas frases más tarde acaba la que dejó incompleta: «La batalla de la zona rural volverá».
Dudas sobre la demanda
Sin utilizar los mismos términos, pero igual de convencido de que habrá una «oposición radical», José Antonio Gutiérrez, presidente de la asociación de vecinos de Porceyo, se prepara para luchar contra una opción, la 2, que dibuja 1.800 viviendas en la parroquia. Al igual que Medina y otros dirigentes vecinales querría ser cauteloso a la espera de disponer de más información. Pero, como los demás, no lo consigue del todo. «Nosotros estamos limitados, por un lado, por los polígonos industriales. Y ahora nos quieren hacer por el otro una barrera de viviendas. Nos vamos a oponer radicalmente a algo que no sea baja densidad. Si no, la parroquia se va a quedar rodeada, como si fuese un pequeño gueto». Su enfrentamiento a estos primeros esbozos del nuevo PGO aumenta «al tener en cuenta que no está claro que haya esa demanda de viviendas».
Esta última idea se repite una y otra vez en las conversaciones con los dirigentes vecinales. La expresa también Soledad Lafuente, presidenta de la asociación de Somió y, a su vez, de la federación Les Caseríes, que aglutina las entidades vecinales de la zona rural. «Esa necesidad de crecer tanto como se prevé habría que justificarla. Si hay miles de viviendas vacías y los jóvenes se van de la ciudad… ¿Hay que hacer tantos pisos? Es desmedido. Es un afán por cargarse la zona rural cuando debería estar protegida» Lafuente expresa dudas y también miedos. «No sé dónde nos llevará partir desde cero. Si habíamos conseguido ampliar un poco los núcleos y ahora lo retiran…» Está claro que el anuncio de esa posibilidad no ha hecho más que empeorar unas opiniones que ya a priori no era demasiado positivas. Pero las dudas de la presidenta de Les Caseríes van más allá. «¿Por qué ahora pueden hacer la revisión los técnicos municipales y antes no? ¿Nadie va a dar explicaciones sobre el tiempo perdido y el dinero gastado?»
También preguntas al aire lanza Carmen Suárez, presidenta de la asociación vecinal de Vega, parroquia que en la anterior tramitación consiguió quedarse fuera y que, ahora, según la alternativa 2, acogería 3.000 nuevas viviendas. Suárez cuestiona «cómo puede ser que la misma ciudad tenga necesidades tan dispares para el mismo periodo de tiempo, que van desde las 10.000 a las 24.000 viviendas». A su juicio, lo que debería haber hecho el estudio de prioridades es fijar la «necesidad real» de viviendas y, a partir de ahí, ver de qué formas se podía conseguir . Además, está convencida de que «las palabras no se corresponden con los hechos, porque los modelos no plantean una ciudad ni sostenible ni compacta».
De disparidad habla también Antonio García, presidente de la asociación de vecinos de Deva, abogado de Les Caseríes y responsable de la mayoría de los recursos que han acabado con las sentencias del TSJA anulando el plan de ordenación. Medianamente satisfecho por la ampliación del plazo de información pública a 40 días, no oculta cierta extrañeza ante las diferencias de cifras. «No conozco aún las justificaciones de cada alternativa, pero son muy dispares. Plantean tres modelos totalmente distintos».
Tampoco ve correspondencia entre las palabras y los hechos la presidenta de Fontevilla, de Cabueñes, Amalia Blasco: «Si decían que se iba a mantener el 99% del plan anterior, ¿cómo es que ahora plantean lo de los núcleos?» Pocas esperanzas tiene de que la situación se reconduzca: «Hasta ahora lo han hecho todo mal y parece que siguen en sus trece».
«Una casa para los hijos»
Tampoco han arrancado las cosas con buen pie para los vecinos de San Andrés de los Tacones. En primer lugar porque, sea cual sea la alternativa elegida finalmente, su principal caballo de batalla, la Zona de Actividades Logísticas, se mantiene (al igual que Roces, el polígono de Lloreda y el plan de Castiello de Bernueces). Y, en segundo, porque «antes de dar esos saltos urbanísticos habría que aprovechar el terreno que hay. Entiendo que todo tiene que crecer, pero con orden y justificación». Así lo explica Eusebio Ortega, presidente vecinal, quien en la lista de preocupaciones, y tras la propia de la parroquia, sitúa a los vecinos de Vega. «¿Tantas viviendas? ¿Dónde?»
No olvida Ortega el último ‘disgusto’, el de la limitación de los núcleos rurales. «En todos los planes han crecido. No desmesuradamente, pero han crecido. ¿No crece también la zona urbana? Aquí no sólo vivimos gente mayor, también tenemos hijos y nietos y queremos construir una casa para ellos y que no tengan que ‘bajar’ a Gijón». En este sentido, tanto Lafuente como Gutiérrez apuntan la misma idea: la confusión que les produce que se limite el crecimiento de los núcleos rurales, pero que por otro lado se opte por la construcción en altura en algunas parroquias.
Más contundente en este sentido se muestra el presidente vecinal de La Pedrera, José Antonio López, quien había presentado el recurso que obtuvo la primera sentencia del TSJA, la que abrió el camino a todas las que llegaron después. «Hacen justo lo contrario de lo que hemos pedido toda la vida: que los de la zona rural no tengamos que marcharnos de aquí, teniendo tierra propia. Todos somos libres de elegir dónde queremos vivir, y nosotros queremos hacerlo aquí». Avanzándose quizás a las críticas que les pueden llover (y en particular a él), López asegura que «en la zona rural nunca tuvimos ánimo de especulación».
Con todos esos datos sobre la mesa hay quien no acierta a decir más que «volvemos a empezar». José Ángel Álvarez, de Poago, insiste en esa idea. «Estamos igual que estábamos, en el principio. Es increíble». Lo primero que Álvarez echa de menos es que «tanto que hablan de participación no se haya hablado ya con la gente afectada». Después, echa mano de declaraciones efectuadas en estos últimos días como las de Diego Cabezudo, que defendía saltar la ronda, pero sólo cuando no hubiera más espacio disponible en la ciudad. «Que se vayan preparando. Esto va a ser otra lucha».

Los constructores: `La alternativa 1 es la más sensata´

EL COMERCIO-6-12-2009
EL COMERCIO reúne en Roces a un promotor y a un urbanista para analizar el futuro del urbanismo gijonés que trae la revisión del PGOU. Manuel Pastor. Presidente de Asprocon. Juan González Moriyón. Arquitecto
«Los constructores desarrollan lo que se les diseña. Jugamos con las cartas que se reparten»
«Hay que aprovechar esta oportunidad para corregir defectos del plan anulado dentro de la alternativa 1»
Manuel Pastor preside la patronal gijonesa de la construcción desde 2003 y con ésta es la segunda tramitación de un PGOU que le toca vivir al frente de Asprocon. El arquitecto Juan González Moriyón, por su parte, participó en la redacción del primer plan general de la democracia y su firma está asociada al diseño de tres planes parciales del plan Teixidor: Bernueces, Granda e Infanzón. EL COMERCIO reunió a ambos en el área residencial de Roces, paradigma del nuevo urbanismo gijonés, para hablar del Gijón del futuro.
-¿Qué oportunidades y desafíos se abren con este nuevo PGOU?
-Manuel Pastor: Para los efectos es un nuevo plan general, pero entendemos que se va a aprobar lo mismo que había hasta ahora y fue anulado por un defecto de forma. Las expectativas del sector promotor, en ese sentido, son las mismas.
-Juan González Moriyón: No deja de ser, como todos, una segunda vuelta de lo mismo. Debe combinar una mirada hacia el pasado, para diagnosticar problemas y soluciones, y otra hacia el futuro para diseñar el desarrollo de la ciudad. El desafío es acertar en las dos cosas.
-Salto de la ronda. Sí o no y en qué condiciones.
-M. P.: Ya se saltó en Roces, al igual que se hará con los nuevos urbanizables previstos y en las condiciones que fija el plan vigente. Todos los suelos que provienen del plan Rañada están prácticamente colmatados y la opción para crecer es en un nuevo territorio constreñido por las rondas.
-J. G. M.: Si se echa un vistazo al mapa de Gijón este proceso ya se ha ido produciendo a lo largo del tiempo, aunque esa expresión se acuñó para hablar de las actuaciones al Sur del suelo urbano consolidado. Y en el escenario actual, con casi todo colmatado, está claro que si se quiere algún tipo de crecimiento o se actúa a base de reformas interiores o te sales de la ronda.
-¿Y en los límites actuales de la ciudad no se puede hacer nada?
-M. P.: Sin contar lo que está en construcción o en tramitación es insignificante lo que queda. Y luego están los PERI (Planes Especiales de Reforma Interior) que son muy complejos de desarrollar porque conllevan un parcelario muy subdividido, con una gran cantidad de propietarios. Por eso a veces tiene que intervenir Sogepsa.
-J. G. M.: En este momento suelos que conozca en transformación relacionados con cambios de actividad están los del plan de vías y los de antiguas zonas industriales reconvertidas en residenciales. Y de esta última modalidad hay pocos casos por la estabilidad del tejido industrial existente.
-¿Qué modelo territorial es el que mejor garantiza un desarrollo sostenible de la ciudad?
-M. P.: El modelo compacto, de más concentración edificatoria, aunque promotores y constructores desarrollan lo que se les diseña previamente. Jugamos con las cartas que hay.
-J. G. M.: Si dilapidamos recursos el futuro es malo, pero hay que encontrar un equilibrio entre la dispersión extrema y la hipercompacidad. Porque no se trata de volver a hacer La Arena, un barrio tan compacto que sólo tiene calles y casas, pero cero equipamientos urbanos, y ¡ gracias a Dios que tiene la playa y el parque! Sin embargo, en otros desarrollos dentro de la ciudad consolidada pienso que sí se podría forzar más la densidad edificatoria.
-¿Qué tratamiento debe dársele a la zona rural en el nuevo PGOU?
-M. P.: Zona rural y zona urbana deben convivir, pero la primera tiene mucho peso en el planeamiento. En el plan anulado la capacidad edificatoria de los núcleos rurales se multiplicó por tres. Más que suficiente.
-J. G. M.: En este asunto soy reduccionista para potenciar la ciudad compacta. Aunque no es políticamente correcto decirlo, yo limitaría lo máximo posible el crecimiento de los núcleos rurales. En una visión global de la ordenación del territorio lo veo necesario.
-¿Con qué alternativa de las presentadas se identifican más?
-M. P.: La alternativa ‘1’ es la más sensata, porque repite lo que había. Los derechos edificatorios en los nuevos urbanizables hay que respetarlos, porque de lo contrario se plantearía un tema de indefensión. El plan anulado está vigente en tanto no haya sentencia definitiva y por eso en el sector esperamos que esta nueva tramitación termine antes del fallo firme para blindar esas inversiones.
-J. G. M.: No veo otra opción que la ‘1’, pero sinceramente creo que es mejorable. Hay que aprovechar la oportunidad de esta revisión para corregir defectos y lagunas observados con el desarrollo del anterior plan.
-¿Cómo pueden evitarse en el futuro nuevas anulaciones judiciales del PGOU?
-M. P.: Lo único que podemos pedir es que no haya dudas en futuras tramitaciones en cuanto al procedimiento a seguir.
-J. G. M.: Los redactores del plan deben ir al lado de la seguridad en todo el procedimiento. Y en caso de duda, elegir la vía más conservadora.
-¿Siguen siendo válida la referencia de 2.000 licencias/año como base para las previsiones de crecimiento del parque de vivienda?
-M. P.: Esa media se mantiene desde hace 50 años. El momento actual es coyuntural y por eso la previsión sirve para los diez años mínimos de vigencia del nuevo plan.
-J. G. M.: Desconozco las estadísticas al respecto, pero una cosa que tenían los planes generales de Rañada era que incluían siempre un análisis comparativo de los pronósticos y las realidades de actuaciones pretéritas.
¿La participación ciudadana en un PGOU sirve para algo o es una forma que tiene la Administración de cumplir el expediente?
-M. P.: La imagen de la participación ciudadana está muy sesgada. Las alegaciones no son constructivas ni serias. Sólo defienden intereses particulares que anteponen al bien común como sucedió en la operación de Roces con tres o cuatro personas que hicieron ruido mediático porque, en realidad, querían sacar un precio mayor por el suelo.
-J. G. M.: Los periodos de información pública tienen mucho sentido y son beneficiosos si la gente se implica y aporta. Pero si nos limitamos a temas puntuales de ‘cómo va lo mío’ entonces sí que sólo se cumple un trámite legal. En este caso la capacidad de sorpresa sobre el planeamiento es nula, porque ya se debatió mucho con anterioridad.
-¿Cómo se ve la evolución urbanística desde el primer plan Rañada?
-M. P.: Los planes de Rañada sirvieron fundamentalmente para reparar el desarrollo caótico de la ciudad en los años 60 y 70 hasta conseguir que la ciudad cuajase en todos sus vacíos y se dotase de equipamientos y servicios de los que carecía.
-J. G. M.: La mejora de la ciudad ha sido espectacular, aunque también es verdad que partíamos de una situación malísima.

José Manuel Balbuena se creyó que el anterior PGOU ampliaba los núcleos  rurales hasta el límite máximo que permite la Ley del Suelo, y sin embargo :

`Tambores de guerra´

EL COMERCIO-5-12-2009. José Manuel Balbuena
En julio del 2005 se había producido en nuestra ciudad la tercera marcha de protesta contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Una de sus reivindicaciones -plasmada en la más de 3.000 alegaciones que recibió- era ampliar los núcleos rurales. Justo un mes después el Ayuntamiento anunciaba gozoso que, efectivamente, esto se produciría hasta el límite máximo que permite la Ley Asturiana del Suelo, logrando, con ello, encauzar una parte del descontento popular.
Pues bien, sorprendentemente el viernes se produjo para mí un hecho inaudito. El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, dijo que todo aquello que habían conseguido los vecinos con sus manifestaciones y a través de alegaciones sería objeto de revisión. Esto es, que los núcleos rurales -las zonas edificables no urbanas, a la postre- iban a ser limitados en el crecimiento hasta ahora permitido.
Digo más, el razonamiento del máximo responsable de Urbanismo subrayaba que la alternativa 1, la que tiene todas las papeletas de ser escogida, habla específicamente de «contener la expansión de los núcleos mediante criterios de protección del medio físico más estrictos». Cosa que, como pueden leer hoy, no ha sentado nada bien en el mundo rural. Es más, pienso que nuestro Ayuntamiento, con esta inesperada marcha atrás de lo aprobado en el Plan Teixidor, ha abierto de nuevo la puerta a la protesta .
Pero analicemos un poco más las motivaciones. Sanjurjo alega razones de tipo económico y social a la hora de tomar esta determinación. Entre las primeras destaca, claro está, que para nuestro Ayuntamiento es más fácil crecer con suelo urbano que rural. Es decir, quien paga las redes de agua, saneamiento y todo este tipo de servicios son los agentes privados que abren el espacio. Además, señala que la zona rural «ha distorsionado su propio concepto» porque «no generan actividad rural, ni agrícola ni ganadera». En definitiva, nada nuevo con respecto a la situación que se vivía en 2005. Y si antes se accedió a su máximo crecimiento legal, ¿por qué ahora no?
De hecho, es lamentable que la alternativa 1 pretenda mantener el número de viviendas anteriormente aprobadas para la próxima década, y quiera que la zona rural se pase a la ciudad al no permitirla crecer. Si del Plan Teixidor se decía que invadía el campo, ahora es como si esto se formulase de la siguiente manera: te lo ponemos más difícil para vivir en un entorno rural.