Que no, que al TSJA ni caso, dice el ayuntamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias dice que el Plan de Ordenación Urbana de Gijón es nulo, que no se ajusta a derecho por faltarle asuntos necesarios tales como la participación de los ciudadanos o estudios ambiental o económico; dice el máximo tribunal que el cambio en la ordenación del municipio fue muy importante y no se hizo conforme a las leyes. La alcaldesa y el concejal de urbanismo nos dicen algo así como que los señores magistrados que dictan tales sentencias no andan muy finos en leyes y hacen una errónea interpretación de las mismas.

El ayuntamiento recurrirá  ante el Tribunal Supremo todos estos fallos, que con los gastos corremos los gijoneses. El gobierno municipal con su habitual prepotencia y descaro sigue a lo suyo, «explicando» falsedades a todo meter, despreciando leyes, ciudadanos, medioambiente … Nada nuevo.  Javier Morán nos recuerda que algo así ya pasó en el anterior régimen. ¿Estos no quieren ser menos?

Una segunda sentencia del TSJA declara la nulidad del plan urbano

LA NUEVA ESPAÑA -25-9-2009

El tribunal falla, en respuesta al contencioso del Colectivo de Vega, que se «encubrió una operación de revisión bajo una indebida modificación puntual»

La anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Gijón se repite. Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), la segunda en poco más de dos meses, ha vuelto a declarar «contrarios a derecho» los acuerdos plenarios que dieron validez a dicho documento, encargado de regular el crecimiento urbanístico de la ciudad. Con este fallo judicial se insiste en la idea de que el Ayuntamiento gijonés ha cometido «una infracción de las normas de procedimiento y del principio de participación ciudadana».

El alto tribunal asturiano considera que la adaptación del PGOU a la ley autonómica del Suelo introdujo variaciones que «exceden lo que representa una modificación puntual y de ajuste». Lo que se hizo en realidad, según los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, «es una reconfiguración del modelo territorial existente, siendo el factor más novedoso el salto de la Ronda Sur». En conclusión, «se ha encubierto una genuina operación de revisión del plan urbano bajo un indebido supuesto de modificación puntual», determinan.

Eso conlleva irregularidades colaterales que afectan al proceso de tramitación, entre las que el TSJA destaca «el deficiente período de información pública anterior a la aprobación inicial, sin atender al principio de participación ciudadana»; «celeridad» en el procedimiento, e «imposibilidad material de estudiar el volumen de sugerencias presentadas». Antes de entrar en vigor, el 6 de junio de 2007, el plan urbano gijonés recibió más de 3.000 alegaciones, además de cientos de sugerencias y recursos de reposición.

Varios colectivos ciudadanos decidieron llevar el asunto ante el Tribunal Superior de Justicia, que empieza ahora a resolver sus contenciosos. Ayer se respondió al Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural, que pone en entredicho la naturaleza jurídica del documento de adaptación del plan urbano y critica el nuevo concepto de ciudad que defiende el Ayuntamiento de Gijón. El pasado 15 de julio, el TSJA hacía lo propio con una familia de Mareo (La Pedrera), que se pronuncia en términos muy similares.

La sentencia notificada ayer, de hecho, se remite a este precedente «transcribiendo sus razonamientos por obvias razones de igualdad y seguridad jurídicas al plantear semejante problemática». Todavía están pendientes de resolución los recursos contenciosos interpuestos por las asociaciones vecinales de La Pedrera y Somió, así como de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural «Les Caseríes».

La postura del alto tribunal asturiano ha puesto en una situación difícil al equipo de gobierno, que comparten PSOE e IU. Para curarse en salud, ambas formaciones políticas han acordado revisar de oficio su Plan General de Ordenación, lo que llevará consigo nuevos períodos de alegaciones y la redacción de un informe de impacto ambiental. El Ayuntamiento, en cualquier caso, no renuncia a su derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo, para lo que ha contratado al abogado Luciano Parejo, ex rector de la Universidad Menéndez Pelayo y uno de los mayores expertos en Derecho Administrativo del país. Hasta que el Supremo se pronuncie, el actual PGOU seguirá en vigor, lo que permite garantizar la continuidad del desarrollo urbanístico de la ciudad en momentos delicados para el sector de la construcción.

– El actual PGOU entró en vigor en junio de 2007, tras recibir más de 3.000 alegaciones y motivar la celebración de tres «marchas verdes».

– Algunos colectivos vecinales llevaron ante el Tribunal Superior de Justicia sus quejas contra el PGOU. Ahora empiezan a resolverse.

– El TSJA respondía el 15 de julio a una familia de Mareo. Ayer se pronunciaba sobre el contencioso del Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural.

– En ambas sentencias se declara la nulidad del PGOU por ser «contrario a derecho».

El ayuntamiento recurrirá una a una las sentencias contrarias al PGOU

LA NUEVA ESPAÑA-25-9-2009

La alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, ha advertido hoy de que el Ayuntamiento recurrirá «una a una» todas las sentencias contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ha asegurado que las resoluciones no incorporan «nada nuevo».

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado «contrarios a derecho» los acuerdos plenarios que dieron validez al documento, ya anulado por otra resolución judicial de este mismo órgano publicada hace escasos meses.

La regidora ha asegurado que el recurso que interpondrá el Consistorio ante el Tribunal Supremo para revocar las sentencias ya está redactada y «preparada».

Así, ha manifestado que la redacción del PGOU seguirá adelante.

La alcaldesa de Gijón ha explicado que existen hasta nueve recursos judiciales presentados contra el documento urbanístico. EFE

El ayuntamiento acumula ya diez sentencias que anulan su planeamiento

LA NUEVA ESPAÑA 26-9-2009

Y van diez. Primero fue una familia de Mareo la que, en el mes de julio, consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulase el planeamiento urbanístico gijonés. Este jueves, se fallaba en los mismos términos el contencioso interpuesto por el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural. Y ayer, el Ayuntamiento de Gijón informaba de que existen otras ocho sentencias que declaran «contrario a derecho» su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Todas ellas tienen en común un tronco argumental que cuestiona la validez jurídica del documento y su proceso de tramitación. El TSJA les ha dado la razón al considerar que, efectivamente, «se ha encubierto una genuina operación de revisión del plan bajo un indebido supuesto de modificación puntual». Como consecuencia de esta irregularidad en el procedimiento, «inadecuado» para una transformación del modelo territorial que afecta a 320 hectáreas, el alto tribunal asturiano detecta un «deficiente período de información pública anterior a la aprobación inicial» del PGOU, «falta de documentos esenciales» y un «deficiente estudio económico y financiero».

Entre las sentencias que ayer se dieron a conocer, destaca la de una vecina afectada por el plan parcial de Cabueñes, que pone en entredicho el conjunto del planeamiento urbanístico como paso previo para poder atacar el desarrollo residencial que la perjudica más directamente. Que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias haya aceptado su petición de nulidad sienta las bases, según su abogado, Antonio García, para la invalidación del proyecto de Cabueñes.

«Por mucho que diga el Ayuntamiento, no se pueden desarrollar los planes parciales de un Plan General anulado. Vamos a estar muy atentos y, llegado el caso, utilizaremos el as que supone esta sentencia para paralizar la actuación prevista en Cabueñes», recalcó García.

«No esperábamos otra cosa», señala la alcaldesa ante la retahila de fallos judiciales desfavorables

LA NUEVA ESPAÑA 26-9-2009

Ni la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, ni su concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, se mostraban ayer preocupados por la retahíla de sentencias anulatorias del Plan General de Ordenación Urbana. «No esperábamos otra cosa», indicaba la regidora socialista.

Dado que se trata de litigios que pretenden tumbar el PGOU planteando una problemática semejante, se transcriben los razonamientos de nulidad «por obvias razones de igualdad y seguridad jurídica», explica el propio Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la sentencia que responde al contencioso del Colectivo de Vega.

La intención del Ayuntamiento es recurrir cada uno de estos fallos ante el Tribunal Supremo, para evitar que se conviertan en firmes y tramitar lo más rápidamente posible un nuevo documento urbanístico. Para lo primero, en el caso de estas últimas diez sentencias, el Gobierno local tiene un plazo de 10 días para anunciar su intención a los jueces y un mes para concretar el trámite.

«En todos los casos se sostiene que la tramitación del PGOU se debía haber hecho como una revisión, mientras que el Ayuntamiento hizo una modificación. Las sentencias plantean una cuestión de procedimiento, pero sin entrar en consideraciones particulares», explicaba ayer el edil de Urbanismo. Esto es, «en ningún caso se satisfacen las peticiones de los demandantes sobre tal o cual finca».

Contra el PGOU gijonés, se interpusieron en el Tribunal Superior de Justicia 75 contenciosos. Según los datos aportados por Sanjurjo, «nueve fueron inadmitidos, 25 se desestimaron, 16 se estimaron (entre ellos, los diez que ya están notificados), 21 están pendientes y cinco caducaron».

«Todavía no está dicha la última palabra sobre el PGOU», asegura la alcaldesa

LA NUEVA ESPAÑA-27-9-2009

Pese a que ya son diez las sentencias anulatorias que acumula el Ayuntamiento, la alcaldesa de Gijón considera que «todavía no está dicha la última palabra sobre el PGOU». Es más, Paz Fernández Felgueroso se mostraba ayer convencida de que «hay expectativas muy razonables y razonadas de que los criterios de anulación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) se cambiarán en el Supremo».

Según esos criterios, el procedimiento de aprobación del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se llevó a cabo de forma «indebida» e «inadecuada», al tramitarse como una modificación puntual lo que se considera una «genuina» revisión del modelo territorial de ciudad. En consecuencia, el alto tribunal asturiano determina que se ha producido «un deficiente» proceso de alegaciones y que se han eludido documentos esenciales como la evaluación de impacto ambiental.

Para Fernández Felgueroso, sin embargo, «la línea divisoria entre revisión y modificación no está nada clara». Mantiene, de hecho, que «hicimos lo que considerábamos mejor para la ciudad». Y, con esa convicción, su equipo de gobierno recurrirá ante el Tribunal Supremo cada uno de los fallos judiciales que invalidan el planeamiento urbanístico gijonés. «Es frustrante que una línea tan fina nos lleve a un resultado tan complicado», lamentó la Alcaldesa.

Aunque se sigue defendiendo la tramitación realizada, el gobierno municipal revisará de oficio el Plan de Ordenación Urbana para evitar situaciones de ambigüedad jurídica. Las sentencias del TSJA todavía no son firmes, ya que «será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra», remarcó ayer la Alcaldesa. Pero su palabra podría tardar en pronunciarse dos o tres años, así que el Ayuntamiento ha preferido ir revisando el PGOU para no correr el riesgo de que se paralice el urbanismo gijonés.

Las medidas acordadas por el gobierno de Felgueroso no han logrado acallar las críticas del grupo de la oposición. El Partido Popular pide que se asuman responsabilidades políticas por la vía de la dimisión. A lo que la Alcaldesa respondía ayer: «Nunca estuvieron a favor de ningún plan, así que… Que se miren un poco el ombligo. Es que estos del PP tienen una vara de medir muy particular».

El otro cataclismo del plan de ordenación

LA NUEVA ESPALA-27-9-2009

Diez sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han anulado ya el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, el PGOU aprobado en 2005. El Ayuntamiento espera que otras seis discurran por la misma senda. Aunque en condiciones y con consecuencias diferentes, la Villa de Jovellanos ya había conocido otro cataclismo urbanístico en el pasado, hace casi tres décadas y durante los desarrollistas años del franquismo.

El Plan de Ordenación de Gijón de 1971 fue anulado por el Tribunal Supremo en 1976, y no sólo eso, sino que anteriormente las ordenanzas que regulaban el tamaño de los edificios también fueron rechazadas y corregidas en Madrid por el Ministerio de la Vivienda.

El pulso entre un Ayuntamiento generoso con el volumen y altura de la edificación y una Administración central restrictiva causó los desmanes legales del plan de 1971. Todo ello generó un caos urbanístico del que la ciudad no se recuperó hasta la llegada de la estabilidad con el primer PGOU de los tiempos democráticos, encargado por el Ayuntamiento en diciembre 1980 y aprobado finalmente en 1986.

La historia del cataclismo del plan de 1971 contaba con condiciones previas inquietantes. Gijón disponía del Plano (no plan) de Ordenación de 1947, elaborado por el urbanista Germán Valentín-Gamazo. Era un documento muy racional y que dibujaba una ciudad contenida en edificación. Sin embargo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias lo rectificó posteriormente, y con generosidad para las alturas edificables.

Gijón ingresaría tiempo después en un furioso desarrollismo al tiempo que nacía la ley de Suelo de 1956, la primera, en sentido estricto, de la historia de España. Con la necesidad de adaptar a dicha ley el Plano de Gamazo, el Ayuntamiento contrató en 1965 los servicios de Joaquín Cores Uría para elaborar un plan en el que posteriormente participaron Juan Martínez Gemar y el arquitecto municipal, Enrique Álvarez-Sala.

Una curiosidad de aquel plan es que el Ayuntamiento quiso incluir la que se conoció como «avenida imposible», es decir, la prolongación del paseo de Begoña, con su ancho, en línea recta hasta el Muelle, para enlazar con la plaza del Marqués. El delirante proyecto, abandonado en 1973, suponía derribar la Escuela de Comercio, el Antiguo Instituto y la Iglesiona.

El plan de Cores Uría salió a información pública en mayo de 1969 y fue aprobado ese mismo año por el Ayuntamiento, que lo remitió a continuación al Ministerio de Vivienda. Entre otras prescripciones, el plan consagraba una ciudad dividida en tres. La «industrial-portuaria», del Cabo Torres a Fomento; el «centro urbano», desde el cerro de Santa Catalina, al Norte, hasta la ya planeada autopista del Cantábrico, al Sur; y la «zona verde y de usos especiales», desde el parque de Isabel la Católica hacia Somió («el infierno, el purgatorio y el paraíso», respectivamente, según observación del urbanista Rañada, autor del PGOU de 1986)

Pero lo más relevante fue que los sobresaltos comenzaron muy pronto. Al mismo tiempo que tramitaba el plan, la municipalidad promulga en febrero de 1970 nuevas ordenanzas de edificación dirigidas principalmente a «legalizar» los excesos de años anteriores, según los análisis del profesor Moisés Llordén en su estudio «Desarrollo económico y urbano de Gijón. Siglos XIX y XX».

Dichas ordenanzas permitían alturas de casi 40 metros en numerosas manzanas de la ciudad, pero la Comisión Central de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda, consciente ya del caos gijonés, las anula en tanto no se apruebe el plan. Pero hubo más: cuando se aprueba definitivamente el documento, en julio de 1971, el Ministerio vuelve a corregir las ordenanzas de edificación, rebajando volúmenes y alturas. No será hasta 1973 cuando se aprueba la documentación complementaria del plan, con todas las rectificaciones. Pero la conmoción llegaría cuando, tras el contencioso de unos particulares, el Tribunal Supremo anula el plan de Gijón. Era el 6 de diciembre de 1976. Sin embargo -quizá porque se esperaba ya el fallo-, el Ayuntamiento tuvo en este caso la suerte de que el Ministerio aprobó de nuevo el plan al día siguiente.

Con todo, el urbanismo gijonés ya iba de tumbo en tumbo, al tiempo que la ciudad había dejado de crecer en población. En 1975, Gijón contaba con 237.000 habitantes. El número de sus pobladores se había incrementado un 30 por ciento de 1970 a 1975, pero un 8,3 desde ese último año a 1978; y sólo un 1,14 por ciento desde entonces hasta 1980. Paralelamente, los planes parciales que desarrollaban el plan llegaban tarde y eran ya incompatibles con la nueva ley del Suelo, de 1975. En diciembre de 1980, siendo ya alcalde el socialista José Manuel Palacio, el Ayuntamiento contrata la redacción del primer PGOU de la democracia a la Asociación de Empresarios Individuales S. A., formada por Ramón Fernández-Rañada, José Ramón Menéndez de Luarca, Carlota Navarro y Gerhard Loch. Llegaba un tiempo de sosiego, aunque no exento de acaloradas polémicas.