El Parlamento Europeo aprueba una versión más dura del Informe Auken. Denuncia la corrupción endémica, la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española…

 DENUNCIA LA CORRUPCIÓN ENDÉMICA Y LA DESTRUCCIÓN MÁSIVA DEL TERRITORIO A MANOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

DENUNCIA LA AVARICIA Y LA ACTUACIÓN ESPECULATIVA DE AUTORIDADES LOCALES Y RECONOCE EN LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA UNA CAUSA DE LA CRISIS ECONÓMICA.

PROPONE LA SUSPENSIÓN DE FONDOS DE COHESIÓN

Se ha publicado ya la versión corregida del Informe Auken, un demoledor documento contra el urbanismo salvaje en España, aprobado el pasado 11 de febrero en una sesión histórica del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en el que se acorraló al PP y PSOE español, se rechazaron las enmiendas presentadas por estos contra el informe y en cambio se admitieron otras enmiendas que han dado aun mayor dureza al texto, muchas de ellas extraidas del informe elaborado por la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) y otras organizaciones y que fue enviado a todos los europarlamentarios en los dias previos a la presentación de enmiendas. El texto, aprobado ya en el Comité de Peticiones, será votado en el pleno del parlamento el próximo 26 de marzo.

 El texto resultante es mucho más diro que el borrador original al incorporar más de 20 puntos extraidos directamente del texto enviado a todos los europarlamentarios por la Coodinadora Ciudadana en Defensa del Territorio en los días previos a la votación. Una versión de dicho informe, junto con otros más, había sido enviado hace cerca de dos años al Comité de peticiones y ha sido determinante a la hora de inducir este primer pronunciamiento global del PE sobre el problema del urbanismo en España. ya que sus anteriores condenas se habian referido sobre todo a la Comunidad Valenciana.

 Se trata del tema por que más quejas se han recibido de país alguno en el Comité de Peticiones: abusos ciudadanos y medioambientales asociados al urbanismo salvaje en España. En total se han recibido más de 20.000 quejas sobre 186 temas diferentes relacionados con el urbanismo en distintos puntos del territorio.

Jaime del Val comparecía unas semanas atrás como invitado del Comité de Peticiones y peticionario, como portavoz de Salvemos Mojácar, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, Salvemos Las Rozas, Salvemos el Territorio, Reverso y otras organizaciones.

 Denunciamos que PP y PSOE se hallan unido contra el informe Auken en su desesperado y despreciable intento de seguir apostando por la especulación y el urbanismo salvaje, cerrándose en banda a reconocer el problema de fondo de España, y apostando por agrandar el agujero en el que nos han metido, en vez de sacarnos de él con un cambio radical de modelo económico, que en ningún caso se está poniendo en marcha.

 El texto definitivo contiene párrafos de asombrosa contundencia que parecen extraidos directamente del Manifiesto que la Coodinadora Ciudadana en Defensa del Territorio remitó al Comitñe de peticiones y a todos lo Europarlamentarios para que lo incluyeran en sus enmiendas al informe, y que ya habia sido enviado, en una versión anterior,  con anterioridad a la primera redacción del Informe Auken.

 Denuncia que «España ha sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones…lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, » que «todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible» y que cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción».

 Denuncia «la falta de actuación y parcialidad de la justicia española» y que «hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión»

 Denuncia que «las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión en el país» que «miles de asalariados del sector de la construcción que ahora se enfrentan al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles que se siguieron «, que «este modelo de crecimiento tiene consecuencias negativas también sobre el sector turístico» y que «se trata de un modelo expoliador de los bienes culturales».

 Exige que «las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social» y que «detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario». Afirma que «Los nuevos proyectos urbanísticos que no observen la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social y los derechos de los propietarios legítimos deberían suspenderse y revisarse».

 Exige al estado español y la Autonomias «que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador» que «lleven a cabo una profunda revisión de toda la legislación… con objeto de poner fin a los abusos de los derechos», que «desarrollen una cultura de la transparencia… impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos» y «que establezcan mecanismos judiciales y administrativos operativos» y a su vez «Insta al Gobierno español a realizar un debate público»

 Denuncia que «hay muchos casos en los que urbanización masiva ha incorporado elementos de la financiación europea» e insta a la Comisión Europea a «interrumpir la provisión de fondos estructurales, y … suspender dicha dotación a un Estado miembro» y a «colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión».

 A su vez afirma que «los promotores que celebraron contratos de cuya ilegalidad deberían haber tenido conocimiento no deben tener derecho a compensación». En ese sentido denuncia el doble rasero de la aplicación de la Ley de Costas, que se aplica despidadamente contra ciudadanos indefensos pero no contra promotores. El Informe exige que se aplique con contundencia contra los promotores de  grandes desarrollos que incumplen la norma y con cautela en el caso de ciudadanos indefensos.

 Citas resumidas del texto:

 España ha sufrido una destrucción masiva en la última  década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas  regiones

 lo  que constituye una pérdida trágica e irreparable de su  identidad y legado culturales, así como de su integridad  medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y  la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector  de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de  estas actividades, 

 todas las administraciones, central, autonómicas y  locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de  desarrollo  insostenible

 cierta  laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino  que también ha generado una forma endémica de  corrupción

 la falta de actuación y parcialidad de la justicia  española

 hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que  deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se  desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto,  precisamente para permitir la urbanización de la zona en  cuestión

 miles de asalariados del sector de la construcción que ahora se  enfrentan al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles  que se siguieron 

 las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores  inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión en el  país

 este modelo de crecimiento tiene consecuencias negativas  también sobre el sector turístico

 se trata de un modelo expoliador de los bienes  culturales

 que lleven a cabo una profunda revisión de toda la  legislación… con objeto de poner fin a los abusos de los  derechos

 Pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las  figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente  urbanizador

 Los nuevos proyectos urbanísticos que no observen la sostenibilidad  medioambiental, la responsabilidad social y los derechos de los propietarios  legítimos deberían suspenderse y  revisarse

 las  autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los  planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de  sostenibilidad medioambiental y responsabilidad  social

 detengan y anulen todos los desarrollos  urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios  establecidos por el Derecho comunitario

Pide a las autoridades españolas que desarrollen una cultura de  la transparencia… impulsar mecanismos de información y  participación ciudadana efectivos

 Insta al Gobierno español a realizar un debate  público

 Insta a las autoridades regionales y nacionales a que establezcan  mecanismos judiciales y administrativos  operativos

 hay muchos casos en los que urbanización masiva ha incorporado  elementos de la financiación europea

interrumpir la provisión de fondos estructurales,  y … suspender dicha dotación a un Estado miembro  

 colocar en reserva los fondos destinados a políticas de  cohesió

 los promotores que celebraron contratos de cuya ilegalidad deberían  haber tenido conocimiento no deben tener derecho a compensación

Destacamos los siguiente párrafos:

 «se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas,» (punto S).

 Acerca de la Justicia: «…los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos, y que ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española;» (Punto U)

 Sobre la vivienda: «…Considerando que el artículo 47 de la Constitución Española determina que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y manda que los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación,» (Punto Y)

«…con frecuencia, muchas autoridades locales y regionales malinterpretan gravemente estos objetivos (no solo en las regiones costeras) a la hora de proponer o acordar programas urbanísticos extensos; considerando que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor; considerando asimismo que hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión;» (punto Af)

«…Considerando que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones de tal forma que han afectado no sólo al frágil medio ambiente costero, la mayor parte del cual está nominalmente protegido en virtud de la Directivas sobre hábitats/Natura 2000 y aves, como ha ocurrido en casos de urbanizaciones en el Cabo de Gata y Murcia, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas, lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado;» (Punto Aj)

 «Considerando que este modelo de crecimiento tiene consecuencias negativas también sobre el sector turístico, ya que se trata de un modelo devastador para el turismo de calidad, puesto que destruye los valores del territorio y fomenta la expansión urbana excesiva,» (Punto Ak)

«Considerando que se trata de un modelo expoliador de los bienes culturales, que destruye valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, así como su entorno natural y paisajístico,» (Punto Al)

«…actual desplome de los mercados financieros, a su vez provocado en parte por la especulación en el sector inmobiliario, y que ello afecta no sólo a las empresas en sí, que ahora se enfrentan a la quiebra, sino también a las decenas de miles de asalariados del sector de la construcción que ahora se enfrentan al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles que se siguieron y de las que ahora han pasado a ser víctimas;» (Punto Am)

 «Pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas a que lleven a cabo una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos»; (Punto 1, pag 8)

«Pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador;» (Punto 2, pag 8)

«Considera que las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente;» (Punto 3, pag 9)

«Pide a las autoridades españolas que desarrollen una cultura de la transparencia dirigida a informar a los ciudadanos de la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos;» (Punto 5, pag 9)

«Insta al Gobierno español a realizar un debate público, con la participación de todos los órganos administrativos, que suponga un estudio riguroso mediante la formación de una comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España, que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible»,(Punto 6, pag 9)

«Insta a las autoridades regionales y nacionales a que establezcan mecanismos judiciales y administrativos operativos,» (Punto 7, pag 9)

«los promotores que celebraron contratos de cuya ilegalidad deberían haber tenido conocimiento no deben tener derecho a compensación por el abandono de unos proyectos debido a la falta de conformidad con la legislación nacional y comunitaria, ni deben tampoco gozar de un derecho de recuperación automática de los pagos ya abonados a los municipios si dichos pagos se realizaron a sabiendas de la probable ilegalidad del contrato que estaban celebrando;»  (Punto 17, pag 10)

«cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción» (Punto 18, pag 10)

«Recuerda, asimismo, que la Comisión está facultada por el artículo 91 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE » (Punto 27, pag 12)

«Asimismo, recuerda que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar, sea con arreglo al Tratado o como consecuencia de la aplicación del Derecho comunitario, hasta el momento en que el problema se haya resuelto;»  (Punto 28, pag 12)

«ya antes de los acontecimientos acaecidos en otoño de 2008, este sector se encaminaba al desastre.  Los años de urbanización masiva y destrucción del litoral que han conllevado considerables beneficios financieros para el sector y excesos de construcción masiva (puesto que en la actualidad existen un millón y medio de viviendas de nueva construcción esperando comprador y unos cuantos campos de golf), basados en las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión en el país.» (exposición de motivos, pag, 15)

«Ya es un hecho por todos conocido que en la última década se ha empleado más cemento y hormigón en la construcción de viviendas en España que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos.» (exposición de motivos, pag, 16)

«La comisión pide a las autoridades españolas competentes que revisen y modifiquen, cuando proceda, la legislación, a fin de garantizar los derechos contenidos en el Tratado en relación con los propietarios, y que cancelen las promociones que no respeten o apliquen las leyes comunitarias. Los nuevos proyectos urbanísticos que no observen la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social y los derechos de los propietarios legítimos deberían suspenderse y revisarse.»  (exposición de motivos, pag, 17) 

«La exposición de motivos concluye con este párrafo: «La Comisión Europea puede usar el procedimiento de infracción para asegurarse que un Estado Miembro cumpla con sus obligaciones de los Tratados y Directivas Europeas. El Parlamento Europeo que no tiene esta arma a su alcance, pero puede usar su autoridad presupuestaria para conseguir fines similares si así lo decide. Baste decir a este punto que hay muchos casos en los que urbanización masiva ha incorporado elementos de la financiación europea, para permitir al Parlamento y su Comité de Control Presupuestario, investigar tales casos más de cerca si no se resuelven con prontitud las peticiones presentadas ante el Parlamento.» 

AQUÍ EL INFORME Y LA INTERVENCIÓN DE JAIME DEL VAL

EXIGE UNA PROFUNDA REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN Y LA ELIMINACIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR Y DE TODAS LAS FIGURAS LEGALES QUE PROMUEVEN LA ESPECULACIÓN.

EXIGE UNA MORATORIA URBANÍSTICA Y PROPONE LA SUSPENSIÓN DE FONDOS DE COHESIÓN

DENUNCIA LAS «irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores» QUE «dan ahora paso a una terrible recesión en el país».

SE HAN DESESTIMADO LAS ENMIENDAS DEL PP Y PSOE ESPAÑOL CONTRA EL INFORME